Cuba: ¿cuál socialismo es irrevocable?

«Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social», proclama solemnemente la Constitución cubana de 2019 en la primera oración de su artículo 1. La frase condensa tres pilares teóricos de enorme peso: el socialismo como modelo económico‑político, el Estado de derecho como garantía institucional y la justicia social como horizonte ético. Sin embargo, el análisis de estos tres conceptos, al contrastar la teoría que los define frente a las prácticas de su implementación, muestra cómo se han tergiversado y convertido en instrumentos de legitimación y control político.

El socialismo que nunca fue

El socialismo, en su formulación clásica, supone:

• La propiedad colectiva sobre los medios fundamentales de producción, gestionados por los trabajadores en beneficio común.

• La elección de los directivos por los obreros.

• La planificación económica orientada al bienestar colectivo.

• La participación democrática como vía para garantizar que las decisiones respondan a la voluntad popular.

• «De cada cual, según su capacidad, a cada cual según su trabajo» y «De cada cual, según su trabajo, a cada cual según su salario» como principios rectores de generación y distribución de las riquezas. Estos principios implican que las personas acceden a empleos según sus competencias y reciben remuneración proporcional al resultado de su trabajo, respectivamente.

Un medio de producción se considera fundamental si interviene en la generación de bienes básicos o aporta servicios indispensables para la creación de esos bienes. En lo que probablemente constituye la tergiversación más burda de la teoría socialista, el régimen implantado en Cuba desde 1959 clasificó a todos los medios de producción como «fundamentales» y convirtió al Estado, de administrador, en dueño absoluto de prácticamente todo.

Con la Ofensiva Revolucionaria de 1968 quedó establecida una estatización absoluta, desde fábricas de todo tipo, tierras, comercios, pequeños negocios familiares, barberías, hasta los cajones de los limpiabotas. Incluso, los medios de prensa fueron clasificados como «medios fundamentales de producción». De tal modo, la colectividad quedó reducida a un sistema burocrático, donde al obrero solo se le convocaba a asentir en una farsa de aprobación de los planes orientados desde el nivel central.

Los cargos de dirección fueron ocupados por cuadros políticos designados, previa aprobación, por el partido único. Es decir, en Cuba no existen líderes, sino «jefes» escogidos por su verbo leal, y que, con frecuencia, ni siquiera dominan la actividad que dirigen.

La planificación económica centralizada derivó en ineficiencia crónica. Cientos de empresas estatales se reportan con pérdidas cada año según los informes económicos presentados en el Parlamento. Las cifras de inversiones muestran un desbalance brutal entre lo que se invierte en negocios turísticos e inmobiliarios y lo que se destina a la industria, la agricultura, la energía y los servicios que aportan al bienestar social. Esa misma planificación centralizada fijó salarios estatales desvinculados de la productividad, haciendo trizas el principio socialista que establece la relación trabajo-salario.

Con la exclusión por motivos políticos se anuló el principio socialista de capacidad-trabajo, dilapidando los recursos del pueblo empleados en la formación de los excluidos. En consecuencia, se desincentivó el trabajo y se fomentó la fuga de talentos. Al Estado no parece importarle perder fuerza laboral activa y capacitada, si mantienen a los familiares que quedaron en Cuba. Cuando el trabajo debería ser la fuente de ingresos principal que sustente la vida de los trabajadores y sus familias, cada nuevo paquete de medidas económicas redunda en salarios y pensiones de menor poder adquisitivo, lo que profundiza la ya muy aguda desigualdad social. Quienes acceden a divisas disfrutan de bienes y servicios vedados para la mayoría.

Resumiendo, nunca ha existido un socialismo auténtico en Cuba, sino un monopolio «estatal» que bautizaron con su nombre. 

El estado de derecho negado

El Estado de derecho implica el imperio de la ley y la igualdad de todos ante ella, la separación de los poderes del Estado y la protección efectiva de los derechos individuales. En la tradición jurídica, autores como Hans Kelsen subrayan que la validez del sistema depende de que la Constitución limite al poder político y garantice la independencia judicial.

Ni siquiera es necesario revisar la práctica: la propia Constitución niega la existencia del Estado de Derecho en su artículo 5, que proclama al único partido político legalmente autorizado, como fuerza dirigente superior de la sociedad. Es decir, la ley legitima al poder político en lugar de limitarlo. Esa misma supremacía, anula la independencia de los tribunales. La Constitución dice reconocer derechos individuales, pero inmediatamente los limita con cláusulas que subordinan todo al «interés superior de la sociedad socialista»; sí, a la misma sociedad que, de socialista, no tiene nada.

Derechos reconocidos en el texto constitucional son restringidos, y hasta anulados, por normas de menor rango o por prácticas administrativas y policiales que privilegian el control político sobre las libertades individuales con la excusa de la seguridad del Estado. Ejemplos abundan: blindaje legal ante la participación ciudadana; violaciones del derecho de acceso al empleo; juicios políticos contra quienes denuncian arbitrariedades o participan en protestas populares, aunque sean pacíficas; coerción para el auto destierro; restricciones a la libertad de prensa, movimiento y asociación; detenciones arbitrarias, entre muchas otras.

En resumen, si la propia Ley de Leyes legitima a un único partido político, al que se subordina todo cuanto se mueve en la Isla, y los «derechos» más bien son «izquierdos», entonces, el Estado cubano no satisface los estándares teóricos como el Estado de derecho que invoca.

La justicia social reducida a retórica

La justicia social se asocia a la distribución equitativa de recursos, la protección de los vulnerables y la garantía de oportunidades para todos: empleo digno, educación, salud, vivienda, participación política. No se trata solo de redistribución, sino también de inclusión activa en la vida económica y social.

En Cuba, la justicia social se ha reducido a la atención diferenciada a los más vulnerables, sin que exista una definición clara del umbral para tal clasificación. Historias de vida se «venden» en noticieros, como si fuera algo que ocurre comúnmente. Mientras tanto, personas que entregaron su vida entusiasmados por la promesa de un futuro mejor, hoy tienen que vivir de una pensión que apenas alcanza para comprar 900 ml de aceite, si no tuvieron que ver partir a sus hijos. La brecha entre quienes reciben remesas y quienes dependen de salarios estatales erosiona la igualdad proclamada. Los servicios básicos —electricidad, abasto de agua, salud, educación, transporte—, se han deteriorado notablemente.

Con la dolarización de la economía cubana, que comenzó en los noventa a raíz del quiebre del «socialismo» europeo y la antigua URSS, inició un crecimiento sostenido de las desigualdades sociales. Mitigado en parte durante la era chavista en Venezuela, tal crecimiento se aceleró después del llamado «ordenamiento», que jamás logró la unificación monetaria que se proponía. Quienes acceden a divisas pueden comprar en tiendas especiales; quienes dependen de salarios estatales quedan marginados.

El empleo garantizado por el Estado se convirtió en un salario insuficiente, incapaz de cubrir necesidades básicas. La prohibición de determinadas actividades económicas a desarrollar en el sector privado, y la exclusión política condenan a miles al ostracismo. La migración masiva refleja la falta de oportunidades, y la exclusión de quienes disienten les impide acceder a empleos para sustentarse.

No se puede hablar de un sistema socialmente justo, si no se garantizan servicios básicos para todos o si se discrimina a las personas por cualquier motivo. La distribución desigual del servicio eléctrico, la negación de acceso al empleo, los salarios y pensiones insuficientes son evidencias de injusticia social. En resumen, la justicia social en Cuba hoy no existe. La distribución equitativa y la garantía de oportunidades quedan en el discurso, mientras la realidad expone la más cruda desigualdad y exclusión

La Constitución cubana proclama un socialismo que nunca existió, un Estado de Derecho negado en su propio articulado, y una justicia social solo existe en el discurso. La norma legaliza un sistema centralizado que usa la retórica socialista para justificar el control absoluto y legitimar el poder político, mediante la tergiversación consciente de los conceptos de la teoría original del socialismo.  

La realidad cubana revela que el socialismo proclamado nunca ha existido: siempre fue un monopolio estatal que utilizó la retórica del socialismo sin cumplir sus fundamentos. La frase inicial del artículo 1 se convierte entonces en un postulado falaz, útil para legitimar al régimen pero vacío frente a la teoría y a la experiencia diaria de los ciudadanos. Entonces, si no hubo ni hay socialismo, ¿qué es lo que se declara irrevocable en Cuba?

***

Imagen principal: Sasha Durán / CXC.