Propiedad, desigualdad y reconstrucción productiva en Cuba

Propiedad y desigualdad han sido abordadas, en el caso de Cuba, casi siempre con enfoque político y no técnico. Sin embargo, este último es fundamental para explicar el éxito o fracaso de los procesos de crecimiento económico, que en la economía insular se trata, fundamentalmente, de reconstrucción productiva. Propiedad, desigualdad y crecimiento económico pertenecen al ámbito de la distribución, pero tienen relación asimismo con las condiciones técnico-productivas que definen la capacidad de producción de las economías.

La Economía cuenta con aportaciones relevantes de los clásicos sobre la importancia de los derechos de propiedad como factor determinante del crecimiento. En su «Segundo tratado sobre el gobierno civil» (1689), John Locke estableció la tesis de que la propiedad surge del trabajo individual, la cual tuvo influencia relevante como base teórica del capitalismo y los derechos de propiedad modernos. Este argumento es fácil de rastrear en la concepción de la propiedad durante la República de Cuba, desde 1902 hasta 1959.

Adam Smith, en «La riqueza de las naciones» (1776), valoró a la propiedad privada como factor esencial para el funcionamiento eficiente del mercado en el proceso de asignación de recursos, y ello le llevó a establecer la relación entre derechos de propiedad, incentivos y crecimiento económico, en una línea bastante coincidente con la que plantea este artículo. La especialización productiva de la economía cubana en el azúcar, durante décadas, tuvo mucho que ver con el patrón de la división internacional del trabajo.

A pesar del optimismo de los clásicos con el rol de los derechos de propiedad, Karl Marx, en «El Capital» (1867), lanzó duras críticas a la propiedad privada de los medios de producción, para señalar que podría ser un factor de explotación y desigualdad en las sociedades desarrolladas. Marx fue, sin duda, el primero en detectar que la propiedad privada, que estimula el crecimiento económico, puede acabar creando situaciones de desigualdad a las que pretendía dar respuesta con sus doctrinas económicas; sustrato de la revolución cubana.

En tiempos más recientes, y con la extensión del paradigma marxista-leninista en la economía cubana, la ciencia económica ha desarrollado nuevas vías para el análisis de los derechos de propiedad.

Los trabajos de Ronald Coase establecen que las disputas sobre derechos de propiedad se resuelven mejor de forma amigable, sin que aparezcan costes externos, pues esa es la mejor solución para las partes, con independencia del resultado. Dicho de otro modo, la defensa de los derechos de propiedad presentes en cualquier transacción facilita la consecución de un resultado óptimo para las partes. Para ello es necesario que los derechos estén bien definidos y que las partes puedan negociar soluciones eficientes.

El teorema de Coase sentó las bases de la Economía Institucional Moderna, rama dirigida al análisis y evaluación del problema del coste social, al tiempo que dota de singularidad a los derechos de propiedad que pasan a ser tangibles. El asunto de la compensación de las expropiaciones comunistas puede hallar referencias en dicho teorema.

Años después, Douglas North introdujo el análisis a las instituciones (1990), el cambio institucional y la gestión económica, para concretar su tesis de que los derechos de propiedad son fundamentales para el desarrollo económico de las naciones. Con su estudio, pudo explicar el hecho de que unos países crezcan más que otros.

La contribución de North permite comprobar el rol fundamental de las normas, reglas y regulaciones de las instituciones en el crecimiento; de ahí que sea necesario un buen diseño institucional como condición necesaria, aunque no suficiente, para el éxito económico. Es una aportación clave para la reconstrucción que habrá que emprender en Cuba, donde muchas instituciones deberán ser reemplazadas.

Hernando de Soto, en su obra «El misterio del capital» (2000), demostró que la falta de propiedad formal limita el acceso al crédito para muchas personas, de ahí su énfasis en la importancia de legalizar los activos en países en desarrollo. Tal cuestión, emprendida de forma muy reciente en Cuba, plantea no pocas dudas a la hora de defender los derechos reales, sobre todo basados en la propiedad privada.

Este recorrido histórico por el pensamiento económico, permite comprender que cuando un país deja atrás las cadenas del subdesarrollo, e inicia un proceso de crecimiento económico, debe hacerlo sobre la base de un sistema respetable y previsible de derechos de propiedad y de unas instituciones eficaces, lo que contribuye a retribuir a los factores de producción en función de su aportación al crecimiento. El marco institucional, sobre todo el referido a los derechos de propiedad, aparece como un elemento fundamental del éxito económico de las naciones.

Al mismo tiempo, las desigualdades sociales surgen como consecuencia de este proceso de transformación económica, en la medida que la economía se aleja del subdesarrollo y se retribuye a los factores de producción en función de los distintos niveles de desempeño, la tecnología disponible aplicada y los incentivos que se combinan en su contribución al crecimiento.

Además de los trabajos citados de Marx, las principales contribuciones de la Economía al análisis de las desigualdades sociales en los procesos de crecimiento son más recientes, con referencias en autores como Simon Kuznets, con su trabajo «Economic Growth and Income Inequality» (1955) donde propuso la denominada curva de Kuznets, que permite observar que la desigualdad primero aumenta con el desarrollo, y más tarde disminuye en etapas avanzadas. Esta fue una aportación muy influyente, pero ha generado un extenso debate sobre su capacidad explicativa.  

Entre las aportaciones sobre desigualdad y desarrollo de las naciones, es obligatoria la referencia a Amartya Sen, que en «Desarrollo y libertad» (1999), demostró que el desarrollo no es solo ingreso, sino capacidades (educación, salud, derechos), y estableció la premisa de que la desigualdad actúa como factor limitante del desarrollo humano.

Josep Stiglitz, en su obra «El precio de la desigualdad» (2012), mostró que la desigualdad excesiva frenaba el crecimiento económico, y destacó la influencia que en ello tenían los fallos del mercado y la incidencia de las políticas públicas.

Daron Acemoglu y James A. Robinson, en «Por qué fracasan los países» (2012), demostraron que las instituciones «extractivas» generaban desigualdad y frenaban el desarrollo, mientras que las instituciones «inclusivas» favorecían crecimiento sostenible. En su obra «El capital en el siglo XXI» (2013), Thomas Piketty muestra cómo el capital tiende a concentrarse, lo que le lleva a concluir que la desigualdad puede ir en aumento si no es regulada.  

Las contribuciones de los autores mencionados permiten concluir que derechos de propiedad, desigualdad social y crecimiento económico son elementos inseparables en los procesos de transformación productiva. Ellos desempeñarán un rol determinante en el caso de Cuba durante el horizonte próximo de reconstrucción, por tanto, los responsables del cambio político y económico deben tenerlos muy en cuenta.

De tal modo, surgen varias interrogantes. ¿Cómo se han comportado estos tres factores en la economía cubana en las últimas décadas? ¿Qué papel cabe esperar de estos en un proceso de transformación económica? ¿Es cierta la existencia de una relación estructural entre ellos? Dichas cuestiones serán objeto de la reflexión en este texto.

Los derechos de propiedad

La propiedad en Cuba ha sido uno de los asuntos más destacados desde mediados del siglo XX, cuando la revolución liderada por Fidel Castro expropió para el Estado, sin pagos ni contraprestaciones, la mayor parte de los activos productivos y derechos de propiedad de la economía. Desde entonces, el desarrollo político, económico y social se vio condicionado por ese giro de 180º en la estructura jurídica de la propiedad. Tras las nacionalizaciones generalizadas de la Ofensiva Revolucionaria de 1968, la Isla se convirtió en un país distinto al resto de América Latina.

La revolución diseñó y ejecutó un modelo económico específico, dominado por la propiedad estatal y formas colectivas, que acabó siendo institucionalizado en la década de los setenta con la vinculación a la URSS. Sin embargo, antes de 1959 la estructura de la propiedad en Cuba era mayoritariamente privada, heredera del sistema español de registro y notarías. Cuando se produjo la independencia, en 1898, el código español de comercio de 1885 se mantuvo en vigor durante décadas en la Isla, y mantuvo parte de su contenido en las nuevas normas jurídicas cubanas.

En tales condiciones, el acceso a la propiedad privada, objetivo principal de las oleadas de emigrantes que llegaron a la Isla a partir de la segunda década del siglo XX, venía garantizado por fórmulas de ahorro y endeudamiento, ciertamente avanzadas para la época que, rápidamente, generaron una sociedad de propietarios en la tierra, el comercio, la industria o los servicios.

La secuencia de ciclos de «vacas gordas y flacas», la dependencia del azúcar como monocultivo y las favorables relaciones económicas y financieras con Estados Unidos acabaron por consolidar un marco de derechos de propiedad privada que, no obstante, venía acompañado de un nivel de desigualdad en el que, por ejemplo, grandes extensiones de tierra estaban en manos de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, o de propietarios independientes pertenecientes a élites locales cada vez más poderosas e influyentes, al tiempo que amplios sectores de la población rural vivían en condiciones precarias.

La desigualdad también se dejaba notar en el ámbito de la propiedad urbana, al existir dificultades de acceso a la vivienda, sobre todo cuando los movimientos migratorios se intensificaban para dar respuesta a las necesidades de empleo de los distintos sectores. Con todo, hasta 1958 el marco jurídico de derechos de propiedad se encontraba bien asentado y respetado. De tal modo, actuaba como estímulo a la atracción de capital extranjero, la obtención de beneficios y las continuas inversiones, que hacían crecer la producción y diversificaban la economía hacia sectores avanzados, como las finanzas, la logística o el turismo.

Tras el triunfo de la revolución, este modelo se vino abajo y fue sustituido por otro, inspirado en las doctrinas del marxismo-leninismo. Como ya se indicó, el nuevo gobierno impulsó profundas transformaciones y expropió sin compensaciones todos los derechos de propiedad generados en la Isla a lo largo de su existencia.

El proceso expropiatorio arrancó con gestos populistas, como la firma en la Sierra Maestra de las leyes de reforma agraria de 1959. Después, en 1963, se aprobaron leyes que provocaron una intensa redistribución de la propiedad de la tierra, eliminando los latifundios nacionales y extranjeros, con la promoción de cooperativas. Posteriormente llegó el turno a las nacionalizaciones de las industrias, bancos, comercios, compañías de servicios públicos y empresas extranjeras, para consolidar un modelo en que el Estado pasó a ser el único y principal propietario de los medios de producción.

Fue un proceso ejecutado con notable celeridad ―lo que llevó a muchos a pensar que no había sido improvisado, sino que contaba con una planificación detallada―, y con la participación entusiasta de capas sociales en los procesos de expropiación, aunque también generó situaciones dramáticas, con impacto en el clima social. La salida masiva de cubanos al exilio comenzó en aquellos años, y no se ha detenido a lo largo del proceso.

Hacia 1962, la primera fase de las expropiaciones había concluido, aunque seguían funcionando pequeños negocios y actividades independientes, sobre todo de servicios, a los que le llegaría su turno durante la denominada «Ofensiva revolucionaria» de 1968. A partir de esa fecha, Cuba se convirtió en el país comunista con mayor volumen de concentración de la propiedad en manos del Estado.

En el largo período que media entre aquel año y 2019, fecha de aprobación de la Constitución más reciente, la cuestión de la propiedad en Cuba ha experimentado cambios significativos, hasta quedar integrada por varias formas reconocidas por el Estado en el artículo 22 de la Carta Magna. Ahí se destaca el predominio histórico de la propiedad estatal, en la que se mencionan:

En primer lugar, la propiedad estatal socialista, la principal dentro del sistema, con la que el Estado administra recursos como producción agropecuaria, industrias, energía, infraestructuras, transporte y gran parte de los servicios.

En segundo lugar, la propiedad cooperativa, con participación destacada en el sector agropecuario, donde grupos de trabajadores gestionan colectivamente la producción en tierras cedidas en usufructo por el Estado, que es el único propietario de la misma.

En tercero, la propiedad de las organizaciones políticas, de masas y sociales, ejercida sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines, que son facilitados por el Estado a partir de sus activos.

En cuarto, la propiedad de instituciones y formas asociativas, la que ejercen estos sujetos sobre sus bienes para el cumplimiento de fines de carácter no lucrativo y que proceden igualmente del Estado.

En lo referente a la propiedad privada, se citan:

En quinto lugar, la propiedad privada, fuertemente controlada y limitada durante décadas, pero ampliada progresivamente en los últimos años, especialmente en forma de pequeños negocios y servicios denominados Mipymes, que entraron en funcionamiento a partir de 2021.

En sexto, la propiedad personal referida a bienes de uso individual, como viviendas y pertenencias personales, la única que realmente es privativa, si bien puede ser igualmente expropiada.  

En séptimo, una categoría mixta, formada por la combinación de dos o más formas de propiedad.

Todas las formas de propiedad sobre los medios de producción definidas en la relación anterior interactúan en similares condiciones; el Estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social. En vez de propiciar una simple distinción entre propiedad privada y pública, el régimen comunista se entretiene con tipologías.

Es interesante saber cómo se llegó a esta situación. A partir de la segunda década del ´presente siglo, y bajo la dirección política de Raúl Castro, el régimen introdujo una serie de reformas económicas cuyo objetivo era promover una reforma parcial de la estructura de propiedad para aumentar la eficiencia económica y hacer frente a las dificultades estructurales de la economía. El denominado «proceso de actualización del modelo económico socialista» nunca se planteó en realidad como una reforma hacia el capitalismo, pero introdujo cambios importantes en el régimen de propiedad, flexibilizando el modelo estatal predominante.

Las principales reformas en materia de derechos de propiedad fueron:

• Legalización parcial de la propiedad privada, que permitió por primera vez en décadas su existencia sobre medios de producción para pequeños negocios. Se impulsó así el trabajo por cuenta propia (cuentapropismo), ampliando las actividades autorizadas (más de 180) y se autorizó contratar trabajadores en el sector privado, dentro de un proceso más general de reducción de empleo en las plantillas estatales. Con ello se produjo la rápida aparición de un sector privado pequeño, aunque muy regulado y subordinado al Estado.

• Reforma de la propiedad de viviendas y bienes, a partir de la autorización para la compraventa de viviendas y automóviles, antes muy restringida y facilidades para la autoconstrucción y reparación de viviendas mediante acceso a materiales y subsidios. Con tales cambios se introdujo un mercado inmobiliario limitado dentro del sistema socialista, aunque fueron aplicados sin atender las reclamaciones de activos por parte de los expropiados a partir de 1959.

• Se promovió la cesión de tierras estatales a particulares. Por medio de esta fórmula, el Estado mantenía la propiedad, pero entregaba la tierra en usufructo a agricultores privados y otras entidades, como cooperativas, inicialmente por un período de diez años posiblemente ampliable. En cualquier momento el usufructo podría dejarse sin efecto y sus dimensiones estaban dadas, sin que se pudiera incrementar de forma unilateral la tierra productiva. El objetivo era aumentar la producción agrícola sin privatizar formalmente la tierra; sin embargo, no lo consiguió.

• Fueron diversificadas las formas de propiedad, con tímidos avances en el reconocimiento de varias coexistentes que más tarde pasarían a incorporarse con detalle a la Constitución de 2019: propiedad estatal, cooperativa, privada y mixta (para la inversión extranjera). Se transitó de un modelo casi exclusivamente estatal a uno más plural, pero controlado por el Estado.

• Se redujo el peso del Estado en la economía a partir del despido de cientos de miles de trabajadores estatales y el traslado de parte de esa fuerza laboral hacia el sector privado y cooperativo. Como consecuencia, tuvo lugar una descentralización parcial de la propiedad y la gestión económica.

• Creció la autonomía empresarial, aunque solo para algunas empresas estatales a las que se autorizó mayor capacidad de gestión.

Todas estas reformas fueron incorporadas al texto de la Constitución de 2019, que reconoció oficialmente la propiedad privada, algo inédito desde la revolución del 59, aun cuando se mantuvo la preeminencia de la propiedad estatal. En definitiva, fue una apertura controlada a la propiedad privada, que permitió mercados limitados (vivienda, pequeños negocios) y promovió una diversificación de las formas de propiedad.

A pesar de esos cambios, el Estado ha seguido manteniendo el control de sectores estratégicos, y en la Constitución de 2019 queda garantizado el carácter socialista de la nación (Art. 1) y la propiedad estatal de los medios de producción como elemento central de la economía (Art. 18). Es por eso que los analistas sostienen que el actual marco jurídico de derechos de propiedad es un obstáculo para la mejora del funcionamiento de la economía, pues no es el más adecuado para facilitar un proceso de reactivación económica que mejore los niveles de vida y bienestar de la población. Y ello es así por una serie de razones:

1. Se trata de un marco institucional que genera muy baja productividad, especialmente en el sector estatal, como consecuencia de la falta de incentivos y la autonomía limitada que actúa de forma negativa sobre la eficiencia. Según datos recientes de CEPAL, el PIB per cápita de la economía cubana: 1.082 dólares en 2025, es apenas un 9% de la media de América Latina y el Caribe, situado en 10.820 dólares, además de ocupar el último puesto de la clasificación de estos países de la región.

2. Existe una dualidad económica provocada por la mal definida coexistencia de los sectores estatal y privado, que genera desigualdades. Además, se carece de un marco adecuado para la cooperación pública y privada. El reciente Decreto Ley 114, que autoriza la creación de sociedades mercantiles mixtas entre empresas estatales y Mipymes, no es la mejor forma de concretar dicha cooperación.

3. El acceso mismo a la propiedad, pues, si bien ha mejorado, continúan existiendo limitaciones en cuanto a vivienda y recursos productivos. El mercado de la vivienda ha experimentado un desarrollo intenso en los últimos tiempos, conforme más cubanos abandonaban el país y utilizaban el importe de las ventas para afrontar los primeros tiempos en el exterior. Se tiene constancia de que muchas operaciones se han realizado con documentos jurídicos que no acreditan debidamente la titularidad de las viviendas, parte de ellas confiscadas durante la etapa revolucionaria.

4. La inversión extranjera, que, si bien está permitida desde 2014, enfrenta obstáculos burocráticos y regulatorios que impiden su adecuado desarrollo. Ni la cartera de oportunidades, ni los estudios de factibilidad están a la altura de las necesidades de los inversores extranjeros, que acaban por retirar sus proyectos.

Los economistas sostienen que el debate sobre los derechos de propiedad en el futuro democrático de Cuba es fundamental. Mientras la mayoría de ellos aboga por ampliar el espacio de la propiedad privada y el mercado, son pocos los que defienden la preservación del modelo socialista y el papel dominante del Estado en la economía; dos posiciones extremas que seguramente exigirán consenso para construir una sociedad democrática.

Y es ahí donde algunos economistas defienden que el futuro del sistema cubano vaya asociado a una simplificación efectiva en los derechos de propiedad, públicos y privados, que permita lograr el equilibrio entre eficiencia económica y equidad social. Los resultados van a depender de factores internos, que no pueden dejar de atender las compensaciones de los expropiados, así como también del contexto internacional, donde habrá que afrontar sanciones, dar garantías a las inversiones y relaciones comerciales globales.

La igualdad

Las medidas confiscatorias de la revolución tenían como principal objetivo reducir las desigualdades que existían en la economía y la sociedad. Los planteamientos ideológicos del Movimiento 26 de julio ayudaban a identificar el modelo de igualitarismo que arraigó socialmente. Pero se equivocaron.

Durante décadas, Cuba fue presentada como uno de los países más igualitarios de América Latina; sin embargo, la realidad era muy distinta. Tras 1959, el Estado impulsó políticas de redistribución que inicialmente redujeron la pobreza extrema y garantizaron el acceso gratuito a la educación y la salud; pero enseguida se pudo comprobar que ese modelo se agotaba rápidamente; el reparto del pastel, sino se producía más, acababa siendo una ceremonia fallida.

El modelo cubano, basado históricamente en la propiedad estatal y en una fuerte intervención del Estado, había limitado la acumulación de riqueza individual y las diferencias de ingresos. El subsidio soviético contribuyó a mitigar los efectos negativos del diseño institucional, pero cuando se produjo el derrumbe del muro de Berlín y se perdió el apoyo de la URSS, las desigualdades ya estaban más que presentes y el régimen tenía que dar una respuesta.

El gobierno de Raúl Castro introdujo cambios significativos, como la legalización del trabajo por cuenta propia, la apertura a la inversión extranjera y la autorización de compraventa de viviendas y autos; entre otras medidas que buscaban dinamizar la economía sin lograrlo, y eso sí, generaron profundas desigualdades entre quienes podían aprovechar las nuevas medidas y quienes no. Generalmente por la relación con la posición política del régimen.

Además, se recuperó un concepto que permanecía olvidado por casi treinta años: el bloqueo. Para los defensores del castrismo, las desigualdades en Cuba pasaban a ser responsabilidad del bloqueo o embargo. La tesis funcionó, pese a ser falsa.

De hecho, los cubanos eran conscientes de que el surgimiento en la sociedad cubana de diferencias sociales tenía su origen en la posición ocupada dentro de la estructura del sistema político, incluyendo los vínculos con la familia Castro. Ya no se trataba de desigualdades con un trasfondo de nivel económico o propietario, sino político y dependiente del comportamiento como «buen comunista» de las personas.

Con el paso de los años, fueron surgiendo nuevas fuentes de desigualdad que quebraron la imagen de igualitarismo a ultranza del régimen:

• Las familias que reciben remesas del exterior tienen mayor poder adquisitivo y pueden acceder a mejores bienes. Esto ha creado una brecha entre los hogares con conexiones internacionales y los que dependen del salario estatal.

• El auge del sector privado, aunque controlado por el Estado, ha generado diferencias claras entre trabajadores del turismo o negocios privados que ganan mucho más que médicos o altos funcionarios de la administración. Se configura así una dualidad económica dentro del mismo sistema.

• Las diferencias también se observan por territorios. Zonas turísticas como La Habana o Varadero concentran ingresos, mientras las zonas rurales o del interior tienen menos oportunidades. Como consecuencia, se acentúa la brecha urbana y rural.

• Diversos estudios señalan que la población afrodescendiente tiene menor acceso a remesas y que está sub-representada en sectores más lucrativos, lo que conduce a desigualdades estructurales que el modelo original buscaba eliminar.

Los aumentos en la desigualdad en Cuba desde 2010 no siempre se traducen en grandes fortunas, sino en diferencias en el acceso a bienes básicos, ya que algunos pueden comprar en tiendas en moneda libremente convertible (MLC) lo que necesitan, en tanto otros dependen de mercados racionados o informales. En un contexto de escasez, la desigualdad se traduce en quién puede conseguir productos y quién no.

De modo que, aun cuando Cuba continúa siendo menos desigual que muchos países latinoamericanos en términos de concentración extrema de riqueza, la tendencia reciente muestra el aumento de las diferencias de ingresos entre colectivos, mayor segmentación social y aparición de nuevas élites económicas (pequeños empresarios, vinculados al turismo) si bien, todos ellos bajo un estrecho control del Estado.

Las desigualdades han aparecido en Cuba conforme avanzan las reformas hacia una mayor eficiencia económica dentro del modelo socialista. Esto implica una transformación compleja, con el paso de un modelo altamente igualitario a otro más diverso, donde la desigualdad, aunque contenida, va en aumento. Quizás por ello, algunos economistas sostienen que el gran desafío para el Estado cubano es encontrar el equilibrio entre la eficiencia económica y la justicia social, manteniendo en la medida posible los llamados «logros históricos» en salud, educación e inclusión.

En síntesis, la propiedad en Cuba no es solo una cuestión económica, sino también política e ideológica. Su transformación refleja los esfuerzos del país por adaptarse a nuevas realidades sin renunciar completamente a los principios que han definido su sistema durante más de seis décadas.

La reconstrucción productiva

No cabe duda de que la alternativa democrática que los cubanos quieren para la Isla se debe implementar, juntamente, con acciones de reconstrucción que alejen definitivamente de la realidad cotidiana la actual situación de crisis humanitaria y parálisis productiva.

Asegurado un marco jurídico estable para el ejercicio de los derechos de propiedad, que garantice el desarrollo de la actividad productiva, y dispuesto un mecanismo de asignación de recursos basado en las leyes del mercado; las desigualdades que se produzcan a resultas del proceso deberán ser corregidas por la acción del Estado a partir de la aplicación de sus funciones clásicas de estabilización, asignación y distribución.

El plan de reconstrucción no puede ser desorganizado y carente de coherencia y rigor interno. Se debe establecer en torno a prioridades estratégicas que definan qué sectores pueden actuar como motores del crecimiento, si bien es cierto que la postración económica de Cuba es de tal magnitud que prácticamente habrá que operar en todos los sectores y actividades económicas, sin perder una sola oportunidad.

Aun a riesgo de apostar prematuramente por una reconstrucción que no atienda a todas las actividades fundamentales, cabe establecer una tipología en tres ámbitos: Reconstrucción productiva sectorial; Reconstrucción de infraestructuras y Reconstrucción de servicios públicos.

• En el primero se encuentran los sectores y actividades de la economía que tienen especial incidencia en el PIB y la productividad. Se trata de los sectores motores del crecimiento que, a su vez, se ven atraídos por otros con potencial similar. En el diseño institucional de este ámbito, la participación de la iniciativa privada debe ser mayoritaria en todas las actividades, para lo cual se deberá definir un marco estable para el ejercicio y protección de los derechos de propiedad.

Empezando por el sector agropecuario, continuando por la manufactura industrial, la construcción y rehabilitación de viviendas, los servicios privados necesarios para la demanda y la actividad económica, todo ello se configura como una red compleja que puede situarse en el centro de la economía.

El objetivo de la reconstrucción productiva de estas actividades es que mejoren de forma continua la producción y el empleo nacional, generando recursos para financiar el presupuesto y promoviendo producciones susceptibles de comercialización en el exterior que permitan ingresos en divisas. El fin último es lograr una posición competitiva de la economía cubana en la economía mundial, mejorando continuamente los niveles de renta per cápita.

• En el segundo ámbito se concentran las infraestructuras que han sido abandonadas durante décadas por el Estado, y que necesitan una imperiosa reconstrucción y actualización, y otras, las más modernas, a las que se debe dar entrada creciente dentro de las prioridades inversoras. Sobre el papel de las infraestructuras en el crecimiento económico, los autores se han centrado en los efectos de largo plazo que pueden frenar las posibilidades de desarrollo si no se atienden de forma debida los niveles de infraestructura. Dados los bajos niveles de los que se parte en Cuba, esta tarea consumirá importantes recursos que deberán tener origen público, pero también privado.

En un primer grupo, se encuentran las infraestructuras relacionadas con la producción y distribución eléctrica y de gas, el agua, las carreteras y autovías, los puertos y aeropuertos. En el segundo grupo, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y las tecnologías de la cuarta revolución industrial.

• En el tercer ámbito, conforme se avance en la reestructuración del Estado, y se reduzca su tamaño en busca de mayores eficiencia y eficacia, será preciso reconstruir los servicios públicos, reducir la demagogia populista y adaptar su prestación a una activa colaboración pública y privada que abra campos nuevos a esta última. Educación y sanidad públicas, por ejemplo, deben tener un contrapunto en los servicios privados, facilitando el acceso el Estado por medio de subsidios.

De lo expuesto, parece evidente que la tarea de reconstrucción productiva exigirá una importante movilización de fondos públicos y privados, sin olvidar la relevancia de la inversión internacional y, sobre todo, el capital financiero y social de la diáspora. Para ello, asegurar un marco jurídico estable y predecible para los derechos de propiedad será una cuestión de primer orden.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.