Del meme al cacerolazo: la infrapolítica en Cuba como límite y posibilidad

Una queja en la cola del pan, un meme viral que se burla del presidente, la directa de una madre sin agua que no puede cocinar y el vecino que suena un caldero durante un apagón, tienen más en común de lo que parece; y hasta podríamos construir con esos elementos una escala de malestar que nos lleva a un mismo sitio: la protesta. Lo que hace una década o incluso un lustro se antojaba como acción temeraria y se contaba con los dedos de una mano, se ha vuelto cada vez más común en un contexto de creciente deterioro de las condiciones materiales y espirituales de vida en Cuba.

Aunque las respuestas puedan parecer obvias, cabría preguntarnos hoy: ¿cómo se construye el malestar? ¿De qué forma deja de ser una experiencia individual para convertirse en percepción compartida? ¿Qué sucede ahora que sí se protesta, cuando en otros momentos, probablemente, había razones para hacerlo y sin embargo no se hacía? Porque tener motivos para protestar no equivale per se a sentirse capaz de hacerlo; sentirse capaz no implica reconocer que otros comparten el mismo malestar; y reconocer ese malestar compartido tampoco garantiza la capacidad de organizarse para protestar.

Precisamente sobre el espacio entre malestar individual y acción política visible indagó el antropólogo y politólogo estadounidense James C. Scott a finales del siglo pasado. Tras analizar las formas de resistencia cotidiana, supervivencia y adaptación de varios grupos sociales sujetos a relaciones de poder desiguales, llegó a la conclusión de que muchas de las prácticas y discursos mediante los cuales dichos grupos se relacionaban con el poder dominante eran respuestas a esas desigualdades. Cuando el costo político de disentir era alto, o requería de recursos que estos grupos no tenían, no podían o no querían invertir, aparecía entonces un repertorio de acciones subversivas de bajo perfil que agrupó bajo el término «infrapolítica»: una política del día a día, dispersa y acumulativa, que intentaba ocultarse de la vista de los de arriba, y que generaba los cimientos de la vida política.

Aquí cabían prácticas que abarcaban fingir sumisión, utilizar el discurso del poder dominante para beneficio propio, murmurar, protestar en privado, valerse del sarcasmo y la ironía, desviar recursos, saber cuándo hablar y cuándo hacer silencio, saltarse las normas en secreto, construir códigos propios de comunicación y subvertir desde el anonimato. Se trata de prácticas que, como el choteo cubano —que abordé en un texto previo—, no confrontaban al poder dominante de forma directa, pero lo erosionaban desde la ambigüedad y la opacidad; y que de cierta forma, hacía más soportable la vida cotidiana.

Su potencial radica en el efecto acumulativo sobre cómo percibimos al mundo, en la erosión del miedo y en la construcción de sentidos compartidos. Y es que antes de toda acción organizada y visible, existe un trabajo previo mediante el cual el desacuerdo pasa del plano íntimo al social.

Pensemos, por ejemplo, en la dictadura de Batista. La caída del régimen suele entenderse, con razón, a partir de la lucha armada, la acción sindical y estudiantil, la huelga y el trabajo clandestino. Sin embargo, la experiencia histórica de aquellos años también permite preguntarnos por las formas menos visibles mediante las cuales el descontento se expresaba y circulaba antes de convertirse en acción organizada. Conversaciones privadas, rumores, caricaturas que ridiculizaban al poder, pequeños actos de desobediencia o distancia simbólica frente a la autoridad, lectura de textos subversivos —entre ellos, «La historia me absolverá»—, y una memoria colectiva alimentada por las luchas nacionales, podían contribuir a crear un clima social en el que la inconformidad dejara de vivirse como experiencia estrictamente individual. Esos gestos, por supuesto, no derrocaron a Batista, pero contribuyeron a que el miedo comenzara a resquebrajarse, a que la inconformidad y la indignación encontraran reconocimiento en el otro, y a que la percepción de injusticia dejara de vivirse como una anomalía individual.

La Cuba de los últimos años ofrece varios ejemplos interesantes, algunos de los cuales, incluso, tuvieron peso en reformas institucionales. El referendo que terminó aprobando el Código de las Familias (2022) —en particular, lo referido al matrimonio igualitario— fue también el resultado de décadas de cambios y luchas que se desarrollaron, en parte, desde el margen. Durante años, parejas del mismo sexo construyeron vínculos estables y redes de cuidado y convivencia, aunque carecieran de reconocimiento legal. Vivir esas relaciones, nombrarlas y sostenerlas en público, ya era una forma de disputa política, aun cuando no siempre se asumiera como militancia.

Algo similar puede decirse del Decreto Ley No.31/2021 de Bienestar Animal (2021). Antes de que existiera un marco jurídico específico, personas y grupos protectores ya rescataban animales, organizaban redes de ayuda, promovían adopciones y utilizaban las redes sociales para denunciar casos de maltrato y generar sensibilidad pública. Estas prácticas no constituían necesariamente una oposición política al Estado, pero sí contribuyeron a convertir una preocupación dispersa en una demanda social reconocible.

La gran polémica en torno a la infrapolítica es que estas prácticas, al mismo tiempo que permiten sobrevivir, resistir y conservar una postura crítica, pueden generar, al menos, dos caminos opuestos: o funcionan como principio acumulativo para la acción colectiva visible (ya sea una protesta a través de canales oficiales o un estallido social), o terminan naturalizando la adaptación y la resignación como forma dominante de política. Ello nos lleva a preguntar: ¿qué sucede cuando una sociedad tiene pocas vías para transformar esas expresiones dispersas de desacuerdo en formas estables de participación política?

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De la misma forma en que las demandas que terminaron en leyes tuvieron sus cimientos en el plano infrapolítico, las protestas que hoy se viven en Cuba tienen raíces profundas. En un país donde el espacio público ha estado ocupado en su mayoría por instituciones estatales y actores sociales que comparten o simpatizan con la política oficial; la acción colectiva de quienes no forman parte de ese marco suele estar precedida por un proceso de acumulación infrapolítica. Antes de que el desacuerdo se exprese en la calle, antes de que la madre cansada grabe una directa o el vecino cuya comida se ha echado a perder por un apagón tome caldero y cuchara, ese malestar ya ha sido tema central en conversaciones íntimas, chistes, memes, muestras de apatía y en la constatación de que existen experiencias compartidas.

Cuando se pasa del silencio al murmullo, y de este a la palabra en voz alta, la protesta comienza a tomar forma. Pero ese tránsito no ocurriría de no existir condiciones objetivas que vuelvan insuficientes las estrategias de adaptación: el deterioro de las condiciones de vida, la pérdida de expectativas de mejora y la sensación de que cada vez hay menos que perder. A ello se suma el desgaste progresivo de los símbolos y relatos que durante décadas permitieron interpretar las dificultades del presente dentro de un horizonte de expectativas compartido. Para una parte de la sociedad, la distancia entre los ideales asociados a la revolución y la experiencia cotidiana ha ido ampliándose hasta producir sensaciones de desencanto e incluso de traición, pues lo que alguna vez se presentó como promesa de justicia, igualdad y dignidad, ya no se corresponde con la experiencia vivida.

La infrapolítica prepara el terreno simbólico y afectivo para que un sujeto que antes se adaptaba o resistía en la soledad de su círculo íntimo se reconozca como parte de algo colectivo, capaz de ocupar el espacio público y disputar el orden de cosas. Y con ello no me refiero solo a las protestas que demandan un cambio de sistema político. Un cacerolazo que exige el fin de los apagones o un grupo de vecinos que detienen el tráfico para reclamar agua potable comparten, sin duda, una raíz política, pero no tienen por qué perseguir los mismos horizontes. La protesta, en este sentido, puede apuntar a un cambio puntual, a una reforma específica o a algo tan simple como mejorar las condiciones que permitan sostener la vida con mayor dignidad (si bien cada vez queda más en evidencia que esa dignidad no llegará a menos que existan cambios).

La experiencia cubana reciente muestra que nuestros aprendizajes han sido desiguales y frágiles. Si el malestar acumulado no encuentra espacios para hablarse más allá de la sala de la casa, para organizarse sin riesgos o para convertirse en demandas claras —es decir, si la infrapolítica se convierte en la norma ante la imposibilidad de transformarse en acción política sostenida y organizada—, la protesta o la exigencia de un diálogo suelen aparecer de manera abrupta y desordenada, sin apoyos colectivos que la sostengan. Por eso, muchos actos que pasan de lo privado a lo público irrumpen con fuerza, pero duran poco, se fragmentan con rapidez o son contenidos con cierta facilidad.

Y es que no basta con ideas o sentimientos comunes, ni con la experiencia o preparación política: es necesario un mínimo de condiciones que permitan organizarse, debatir y sostener demandas sin temor a ser descalificados, criminalizados o perseguidos. Cuando esos espacios apenas existen, o no existen, la infrapolítica puede preparar un desacuerdo, pero es muy difícil que pueda transformarse en acción colectiva estable.

A primera vista, la imposibilidad de articular un disenso organizado y una oposición política autónoma puede permitir a un Estado mantener el orden, o la apariencia de orden, al «desplazar» la amenaza hacia la diáspora e invalidarla por haberse marchado. Pero a la larga, un sistema político que no aprende a convivir con el desacuerdo de sus ciudadanos, terminará enfrentándose a formas más caóticas y socialmente costosas de ese mismo desacuerdo. La historia y el presente están ahí para demostrarlo.

En esa historia y ese presente, las formas soterradas de política que hemos vivido en Cuba han sido, al mismo tiempo, un límite y una posibilidad. Nos han permitido sobrevivir, criticar, adaptarnos y ganar confianza; pero en ocasiones nos han dificultado el salto hacia formas más claras y articuladas de participación. Si durante años una gran parte de la gente ha optado por quejarse en voz baja, tocar un caldero en la penumbra de su casa o burlarse del «ordenamiento», antes que salir con ese caldero a la calle, ello responde a la existencia de un entramado oficial que ha delimitado qué formas, marcos ideológicos y sujetos de participación han sido considerados legítimos, seguros o tolerados, y cuáles no. Y hoy, si bien expresar el desacuerdo en público es más común que hace diez años, el costo político de hacerlo permanece.

El quid del asunto no está en juzgar esas formas o a quienes hacen uso de ellas, sino en entender por qué existen, qué nos dicen sobre nuestras formas de relacionarnos con el poder y, sobre todo, en cómo pensar y construir un país donde disentir no sea una ofensa, participar no sea un privilegio y donde la política pueda asumirse como lo que debería ser: una práctica cotidiana, compartida, informada y legítima. El tránsito es largo y las rutas no siempre son claras, pero ninguna transformación será verdaderamente nuestra si dejamos que otros —las élites de dentro y de fuera— decidan por nosotros.

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Imagen principal: The Associated Press.