Una propuesta de reforma electoral y un necesario debate

En un sistema político como el cubano, hermético a iniciativas emanadas desde la ciudadanía, es loable cualquier esfuerzo por generar transformaciones. Es en tal sentido que valoro la propuesta de reforma electoral hecha en días pasados por el doctor Carlos Alzugaray, ex diplomático, profesor y analista, y que publicara el espacio La Joven Cuba presentándola como una propuesta para «devolver su voz a la ciudadanía».

El gran pensador José Carlos Mariátegui consideraba que la unanimidad era siempre infecunda, y que el mayor valor de una idea radicaba en el debate que pudiera suscitar. Como el profesor Alzugaray también se muestra contrario a la unanimidad, espero no tome a mal el siguiente análisis, ni lo crea una interpretación «mal intencionada». Aquí la intención es enriquecer el intercambio sobre un asunto de enorme pertinencia.

Un preámbulo «paradójico»

El texto tiene un preámbulo demasiado amplio, lo que debiera evitarse cuando se trata de una propuesta, cuya redacción debe ser concreta y expedita. Creo que la dilación en el planteo se debe a que el autor cita por extenso varios discursos de Raúl Castro en que este critica la unanimidad, el secretismo y la demora en afrontar reformas. En lugar de acudir a fuentes jurídicas, a la práctica política internacional, a ciertos artículos de la propia Constitución cubana en que se establecen derechos ciudadanos postergados, a las necesidades y aspiraciones de las personas; el profesor Alzugaray elige la figura de Raúl Castro como principio de autoridad, estrategia discursiva que bebe del escolasticismo medieval, cuando los teóricos citaban a los padres de la Iglesia como argumentos inobjetables.

Tomar a Raúl Castro como principio de autoridad en temas de apelación a la crítica y reformas realizadas, es riesgoso. Quizá por ello el autor utiliza en varias ocasiones términos como «paradójico», o «paradójicamente», lo que indica las contradicciones existentes entre el discurso y la práctica política, no solo del sistema en sí, sino del propio árbitro que representa para Alzugaray el anciano General de Ejército.

No olvidemos que decisiones personales de Raúl Castro determinaron la clausura de la revista Pensamiento Crítico en 1971 y la disolución del equipo de excelentes investigadores del Centro de Estudios de América (CEA) en 1996, por solo citar dos ejemplos que exponen su intransigencia a toda crítica, aun a la generada desde posturas intelectuales de izquierda. Por otra parte, su anuncio de una amplia reforma económica que incluía «cambios estructurales y de concepto», data de dieciocho años atrás, demasiado tiempo como para considerarla creíble.

El profesor Alzugaray explica que «era ineludible pasar de una gobernanza de tipo autoritario-patriarcal carismática, como lo fue el sistema de gobierno de Fidel Castro, a una más democrática y colectivista»; pero no demuestra que ese paso haya ocurrido. Incluso, reconoce: «No es extraño que Raúl Castro se anticipe a los acontecimientos con un buen margen de tiempo. Por un lado, su edad le obliga a dejar las cosas lo más resueltas posibles», y también afirma: «Raúl Castro sigue siendo la personalidad política de la que dependen las decisiones más importantes en el país y que, si no sucediera algo antes de abril del 2028, estará estrechamente involucrado en la designación del candidato a presidente que sustituya a Miguel Díaz Canel al terminar sus dos mandatos». O sea, nada de democracia, en eso el régimen siempre ha sido «continuidad».

De Fidel Castro a su hermano, se transitó en realidad desde un sistema autoritario populista hacia un sistema autoritario antipopular. La intervención que muestra a las claras dicho tránsito fue hecha por Raúl Castro el 24 de febrero de 2008 ante la Asamblea Nacional, al ser designado presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, sin embargo, dicho discurso no es de los mencionados en el preámbulo. Paradójicamente, diría yo.

Raúl Castro se dice y se contradice: hace seis años propuso incluir el requisito de sesenta años como edad mínima para ser electo presidente de la República por primera vez; no obstante, también por iniciativa suya, el pasado 19 de julio se aprobó en el Parlamento una reforma constitucional que eliminaba el susodicho requisito. Un arbitraje incierto el que nos presenta el analista.

La propuesta en cuestión

La propuesta del profesor es concreta:

«Se trata de establecer en todo el sistema electoral el principio de la elección directa y no indirecta como ha prevalecido hasta ahora.

No puede ser una elección realmente democrática si al ciudadano se le propone un solo candidato por cargo a cubrir. Sea el cargo que sea.

Por eso propongo que se establezca este principio electoral (comicios competitivos entre al menos dos candidatos nominados y votados directamente por los electores) para todos los cargos electivos del país (…)».

De ser viable, sería digna de aplausos. Pero no lo es. Está claro que elegiríamos directamente, pero ¿quiénes decidirían los nombres de los candidatos?, es decir, ¿quiénes nominarían? Para que sea transformadora y no solo administrada, la propuesta debe moverse del «qué» al «cómo»: ¿quién nombra al árbitro, quién nomina, cómo se compite y qué cambia si se incumple? Sin esas respuestas —y sin las enmiendas constitucionales precisas—, la unanimidad va a sobrevivir vestida de competencia.

Alzugaray lo resuelve así: «Los Consejos Electorales actuarían como una especie de electores primarios que tendrían que proponer al menos dos candidatos y no menos de ocho por cada cargo electivo después de consultar directamente al electorado». El problema es que eso exactamente es lo que hacen los Consejos Electorales (CE) a todos los niveles, nacional y provincial. Funcionan como electores primarios y consultan al electorado a través de las organizaciones políticas y de masas «reconocidas por el Estado» para elaborar las listas de candidatos. El único cambio sería, de acuerdo a la propuesta del profesor, que deberá aumentarse el número de candidatos.

Ocurre que Alzugaray hace una propuesta que no se dirige a «todo el sistema electoral», sino a uno solo de los muchos aspectos que este incluye. Por ejemplo, no propone reformar el modo en que son elegidos los miembros de los Comités Electorales, y, siguiendo la lógica de su propuesta, el «elector primario» debería ser elegido asimismo por propuestas democráticas desde abajo, y no de la manera en que se procede según ley.

Si el objetivo es «menos secretismo y menos unanimidad», sugiero añadir cinco candados institucionales (todos exigibles y medibles). Con ellos, incluso en un contexto de partido hegemónico, se fuerza un equilibrio competitivo verificable y se reducen las unanimidades artificiales:

• Árbitro verdaderamente autónomo: reformar el art. 128.f para que la cúpula del Consejo Electoral Nacional (CEN) no sea propuesta por el Presidente; crear un colegio de designación plural (p. ej., cuotas de academia/colegios profesionales/órganos locales/ciudadanos relevantes) y mandatos escalonados con causales de remoción limitadas.

• Nominación independiente: abrir tres canales de candidatura: (1) patrocinio ciudadano por firmas verificadas; (2) propuesta de organizaciones sociales con personalidad jurídica; (3) propuesta del CEN tras consulta. Eliminar el monopolio de la propuesta por órganos dependientes.

• Integridad de campaña: reglas de medios (tiempos gratuitos y equitativos), prohibición de recursos estatales en campañas, financiamiento público con tope y auditoría ex post.

• Garantías cívicas: ventana de campaña con libertad de reunión y expresión verificable; observación nacional no gubernamental y extranjera técnica; publicación de actas mesa por mesa.

• Diseño legislativo: listas abiertas o voto preferencial en multimembres, o distritos pequeños con umbral bajo (2-3 %) para introducir diversidad evitando atomización; voto negativo válido (boleta en blanco/nulo con efecto informativo en asignación de escaños o gatillos de repetición).

El talón de Aquiles de la propuesta

El profesor Alzugaray aboga por una elección «realmente democrática», pero asimismo aclara que no propone elecciones multipartidistas pues «En Cuba la Constitución prevé la existencia de un solo partido hegemónico. Se trata de elecciones competitivas».

Competitivas en qué sentido, pregunto, dado que contenderían personas diferentes, pero no con proyectos diferentes a lo que el Partido Comunista determine, que para eso se autoproclama la instancia política dirigente superior y se ubica «por encima de la sociedad y del Estado». Esto encierra una contradicción fatal que debilita la propuesta en su conjunto.

Si como bien certifica Alzugaray, «en los regímenes socialistas de partido único, como el cubano, se reconoce como una cuestión más que protocolar y consuetudinaria que, cuando ciertos cargos del primer nivel no coinciden en la misma persona, el rango partidista está por encima del gubernamental en la línea de mando del país. El Primer Secretario del Partido estará por encima del Presidente de la República»; entonces, estimado analista, qué importa que se escoja entre dos o entre ocho candidatos; sabemos quién lo decidirá todo, a fin de cuentas.

Esto me hizo recordar un artículo publicado en la desaparecida revista soviética Sputnik de febrero de 1989. En la cubierta, un enorme sillón con cinco medallas; debajo se leía: «Brezhnev, un líder cómodo». Estuvo dedicada al inmovilismo y tiene análisis que, treinta y seis años después, resultan muy pertinentes para Cuba. Por ejemplo:

«¿Debe la dirección del Partido convertirse en un órgano especial del poder, que estará por encima de los restantes órganos? ¿Si el Comité Central es un órgano especial de poder, cómo controlarlo? ¿Se puede protestar su resolución por inconstitucional? ¿Quién responde en caso de fracasar una medida decretada? Si este órgano superior de hecho dirige al país, ¿no debe entonces todo el pueblo elegirlo?».

Por algo Sputnik desapareció de un día para otro; demasiada glasnott para el gusto del grupo de poder.

Volviendo a la propuesta, mantener explícitamente el partido único reduce el anclaje programático y empuja a una personalización de la contienda ―más marketing del candidato que debate de plataformas―, entre tanto, la segunda vuelta tendería a coordinar facciones internas más que proyectos alternativos. Tal escenario estaría muy lejos de ser una salida realmente democrática. Tampoco creo, como afirma el analista, que con esta reforma la ciudadanía pueda recuperar su voz.

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Imagen principal: Victoria Blanco / CXC.