Formar ciudadanos antes de convocar electores

En 2019, los canales HBO, de Estados Unidos, y Sky, del Reino Unido, cautivaron a millones de espectadores con la miniserie Chernóbil. En apenas cinco episodios, la producción reconstruía uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, causado por una prueba de seguridad mal planificada y por operarios que ignoraron protocolos críticos hasta provocar una explosión que liberó material radiactivo sobre media Europa. La fórmula del desastre fue relativamente sencilla: a un reactor con defectos en su concepción, se sumó un manejo humano que no respetó los pasos del procedimiento. La catástrofe estaba servida.

En Cuba ocurre algo parecido. Un sistema político, cuya concepción y dilatada permanencia generó terribles efectos en todos los órdenes, ha erosionado la sustancia misma del sujeto político y producido una población con profundas carencias cívicas que será, paradójicamente, la encargada de reformarlo. La caída del régimen, cuando ocurra, no traerá consigo de manera espontánea las competencias perdidas. Por ello, cualquier proceso transicional debe priorizar la formación cívica de la población y la creación de instituciones sólidas. De no respetar los pasos, como sucedió en la central ucraniana, también en Cuba la catástrofe estará servida.

Si la transición se aborda sin esa dimensión pedagógica, el país quedará a merced de quienes mejor dominan la herramienta más visible y, a la vez, más superficial de la política: la comunicación. La oposición cubana, dentro y fuera de la Isla, se ha visto forzada por las circunstancias a operar casi exclusivamente en el plano comunicativo, mediante presencia en redes y articulación simbólica. Esta labor ha sido imprescindible, pero ha generado como efecto colateral la formación de figuras entrenadas en la proyección y no necesariamente en la gestión, la negociación o el diseño de políticas públicas.

Un buen comunicador puede ser un buen político y un buen administrador; pero no lo es por el solo hecho de comunicar bien. Tampoco lo garantiza, conviene decirlo, la épica del activismo o la legitimidad de origen que otorga haber sido preso político o haber resistido a la dictadura. Son méritos morales incuestionables, pero no certifican por sí solos la capacidad de gobernar. Confundir cualquiera de estas dimensiones con la aptitud para administrar es una de las trampas más recurrentes y peligrosas en las democracias jóvenes.

Conviene advertir que esta vulnerabilidad no opera en una sola dirección. Si la ciudadanía no dispone de criterios sólidos para distinguir entre proyección y capacidad, el riesgo no se limita a que opositores carismáticos, pero impreparados, capturen el Estado sin saber gobernarlo. También deja la puerta abierta a que cuadros del propio régimen, analizados los nuevos vientos y ajustadas las velas, se reinventen con un discurso democratizador atractivo y se reciclen en las instituciones emergentes. El problema es de capacidades cívicas, pues una ciudadanía que no sepa discernir quedará igualmente expuesta, venga el golpe de donde venga.

La experiencia comparada lo confirma. Allí donde existió un tejido previo de educación cívica —los círculos de Solidaridad en Polonia o la formación parlamentaria de los partidos españoles durante el tardofranquismo, por citar dos ejemplos—, las instituciones nacientes encontraron un suelo más firme. En contraste, donde no lo hubo, como ocurrió en parte de los Balcanes o en algunas repúblicas exsoviéticas, el vacío fue ocupado por redes clientelares o por reediciones autoritarias con barniz electoral.

En Cuba, esta no es una tarea que podamos dejar para después. La formación cívica requiere tiempo, infraestructura y, sobre todo, «formadores formados». Hay al menos cuatro frentes en los que habría que trabajar de forma simultánea.

El primero es el más elemental, e implica enseñar qué es una constitución y para qué sirve como límite real al poder. En un país donde la Constitución ha funcionado durante décadas como ornamento, reconstruir su credibilidad conlleva explicar qué significa la independencia judicial, que un presupuesto sea público y auditable, que un partido sea una opción. Son nociones que en otras sociedades se absorben por ósmosis, pero entre nosotros han sido sustituidas por un vocabulario insulso y vacío.

El segundo frente es electoral y más técnico. Votar no es solo depositar una papeleta, sino entender qué sistema de representación se usa y qué consecuencias tiene, qué es una circunscripción, cómo se financia una campaña, quién supervisa los comicios y con qué autoridad. Sin ese conocimiento, el ciudadano queda a merced del primer discurso atractivo, más en un país donde la política ha sido durante décadas un aburrido espectáculo de unanimidad. El riesgo de que la primera elección libre se resuelva por rostros y no por proyectos, es real y peligroso.

El tercero requiere aprender a discrepar sin ver al otro como enemigo. Setenta años han atrofiado los músculos del debate respetuoso, algo visible en la dificultad de sostener una conversación política sin que acabe en ruptura. Habrá que instruirse para convivir en la diferencia, y, lamentablemente, eso no se aprende en un taller de fin de semana.

El cuarto, y más ignorado en el entorno cubano, es la formación de gestores. Las transiciones se relatan en clave heroica —el disidente que sale de la cárcel, el exiliado que regresa, el primer presidente electo— pero se ganan o se pierden en el legislativo, en el poder judicial, en el municipio, el hospital, la escuela, la empresa pública en proceso de reforma. Cuba necesitará miles de personas capaces de traducir voluntad política en políticas concretas. Esa capa, compuesta por legisladores, juristas, técnicos, alcaldes, concejales, directivos sectoriales; es la que sostiene una democracia, y es también la que menos aparece en los relatos hollywoodenses sobre el cambio.

A lo anterior habría que añadir algo que atraviesa los cuatro frentes, y es la capacidad de resistir a la desinformación. Una ciudadanía que sale del autoritarismo es particularmente vulnerable a la oferta de nuevos relatos providencialistas, sobre todo si vienen revestidos de la épica del cambio. Formar lectores críticos es, por tanto, una vacuna democrática. De lo dicho deriva como conclusión ineludible que cualquier proceso electivo serio, en un contexto transicional en Cuba, exigirá tiempo. No una eternidad, desde luego, pero sí el tiempo necesario para que la formación cívica eche raíces y los actores políticos emergentes puedan ser evaluados con criterios que vayan más allá del carisma o del prestigio acumulado en la resistencia.

El cambio de régimen es condición necesaria, pero no suficiente, para la libertad cubana. Sin una ciudadanía formada, la transición corre el riesgo de reproducir los vicios del régimen que dice superar: caudillismo, polarización estéril, ineficiencia administrativa. Formar ciudadanos es precondición para un proyecto democrático virtuoso. Quien no haya sido ciudadano, no podrá comportarse como tal de un día para otro por el solo hecho de recibir una papeleta o disfrutar de un derecho antes vedado.