Se anunció que la Mesa Redonda de hoy trataría el tema «El heroísmo sobre la mesa». Algún día había que analizar en la televisión el trabajo que pasan los cubanos para suministrar un plato de comida a todos los miembros del núcleo familiar.
El 27 de noviembre de 2020, un grupo de artistas, intelectuales y periodistas independientes protestó frente al Ministerio de Cultura de Cuba, en La Habana. Durante horas, sin violencia, exigieron respuestas tras el brutal desalojo de catorce personas, ocho de ellas en huelga de hambre, de la sede del Movimiento San Isidro (MSI). Fue un gesto insólito en décadas: ciudadanos reclamando, a la vista pública, su «derecho a tener derechos».
¿Qué revela el Programa de Gobierno sobre el rumbo de la economía cubana? ¿Es viable este plan económico o es más de lo mismo? ¿Qué impacto tendrá en la vida de los cubanos? ¿Puede detener el deterioro económico o agudizará la crisis? Los economistas Mauricio De Miranda, Pedro Monreal y Pavel Vidal, en un espacio moderado por José Manuel González Rubines, analizan el nuevo Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
"Un apagón en el país es una condición clarísima de parálisis de todo el sector productivo y del sector de los servicios. (...) Hasta ahora las medidas han sido parches para resolver una situación inmediata y así no se resuelve el problema", asegura el economista Mauricio De Miranda Parrondo, codirector de CubaXCuba - Laboratorio de Pensamiento Cívico.
Resulta doloroso apreciar cuánto ha calado el sentimiento de frustración nacional entre nosotros. Incluso, no creo que la mayoría de la gente tenga una actitud anexionista, pero sí percibo que una buena parte de ella siente que al defender a Cuba no está defendiendo a la patria, sino a un sistema que ha convertido a la Isla en una nación débil, dependiente, y con un sistema sociopolítico desentendido de los intereses reales de los cubanos.
¿Es racional que Cuba ―siendo un país pequeño, subdesarrollado y de pocos recursos― posea tal superioridad de embajadas frente a países desarrollados, extensos, algunos que incluso fueron imperios coloniales? ¿Sabe el pueblo cubano cuánto cuesta ese inmenso servicio exterior? ¿Cuánto ha entregado este pueblo en vidas, recursos financieros y complicidad de su gobierno con esas dictaduras?
El Estado de Guerra no sería necesario para controlar a la población civil, ya ampliamente vigilada, sino para mantener ocupadas, fragmentadas y bajo supervisión estricta a las propias fuerzas armadas. Se trataría de un mecanismo de advertencia y de reforzamiento del control sobre las cadenas de mando. No es un movimiento estratégico, sino desesperado: el régimen ha perdido su principal sostén económico, enfrenta el colapso energético y carece de un horizonte político viable.
El impacto generado por la difusión de las imágenes de los represores obliga a enfrentar una realidad esencial: los sistemas que violan los derechos humanos no operan como abstracciones impersonales, sino a través de hombres y mujeres concretos, que formulan, obedecen y ejecutan órdenes. En ese entramado, el anonimato actúa como lubricante del mal.
Las fuerzas armadas actuales (FAR y MININT), serviles a la dictadura, han de ser desmanteladas y reconstruidas como instituciones armadas de la república, fieles a la Constitución, sin lealtades ideológicas ni personales a ninguna autoridad, excepto al presidente electo por el voto popular directo, quien volvería a ser su comandante en jefe.
Esta petición nace del dolor silencioso de muchas familias cubanas y de la convicción de que ningún conflicto justifica prolongar el sufrimiento humano. Ponte en sus zapatos. Que nuestros presos no sean nuestro escarmiento, sino nuestra inspiración. Firmar por la liberación de nuestros presos políticos es firmar por la libertad de todos los cubanos.
Afirmar que los cubanos de hoy emigran «solo por razones económicas», ignora una verdad esencial: en Cuba, desde 1959, la economía ha sido siempre la política por otros medios. Y eso fue precisamente lo que el Congreso de Estados Unidos entendió con claridad cuando aprobó la Ley de Ajuste Cubano.
La intervención en Venezuela ―formalmente ilegal y no articulada explícitamente bajo argumentos de Derechos Humanos― resulta, sin embargo, parcialmente legitimable para sectores de la comunidad nacional e internacional, siempre que no derive en un uso indiscriminado de la fuerza ni en un agravamiento sustancial de la crisis existente.
Los calificados como «enemigos», en modo alguno son los ciudadanos que emiten juicios, opiniones y sugerencias, coincidentes o no con los emanados del gobierno. Como decía Martí, es erróneo aspirar «a una unanimidad imposible en un pueblo compuesto de distintos factores, y en la misma naturaleza humana».