Servicio Militar en Cuba: la selección social del reclutamiento
En memoria de Yandiel Jurado y Leordanis Ricardo.
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En apenas una semana, dos jóvenes de dieciocho años han muerto en Cuba mientras cumplían el Servicio Militar Obligatorio. Yandiel Jurado Lastre, «Ricky», falleció el 20 de septiembre en Manzanillo, Granma, tras recibir un disparo en la frente de un compañero que manipulaba el fusil mientras él hablaba por teléfono con su novia. Leordanis Ramón Ricardo Batista, «Leo», se suicidó el 22 de septiembre en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) en Nipe, Holguín, dos meses después de haber sido incorporado y a pesar de que su familia había advertido que recibía atención psicológica desde los nueve años por trastornos nerviosos. Con ellos, en siete días, la lista que llevamos documentando alcanzó los cien nombres.
El caso de Leo, sobre todo, reproduce un patrón ya identificable. Como Dailier Rodríguez Tamayo, cuya muerte analicé meses atrás, Leo procedía de un entorno rural empobrecido, fue destinado a una unidad alejada de su casa y contaba con dictámenes médicos que, en circunstancias mínimamente normales, habrían impedido su incorporación al Servicio Militar y, mucho más, el porte de armas. Contra esos dictámenes y las gestiones familiares para acercarlo a Banes, sus superiores lo mantuvieron en filas. El resultado era, visto lo visto en otros casos, lamentablemente previsible.
En un artículo anterior analicé algunas de las condiciones institucionales que producen la muerte de reclutas cubanos: precariedad material, evaluaciones médicas insuficientes, abusos de poder en las unidades, ausencia de canales de queja y rendición de cuentas, etc. Faltaba, sin embargo, hacer explícita otra capa que el reportaje «Morir en uniforme», de Marleidy Muñoz, publicado por elTOQUE, permite ahora subrayar con datos: la que podría llamarse selección social del reclutamiento.
De los ochenta y nueve casos documentados por elTOQUE entre 2017 y 2026, al menos veintitrés correspondían a jóvenes que no cumplían el Servicio en su provincia natal, sino que habían sido trasladados a kilómetros de sus hogares, principalmente hacia La Habana, Mayabeque, Matanzas y Artemisa. El patrón es reconocible, puesto que siempre implica a reclutas de territorios centrales u orientales enviados a unidades occidentales, en las que las familias no pueden visitarlos, apoyarlos ni reaccionar a tiempo cuando algo va mal. Esa distribución territorial interrumpe los vínculos que, en cualquier institución cerrada, operan como último mecanismo de contención frente al abuso jerárquico o al colapso psicológico del recluta.
El Servicio Militar cubano concentra sus daños, de manera sistemática, sobre los sectores más vulnerables de la estructura social: hijos de familias rurales, de bajos ingresos, sin redes familiares en el extranjero y sin capital de algún tipo que les permita eludir el reclutamiento o mejorar sus condiciones dentro del cuartel. Los hijos de la nomenklatura, de los oficiales retirados, de las familias con remesas robustas o con vínculos en la administración, o bien no ingresan al Servicio, o bien lo cumplen en condiciones sustancialmente distintas, en unidades cercanas al domicilio, cumpliendo funciones administrativas, con pases frecuentes, traslados oportunos.
Los demás, como los mencionados y otros cientos, transitan el Servicio en las peores circunstancias y, en los casos documentados, mueren en las peores condiciones. La lotería del reclutamiento está cargada de antemano por las coordenadas de clase, geografía y capital social del recluta.
A esa desigualdad le corresponde un mecanismo que la reproduce y agrava, que es la corrupción cotidiana dentro de las unidades. El oficial mal pagado, con poder cuasi absoluto sobre reclutas sin canales de queja, intenta sacar réditos de esa asimetría de la manera esperable en cualquier institución cerrada donde no hay control externo. Vender pases, autorizar traslados, mirar hacia otro lado ante un trabajo extenuante, aceptar un dictamen médico blando, o cualquier otro «favor». Todo tiene precio.
Hace pocos días, una madre me contó que a un familiar suyo le estaban pidiendo un chivo para permitirle salir de pase unos días; al hijo de un amigo hace un par de años le pidieron una podadora de césped; y en tiempos en que mi hermano cumplía el Servicio, pidieron una máquina de refrigeración. Más allá de lo anecdótico, los ejemplos evidencian un fenómeno que en Cuba todos conocen, porque todos conocen a alguien que ha pasado el Servicio Militar. Quien puede pagar el peaje, sobrevive mejor; quien no, permanece expuesto y sin red.
La corrupción no es en estos casos un defecto secundario del sistema, sino una de sus formas de funcionamiento. También es, sobre todo, un segundo filtro de selección social: el primero, determina quién ingresa y adónde va; el segundo, determina en qué condiciones lo transita. Ambos operan en simultáneo, se refuerzan mutuamente y producen patrones visibles cuando se analizan las muertes. Muchos de los jóvenes que aparecen en las bases de datos son campesinos, obreros, hijos de madres solas, muchachos de pueblos pequeños. Constituyen una capa humilde que la institución consume sin el más mínimo remordimiento, para sostener una estructura de unidades y trabajo que hace décadas no defiende otra cosa que a sí misma.
La particularidad del caso cubano no es la existencia de estos mecanismos —que operan, en mayor o menor grado, en cualquier ejército de conscripción del mundo—, sino su articulación con un régimen político que niega la existencia del problema, criminaliza a las familias que denuncian, archiva las investigaciones y sostiene ante los organismos internacionales que el Servicio es «voluntario» y que «no se reclutan niños». Esa negación impide cualquier corrección desde dentro y convierte a la selección social del reclutamiento en un rasgo estable del sistema, por tanto, no susceptible de reforma.
El reportaje de elTOQUE recoge una frase que sintetiza muy bien el fenómeno. Mirna Quiala, madre de Osmel Manresa, muerto en 2018 en un accidente, asegura: «En este país, a los hijos los parimos las madres y los gobiernan ellos». Habría que añadir: y los entierran ellos, también. Reconocer que el uniforme verde olivo es, entre otras muchas cosas, un revelador de las desigualdades más profundas de Cuba, es una de las condiciones mínimas para empezar a pensar el problema en términos políticos y sociológicos, más allá de los meramente humanitarios.
Lo que rodea la experiencia del Servicio Militar es negativo en casi todos sus aspectos: obligatoriedad, aislamiento, violencia jerárquica y, según se ha visto, corrupción cotidiana y trato desigual entre reclutas según su origen social. En los años cincuenta del siglo pasado, mientras una generación entera de muchachos se enfrentaba a la dictadura de Batista y algunos morían en el intento, fueron sus familias quienes sostuvieron a buena parte de la resistencia cívica. Puede que haya llegado el momento en que sean las madres, los padres y los abuelos quienes planten cara al poder y decidan que, después de más de seis décadas, el Estado dejará de disponer de la suerte de sus hijos. Ante un escenario así, veremos quién es más fuerte.
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Imagen principal: OGAT.
