Sobremesa sin plato fuerte

En los últimos siete años, el estado cubano ha perdido el control monopólico sobre la expresión, la información y las comunicaciones, fundamentalmente en el espacio virtual. Sin embargo, lo que sí ha intentado mantener con mano de hierro es su control sobre el espacio real. Precisamente por ello, e incumpliendo un mandato de la Constitución de 2019, no han sido habilitadas las leyes que normarían el derecho a manifestación. Y por espacio real no me refiero solo al público ―calles, parques, plazas―, sino a cualquier tipo de espacio, sea privado o personal.

Hemos visto la reacción violenta de las fuerzas represivas ante una exposición de arte en la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara, o el asalto a la casa de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Cualquier reunión o actividad considerada inadmisible por las fuerzas del orden, será impedida.

Así ocurrió en octubre de 2022 con la presentación del libro La peor generación, idea del promotor cultural Alejandro Mainegra, fundador del proyecto La Tertulia, que reunió en un texto a voces jóvenes emergentes en las redes sociales y espacios digitales por aquellos años. Debido a presiones de la Seguridad del Estado, dicha presentación ―aun cuando no tenía explícito cariz político―, fue suspendida en espacios tan disímiles como un centro perteneciente a la Asociación Hermanos Saíz, un negocio privado y el teatro del Centro Loyola, sito en la calle Reina, propiedad de la Compañía de Jesús.

Por ello hay que entender que el podcast La Sobremesa, de La Joven Cuba (LJC), un programa para dialogar sobre aspectos de la realidad cubana que se graba en una locación real, con anfitriones y equipo técnico vinculados a instituciones estatales que exigen «confiabilidad», está autorizado a los más altos niveles. Olviden los ataques del conductor de Con Filo u otras supuestas voces «críticas»; LJC es el único medio alternativo de tono político al que se permite, sin presiones, la presencia en el espacio real de la Isla. De hecho, como elemento contrastante, la revista AM:PM, especializada en temas musicales, organizó actividades en diferentes centros y terminó cerrada por acoso y amenazas de Seguridad del Estado y con parte de su equipo, incluido el director, exiliado.

Los encuentros de LJC no datan siquiera del inicio del referido programa; hay que recordar que, desde febrero de 2023, ha reunido a su equipo y algunos colaboradores en almuerzos de trabajo. ¿Es negativo esto? Por supuesto que no. Sería elogiable si fuera una práctica común. Pero no lo es. Entonces se impone la pregunta: ¿por qué se permite a LJC lo que a otros no?

¿Oposición leal?

De acuerdo con Arturo López-Levi, politólogo cubano residente en Estados Unidos, no hay problema alguno en que LJC acepte financiamiento de fuentes extranjeras si se comporta como una «oposición leal», es decir, si defiende el interés del estado nacional. Esta tesis es coincidente con la esgrimida por el también politólogo Rafael Hernández, director de la revista Temas, que en su entrevista de La Sobremesa aludió a los que defienden el interés nacional como aquella parte del «todo» que él entiende como la Cuba deseada.

Defender el interés del Estado (y obviamente su orden constitucional) como pauta de admisibilidad al espacio real, es algo coherente con la línea editorial de LJC, proyecto que se presenta como el «fiel de la balanza», un medio «moderado» cuya función es «interpretar» el ambiente político, el cual suele ubicar en dos polos: el Estado cubano agredido por Estados Unidos y «la oposición» aupada por Washington.

Un medio moderado se distingue por ubicarse en el centro del espectro político de izquierda a derecha; pero es obvio que estos posicionamientos serían propios de un sistema político en que fuera natural ―y por ende legal―, el respeto al pluralismo. Ese no es el caso de Cuba. Entonces, lejos de ser un medio moderado, LJC se comporta como un medio «oficioso», cuya función es abordar de modo crítico problemáticas importantes relacionadas con las consecuencias de las cosas; pero jamás con las causas que las originan.

Son las típicas válvulas o nichos críticos de descompresión, tolerados por necesarios, especialmente en etapas de incremento de las tensiones políticas, internas y externas. Al respecto citaré un agudo comentario de Anay González Figueredo, periodista cubana, con el que coincido:

«Creo que uno de los rasgos más sofisticados y peligrosos del autoritarismo cubano es su capacidad para disfrazar el inmovilismo como trasformación. El poder ha aprendido que para perpetuarse no necesita negar el cambio, sino administrarlo, controlarlo y convertirlo en una escenografía útil. Así, las reformas dejan de ser mecanismos de progreso real y se convierten en una forma de reforzar lo existente, oxigenando las estructuras sin tocarlas de fondo. La retórica del cambio sirve para calmar el malestar social, apaciguar a observadores internacionales y al mismo tiempo garantizar que el núcleo de poder permanezca intacto (…)».

Esto es a lo que el investigador y periodista José Manuel González Rubines denomina gatopardismo, es decir: «reformas cosméticas, aperturas económicas controladas y diálogos gestionados desde arriba» cuya función es «cambiar para seguir siendo». 

Este tipo de estrategia tiende a favorecer al poder sobre la base de demandar una paz interna en la cual la «oposición» (y en general cualquier evidencia de disenso) deviene especie de molesto «disturbio». Ello explica la siguiente apelación del director de Temas en su intercambio con Mariana Camejo, directora de LJC: «Los que hacen que el vaso se llene, necesitan nuestro apoyo».

En resumen: leal sí; oposición no.

Ligereza y desparpajo

No demérito a todas las personas que han accedido a conversar en el espacio. Algunas de ellas han expresado cuestiones importantes y valiosas, y han abordado temas pertinentes: la pobreza, la situación económica, la historia oficial y los relatos alternativos, la censura cultural, el cine cubano, los retos de los pequeños y medianos empresarios, la realidad de la empresa estatal, entre otros.

Súmese a lo anterior, que el programa tiene excelente factura: fotografía, escenografía, tempo… Lo que le falta a esa Sobremesa es el plato fuerte. No es lo que allí se dice; sino lo que se omite. Y ello se hace en un momento en que «la ligereza y el desparpajo», como reza el eslogan del espacio, resultan francamente irresponsables dados la gravedad de la situación y el drama nacional.

No responsabilizo en primera instancia a los invitados por esas omisiones, aunque el ejemplo del gran cineasta Fernando Pérez indica que cuando se quieren precisar cuestiones importantes, no valen distracciones, comentarios disuasorios, interrupciones incómodas o cambio a preguntas ligeras.

Los guionistas de La Sobremesa saben hasta dónde pueden llegar. Por eso no escuchamos interrogantes acerca de temas cruciales como el rol del Partido único, la economía militar, la represión y la situación de los Derechos Humanos, la exclusión política, la situación de los presos políticos, el incumplimiento de la habilitación de derechos establecidos en la Constitución de 2019, la corrupción en altos niveles del Estado, entre otros.

LJC invita a veces a politólogos, pero siempre da la espalda a la política.     

El plato fuerte omitido

Se creyó erróneamente y durante mucho tiempo que el problema fundamental de Cuba era esencialmente económico. Y es lógico, la enorme crisis en ese ámbito resulta lo más ostensible, lo que marca la cotidianidad con su rigor. Las diferencias en el análisis radicaban en que, para unos, la crisis se debía a antiguos errores de política interna del proceso; para otros únicamente se explicaba por la influencia de las medidas coercitivas de los Estados Unidos, o por una combinación de ambas.

El estallido social del 11 de julio lo trastocó todo al revelar una verdad profunda camuflada durante décadas en discursos populistas: el problema fundamental en Cuba es de naturaleza política, y se trata del invisibilizado diferendo interno entre un estado autoritario y una ciudadanía carente de derechos y excluida de influir en la dirección de los asuntos públicos. Hasta la ralentización y fracaso de la reforma económica se debe a causas políticas.

Siempre fue así. No hubo que esperar a 1965 y a la refundación del Partido Comunista. Desde el día cero del proceso, este fue autoritario y vertical. «Desde arriba» —al decir del historiador Samuel Farber— fueron redactadas leyes y establecidas determinaciones de importancia categórica para el futuro nacional. En la plaza, ante multitudes entusiasmadas, se aprobaron por aclamación decisiones que debieron llevarse a una consulta ciudadana mesurada y reflexiva.

El control de los medios de prensa, del campo cultural y de los sindicatos, tuvo lugar antes de 1965. Es decir ―como afirmé en un artículo anterior― el Partido único:

«sirvió en verdad de camuflaje a un grupo de poder que cada vez se definió mejor y quedó entronizado en el ámbito de la política al excluir al resto de la sociedad con la creación de mecanismos que lo eternizaron e hicieron impermeable a la voluntad ciudadana. Un discurso popular, una política de élite y un enemigo histórico; ese fue el camino que nos condujo hasta acá.

Luego se nos vendió la imagen de “plaza sitiada” que no podía consentir una apertura política debido a la hostilidad enemiga. Esa tesis es manejada entre un sector que asegura que no es posible exigir estándares democráticos a la Isla sin un cambio en la política de Estados Unidos hacia ella. Así ha dicho Arturo López Levi: «A un protectorado no se le puede exigir democracia».

Cuando en 1976 fue generalizada la experiencia del Poder Popular y aprobada la Constitución Socialista, ya había transcurrido el tiempo suficiente para que la sociedad civil se encontrara anulada ante el Estado y sus estructuras políticas. Aquellos diecisiete años generaron una ciudadanía obediente, indefensa y excluida. Es cierto que había recibido muchos beneficios sociales, pero estaba inhibida para reaccionar en el momento en que tales beneficios fueran revertidos, como en efecto ocurrió.

Eso fue precisamente lo que condujo al estallido social del 11J: los altos y nuevos niveles de exclusión social se unían a la exclusión política de vieja data. Por eso fue un estallido, no había otro modo de reaccionar: no existían otras vías para canalizar el descontento.

Continuar ignorando el escenario actual; hablar de «descentralización» en lugar de «democratización»; preguntar a ciertas personas qué quieren para Cuba, desconociendo los diversos actores políticos y los muchos deseos y aspiraciones, es, cuando menos, irresponsable. La categoría central de la política es la cuestión del poder, incluso, la teoría marxista sobre el Estado lo reconoce así.

En Cuba, la tríada perfecta del poder radica en precisar: quiénes usufructúan la propiedad estatal y cómo lo hacen; de que modo funciona la estructura política del Estado, y cuán permeable a la voluntad ciudadana es el sistema electoral. Pero para abordar esos temas, habría que abandonar la ligereza y el desparpajo que caracterizan a La Sobremesa.

En un artículo de hace muchos años, publicado precisamente en ese medio, me referí a la actitud del Estado y de una notable parte de su intelectualidad y científicos sociales ante la crisis, con estas palabras: «Se pueden ver los árboles y no el bosque, asumir el fenómeno sin apreciar la esencia y tomar lo aparente por lo real». (link a Cuba: los árboles y el bosque)

Esa valoración le queda, como anillo al dedo, al podcast de LJC.  

***

Imagen principal: The Long Table | da Vinci / Reimagine Art (2021) - Dent-De-Lion Du Midi.