El 26 de octubre, un día después de que la Lista Estudiantil desalojara a Aleksandar Vučić del poder en Serbia, la televisión pública de Voivodina abrió su informativo con las imágenes de los festejos opositores que hasta entonces había silenciado y pidió perdón a su audiencia por años de manipulación a favor del gobierno. En Belgrado, Manja Grčić, considerada próxima al exmandatario, dimitió poco después como directora general de la radiotelevisión nacional, que durante la campaña había reservado al oficialismo el 94 % de su horario de máxima audiencia. En julio, tras la derrota de Orbán, la televisión pública húngara había hecho algo parecido.
Conmueve que un periodista mire a cámara y admita haber faltado a su oficio. Incomoda, en cambio, que lo haga justo cuando ha dejado de costarle, porque sabe más a adaptación que a arrepentimiento. Parece que el compungido comunicador se excusa ante el nuevo poder en lugar de ante la audiencia, a quien se debe.
El episodio balcánico me recordó otro caribeño, de nuestra propia cosecha. Yunior Smith, rostro del Noticiero Nacional de Televisión y entusiasta participante en las campañas de descrédito contra el Movimiento San Isidro y los manifestantes del 11 de julio, entre otras, escribió en 2022 ―camino a Estados Unidos―, contra el «gobierno endemoniado» (Yunior dixit) que había defendido cada noche en horario estelar.
¿Bastaría con que, tras un cambio de gobierno en Cuba —«cuando la Revolución se venga abajo», como canta Silvio Rodríguez—, Humberto López se diera tres golpes de pecho y pidiera perdón? Con precedente en abril de 1959, ante un tribunal revolucionario, Otto Meruelo aseguró que nunca había usado la televisión para atizar odios. Desde su programa, Por Cuba, había defendido a Batista y señalado a sus opositores con tal celo que el régimen lo nombró capitán honorario de la Policía. Fue condenado a treinta años, cumplió unos veinte y murió en Nueva York en 2011.
Meruelo negó ante el tribunal y Smith se excusó a las puertas del exilio. Ambas actitudes comparten el hecho central de que ninguno se apartó a tiempo y la ética periodística no se ejerce con carácter retroactivo.
La Carta Mundial de Ética para Periodistas, de la Federación Internacional de Periodistas, establece como deber primordial del oficio respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla. El titular del derecho a la información es el ciudadano, no el medio ni el gobierno. Reparar exigiría, más que una disculpa, devolver a la audiencia la información escamoteada, rectificar las difamaciones con el mismo despliegue con que se emitieron, depurar responsabilidades editoriales y, sobre todo, cambiar las reglas que hicieron posible la manipulación. Sin eso, la disculpa no devuelve el buen nombre a los difamados ni la verdad al público; es, a lo sumo, la palabra poco creíble, por interesada, de un desesperado o de un cínico.
La respuesta, entonces, es no, a Humberto López no le bastaría con pedir perdón. Pero tampoco con él cabe repetir el juicio de Meruelo, dictado por una justicia de vencedores sin garantías procesales. Una transición democrática tiene que dirimir responsabilidades con el debido proceso y distinguir grados. No es lo mismo redactar una nota sobre un falso sobrecumplimiento agrícola que difamar en horario estelar a opositores con información suministrada por la Seguridad del Estado, ni esto equivale a la delación que precede a una detención. Lo primero pertenece a la conciencia de cada cual; lo segundo justifica, cuando menos, la inhabilitación para trabajar en medios públicos; lo tercero, corresponde a los tribunales.
Si los medios públicos tienden con tanta frecuencia a servir al gobierno de turno, es legítimo preguntarse si debería haberlos. Solo se justifican en caso de ser independientes, de lo contrario, dejan de ser un servicio y se convierten en un aparato de propaganda financiado por los mismos ciudadanos a quienes manipulan.
La independencia se construye con mecanismos que encarecen el control. Por ejemplo: órganos de gobierno elegidos por mayorías cualificadas que obliguen al consenso, o integrados, como los consejos de radiodifusión alemanes, por universidades, sindicatos, iglesias y asociaciones civiles que diluyan el peso de los partidos; mandatos más largos que la legislatura, para que ningún gobierno llegue con su director bajo el brazo; financiación plurianual fijada por ley, que impida premiar o castigar por vía presupuestaria; consejos de informativos con peso real en los nombramientos editoriales, y un defensor de la audiencia ajeno a la dirección.
No obstante, ninguna de esas reglas vale si puede cambiarse por mayoría simple o por decreto. Por ello, deben estar blindadas en la Constitución o en leyes de mayoría reforzada, y su cumplimiento tiene que vigilarlo un regulador autónomo que audite periódicamente el pluralismo y pueda sancionar a los directivos que lo vulneren. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aplicable desde 2025, ofrece un estándar de referencia. Si un medio público no supera de forma reiterada esas auditorías, la consecuencia debe ser su cierre, no su enésima reforma. Con sus recursos, gestionados con todas las garantías, podrían financiar por concurso un periodismo de servicio público en medios privados y comunitarios.
A estas garantías institucionales habría que sumar la que protege al individuo: una cláusula de conciencia que permita al periodista negarse, sin represalias, a participar en informaciones contrarias a la ética del oficio. Un buen sistema convierte el gesto de apartarse en un derecho protegido.
Pensar desde ahora el sistema de medios de una Cuba democrática —pocos medios públicos, un sector privado y comunitario plural, un regulador autónomo— forma parte del diseño de la democracia misma. Nada de ello bastará, no obstante, sin periodistas dispuestos a sostenerlo. A quienes hoy trabajan en los medios oficiales, y a quienes vendrán, cabe recordarles que el oficio no se debe a aquellos que firman la nómina ni a los que ocupan el poder, sino al público y a la verdad. La mejor disculpa es la que nunca hace falta pronunciar.
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Imagen principal: CiberCuba.
