Perestroika sin Glasnost o el arte de «dejar de ser, para seguir siendo»

Como si de un extraño deja vu político se tratara, las recientes medidas adoptadas por el gobierno cubano han generado en no pocas personas la idea de que estamos en presencia de una Perestroika caribeña. El régimen sueña con la inversión extranjera, pero debe miles de millones de dólares a sus acreedores —imposible saber con exactitud cuántos y a quiénes—; asegura mayor participación en la economía de los nacionales y la diáspora, a pesar de que casi el 90 % de los cubanos son pobres y de que los miles que se han ido lo han hecho, precisamente, para salir de la égida del propio régimen; se rasga las vestiduras hablando de propiedad privada, luego de casi siete décadas tratando todo lo que está en su territorio como si fuera parte de una finca personal. En resumen, el régimen sueña con dulces guayabas cuando lo que ha sembrado son amargos tamarindos.

La idea de que el paquete de medidas anunciado podría derivar en una transición hacia otro tipo de régimen político, como sucedió en la URSS, choca con la realidad de que a la cubana le falta la dimensión política que tuvo la reforma de Mijaíl Gorbachov.

La Perestroika no viajó sola, sino acompañada por la glasnost, una política de apertura informativa decidida desde el poder. El Kremlin relajó la censura, toleró la crítica pública a la gestión del Estado y, hacia el final, permitió comicios parcialmente competitivos que erosionaron el monopolio del partido único. Si el gobierno cubano busca liberalizar su economía, la glasnost fue un ensayo de liberalización de la vida política soviética. Por supuesto, no convirtió aquello en una democracia, ni pretendió hacerlo, pero sí fue una señal de la disposición del poder, al cabo incontenible, a ceder parte de su control sobre la participación.

Esa señal está ausente en La Habana. Los cimientos del sistema político permanecen exactamente donde siempre, y la reforma se concentra, entre otros ejes, en terrenos que interesan a quienes la conducen: la propiedad y los negocios futuros, donde la nomenclatura aspira a reconvertir su poder sobre lo público en patrimonio privado. El primer ministro Manuel Marrero lo sintetizó en una frase reveladora: «hacer lo necesario para conservar lo esencial». Lo necesario remite a la economía; lo esencial, al poder.

La economía cubana está hundida —la Economist Intelligence Unit proyecta una contracción del 7,2 % para 2026—, y Washington condiciona cualquier alivio de sus sanciones a una apertura política profunda con horizonte electoral. Las reformas, por tanto, no nacen de un repentino aprecio por el mercado, sino de la urgencia de seducir a las élites económicas, dentro y fuera de la Isla, para que acudan a repartirse las tajadas del maltrecho pastel cubano. Desde los hábitos del grupo de poder, la transparencia es un estorbo para semejante reparto. Sin embargo, no funciona así desde la óptica de los inversionistas a quienes pretende seducir, que exigirían instituciones sólidas, reglas claras y garantías jurídicas para su dinero en Cuba.

La advertencia más útil la ofrece, nuevamente, el espejo postsoviético. Es el patrón del «capitalismo de amiguetes» que se impuso en Rusia, donde la antigua nomenklatura se transformó en clase propietaria y, además, mantuvo el control político. La venta de acciones de empresas estatales habilita exactamente esa posibilidad.

Puede objetarse, con razón, que Cuba no es la Unión Soviética de los ochenta, porque Internet ha abierto un espacio de información que entonces resultaba impensable. Las redes sociales y una constelación de medios y observatorios independientes han democratizado el acceso a la información y forzado una transparencia que el Estado jamás concedió. Sin embargo, la diferencia sustancial que lo condiciona todo es que, en el caso cubano, esa apertura no procede de una política gubernamental orientada a la transparencia, sino que existe «a pesar» del Gobierno y perseguida por este. El régimen se ha negado a abrir la conversación pública, pero ha perdido la capacidad de clausurarla, aunque mucho lo ha intentado.

Lejos de cualquier glasnost, el Estado cubano penaliza toda forma de expresión, digital o física. Reporteros Sin Fronteras sitúa a la Isla entre los veinte países con menor libertad de prensa (en 2026 ocupó el puesto 160 de 180). La organización resalta que la Constitución, al reservar los medios al Estado, convierte de hecho en clandestino cualquier periodismo que no sea el oficial. Por su parte, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa documentó 1.188 violaciones a lo largo de 2025 —un 54,7 % más que el año anterior— y 386 detenciones arbitrarias, más del doble de las registradas en 2024. Su director, Normando Hernández, resumió la lógica del aparato de manera precisa: «La dictadura no reforma sus prácticas represivas: las perfecciona».

La persecución avanza por oleadas y, lo más curioso de todo, no se detiene en las fronteras. A finales de 2025 el régimen amenazó con extradición y cárcel a dieciocho directivos de El TOQUE radicados en el extranjero, difundió sus nombres y rostros a modo de fichas y lanzó ataques digitales contra el medio. A ello se suman el bloqueo de sitios web, los cortes selectivos de Internet y un hostigamiento que alcanza a periodistas como Camila Acosta, en La Habana, o Henry Constantín, en Camagüey; a creadores de contenido como los jóvenes de El 4tico; y a humoristas como Jorge Fernández Era y Eddy Ceballos, del popular Despingovery Channel.

Lamentablemente, la conclusión se impone por sí sola. Lo que hoy se sabe de Cuba —los presos políticos, los apagones, la corrupción, las colas, la devaluación del peso, las protestas— se debe a que generaciones de periodistas y medios independientes lo han documentado a costa de su libertad, y porque miles de ciudadanos lo han grabado y difundido teléfono en mano. Esa transparencia es una conquista cívica arrancada al poder.

En ello reside la diferencia sustancial con el precedente soviético que algunos han intentado establecer. La glasnost supuso asumir el riesgo de la participación pública, aunque limitada; mientras que la reforma cubana descansa en el cálculo inverso: redistribuir la propiedad sin tocar el poder. Las protestas que ocurren casi a diario no reclaman acciones en empresas ni títulos de propiedad, sino participación y bienestar.

La dimensión política, que en cualquier transición efectiva sería punto de partida, es justamente la que el programa aprobado evita. El poder en Cuba siempre ha establecido con precisión hasta dónde está dispuesto a llegar, por eso es posible medir los intentos de reformar la economía en idas y venidas. Como en otras ocasiones, nuevamente más que ante una transición que empieza, estamos ante un régimen que, fiel a su instinto de conservación, pretende «dejar de ser, para seguir siendo».

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.