Desmontar el PCC sin desmontar el pluralismo

Muchas personas confían en que la proscripción del Partido Comunista de Cuba (PCC) será el fin del agónico camino que nos ha tocado recorrer durante demasiado tiempo. Suele olvidarse que el PCC fue refundado en 1965, cuando habían transcurrido seis años desde el triunfo de 1959 y ya estaba bien conformado el grupo de poder que confirió los rasgos autoritarios al modelo desde sus primeros momentos.

Ello quiere decir que, si se ilegaliza el PCC sin desmontar al grupo de poder que se escuda tras este, sus prácticas y las instancias en que se apoya; el mismo podría mutar en otra organización, con otro nombre y objetivos; pasar incluso del socialismo de Estado a un abierto capitalismo, pero manteniendo a los responsables de tanto desastre en posiciones políticas o económicas clave.

¿Esto exime de responsabilidad al PCC?

Por supuesto que no. Si bien no es más que una «tapadera» del grupo de poder, considero que entre los muchos cambios que deben ocurrir en un proceso de transición hacia la democracia, el actual PCC debe extinguirse mediante la aprobación de una ley que invalide su personalidad jurídica. Aunque muchos temen más a su influencia ideológica, el PCC es, sobre todo, una gigantesca estructura política monopólica; un partido-Estado que, al haber sido el único legalmente permitido, no solo es responsable de la violación permanente de derechos humanos y de la exclusión política en que ha mantenido a la mayoría de los cubanos durante décadas, sino de la debacle económica en que sus políticas y determinaciones han colocado a nuestro país.

Su extinción debe realizarse de manera orgánica y profunda. No solo eliminando el artículo constitucional que lo empodera, sino inventariando sus propiedades mediante auditoría pública y con total transparencia, para que sean transferidas al patrimonio nacional, con debido proceso documental, y se utilicen en bien de toda la sociedad; de lo contrario, sus redes económicas podrían privatizarse a favor de los miembros del grupo de poder.

Y no son pocas las propiedades y recursos del PCC a niveles nacional, provincial y municipal. Además de sus conocidas sedes, posee por ley: casas de visita, hoteles (no los administrados por GAESA), fincas, empresas de producción y servicios, almacenes, servicentros para alimentar de combustible a sus muchos vehículos (ligeros, ómnibus, camiones, etc), escuelas de cuadros, universidades (las Escuelas del Partido en todas las provincias y la Ñico López a nivel nacional), y mobiliario en abundancia.

Por su parte, la estructura interna del PCC: Buró Político, Comité Central (con su famoso Departamento Ideológico) y Secretariado, deberá ser desmantelada por completo, y sus trabajadores y funcionarios intermedios ser desvinculados institucionalmente, con garantías laborales ordinarias, revisión de responsabilidades individuales y prohibición de castigos colectivos.

Parte esencial de ese desmontaje implicará crear las condiciones para que ninguna otra organización en Cuba ―del signo político que fuere―, vuelva a reivindicarse como única. Con ese fin, debiera incluirse un artículo encaminado a tal prohibición como contenido pétreo o cláusula de intangibilidad en la redacción de una nueva Constitución, y desarrollarse luego en una ley que fije los criterios y el procedimiento que el poder judicial habrá de seguir en cada caso

¿Cómo secuenciar el desmontaje e inhabilitación del PCC en un proceso de transición?

Debe aprobarse en una fase temprana, constituyente o pre-constituyente, cuando ya exista una autoridad transicional legítima, pero antes de que el PCC pueda reciclar sus recursos y redes de influencia en nuevas organizaciones o plataformas electorales. Podría hacerse en tres momentos:

1. Primer momento: suspensión constitucional inmediata.

En las primeras decisiones de la transición habría que dejar sin efecto el artículo constitucional que consagra al PCC como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Cualquier transición democrática real tendría que neutralizar de inmediato esa supremacía jurídica. Eso no equivale todavía a «extinguir legalmente» el PCC, sino a quitarle su condición de partido por encima del Estado.

2. Segundo momento: ley transicional de extinción, auditoría y preservación de bienes.

Sería más adecuado después de creada una autoridad transicional reconocida, pero antes de convocar las primeras elecciones nacionales libres, pues si el PCC conserva personalidad jurídica, patrimonio, locales, transporte, medios, archivos, redes de cuadros y ventaja territorial; competiría con recursos acumulados durante décadas de monopolio. No sería un actor electoral común, sino el viejo partido-Estado entrando a la democracia con el aparato del Estado a cuestas. Esa ley debería tener nombre y objeto precisos; no llamarse «ley anticomunista» ni «ley de proscripción ideológica», sino, por ejemplo: «Ley de Extinción del Partido-Estado y Recuperación del Patrimonio Público».

3. Tercer momento: nueva Constitución y cláusula de no repetición.

La nueva Carta Magna debería incluir una cláusula pétrea o de intangibilidad que prohíba: «toda organización, partido, movimiento o ideología que pretenda atribuirse carácter único, superior, irreversible o dirigente de la sociedad y del Estado». Esto cerraría la puerta no solo al regreso del PCC, sino también a cualquier equivalente futuro de derecha, izquierda, militar, religioso o tecnocrático.

La ley no debe aprobarse en caliente, por pura revancha, pero sí en una ventana temprana. La secuencia ideal sería:

1. Acto transicional inicial: suspensión del privilegio constitucional del PCC.

2. Comisión pública de inventario y preservación documental: bienes, archivos, cuentas, empresas, inmuebles, escuelas, transporte, recursos.

3. Ley de extinción jurídica: aprobada por autoridad transicional con mandato explícito o por Asamblea Constituyente provisional.

4. Transferencia patrimonial al erario público: con auditoría, transparencia y debido proceso.

5. Garantías individuales: ningún castigo colectivo a militantes de base o trabajadores administrativos; responsabilidades penales individualizadas.

6. Nueva ley de partidos: legalidad para cualquier organización futura que acepte pluralismo, alternancia y democracia constitucional.

El mejor momento es antes de que el PCC pueda convertirse en competidor electoral usando ventajas heredadas del partido único, pero después de que exista una autoridad transicional con legitimidad suficiente para actuar conforme a derecho.

Una vez extinguido legalmente el PCC ¿deberá prohibirse cualquier otra organización que pueda surgir y que simpatice con las ideas originales del comunismo o de la izquierda en sentido general?

Ya esto entra de lleno en el campo de la ideología, la historia y la democracia que deseamos. No argumento desde la militancia, pues jamás he pertenecido al PCC, ni a ningún partido político (ni creo que vaya a pertenecer en el futuro, pues se puede actuar políticamente desde la ciudadanía); lo hago desde el apego a la libertad de pensamiento y desde el conocimiento de la historia. El comunismo como ideología es anterior al triunfo soviético y al modelo leninista-estalinista que fue copiado por esos partidos al tomar el poder bajo ciertas condiciones, como ocurrió en Rusia y, aunque de manera muy diferente, también en Cuba.

El comunismo contiene múltiples corrientes de pensamiento, algunas de ellas purgadas y reprimidas cuando la Internacional Comunista (IC) con centro en Moscú adoptó el dogma leninista del «centralismo democrático» (la minoría se subordina a la mayoría) para sus relaciones con otras facciones y partidos, y cuando Stalin convirtió en norma la represión como vía para lograr una obediencia acrítica al interior de la IC.    

Se llegó al punto de asesinar a los que pensaban diferente. Un ejemplo fue Trostky, ultimado en México por órdenes de Stalin en 1940; o Sandalio Junco, líder obrero troskista cubano, asesinado por un comando de Unión Revolucionaria Comunista el 8 de mayo de 1942, mientras intervenía en un mitin en el Ayuntamiento de Sancti Spiritus en conmemoración al séptimo aniversario de la muerte de Antonio Guiteras, el miembro más izquierdista del gobierno de los Cien Días, que para los comunistas estalinistas cubanos era un «social-fascista».

Solo basta recordar que, en el congreso sindical de 1960 en Cuba, fueron expulsados los líderes troskistas o anarquistas y únicamente se permitió a los comunistas de la corriente oficial.

Diversas organizaciones comunistas (no estalinistas), o de izquierda en general en el mundo, han denunciado la represión en Cuba y han levantado su voz por los presos políticos cubanos. Entonces no es tan sencillo ―y sí muy antidemocrático― el pedir que se «proscriba una ideología».

Una ideología es un sistema de creencias, ideas, sentimientos y valores que guían el pensamiento de una persona o grupo de ellas a la hora de interpretar cómo es el mundo y las realidades políticas, económicas, religiosas, culturales o morales que lo rodean; son esquemas cognitivos que describen la realidad social y, al mismo tiempo, proponen formas de influir en ella.

Depende mucho de las condiciones de vida y experiencias, individuales y colectivas, de las personas; por ende, la imposición del marxismo-leninismo en tanto ideología única o «ideología de Estado», fue, además de una violación, un absurdo creado por el partido único como mecanismo de dominación social. Ello deberá modificarse, tanto en la futura Constitución como en los programas de estudio de ciencias sociales en todos los niveles de enseñanza en Cuba, en los cuales el marxismo podrá estudiarse junto a otras corrientes de pensamiento, pero jamás como ideología superior o única.

Del mismo modo que es un absurdo imponer una ideología única, lo es prohibir que se profesen ideas comunistas, troskistas, socialistas, anarquistas o de las muchas corrientes denominadas «de izquierda», que son incluso anteriores al comunismo. Nadie debe ser obligado a profesar una ideología en la que no crea. Es tan digno de respeto un liberal, un socialdemócrata como un socialista o comunista que respeten los principios de la democracia, como ocurre en la mayor parte del mundo.

Prohibir a alguien porque sea «de izquierda», además de una violación de la democracia, es un sinsentido, pues siempre que existan la pobreza, la discriminación, la desigualdad y la injusticia (que desgraciadamente sobran en esta Isla), habrá personas que se vinculen alrededor de organizaciones que intenten luchar por una vida diferente.

Comprendo que la izquierda esté desacreditada como ideal político por la actuación de los partidos que han hablado en su nombre para destruir la idea de pluralismo y democracia; pero lo que no puede negarse es la larga tradición de luchas, los resultados de esa lucha y los muchos pensadores de ese signo a lo largo de la historia. En mi artículo «Izquierdas apócrifas o la falacia del falso dilema», escrito hace tres años, afirmé: 

«Ser de izquierda no es usar un pullover con un letrerito, una imagen del Che o una frase de Marx. Tampoco es lucir pañuelos rojos, usar lenguaje inclusivo y salir en actitud performática al espacio público. La militancia en la izquierda no la otorgan una autoproclamación ni una campaña comunicacional. Ser de izquierda es posicionarse contra los poderes instituidos que se desentienden de la justicia social e impiden el ejercicio de derechos a las mayorías despojadas de ellos.

Mucho antes de que la palabra izquierda designara a una postura política, y hasta el día de hoy, los derechos han sido conquistados desde abajo: plebeyos vs patricios, luchas de los campesinos por tierras, rebeliones de personas esclavizadas en pos de su libertad, sufragio universal, división de poderes, luchas obreras, contra el trabajo infantil, por la jornada de ocho horas, el voto femenino, contra el racismo y la homofobia... Sin excepción, todas han sido conquistas contra poderes establecidos».

A nadie se le ocurre solicitar la prohibición de la ideología católica a pesar de los crímenes de la Inquisición en algunos países en siglos pasados; como tampoco estigmatizar al islamismo por las acciones de regímenes fundamentalistas islámicos. El comunismo es legal hasta en países donde se le persiguió con saña en alguna etapa histórica, como Estados Unidos durante el macarthismo.

En cualquier escenario futuro, las diversas ideologías ―liberales, socialistas, comunistas, ecologistas; sean de derecha, centro, izquierda―, deben tener la misma oportunidad de participar en la vida política de la nación… siempre que se declaren compatibles con la alternancia democrática y no se reivindiquen como únicas; lo cual las invalidaría per se para participar en elecciones.

Existiendo condiciones democráticas, los que deberán decidir son los electores, y ahí sí lo van a tener muy difícil los comunistas del futuro, pues la mayor barrera a un hipotético gobierno encabezado por un partido comunista no será tanto su ilegalización como la memoria colectiva de su dilatada permanencia en el poder y los resultados que ello ha provocado para Cuba. Entre 1939 y 1952, cuando el Partido Comunista (Unión Revolucionaria Comunista 1939-1943; Partido Socialista Popular 1944 en adelante) participaba en la vida parlamentaria nacional, jamás consiguió votos suficientes para formar un gobierno propio (únicamente en coalición con otras fuerzas políticas entre 1940-1944); si bien lograron escaños en el Senado y la Cámara de Representantes, que, es justo reconocerlo, representaron con apego a las reglas de convivencia democráticas de la época.

La democracia no es un eslogan de campaña, un concepto vacío o una trampa para ingenuos; ella es nuestro horizonte, el que nos permitirá superar décadas de exclusión política e impedirá que la patria sea convertida, de nuevo, en propiedad de una organización o ideología supremacista. Para lograrla, evitemos dos simplificaciones peligrosas: creer que basta con prohibir el PCC para desmontar el poder real, y confundir justicia democrática con proscripción de toda la izquierda. Es necesario extinguir la maquinaria de dominación, impedir su reciclaje y, al mismo tiempo, no fundar la nueva Cuba sobre una proscripción ideológica. Debemos desmontar al PCC sin desmontar el pluralismo.

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Imagen principal: REUTERS / Alexandre Meneghini