Vías de la transición: ruptura, reforma y pacto. Lecciones para Cuba

La forma en que un régimen autoritario abandona el poder condiciona el régimen que le sucede. Este informe compara cuatro vías de salida: la reforma pactada española (1976-1978), la negociación de la Mesa Redonda polaca (1989), la salida plebiscitaria chilena (1988-1990) y la ruptura por colapso argentina (1982-1983).

El hallazgo central es que las transiciones hacia la democracia exitosas rara vez son tipos puros, sino que combinan reforma desde arriba, presión desde abajo y negociación. Su resultado depende del equilibrio de fuerzas en el momento de la salida y cada vía, además, tiene un precio. El informe advierte que tres condiciones presentes en los casos comparados —una fractura visible en la élite, un interlocutor opositor organizado y un puente jurídico para el cambio— son hoy débiles o inexistentes en Cuba, lo que obliga a pensar la transición cubana como un proceso que hay que construir, más que como un modelo que se pueda importar.

1. El problema

¿Cómo se sale de una dictadura y qué consecuencias tiene la vía escogida? En el debate cubano conviven, a menudo sin diálogo, dos expectativas fundamentales al respecto: la de quienes aguardan un colapso que despeje el terreno de golpe y la de quienes apuestan por una evolución gradual generada por voluntad propia del sistema. Ambas comparten el supuesto discutible de que la vía de salida es una elección de voluntad y la literatura sobre el tema sugiere otra cosa.

La modalidad de una transición es, en parte elegida y en parte impuesta por la correlación de fuerzas entre gobernantes y opositores (Karl, 1990). No es neutra, puesto que influye en la competencia entre las élites, en las reglas institucionales que se diseñan durante la transición y en la disposición de los actores clave a aceptar las nuevas reglas del juego (Munck y Leff, 1997).

Por ello, este informe ordena el análisis en torno a tres preguntas: quién controla el ritmo y la agenda del cambio; con qué instrumentos jurídicos e institucionales se produce; y qué legado autoritario sobrevive a la salida. Las tres sirven de hilo conductor para los casos y para el apartado sobre Cuba.

2. ¿Cómo se clasifican las vías?

La transitología ha producido varias tipologías de la salida autoritaria. Todas responden, con matices, a dos preguntas: quién toma la iniciativa, y si el cambio se negocia o se impone.

Ninguna transición comienza sin divisiones importantes dentro del propio régimen, sobre todo entre duros y blandos. Los pactos son acuerdos provisionales que redefinen las reglas del juego a cambio de garantizar los intereses vitales de quienes los firman (O'Donnell y Schmitter, 1986). En la transformación, la élite gobernante encabeza el cambio; en el reemplazo, la oposición lo encabeza tras el hundimiento del régimen; y en el traspaso (transplacement), el resultado procede de la acción conjunta de gobierno y oposición (Huntington, 1991).

Según los actores dominantes y la estrategia empleada, pueden identificarse cuatro modos (Karl, 1990):

En este caso, el término reforma designa un cambio empujado desde abajo y negociado. En el léxico de la transición española, en cambio, la reforma era la vía que proponía el propio régimen, frente a la ruptura que reclamaba la oposición. Linz y Stepan (1996) recogieron esa ambigüedad con la fórmula reforma pactada-ruptura pactada.

Share y Mainwaring (1986) desarrollaron, a partir de los casos de Brasil y España, la noción de transición por transacción, que definieron como un cambio negociado entre élites autoritarias y opositoras (Share, 1987). Por último, Linz y Stepan (1996) añadieron como variable decisiva el tipo de régimen de partida. Un autoritarismo con cierto pluralismo, un régimen postotalitario o uno sultanístico no ofrecen las mismas vías, porque cada uno estructura de forma distinta el pluralismo, la ideología, el liderazgo y la movilización.

En este informe se usan tres tipos ideales: la «reforma» es la apertura conducida por sectores del régimen con su propia legalidad; el «pacto» es el acuerdo explícito entre representantes del régimen y de la oposición sobre las reglas de la nueva competencia; y la «ruptura» es el desplazamiento del régimen, con discontinuidad jurídica y reglas fijadas por actores nuevos. Ningún caso real encaja por completo en uno solo.

3. Casos comparados

España (1976-1978): reforma que se volvió pacto

La muerte de Franco, en noviembre de 1975, no abrió por sí sola la transición. El primer gobierno de la monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro, no logró sacar adelante su limitado plan de reforma, y Arias dimitió. El 3 de julio de 1976, el rey Juan Carlos nombró presidente a Adolfo Suárez, hasta entonces ministro secretario general del Movimiento, el «partido único» del régimen.

Suárez llevó a las Cortes franquistas la Ley para la Reforma Política, que estas aprobaron en noviembre de 1976 y que el referéndum de diciembre ratificó por amplia mayoría. Las instituciones del régimen votaron su propia disolución, por lo que el cambio se hizo «de la ley a la ley», sin vacío de legalidad que los duros pudieran explotar. Lo que empezó como reforma se convirtió en pacto.

La oposición, que reclamaba la apertura democrática, aceptó negociar. El gobierno, a su vez, legalizó al Partido Comunista en abril de 1977, una concesión que irritó a los militares. Siguieron las elecciones de junio de 1977, los Pactos de la Moncloa, la Ley de Amnistía de octubre de ese año y la Constitución de 1978, elaborada por consenso entre las principales fuerzas (Colomer, 1991).

La Ley de Amnistía incluyó expresamente los delitos cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público (artículo 2, apartados e y f), y ha sido el principal argumento para no juzgar los crímenes de la dictadura. Las tensiones golpistas en sectores militares persistieron hasta el fallido golpe del 23 de febrero de 1981.

Polonia (1989): pacto entre dos fuerzas

Polonia es el caso clásico de traspaso negociado. Solidaridad, nacido en 1980 como sindicato independiente, había sobrevivido a la ley marcial de 1981 en la clandestinidad. A finales de los ochenta, el régimen no podía aplastarlo. La crisis económica, las huelgas de 1988 y el nuevo margen que ofrecía Moscú bajo Gorbachov empujaron a ambas partes a la mesa.

La Mesa Redonda (febrero-abril de 1989) produjo un acuerdo deliberadamente limitado: legalización de Solidaridad, creación de un Senado elegido libremente y elecciones semi-libres al Sejm, donde el 65 % de los escaños quedaba reservado al Partido Comunista y sus aliados. El acuerdo reservaba además la nueva presidencia de la República para el campo gubernamental.

En las elecciones del 4 de junio (con segunda vuelta el 18), Solidaridad ganó todos los escaños disputables del Sejm y 99 de los 100 del Senado. En julio, Wojciech Jaruzelski fue elegido presidente por un solo voto de margen. Pero los partidos satélites abandonaron su alianza con los comunistas y, en agosto, Tadeusz Mazowiecki se convirtió en el primer jefe de gobierno no comunista del bloque soviético. El pacto, pensado como reforma controlada, desencadenó una dinámica de ruptura. Las elecciones plenamente libres al Sejm llegaron en 1991.

Chile (1988-1990): salida por las reglas del dictador

Chile muestra cómo un régimen puede perder el poder dentro del marco que él mismo diseñó. La Constitución de 1980, ratificada en un plebiscito sin registros electorales y con severas restricciones a las libertades, preveía una nueva consulta para prolongar el mandato de Pinochet. La mayor parte de la oposición decidió competir en ese terreno ―frente a la estrategia de rebelión popular que defendía el Partido Comunista―, y en febrero de 1988 se agrupó en la Concertación de Partidos por el «No».

El 5 de octubre de 1988, el «No» obtuvo cerca del 56 % de los votos. Fernando Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la junta, reconoció públicamente la victoria del No, lo que cerró el paso a cualquier intento de desconocerla. Siguió una negociación sobre reformas constitucionales, ratificadas en 1989, y la elección de Patricio Aylwin, que asumió en marzo de 1990.

La salida, sin embargo, dejó lo que Garretón (1989) llamó «enclaves autoritarios»: Pinochet siguió como comandante en jefe del Ejército hasta 1998; hubo senadores designados; un sistema electoral binominal, que favorecía la existencia de solo dos grandes bloques; y el decreto ley de amnistía de 1978, que cubría los delitos cometidos entre 1973 y 1978 y fue durante dos décadas el principal obstáculo para investigarlos. La reforma constitucional de 2005 eliminó los senadores designados y la inamovilidad de los comandantes en jefe, pero el sistema binominal no fue sustituido hasta 2015.

Argentina (1982-1983): ruptura por colapso

Argentina es el caso de reemplazo. La dictadura, iniciada en 1976, ya estaba desgastada por la crisis económica y la presión de los partidos agrupados en la Multipartidaria cuando la derrota en la guerra de las Malvinas, en junio de 1982, la desplomó. El régimen perdió toda capacidad de fijar condiciones.

Los militares intentaron negociar garantías y, al no conseguirlas, se auto-amnistiaron en septiembre de 1983. Fue inútil. Raúl Alfonsín ganó las elecciones de octubre, el Congreso anuló la auto-amnistía y el nuevo gobierno creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo informe «Nunca Más» documentó la represión. En diciembre de 1985, el denominado «Juicio a las Juntas» condenó a miembros de las juntas militares en un proceso judicial sin precedentes.

La ruptura dio al gobierno civil una libertad de acción que España o Chile no tuvieron, pero el aparato militar seguía intacto. La presión castrense arrancó la Ley de Punto Final (1986) y, tras el levantamiento «carapintada» de la Semana Santa de 1987, la de Obediencia Debida. Los indultos de 1989-1990 completaron el retroceso, que solo empezó a revertirse a partir de 2003.

4. Dimensiones de análisis

Leídos en paralelo, los cuatro casos muestran que la vía de salida se define por la combinación de varios rasgos, no por uno solo.

Tres regularidades se desprenden de la tabla.

1. Ninguno de los casos terminó en el mismo punto en que empezó. Por ejemplo, la reforma española se convirtió en pacto; el pacto polaco, en ruptura; la salida chilena, pensada por Pinochet como continuidad, terminó en una negociación que cambió al régimen. Lo que define el desenlace es la dinámica que se abre una vez iniciado el proceso, y en particular el efecto de las primeras elecciones.

2. Para pactar se requiere, por un lado, una fractura en el régimen que produzca reformistas con capacidad de decisión y, por otro, una oposición organizada capaz de comprometer a sus bases. España, Polonia y Chile reunían ambas, mientras en Argentina no hubo pacto porque el régimen ya no tenía nada que ofrecer.

3. Cuanto más controla el régimen saliente el proceso, más garantías obtiene para sí. Las transiciones pactadas fueron más estables, pero aplazaron la rendición de cuentas. La ruptura argentina permitió juzgar a los responsables, pero, con un ejército no subordinado, esa justicia resultó frágil.

5. Hallazgo central

La vía de una transición se construye con los recursos disponibles y se redefine sobre la marcha. Ruptura, reforma y pacto son puntos de un continuo, y los casos exitosos combinan presión social que obliga al régimen a moverse, reformistas internos que aceptan perder el control y un acuerdo que fija reglas creíbles para todos.

De ahí derivan dos conclusiones prácticas. La primera es que el factor decisivo no es la voluntad de los actores, sino el equilibrio de fuerzas en el momento de la salida: quien llega débil a la mesa ―o no llega―, paga el precio en forma de enclaves o de impunidad. La segunda, es que cada vía hereda problemas distintos, que la democracia posterior tendrá que resolver. Elegir una vía es, en buena medida, elegir qué deudas se aplazan.

6. Transferibilidad al caso cubano

Las lecciones anteriores no se trasladan a Cuba de forma automática. Según Chaguaceda y Gratius (2026), la represión de todo pluralismo político mantiene al régimen cubano más cerca del postotalitarismo, en la tipología de Linz y Stepan (1996), que de otras formas de autoritarismo. Esa diferencia condiciona qué vías están disponibles.

Lo que sí es aplicable

• Ni la espera de un colapso ni la apuesta por una reforma desde arriba son estrategias en sí mismas. Lo que los casos enseñan es a acumular capacidades para el momento en que se abra una oportunidad.

• Polonia muestra que unas elecciones parciales concebidas para legitimar al régimen, pueden convertirse en un plebiscito sobre su continuidad. Toda concesión institucional, por pequeña que sea, debe ser pensada en esa clave.

• La oposición chilena derrotó a Pinochet cuando la mayoría de sus partidos se agrupó en la «Concertación por el “No”» y optó por la vía institucional. La fragmentación del campo democrático cubano, dentro y fuera de la Isla, es un obstáculo comparable.

• Discutir de antemano qué garantías son aceptables, y cuáles no, reduce el riesgo de improvisar bajo presión.

Los límites de la comparación

• El relevo generacional en la cúpula no ha producido, al menos públicamente, un sector reformista con capacidad de decisión comparable al de Suárez o al ala negociadora del partido polaco.

• Diferentes elementos han impedido en Cuba el surgimiento de algo parecido a Solidaridad. Las protestas del 11 de julio de 2021 mostraron un malestar extendido, pero no dieron lugar a una estructura con capacidad de negociar. La diáspora puede apoyar, pero no sustituir a ese interlocutor.

• La Constitución de 2019 declara irrevocable el sistema socialista y excluye esa cláusula de cualquier reforma (artículos 4 y 229). Una transición «de la ley a la ley», al estilo español, exigiría reinterpretar o romper ese candado.

• Las tensiones de la triple transición postcomunista obligan a construir, a la vez, democracia, economía de mercado y Estado nacional. Cuba tendría que afrontar simultáneamente al menos las dos primeras, con un factor añadido: unas fuerzas armadas que, a través de GAESA, desempeñan un papel clave en la economía. Las garantías de salida que exigirían no serían solo judiciales, sino patrimoniales.

• Según diversas estimaciones, más de un millón de personas han salido de Cuba desde 2021. La emigración reduce la presión interna y priva al cambio de buena parte de sus potenciales protagonistas.

Implicaciones

Si las condiciones que hicieron posibles los pactos comparados son hoy débiles en Cuba, la tarea inmediata es crear esas condiciones: articular interlocutores con legitimidad interna, elaborar propuestas de puente jurídico y discutir con realismo el problema de las garantías a quienes abandonen el poder, sin confundirlas con la impunidad. Los informes siguientes de esta serie, dedicados a los actores, las fuerzas armadas y el desmontaje del partido único, desarrollan cada una de estas condiciones.

Referencias

• Chaguaceda, A. y Gratius, S. (2026). Cuba's three autocratic transitions: From revolutionary regime to (post)totalitarianism and new authoritarianism? Bulletin of Latin American Research, 45(2), e70070. https://doi.org/10.1111/blar.70070

• Colomer, J. M. (1991). Transitions by agreement: Modeling the Spanish way. American Political Science Review, 85(4), 1283-1302. https://doi.org/10.2307/1963946

• Colomer, J. M. (2000). Exit, voice, and hostility in Cuba. International Migration Review, 34(2), 423-442. https://doi.org/10.1177/019791830003400203

• Garretón, M. A. (1989). La posibilidad democrática en Chile. FLACSO (Cuadernos de Difusión).

• Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states. Harvard University Press.

• Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. University of Oklahoma Press.

• Karl, T. L. (1990). Dilemmas of democratization in Latin America. Comparative Politics, 23(1), 1-21.

• Linz, J. J. y Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. Johns Hopkins University Press.

• Munck, G. L. y Leff, C. S. (1997). Modes of transition and democratization: South America and Eastern Europe in comparative perspective. Comparative Politics, 29(3), 343-362.

• O'Donnell, G. y Schmitter, P. C. (1986). Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies. Johns Hopkins University Press.

• Offe, C. (1991). Capitalism by democratic design? Democratic theory facing the triple transition in East Central Europe. Social Research, 58(4), 865-892.

• Share, D. (1987). Transitions to democracy and transition through transaction. Comparative Political Studies, 19(4), 525-548. https://doi.org/10.1177/0010414087019004004

• Share, D. y Mainwaring, S. (1986). Transitions through transaction: Democratization in Brazil and Spain. En W. A. Selcher (Ed.), Political liberalization in Brazil: Dynamics, dilemmas, and future prospects (pp. 175-215). Westview Press.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.