Comencemos por una obviedad. La existencia de una prensa libre es esencial para el ejercicio de dos derechos básicos: el de acceso a la información y el de libertad de expresión, y requiere el cumplimiento de una obligación, la de transparencia y rendición de cuentas. No hay posibilidad alguna de democratización sin restaurar esos derechos, y sin desmontar la estructura estatal de control total, que equivale hoy en Cuba a derrocar al gobierno que ocupa el Estado.
La manera en que el derecho a la información y la libertad de expresión confluyen en la prensa libre ―entendiendo por ella, primeramente, una que no está maniatada por la imposición estatal, y asumiendo las limitaciones intrínsecas de tal adjetivación―, puede ser reconocida tanto por el esfuerzo en defender ambos derechos en contextos democráticos, como por el esfuerzo que los gobiernos autocráticos hacen por impedirlos.
El régimen cubano ha sido, durante casi setenta años, emblemático del último grupo. Incluso en la Constitución de 2019, con sus supuestos «avances» en el reconocimiento de derechos cívicos ―negados en el propio texto desde que los subordina al PCC y a la irrevocabilidad del socialismo―, la prensa sigue apareciendo como «propiedad socialista de todo el pueblo y de las organizaciones políticas y de masas», a lo que añade que no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. La legislación posterior correspondiente ―Ley 162/2023 «de comunicación social»―, refrenda el control del Estado sobre los medios de comunicación masiva, blinda cualquier proceso que pudiera conducir al reconocimiento jurídico de los medios independientes, y criminaliza cualquier contenido que, incluso proviniendo del sistema de medios autorizado, subvierta el orden constitucional, desestabilice el estado socialista de derecho, o difame a instituciones del Estado.
De manera bastante transparente, materializada además en la práctica de represión sostenida que ha arremetido de manera particular contra periodistas de medios independientes y contra quienes ejercen el periodismo ciudadano en la Isla, la conceptualización de la prensa que emana del régimen cubano, es indicador en sí mismo de lo que la prensa no debería ser, y por tanto, del rol que esta debería asumir frente a la posibilidad de que el Estado se convierta en una fuerza todopoderosa que ejerza un control arbitrario, violento y dictatorial sobre la sociedad.
Pensar la prensa en un futuro post totalitario para Cuba, implica pensar a la luz negativa del presente cubano; concebir todo aquello que puede prevenir ―después de desmontar la infraestructura actual― la captura absoluta de la sociedad por el poder del Estado. Implica también pensar fenómenos emergentes que, aunque no están hoy en el centro de la disputa política, probablemente lo estarán mañana. Fenómenos como las redes sociales o la inteligencia artificial y las oportunidades y riesgos que ofrecen al estado general de la esfera pública. En esa mirada, el pensamiento basado en el análisis de la experiencia se encuentra con la teorización normativa.
El poder que radica en el Estado corre siempre el riesgo de volverse contra la sociedad a la que pretende representar y con la que opera en base a acuerdos sociales cambiantes que requieren ser revisitados periódicamente. La prensa aparece así como la primera frontera de cuestionamiento a las pretensiones del poder de eternizarse y volverse único. Ello requiere no solo el reconocimiento del ejercicio de la libertad de expresión como un derecho inviolable y como un bien común de valor social, sino la eliminación de las restricciones asociativas para el ejercicio del periodismo en todas sus formas; desde la creación de medios con financiamiento privado, hasta formas de periodismo ciudadano y comunitario, entendiendo como comunitario lo que emerge del arraigo local a un territorio o de una comunidad de intereses no atada a un espacio físico, en concordancia con la naturaleza transnacional de la Cuba actual y también con la realidad global.
La legislación cubana actual comete la «falla» intencional de hacernos creer que la propiedad es la única variable que determina la orientación de los contenidos, reduciendo así al tema de la propiedad la disputa comunicacional, para la cual ofrece como alternativa única una propiedad que ni siquiera es social y pública, aunque así la denominen. Al analizar el proyecto socialista cubano, el anarquista Daniel Barret observaba hace unos años que la expresión de Fidel Castro de que «los medios masivos de comunicación son de carácter público», no podía significar otra cosa que su conformación «no como un espacio social abierto sino como propiedad privada de la clase en el poder». La observación es pertinente no solo para prevenirnos de lo engañoso del marco explicativo «propiedad estatal vs propiedad privada», sino de que la concentración extrema del poder en manos de una élite que controla el Estado, no es otra cosa que una forma velada de privatización.
Una prensa realmente pública, por ejemplo en la variante de televisión y radio públicas, es deseable en tanto sea concebida como bien público y común; no determinada por los designios de la élite dominante, sino sujeta a cuestionamiento, rendición de cuentas, fiscalización y participación abierta. Y su existencia no puede significar en ningún caso la negación de formas privadas de asociación para ejercer el periodismo, ni el ejercicio individual del reportaje ciudadano. De cara a un eventual proceso transicional, ello implicará una reinvención de las instituciones actuales, tomadas por funcionarios del Partido Comunista (en muchos casos militares de carrera), cuya única noción del servicio público es la que confunde al servidor público con el funcionario militante. Algunas de ellas deberán desaparecer. Es poco probable que un medio como el periódico Granma, cuya misión explícita es ser vocero del Partido Comunista de Cuba, pueda reinventarse.
Esto implica, por supuesto, cuestionar qué pudiera suceder con los periodistas de esos medios estatales y establecer, dentro de un proceso más amplio de memoria y justicia, los distintos niveles de responsabilidad en la colaboración con la maquinaria propagandística y el aparato represivo, e instaurar caminos diferenciados para su tratamiento, que vayan desde la posibilidad de reincorporación en otros espacios, disculpas públicas, hasta juicios que diluciden responsabilidades específicas en los casos más reconocidos de voceros del régimen.
No hay que suponer que toda participación en la prensa estatal implica de por sí un delito, crimen, o falta grave; las variables a considerar para que se trate efectivamente de justicia deberán valorar la trayectoria, nivel de participación, e involucramiento en violaciones de derechos humanos y, para ello, la justicia deberá ir acompañada de la restauración de la verdad.
Los medios independientes cubanos ―que han crecido a lo largo de casi dos décadas a pesar de condiciones extremas de criminalización, ilegalidad, represión y exilio, para convertirse en lo más cercano a una narración verídica de la realidad de la Isla―, deberán ser de inmediato legalizados, para que puedan realizar la labor de fiscalización imprescindible, no en un «día después» aún impreciso sino en el momento mismo en que una mínima grieta permita comenzar un proceso transicional que resultará, sin lugar a dudas, difícil, complejo y lleno de emergencias y bifurcaciones. Es ese ecosistema de medios el que asumirá la tarea de relatar el proceso transicional, analizar sus desafíos, y poner a discusión las propuestas para realizarlo.
No obstante, la esfera pública de la Cuba que vendrá no estará limitada al ejercicio de la prensa a través de medios de información públicos y privados, sino que se extenderá también al ejercicio ciudadano de la opinión y la reflexión individuales a través de las redes sociales. Visto inicialmente como un fenómeno democratizador, que permitió el acceso directo y sin mediaciones a la información y a la opinión, en muchos lugares el impacto de las redes sociales para la esfera pública se considera en ciertos casos más dañino que beneficioso, y en otros, como un campo de incertidumbre, cuyo impacto real en la discusión pública es difícil de medir.
La saturación de opiniones no sustentadas, la contribución a la polarización política, la manipulación masiva de la opinión, o la contaminación del debate con desinformación y mentiras, se consideran hoy parte constitutiva de la oleada de deterioro democrático que afecta a gran parte del mundo, y pone en entredicho el valor absoluto de la libertad de opinión. La libertad de opinión es, había advertido Hannah Arendt, «una farsa, a menos que la información factual esté garantizada y los hechos en sí mismos no estén en disputa».
Pensar entonces en el potencial democratizador de internet y las redes sociales, con el añadido reciente de los modelos de IA, pudiera parecer desfasado. Sin embargo, frente a un régimen de imposición y control total, las redes sociales siguen conservando en Cuba una potencia anti totalitaria. Es el único espacio de acceso relativamente libre donde informarse y ejercer la opinión; más lo primero que lo segundo. En relación con la información, esto se debe a que es a través de ellas que se accede a los contenidos de los medios independientes, cuyo consumo en el interior del país ha aumentado exponencialmente en los últimos años. En relación con la opinión, porque el espacio físico se encuentra restringido al extremo.
De hecho, en el caso de Cuba, una parte importante de la desinformación en el entorno digital proviene del propio régimen, que ha dedicado sus esfuerzos, por una parte, a intentar silenciar las señales de disidencia, crítica, oposición y contestación, y, por otra, a ocuparlo con propaganda y narrativas falsas que reivindican al Estado y criminalizan a sus opositores. Y lo hace mientras intenta capturar la discusión sobre las redes sociales y más recientemente la Inteligencia artificial, para reconducirla en su propio beneficio.
A esto debe sumarse que la oleada represiva de los últimos años se ha enfocado ―después de forzar al exilio o encarcelar a periodistas independientes― en los productores de contenido. La detención y amenaza a diez años de prisión a los creadores de El 4tico, Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Molina, o el arresto de Eduardo Ceballos Pérez (Despingovery Channel), son ejemplos recientes de dicha tendencia. La relatividad de la libertad en tales espacios llega a ser, por tanto, precaria para aquellos que deciden asumir posiciones políticas críticas. El ejercicio de los derechos a informarse y expresarse, son en Cuba una actividad de altísimo riesgo.
Las redes sociales requieren regulación, nos dice el estado cubano, porque sin esa regulación, la única consecuencia es la «proliferación de discursos de odio» y el «resquebrajamiento del orden social». La alternativa es, en consecuencia, una regulación que no intenta limitar realmente los discursos de odio ―una fuente de los cuales son voceros del propio gobierno―, sino impedir la apertura de una discusión que cuestione su pretensión de control e imposición totales.
En el futuro, la sociedad cubana tendrá que encontrar formas propias de lidiar con los desafíos implícitos en las nuevas tecnologías. Sin embargo, si algo deja claro la experiencia totalitaria de casi siete décadas, es que la legislación diseñada desde un Estado que tiene el control casi absoluto, obedece únicamente a su propia necesidad de sostenerse en el poder, y no a la necesidad de garantizar la existencia de normas comunes, aplicables a todos, como tampoco a un interés en reconocer los límites del ejercicio de derechos que podrían poner en crisis los derechos de otros. Tales normas sirven en realidad al deseo de impedir cualquier cuestionamiento que desestabilice su proyecto de dominación.
La obligación del Estado de transparentar su labor ―por citar un ejemplo básico, en cómo distribuye el presupuesto nacional― se vuelve imprescindible para la prensa, el periodismo, y para la posibilidad de acceder a información veraz como condición misma de la actividad política y cívica. En el futuro, la opacidad característica del régimen cubano tendrá que ser sustituida por mecanismos claros, que garanticen que cualquier ciudadano u organización pueda acceder a la información sobre el uso de los recursos, las decisiones estratégicas o las políticas públicas que afectan a toda la sociedad.
El principio de fondo para la reconstitución del espacio en el que operan la libertad de expresión, el derecho a la información y la obligación del estado de rendir cuentas y transparentar sus decisiones, es que el poder debe ser siempre accesible a ser fiscalizado, y la infraestructura mínima que permite tal cosa solo es posible en un ordenamiento democrático.
Frente a la visión de un Estado omnipotente que se arroga el derecho de decidir por toda una sociedad, que actúa en la oscuridad sin rendir cuentas, y que reprime y castiga a quien intenta cuestionarlo, la alternativa es, al menos en sus contornos básicos, sencilla: reconocimiento de todas las formas de propiedad y de asociación para el ejercicio del periodismo; legislación para que la rendición de cuentas y la transparencia desde el Estado no sean decisiones discrecionales sino imperativos legales; cuidado del espacio de la discusión pública con regulaciones mínimas, que apunten únicamente a la limitación de aquello que dañe la integridad de las personas; y, porque nada de eso tendría sentido por sí solo, una ciudadanía informada, empoderada y dispuesta siempre a fiscalizar y cuestionar al poder.
Si el poder puede ser fiscalizado, y resulta vulnerable al cuestionamiento, será posible entonces impedir, tras librarnos de la larga noche totalitaria de casi siete décadas, que volvamos a quedar atrapados en las fantasías de dominación de algún Mesías o en utopías que demanden sumisión y fidelidad absolutas.
