Dentro del capitalismo todo, contra el poder nada

Cuando el cura don Manuel, protagonista de una de las mejores novelas de Miguel de Unamuno, comprendió que había perdido la fe, llegó a la conclusión de que «la verdad es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella». Hay pocas cosas más reveladoras que observar a un creyente cuando descubre que el objeto de su fe ha dejado de existir, aunque él aún no quiera admitirlo. Algo semejante ocurre hoy con algunos defensores del llamado «socialismo cubano», empeñados en justificar un modelo que sus propios dirigentes desmontan pieza a pieza.

En la última tanda de medidas, aprobadas en la sesión de la Asamblea Nacional de finales de julio, el gobierno cubano ha dado otro paso en una dirección inequívoca. Con la derogación del Decreto 107, recortó drásticamente el listado de actividades vedadas al sector privado: de 125 prohibiciones, cuarenta y seis desaparecen y treinta y cinco se flexibilizan.

Abrió a las mipymes y cooperativas la gestión de servicios farmacéuticos y de residencias de ancianos; liberalizó el comercio mayorista; autorizó la importación privada de vehículos eléctricos; presentó otra Ley de Vivienda con «nuevas formas de gestión». El primer ministro Manuel Marrero, por su parte, anunció la primera casa de cambio privada, la primera empresa mixta entre capital extranjero y una mipyme, y hasta una zona de capital totalmente foráneo para el turismo de salud.

Vistas en conjunto, y sumadas al paquete de 176 transformaciones, estas medidas apuntan al desmontaje, palmo a palmo, del socialismo cubano. Queda definitivamente atrás el monopolio estatal sobre la actividad económica que constituyó la médula del modelo diseñado por Fidel Castro. El mismo Estado que confiscó propiedades, cerró negocios y encarceló personas por «actividades económicas ilícitas», como la posesión y venta de divisas, ha comenzado incluso a traspasar a privados los comedores del Sistema de Atención a la Familia, es decir, parte de la asistencia a los sectores más vulnerables.

Entretanto, el presidente Díaz-Canel asegura que «no vamos a instaurar un capitalismo depredador ni una privatización masiva del patrimonio nacional». Es una negación que huele a confesión, pues mientras el discurso continúa apelando al socialismo, las reformas avanzan precisamente hacia su desmontaje. El resultado no es la transición hacia una democracia con economía de libre mercado abierta y competitiva, sino a un modelo híbrido, en el que la liberalización económica queda subordinada a la preservación del monopolio político. Se ha injertado en el tronco del totalitarismo cubano lo peor del capitalismo latinoamericano.

Contradictoriamente, que ese modelo se desmonte no es una mala noticia. El llamado «socialismo cubano» es un sistema fracasado y represivo cuyo saldo resulta difícilmente defendible. Que se abra espacio a la iniciativa privada, aunque sea tarde y a regañadientes, es preferible a la parálisis. Lo verdaderamente cuestionable y hasta doloroso es que, si estas medidas eran posibles y hoy se presentan como tabla de salvación, ¿por qué se negaron durante decenios? ¿Era necesario esperar casi setenta años y un desastre civilizatorio para desbloquear lo que muchos reclamaban desde hacía décadas?

El régimen está dispuesto a desmontar buena parte de su modelo económico, a renunciar a parcelas de la propiedad estatal, a admitir capital extranjero y a tolerar al empresario que ayer perseguía; pero no cede un milímetro en el terreno político, ahí persiste en mantener su sistema de exclusión. Para actores no estatales continúan prohibidas actividades como la publicación de periódicos, libros y revistas; las agencias de noticias; el ejercicio independiente del periodismo; la programación y transmisión de televisión; determinados servicios de telecomunicaciones; o la enseñanza formal no estatal.

En este punto, sin embargo, justo es reconocer una notable coherencia: la negativa a permitir una esfera pública independiente constituye uno de los pilares históricos del Partido Comunista. Si algo permanece inalterado en medio de las reformas económicas es, precisamente, aquello que garantiza la conservación del poder político.

Estas reformas, impulsadas en un contexto de creciente presión estadounidense, entran en tensión con dos disposiciones centrales de la propia Constitución cubana: el artículo 4, que declara irrevocable el sistema socialista, y el artículo 16, que establece que las relaciones económicas, políticas y diplomáticas con cualquier Estado no podrán negociarse jamás bajo agresión, amenaza o coerción. Ambos artículos fueron convertidos en contenido pétreo, o irreformable bajo ninguna circunstancia, por el artículo 229 de la Ley de leyes.

Más allá de esto, lo más obsceno del proceso de declive es el costo humano. Marrero admitió que el 73 % de las instalaciones hoteleras permanecen cerradas y que veinticinco mil trabajadores del turismo perdieron su empleo; cifró en 876 522 las personas «en mayor vulnerabilidad», mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que más del 89 % de la población vive en pobreza extrema, es decir, más de ocho millones y medio de cubanos.

A la ruina interna se añade una inédita fragilidad externa: un país exhausto, sin aliados sólidos, expuesto como nunca a la presión de Estados Unidos y dispuesto a que «el propio Sr. Trump podría incluso invertir» en Cuba si ello garantiza la supervivencia del sistema. Cabe preguntarse entonces qué queda del antiimperialismo, de la soberanía innegociable y de las grandes consignas patrióticas con las que durante décadas se justificó la existencia de un partido único como «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado».

En semejante escenario resulta legítimo cuestionar qué defienden quienes continúan apoyando al Gobierno. Difícilmente defiendan el socialismo, cuando son sus propios dirigentes los que desmontan los pilares económicos que durante décadas presentaron como irrenunciables. Tampoco parecen defender el bienestar del pueblo, cuya situación material es prácticamente insoportable. Ni siquiera la soberanía, en un momento en que el país depende más que nunca de factores externos para sostenerse.

Lo que permanece concierne menos al terreno de la política que al de la fe. Se trata de una adhesión que sobrevive a la pobreza, la represión, la corrupción o el fracaso económico, porque no depende de resultados sino de la necesidad de preservar una identidad. «La Revolución» funciona más como un símbolo que como un proyecto político susceptible de ser evaluado por sus consecuencias. Formar parte de ello, defenderlo, se sostiene incluso por encima de la vida misma, como lo que motivaba a los kamikazes japoneses a lanzarse a la muerte contra las fuerzas aliadas. Estos militantes profesan, como creyentes.

Al final, entre tantas cosas que hoy se desmontan en Cuba, la verdaderamente importante para el régimen permanece intacta, porque en ella radica el núcleo del sistema. Están dispuestos a cambiar la economía, a vender la Isla, a dejar que miles de cubanos mueran de hambre, enfermedad o disgusto; a contradecir cada consigna y a enterrar su modelo eterno, su «Reich de mil años». Lo único que permanece fuera de toda negociación es el monopolio del poder político. Quizá esa constatación permita comprender que el socialismo nunca fue el fin último del sistema, sino el instrumento elegido para conservar el poder. Despojado de liturgia y epopeya, ese es el corazón de su fe y la única patria que sus adeptos defienden.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.