El cargo y la sombra: por qué Cuba no es Venezuela

Ahora que el Mundial de Fútbol ha terminado y la guerra en Irán, para sorpresa de nadie, suma nuevos episodios que no auguran un desenlace definitivo, las miradas vuelven una vez más hacia Cuba, aunque con menos expectativa que hace algunos meses.

Algunos esperan que la Administración Trump pase de la ya «tediosa» amenaza, a la acción —cualquiera que fuere— contra el régimen que gobierna la Isla. Según permiten entrever los hechos y declaraciones de las últimas semanas, uno de los escenarios posibles desde Washington indica la tentación de aplicar en Cuba un manual similar al que ensayó en Venezuela. Sería un error garrafal; como querer pescar un tiburón con anzuelo para sardinas.

La estrategia norteamericana hacia Caracas partía de una premisa correcta para aquel escenario, dado que el poder formal y el real coincidían en las mismas personas. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López o los hermanos Rodríguez detentaban, y algunos aún conservan, mando efectivo y cargo institucional al mismo tiempo. Presionar sobre una persona era hacerlo también sobre un auténtico nodo de poder, por lo que golpear la superficie equivalía a golpear uno de los elementos constitutivos del núcleo.

En Cuba esa coincidencia no existe, y en los últimos meses su ausencia se ha hecho aún más evidente. Por ejemplo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, no ocupa cargo alguno en el Gobierno y el Partido, sin embargo, se atribuye, sin que nadie lo haya desmentido, haber impulsado el paquete de reformas económicas, sostener contactos con enviados norteamericanos e incluso, desempeñar un papel relevante en la búsqueda de suministros energéticos. En el extremo opuesto, Miguel Díaz-Canel acumula la presidencia de la República y la primera secretaría del Partido Comunista, los dos cargos más altos del organigrama, pero ha quedado reducido a poco más que un portavoz del sistema, cuando no a un meme político. El poder que decide no tiene cargo, y el cargo que existe apenas decide.

Aplicar a La Habana la receta venezolana significaría, por tanto, concentrar la presión sobre el poder formal —el Gobierno, el Partido y sus cuadros visibles—, es decir, sobre quienes no adoptan las decisiones fundamentales. El efecto sería perverso, pues, por una parte, permitiría al poder real ocultarse aún más detrás de las instituciones, presentar la presión exterior como un ataque contra la soberanía nacional y refugiarse —¡otra vez!— en la narrativa de la plaza sitiada sin exponerse.

El escenario inverso, dirigir toda la presión exclusivamente contra el poder real, tropieza, no obstante, con un obstáculo derivado de la propia naturaleza de ese poder, pues sancionar a un hombre sin cargo es golpear a quien nada tiene que perder en el organigrama. No hay ministerio del que destituirlo ni empresa pública de la que apartarlo ni institución que pueda desalojarlo de una posición que nunca ha ocupado formalmente. El poder real prospera en la opacidad y en un sistema personalista, casi mafioso; atacar al apellido termina soldando a su alrededor al aparato institucional que, privado de una salida propia, encuentra en su defensa la única garantía de supervivencia.

Así, al calor de la plaza sitiada, ambos caminos terminan conduciendo al mismo destino: fortalecen la cohesión que dicen querer quebrar. Y la cohesión de la élite constituye, como ha señalado en reciente artículo Francisco Sánchez, una de las condiciones esenciales para la supervivencia del régimen. Los sistemas políticos no cambian simplemente porque cambien sus rostros visibles, sino cuando se fracturan las relaciones de poder que sostienen su arquitectura. Una estrategia calcada de Venezuela apuntaría precisamente a los rostros, dejando intacta la estructura.

«Divide et impera»: fracturar la fractura

Ante esa realidad, la estrategia más promisoria continúa siendo la muy antigua «divide et impera». Su lógica es sencilla, pero decisiva, dado que parte de una realidad común a todos los hombres: aunque carezcan de poder real, quienes integran el poder formal poseen intereses reales. El ministro, el cuadro partidista o el burócrata que ha hecho carrera dentro del aparato, quizá no decida, pero tiene mucho que perder. Precisamente en la distancia entre lo que arriesga y aquello que realmente controla se encuentra el punto donde puede introducirse la cuña. Los incentivos son la clave.

De ahí que la presión deba desdoblarse en dos direcciones claramente diferenciadas. Una, dirigida contra el poder real —el entramado familiar, GAESA y el aparato de seguridad—, destinada a incrementar los costes de la opacidad, limitar su margen de maniobra y sacar a la luz aquello que hoy permanece oculto. Otra, distinta, orientada hacia el poder formal, concebida para ofrecer incentivos creíbles al cambio, un horizonte en el que transformar el sistema resulte menos costoso que sostenerlo.

Al poder real se le combate por aquello que oculta, mientras que al formal se le ofrece una puerta de salida que haga compatible su propia supervivencia con la apertura del sistema y el inicio de una transición ordenada. No por gusto «transición» es negociación, así que hay sapos que debemos estar dispuestos a tragar.

En el fondo, el poder formal libra una batalla silenciosa por su propia supervivencia, ya que sobre él pesa la amenaza muy concreta de terminar respondiendo por decisiones que nunca tomó. Cuando el sistema colapse —y, visto su estado de agotamiento, resulta perfectamente plausible que ocurra antes o después—, quienes ocupan los cargos aparecerán como los responsables naturales ante los tribunales, la ciudadanía y la historia. El poder real, en cambio, sin cargo y muchas veces incluso sin nombre y con abultadas cuentas bancarias y empresas en el extranjero, apenas figura en los organigramas que algún día servirán para exigir responsabilidades.

Ese temor, unido a la creciente conciencia de que para el verdadero centro del poder no son más que instrumentos prescindibles, constituye probablemente la principal grieta en la confianza de cuadros partidistas, funcionarios, militares de rango medio o burócratas de cualquier nivel.

Sobre esa grieta convergen ya tres fuerzas que actúan simultáneamente: un colapso económico que ninguna reforma tardía parece capaz de revertir; una presión social creciente, que se expresa en protestas cada vez más frecuentes; y el cálculo racional de una burocracia que empieza a comprender que ciertas lealtades pueden hipotecar su futuro. Ninguna de esas fuerzas basta por sí sola para fracturar una élite cohesionada, pero juntas, correctamente orientadas y acompañadas de incentivos inteligentes, pueden empujar al poder formal a moverse por instinto de conservación, aunque lo deseable fuera que lo hiciera por convicción democrática o, simplemente, por patriotismo, pero no hay que pedir peras al olmo.

Un régimen cuarenta años más antiguo que el venezolano y dotado de una capacidad de adaptación digna de estudio, no puede confrontarse mediante estrategias calcadas de otros contextos. Aplicar a Cuba el manual diseñado para Caracas esperando obtener idénticos resultados sería, parafraseando a Joseph Fouché, peor que un crimen, una equivocación. Y de errores de cálculo estratégico, con Irán la Administración Trump debería tener suficiente. No conviene, como decían nuestras abuelas, «confundir la leche con la magnesia», y tratar a Cuba como si fuera Venezuela equivaldría a descargar toda la fuerza precisamente allí donde el poder no está. 

El régimen cubano no caerá el día en que cambien sus rostros, sino aquel en que cedan sus costuras; y esas costuras no están en un cargo formal, sino en el miedo y el deseo de sobrevivir de quien lo ocupa.