¿Debería proscribirse el Partido Comunista de Cuba?

Hace un par de semanas me preguntaron si consideraba que en un futuro democrático en Cuba debería proscribirse el Partido Comunista. Di mi respuesta y del otro lado subieron la parada: «¿Y la izquierda? ¿Debería prohibirse la izquierda? ¿No es tiempo de que en Cuba gobierne la derecha?». Podría pensarse que, como personas que hemos sufrido los rigores de una dictadura larga hasta la infamia, los cubanos añoramos rabiosamente una democracia donde vivir en paz y prosperar.

No obstante, décadas de autoritarismo han generado en nosotros un daño tal, que muchas veces confundimos democracia con «gobierno de quien nos gusta». Puede parecer pueril, pero así es. De las respuestas que demos a las preguntas formuladas saldrán resultados que marcarán nuestro destino. Conviene, entonces, tener las cosas claras.

Empiezo por la pregunta inicial: «¿Debería proscribirse el Partido Comunista en una Cuba democrática?». Sin ninguna duda, mi respuesta es sí. Tal afirmación tiene argumentos que se hunden en el pasado y otros que miran al futuro. Comienzo por los primeros.

Bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba se han cometido gravísimas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. En paralelo, su gestión ha conducido al país a una crisis de proporciones civilizatorias cuyas consecuencias tardarán generaciones en repararse. Además, ha administrado las relaciones internacionales no en función del bienestar de sus gobernados, sino alimentando un conflicto perpetuo que luego ha esgrimido como coartada de su falta de libertades. El asedio externo ―real, pero alimentado desde un inicio y magnificado―, ha sido para el régimen, menos una desgracia que una estrategia para asegurar su permanencia en el poder. Sin enemigo que sitie la plaza, el monopolio pierde su excusa.

Proscribirlo implica, además de una reparación para sus víctimas, retirar del orden constitucional el mecanismo mismo de su negación, pues el artículo 5 de la Carta Magna vigente consagra a la organización como «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». Ello convierte al Partido en la forma material de la supresión del pluralismo y en monumento a la inoperancia de la Constitución sobre la que se sitúa. Disolverlo es desmontar el dispositivo que convirtió a una organización política en Estado y que acabó con los mecanismos para controlarlo o revertir sus efectos.

En cuanto a los argumentos que miran al futuro, conviene tener en cuenta la vulnerabilidad que formuló Karl Loewenstein al observar cómo el nazismo ascendía por las escaleras del Estado de Derecho para luego demolerlo. Podría resumirse en una pregunta: ¿qué impide, en una democracia, que una fuerza política emplee los instrumentos democráticos con el fin expreso de abolir la democracia misma que le dio el poder? La paradoja encuentra respuesta en el concepto de «democracia militante», que establece un orden que niega a los enemigos de la democracia el uso de sus propios instrumentos para destruirla.

Teniendo esto en cuenta, una democracia no puede coexistir con una organización cuya actuación, principios de funcionamiento y esencia misma son profundamente antidemocráticos. La proscripción debe alcanzar también, por tanto, a cualquier movimiento que reivindique ese legado y haga suyas sus figuras y postulados, porque lo que se proscribe es el proyecto y el espíritu que lo anima, no solo el nombre. Esperar que el Partido Comunista de Cuba respete las reglas del juego democrático es querer que Hannibal Lecter sea vegetariano. Un sinsentido, simplemente.

En este punto es saludable salir al paso de un posible malentendido, sobre todo entre quienes hemos visto a una dictadura llamar «defensa de la Revolución» a su represión. La democracia militante puede parecer una merma de derechos, pero es su salvaguarda, pues niega a organizaciones empeñadas en destruir el orden libre la posibilidad de servirse de él para suprimirlo. La restricción no recae directamente sobre personas, sino sobre proyectos que buscan monopolizar el poder. Para evitar que degenere en arma del gobernante de turno, las decisiones deben quedar en manos de jueces, sujetas a criterios fijados de antemano, a un umbral alto y a decisiones siempre recurribles.

¿Debería prohibirse también la izquierda?

Dicho esto, viene la otra pregunta: «¿Debería prohibirse también la izquierda?». Sin ninguna duda, mi respuesta es no. Una democracia que prohíba la izquierda, en cuanto izquierda, no sería una democracia. Estaría construyendo, en espejo, la dictadura de signo contrario. La línea de la democracia militante no discurre entre la derecha y la izquierda, sino entre quienes aceptan la alternancia y los límites del poder y quienes aspiran al poder absoluto.

El caso de la República Federal de Alemania lo ilustra muy bien. Su Tribunal Constitucional disolvió en 1952 al neonazi Partido Socialista del Reich (SRP) y en 1956 al Partido Comunista, ambos conforme al artículo 21.2 de la Ley Fundamental, que declara inconstitucionales a los partidos que «por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania». El criterio obvia cualquier posición en el espectro y se centra en la conducta y el fin. Los alemanes se defendieron de los enemigos de la democracia, vinieran de la derecha o de la izquierda.

Una izquierda que acepte la alternancia, los contrapesos y la imposibilidad de perpetuarse en el poder es legítima y normal en cualquier país democrático, desde Suiza hasta Estados Unidos, Chile o Costa Rica. Su exclusión empobrecería la representación y reproduciría, con otro color, el monopolio que decimos combatir. Izquierda y derecha han de coexistir en el espectro cubano bajo reglas que permitan a la ciudadanía expresar con transparencia sus preferencias, con límites nítidos al poder y con una prohibición común a unos y a otros: la de socavar la democracia para eternizarse en ella.

«¿No es tiempo de que en Cuba gobierne la derecha?», inquiere finalmente mi interlocutor. También a esta pregunta respondo sin dudas: es tiempo de que en Cuba el pueblo escoja a quien lo gobernará durante un período, mediante procesos electorales con todas las garantías. Si, terminada una gestión de gobierno, esta no satisface las expectativas o aparecen mejores opciones, que el cambio se produzca sin traumas. Así, tanto la derecha como la izquierda sabrán que deben trabajar para ser electas. Parafraseando la Sagrada Escritura: por sus frutos los «escogeréis».

La democracia que construyamos deberá saber defenderse de quienes, como el Partido Comunista, son incompatibles con su existencia; pero también garantizar la participación de derechas e izquierdas, porque solo de su libre competencia y de la implicación de los ciudadanos nace el vigor de una democracia. Por responsabilidad hacia el futuro, el nuevo orden habrá de nacer blindado, para que nadie, ni a la izquierda ni a la derecha, pueda volver a confundir un partido con la Patria.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.

José Manuel González Rubines

Investigador, periodista, y profesor. Máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca.

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