La izquierda y la sospecha
Cuando Donald Trump asumió el segundo mandato presidencial y pronunció uno de sus primeros discursos, una historiadora cubana alertó en una publicación de Facebook sobre el tono prepotente, imperialista y belicista de la alocución. A pesar de sus posturas nada complacientes hacia el gobierno cubano, su activismo cívico y su defensa del derecho a disentir, no pocos usuarios le reprocharon. Unos, por haber criticado al que consideraban que pondría en cintura a las dictaduras del mundo; otros, por hacer uso del término «antimperialista», usualmente ligado al discurso oficial en Cuba. Algunos, sin más que aportar, la tacharon de «izquierdosa», «agente encubierta del G2» y «comunista».
Hace unos días, otra polémica volvió a mostrar hasta qué punto una etiqueta política puede convertirse en un mecanismo de descalificación. Una activista cubana fue señalada como «de izquierda» durante una entrevista a una colega opositora, y si bien la mencionada ni siquiera se definía como tal, aquella referencia terminó funcionando como una acusación y, por tanto, como descrédito público. Tanto así, que la controversia pasó, de una mención fugaz, a una sucesión de publicaciones en las que una y otra recalcaron, a su manera, que de ninguna forma eran socialistas, comunistas ni de cualquier otro tono similar o cercano al rosado.
En ambos casos, la discusión dejó de ser sobre aquello que había sido dicho y se convirtió en una polémica sobre quién era la persona que lo había dicho, y desde qué ideología hablaba. En esa lógica, cuestionar el discurso de un líder de derecha, asumir una postura antimperialista o ser asociado con una idea de izquierda equivalía automáticamente a ser «castrista», defender partidos únicos, justificar la represión, negar los derechos humanos, y por supuesto, tener un altar con estampitas de Marx y Lenin, y un atril con el Manifiesto Comunista y una copia de La historia me absolverá.
No obstante, entre una posición política y las conclusiones que extraemos sobre quien la sostiene, hay un trecho que con mucha frecuencia nos saltamos. Criticar a Trump no convierte a nadie en castrista; utilizar el término «antimperialismo» no convierte a nadie en defensor de un sistema autoritario; y ser de izquierda no convierte a nadie, por ese solo hecho, en enemigo de los derechos humanos. Lo que ocurre cuando damos por hechas esas equivalencias es bastante más interesante que la simple discrepancia ideológica.
La etiqueta empieza a hacer un trabajo que correspondería al argumento: nos permite saber quién habla antes de escuchar qué dice. Y, una vez que eso ocurre, no es muy difícil pasar del «no estoy de acuerdo contigo porque eres de izquierda» al «eres de izquierda, por tanto, hay algo sospechoso en ti», y terminar con que «si eres de izquierda, no eres de nosotros», o «tu opinión no vale» y «eres parte del problema».
En la producción académica contemporánea, este fenómeno guarda relación con lo que se ha denominado «polarización afectiva». El concepto, desarrollado inicialmente a partir de investigaciones sobre la política estadounidense, no se refiere solamente a cuánto se alejan dos grupos en sus posiciones políticas, sino al rechazo, la desconfianza y la atribución de rasgos negativos hacia quienes identificamos como pertenecientes al otro grupo. En otras palabras, se trata de cuánto llegamos a rechazar a otros por pertenecer a un espectro político diferente: ya no discutimos únicamente lo que alguien piensa, sino que interpretamos y juzgamos a ese alguien y lo que dice a partir de quién creemos que es.
En el tema que nos compete, una etiqueta como «de izquierda» parece haber pasado de una descripción ideológica a una frontera política: en lugar de decirnos qué piensa alguien sobre algo, empieza a decirnos qué deberían pensar los demás sobre ese alguien.
No pretendo hacer una defensa de la izquierda como paradigma político, entre otras razones, porque hablar de «la izquierda» en singular ya supone reducir a un mismo bloque un conjunto enorme y diverso de posiciones. Lo que me interesa es reflexionar, a partir del caso de la izquierda en el entorno opositor, qué significa construir una sociedad democrática y plural cuando seguimos decidiendo quién pertenece al «nosotros» político y qué ideas estamos dispuestos a considerar legítimas.
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Una sociedad democrática no tiene por qué considerar igualmente válidas todas las ideas. Tampoco exige que sus ciudadanos suspendan sus convicciones para convivir con quienes piensan distinto. La discrepancia política no es un defecto de la democracia: es una de sus condiciones. Por supuesto, hay ideas que niegan la dignidad, la igualdad o los derechos fundamentales de otras personas, que propugnan su sometimiento o eliminación por lo que son, o que defienden que un poder extranjero decida sobre cuestiones fundamentales de la vida política de una sociedad. Estas no pueden colocarse al mismo nivel que las diferencias ideológicas propias de una sociedad plural. Pero una cosa es cuestionar una posición por aquello que defiende, y otra muy distinta convertir la identidad política de quien la sostiene en una razón para descalificarlo.
No es lo mismo decir «estás equivocado» o «no estoy de acuerdo», que asumir que «por pensar así, no eres uno de nosotros, o no mereces ser escuchado». Podemos cuestionar las consecuencias de una posición política sin atribuir esas mismas consecuencias, de manera automática, a cualquiera que la sostenga. La diferencia puede parecer pequeña en una discusión puntual, pero adquiere otras dimensiones cuando se convierte en una regla de convivencia política. Las personas de derecha no tienen por qué defender con exactitud las mismas políticas, del mismo modo que las personas de izquierda tampoco tienen por qué sostener las mismas posiciones. Incluso quienes comparten una etiqueta pueden hacerlo por razones muy distintas y discrepar profundamente sobre cuestiones fundamentales.
Hay, sin embargo, una particularidad cubana que conviene no perder de vista. Durante décadas, el discurso oficial ha utilizado el socialismo, la izquierda y el antiimperialismo como anclajes discursivos y marcas de pertenencia al proyecto revolucionario. No resulta extraño, por tanto, que para una parte de quienes se oponen al sistema cubano esos términos no funcionen como simples descripciones ideológicas, sino que estén cargados de una historia concreta de poder, propaganda y exclusión. Eso puede ayudar a entender —sin justificar— la urticaria que producen en algunos sectores de la oposición: para quienes han construido buena parte de su identidad política en ruptura con el discurso oficial, ciertas palabras pueden llegar a funcionar como señales de aquello de lo que precisamente intentan distanciarse.
¿Dónde se agudiza el conflicto? En que, si el poder político cubano se ha valido desde los años sesenta de la ideología de izquierda y ha asumido el antimperialismo como estandarte de lucha —al menos en el discurso—, esos términos pueden quedar asociados, para quienes se oponen al sistema, con aquello que precisamente rechazan. De ahí que cualquiera que se identifique con esas posiciones, o que utilice parte de ese vocabulario, pueda pasar a ser sospechoso y hasta excluido (aun cuando disienta del sistema político o de la forma en que este lleva a la práctica aquello que dice defender).
Si vamos a juzgar las tradiciones políticas por las consecuencias históricas de los sistemas que las han reivindicado, el criterio tendría que aplicarse de manera coherente. Se suele acusar —y con razón— a muchos regímenes denominados de izquierda de haber producido desigualdad, pobreza y represión: colectivizaciones forzadas que derivaron en hambrunas; censura y centralización de la prensa; partidos únicos que anularon la disidencia; campos de trabajo y presos políticos, y economías incapaces de generar condiciones suficientes para evitar éxodos en masa.
Pero el mismo criterio debería aplicarse cuando hablamos del capitalismo: como sistema económico global dominante, ha producido desigualdad, pobreza, hambre, explotación y migraciones masivas, y ha sostenido durante generaciones profundas asimetrías de poder y riqueza entre sociedades y dentro de ellas. También ha estado vinculado a guerras y conflictos impulsados por intereses económicos y geopolíticos, y su modelo de producción y consumo ha contribuido decisivamente a la crisis ambiental que hoy se expresa en incendios forestales, sequías, contaminación de las aguas y pérdida de biodiversidad.
Nada de eso significa que toda persona afín a las ideas de derecha sea responsable de esas consecuencias en la misma medida que las grandes transnacionales o los grupos de poder. Del mismo modo, los crímenes y fracasos de muchos regímenes de izquierda no convierten automáticamente en cómplice de ellos a cualquiera que se identifique con esa tradición política. De hecho, dentro de las propias tradiciones de izquierda han existido numerosas corrientes y personas que han denunciado los abusos, las desviaciones autoritarias y las contradicciones de gobiernos que se reivindicaban de izquierda, y que terminaron distanciándose de ellos precisamente por esas razones.
La historia cubana reciente ofrece ejemplos que contradicen esa asociación. Mientras las versiones oficiales redujeron las protestas del 11 de julio de 2021 a una operación orquestada desde Estados Unidos y calificaban a sus protagonistas como «vándalos» y «mercenarios», Marx21, un proyecto editorial cuyo nombre ya dice mucho, dio cobijo a un conjunto de autores cubanos de diversas posturas políticas que analizaron el fenómeno como un estallido social relacionado con el deterioro de las condiciones de vida, la ausencia de libertades civiles y la desconexión política entre el pueblo y los gobernantes.
No deberíamos olvidar tampoco que la izquierda crítica existe hoy dentro de Cuba. Que un joven llamado Leonardo Romero Negrín se convirtió en uno de los rostros más visibles de la protesta con su cartel que clamaba «Socialismo sí. Represión no»; o que otro joven activista de izquierda, Raymar Aguado, ha cuestionado el autoritarismo cubano sin dejar de oponerse al injerencismo estadounidense. O que en el plano colectivo, la agrupación cubana Socialistas en Lucha, vinculada a la Liga Internacional Socialista, ha cuestionado en múltiples ocasiones la burocratización, la censura y las medidas antipopulares de los últimos años.
Si vamos más atrás, nuestra historia republicana muestra ejemplos que complejizan el estereotipo de la izquierda cómplice o pasiva. Desde su posición en el Gobierno de los Cien Días, Antonio Guiteras tuvo un papel decisivo en la aprobación de medidas como la jornada laboral de ocho horas, el jornal mínimo, la creación de la Secretaría del Trabajo y el reparto de tierras. Demandas de corte similar fueron defendidas después por los delegados comunistas en la Asamblea Constituyente de 1940, y terminaron encontrando expresión en el texto constitucional. También, movidos por ideales de izquierda como el derecho universal a la educación, decenas de miles de cubanos salieron a alfabetizar a cientos de miles de sus compatriotas en 1961, aunque las cartillas y la propia movilización estuvieran atravesadas por un marcado componente político y propagandístico.
Nada de esto obliga a convertir a la izquierda cubana en una tradición virtuosa ni a pasar por alto sus errores, silencios, oportunismos, dogmatismos, violaciones éticas, episodios de censura, violencias físicas y simbólicas, y otras derivas autoritarias. Ha habido izquierdas que combatieron dictaduras, impulsaron derechos laborales y participaron en procesos de transformación social; como las ha habido que terminaron aplicando, justificando o reproduciendo formas de dominación y exclusión. Pero precisamente porque la historia es compleja, tampoco resulta razonable convertir «izquierda» en sinónimo de indiferencia ante el sufrimiento del pueblo. Y si se va a juzgar una tradición política a partir de sus prácticas históricas, no se pueden seleccionar solo a aquellas que confirman nuestros sesgos mientras hacemos la vista gorda con los de la tradición que profesamos.
Siendo de izquierda, se puede combatir políticamente las ideas de derecha, criticar otras posturas de su propio espectro y, al mismo tiempo, defender el derecho de quienes las sostienen a participar en una sociedad plural. La misma lógica debería cumplirse a la inversa.
Aunque el fenómeno que aquí he abordado se concentra en la manera en que se suele tratar a la izquierda dentro del entorno opositor cubano, podría ocurrir con cualquier otra identidad o posición política, como ha sucedido históricamente en la relación entre el Estado cubano y gran parte de la disidencia. Lo importante, entonces, no es proteger una etiqueta particular, sino sostener una regla de convivencia que pueda aplicarse también cuando la etiqueta que está bajo sospecha no sea la nuestra. Porque esa etiqueta puede decirnos algo sobre una persona, pero no puede decirnos todo sobre ella: las posiciones políticas tienen matices y contradicciones que las etiquetas, hechas para calificar o descalificar, no dejan ver.
Si algo debería enseñarnos la experiencia política cubana y este presente de locos, es que una sociedad justa y democrática —el «con todos y para el bien de todos» al que no sabemos bien cómo llegar— no se reduce a sustituir unas ideas dominantes por otras, ni a convertir esa sustitución en otra forma de exclusión política. También implica aceptar que ninguna posición política posee un derecho natural a ocupar por sí sola el espacio público, ni puede decidir de antemano quién tiene derecho a formar parte de él.
La exclusión política que antecede al autoritarismo no empieza necesariamente cuando un grupo llega al poder, reprime opositores y controla medios de comunicación. Tiene sus raíces en una cultura política que considera ilegítimo que el otro piense diferente y que convierte la discrepancia en una amenaza. Si para imaginar una Cuba más democrática, justa y equitativa necesitamos que desaparezcan todos los que piensan distinto de nosotros, entonces no estamos pensando en una democracia, sino en una nueva forma de unanimidad.
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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.
