La profunda crisis que atraviesa Cuba evidencia el agotamiento del sistema económico y político que ha regido el país durante décadas. Superarla exige recuperar la capacidad productiva, mejorar las condiciones de vida y establecer nuevas relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad. En ese contexto, los cinco economistas del proyecto «Cuba Transformación» (Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres, Pavel Vidal y un servidor) proponemos construir una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho, mediante cambios que respondan a las condiciones históricas, económicas y sociales de la isla.
Esta propuesta ha suscitado cuestionamientos basados en las diferencias entre Cuba y las experiencias de Alemania Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, los países nórdicos y diversas democracias latinoamericanas. En algunos casos, se ha sugerido que podría comprometer la soberanía nacional frente a las presiones de Estados Unidos. Estas objeciones merecen discutir sus fundamentos institucionales y sus implicaciones para el país.
Desde «Cuba Transformación» (CT) sostenemos que el desarrollo, la justicia social y el ejercicio efectivo de la soberanía dependen en buena medida de instituciones que garanticen mercados competitivos, derechos, protección social y límites al ejercicio del poder.
La persistencia del modelo económico caracterizado por el predominio de la propiedad estatal, restricciones a la iniciativa privada, ausencia de competencia y subordinación de las decisiones económicas al poder político, ha sido responsable de políticas económicas fallidas que han conducido a la inestabilidad macroeconómica, parálisis productiva, asignación ineficiente de recursos, desincentivos a la innovación y el desarrollo de la productividad. A ello se añade un sistema político que concentra el poder en una cúpula convertida en «clase para sí», limita la participación ciudadana y carece de mecanismos efectivos para el control democrático y la rendición de cuentas. La interacción entre estas estructuras económicas y políticas ha contribuido significativamente al estancamiento económico y al deterioro sostenido de las capacidades productivas del país, con gravísimas consecuencias sociales y políticas que agravan la debacle económica.
Las recientes 176 medidas anunciadas por el gobierno, aunque contemplan una ampliación significativa de los espacios para la actividad privada, mantienen amplios márgenes de discrecionalidad en manos de las estructuras gubernamentales, tanto en el acceso a recursos y oportunidades económicas como en la autorización, control y supervisión de actividades empresariales. La persistencia de privilegios, junto a la ausencia de reglas transparentes y garantías efectivas de igualdad de condiciones para los diferentes actores económicos, limita la posibilidad de que dichas medidas conduzcan a la formación de mercados verdaderamente competitivos. En tales circunstancias, la ampliación de la actividad privada puede coexistir con nuevas formas de concentración del poder económico, comportamientos rentistas y relaciones clientelares.
Es por ello que consideramos que la superación de la crisis exige transformar las instituciones que determinan los incentivos económicos y regulan el ejercicio del poder político. Mientras persistan la asignación discrecional de recursos, las restricciones a la competencia, la opacidad informativa y las dificultades para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales, las reformas no eliminarán las causas fundamentales del colapso.
Agotamiento del modelo de planificación centralizada
Para comprender por qué las reformas parciales no han logrado revertir el deterioro económico, conviene examinar los límites del mecanismo de asignación de recursos que predominó durante décadas. Como expresamos en el documento «Cuba Transformación»: «Todo sistema económico requiere mecanismos que permitan organizar la producción, la distribución y el consumo de bienes, servicios y factores productivos».
¿Tiene sentido retocar el viejo e ineficaz sistema de planificación centralizada, cuando ha demostrado que lejos de promover el desarrollo y el bienestar, profundiza el subdesarrollo y es responsable de forma decisiva del empobrecimiento sistemático de la población? Sin obviar el efecto nocivo de las sanciones económicas estadounidenses por más de sesenta años, la realidad es que el modelo de economía dirigida solo funcionó limitadamente cuando el país gozó de transferencias sistemáticas desde el exterior, desde la Unión Soviética primero y Venezuela después.
Entre las principales limitaciones del modelo agotado señalamos en CT: «los errores sistemáticos en la asignación de recursos; la rigidez ante los cambios tecnológicos, productivos o de la demanda; los incentivos perversos que enfrentan las empresas estatales cuando no están sometidas a competencia, disciplina financiera ni riesgo de quiebra; y las distorsiones de precios que generan escasez, baja calidad de la producción, colas, racionamiento, expansión de los mercados informales y desequilibrios macroeconómicos e intersectoriales». Todo esto ha adquirido «carácter crónico».
La experiencia de la planificación centralizada como sistema económico ha estado asociada a la existencia de un sistema político de partido único autoritario, en el que el pueblo ―en teoría el «soberano» y «propietario» de los medios de producción fundamentales―, carece de mecanismos efectivos para ejercer, tanto la soberanía como su condición de propietario colectivo. Blindados constitucionalmente por el artículo 4, que define como «irrevocable» al sistema socialista, y por el artículo 5, que establece al Partido Comunista como «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado»; el núcleo de poder impuso un modelo que ha empobrecido económicamente y fracturado socialmente a la nación.
Tras numerosas alertas y en medio del colapso, el régimen anunció, en junio de 2026, las 176 medidas. Ellas apuntan a una privatización de amplio alcance ―aunque el gobierno se resista a reconocerlo―, sin plantear asimismo verdaderas transformaciones políticas e institucionales.
Límites de las economías de mercado bajo un régimen autoritario
Abandonar la planificación centralizada y ampliar el espacio del mercado no garantiza, por sí mismo, una transformación institucional favorable al desarrollo. La experiencia histórica demuestra que el predominio del mercado en las relaciones económicas no está necesariamente asociado a la democracia política. Existen economías de mercado bajo regímenes autoritarios, con diversos grados de intervención estatal, en las que la concentración del poder y las facultades discrecionales pueden reproducir privilegios, captura de rentas y desigualdades.
En el caso cubano, la transformación hacia una economía de mercado conservando el sistema político actual, crearía las condiciones para que las empresas puedan encontrar más rentable cultivar relaciones con el poder que invertir en productividad e innovación para ser competitivas. Así lo sugiere la «teoría de la búsqueda de rentas», desarrollada por Gordon Tullock y Anne Krueger.
¿Qué garantías tendrían los empresarios de que las reglas que hoy autorizan su actividad no serán modificadas arbitrariamente más adelante? Como es sabido, la incertidumbre regulatoria eleva el riesgo, acorta los horizontes de inversión y favorece actividades de recuperación rápida del capital invertido, tal y como se demostró en la preferencia de muchos empresarios privados por las actividades comerciales versus las productivas cuando se permitió la creación de mipymes en 2021. Por otra parte, una apertura selectiva puede permitir que ciertos actores acumulen recursos y posiciones dominantes gracias a privilegios administrativos, lo que generaría la aparición y consolidación de élites económicas vinculadas al poder político.
En las recientes licitaciones publicadas por entidades estatales con el fin de arrendar diversos tipos de establecimientos para su operación privada (Gran Caribe, Cimex Habana Oeste, Cimex Holguín, Ministerio de Comercio Interior, entre otros), se aprecian, entre otros problemas: plazos excesivamente cortos para presentar los documentos, información económica incompleta, falta de transparencia, así como altos márgenes de discrecionalidad. Sobre este tema sugiero la lectura del texto de Pedro Monreal «La cuestionable transferencia de activos estatales al control que privado que se está produciendo en Cuba».
Sin libertad de prensa, información pública transparente, organizaciones sindicales, profesionales y empresariales autónomas, pluralismo político y controles independientes a la gestión del gobierno, se facilitan las instituciones extractivas, la corrupción y se dificulta corregir decisiones perjudiciales para la sociedad.
En varios países exsocialistas, incluso cuando hubo crecimiento económico, la transición hacia mercados bajo estados autoritarios ha favorecido la concentración de oportunidades y beneficios entre grupos influyentes, mientras amplios sectores de las respectivas sociedades quedaron marginados.
En China y Vietnam, los partidos comunistas dirigieron procesos de transformación económica e introdujeron ciertos cambios institucionales, pero mantuvieron el monopolio del poder político y el carácter autoritario de sus regímenes. Lograron altas tasas de crecimiento económico, mejoraron la inserción internacional de sus países y redujeron la pobreza, sin embargo, no democratizaron sus sociedades y mantienen elevados niveles de represión contra el disenso. Si sus dirigentes quisieran cambiar la orientación de sus políticas ―como se observó recientemente en China bajo el gobierno de Xi Jinping―, la concentración del poder y la ausencia de contrapesos institucionales les permitirían revertir las reformas económicas mediante modificaciones legislativas gracias a su control de todas las estructuras de poder.
Fallas del mercado y del Estado e importancia de las instituciones
Los riesgos de una apertura económica bajo un régimen autoritario muestran la necesidad de instituciones capaces de limitar la discrecionalidad. Pero tampoco bastaría sustituir los controles administrativos por mercados sin regulación. La liberalización exige construir instituciones que regulen la competencia, protejan los derechos de los agentes económicos y permitan distribuir socialmente los beneficios del crecimiento.
Douglass C. North explicó que las instituciones estructuran incentivos y reducen la incertidumbre. Los mercados requieren derechos de propiedad definidos, contratos exigibles, información confiable y mecanismos independientes de resolución de conflictos. Estas condiciones no surgen espontáneamente, y necesitan garantías estatales sujetas al derecho.
Tal y como ha ocurrido en algunos países exsocialistas, cuando se liberalizan mercados antes controlados por el Estado sin un marco institucional adecuado, quienes tienen acceso privilegiado a capital, divisas, redes comerciales o activos públicos pueden adquirir posiciones dominantes antes de que exista competencia. El riesgo se hace evidente en privatizaciones, concesiones y arrendamientos de activos estatales. Por ello se necesitan políticas de competencia, reglas transparentes de privatización y supervisión independiente para impedir que monopolios estatales se conviertan en monopolios u oligopolios privados.
Resulta iluso pensar que los mercados absolutamente libres y totalmente desregulados proporcionan bienestar de forma automática. Los mercados también pueden asignar recursos de forma ineficiente cuando existen externalidades, tales como la contaminación y el desarrollo industrial o la insuficiente inversión en educación, investigación, innovación y salud; cuando se configuran estructuras de competencia imperfecta, controladas por monopolios y/o oligopolios que pueden influir en los precios, restringir la oferta y/o impedir la entrada de nuevos competidores; cuando existe asimetría de la información que ofrece ventajas a quienes disfrutan del acceso a ella sobre quienes no disponen de ese acceso; cuando no existen las condiciones de aseguramiento de determinados riesgos económicos y sociales, como riesgos catastróficos, enfermedades costosas o inversiones con plazos largos de recuperación; y cuando se crean a partir de decisiones discrecionales del grupo de poder para favorecer relaciones clientelares.
Las fallas del mercado justifican la intervención pública, pero esta tampoco garantiza mejores resultados. Una regulación discrecional puede crear barreras artificiales, favorecer actores particulares y reproducir la búsqueda de rentas. De ahí la importancia de la existencia de autoridades de competencia independientes, reglas transparentes, tribunales capaces de revisar y revocar decisiones administrativas y mecanismos de rendición de cuentas en el marco de un Estado democrático de derecho.
La economía social de mercado como alternativa para Cuba
De la crítica a la planificación centralizada y del reconocimiento de las fallas tanto del mercado como del Estado, se desprende la necesidad de un orden económico que combine libertad económica y garantías institucionales. La economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho, plantea promover eficiencia, innovación, crecimiento y bienestar mediante diversidad de formas de propiedad, competencia e iniciativa empresarial, junto con regulación pública, provisión de bienes públicos, redistribución del ingreso y protección social.
La realidad cubana difiere de la Alemania Occidental de la segunda posguerra, donde Alfred Müller-Armack, Walter Eucken y Ludwig Erhard, entre otros, formularon y desarrollaron la economía social de mercado. También difiere de los países nórdicos, cuyas instituciones, marcadas por tradiciones socialdemócratas, articularon economías de mercado, regulación estatal y pactos entre sindicatos y organizaciones empresariales, con altos niveles de desarrollo y bienestar social.
Esa diversidad muestra que los principios de una economía social de mercado admiten expresiones institucionales distintas, conforme a las circunstancias históricas y las preferencias expresadas democráticamente por cada sociedad. En la propuesta de CT utilizamos el concepto en sentido más amplio, como una «economía de mercado con protección social».
En las condiciones cubanas, la construcción de ese orden económico deberá responder a los desafíos de una economía profundamente descapitalizada, con graves desequilibrios macroeconómicos, infraestructura deteriorada y capacidades productivas debilitadas. Será necesario garantizar la libertad de emprendimiento, restablecer los derechos de propiedad, promover la competencia, asegurar la igualdad de condiciones entre los diversos actores económicos y desarrollar mercados de factores productivos. Además, la recuperación económica requerirá una profunda transformación del sistema financiero, apertura a la inversión extranjera, inserción competitiva en los mercados internacionales y políticas públicas que contribuyan a reconstruir la infraestructura y diversificar la estructura productiva.
Las transformaciones económicas profundas suelen producir costos de ajuste que se concentran en determinados sectores sociales vulnerables, muy especialmente en la población adulta mayor, que carece de posibilidades de competir en el mercado laboral. La reestructuración de empresas estatales, eliminación de subsidios, liberalización de precios y apertura a la competencia, entre otros efectos de los cambios, pueden generar desempleo transitorio, pérdida de ingresos reales y dificultades de acceso a bienes y servicios esenciales y, en consecuencia, producir el empobrecimiento de parte considerable de la población. Esto último está ocurriendo de forma acelerada en amplios sectores de la sociedad cubana desde hace varios años.
Por ello resulta imprescindible priorizar la recuperación de los sistemas de protección social, garantizar los servicios esenciales y establecer mecanismos redistributivos que reduzcan desigualdades y amplíen oportunidades. En tal sentido, el Estado necesitará capacidades institucionales y fiscales suficientes, con políticas transparentes sometidas a evaluación y control ciudadano. Pero nada de esto será posible sin que se produzca la recuperación de la actividad productiva de bienes y servicios.
Soberanía nacional, autonomía económica y democracia
La viabilidad de esta transformación plantea, además, una cuestión fundamental para Cuba: su relación con la independencia nacional. Como establecemos en CT, preservar la soberanía nacional es un principio irrenunciable de la transformación económica, política e institucional propuesta. Cuba tiene derecho a determinar libremente su destino, instituciones y estrategia de desarrollo. La economía social de mercado y el Estado democrático de derecho son compatibles con ello y deben construirse mediante decisión soberana de los cubanos, sin imposiciones externas ni subordinación a otros Estados, pero de forma democrática, eligiendo libremente entre las diversas alternativas políticas que normalmente se conforman en condiciones de libertad ciudadana.
Ahora bien, un Estado puede conservar formalmente su independencia política y, al mismo tiempo, disponer de márgenes muy limitados de autonomía cuando su funcionamiento económico depende de manera decisiva de recursos, financiamiento, suministros estratégicos o relaciones preferenciales con otros países. La experiencia cubana resulta particularmente ilustrativa.
Durante décadas, la viabilidad del modelo económico estuvo estrechamente vinculada a transferencias y relaciones económicas preferenciales, primero con la Unión Soviética y posteriormente, bajo modalidades diferentes, con Venezuela. Ello permitió sostener actividades productivas, servicios y niveles de consumo que la economía nacional no estaba en condiciones de financiar con recursos propios, pero también generó vulnerabilidades que se hicieron evidentes cuando cambiaron las condiciones económicas y políticas de esos vínculos.
La dependencia es especialmente problemática cuando se concentra en pocos socios y afecta suministros indispensables. Robert Keohane y Joseph Nye han mostrado cómo la interdependencia asimétrica puede ampliar la capacidad de influencia de unos actores sobre otros. La soberanía efectiva depende también de contar con capacidad para afrontar perturbaciones externas.
En Cuba, en la medida que se ha deteriorado la economía y colapsado su sistema productivo, se incrementó notablemente la dependencia externa para enfrentar necesidades básicas, y se cuenta con cada vez menos opciones alternativas para enfrentar las perturbaciones derivadas del agravamiento del entorno internacional.
Esta reflexión no desconoce el impacto negativo que han tenido las sanciones económicas estadounidenses sobre Cuba, ni omite la necesidad de promover su eliminación. Tales restricciones afectan las posibilidades de comercio, financiamiento e inversión y contribuyen a agravar las dificultades de la economía nacional. Sin embargo, como he expresado muchas veces, su existencia tampoco permite soslayar las deficiencias estructurales del modelo económico cubano, cuya baja productividad, insuficiente diversificación, limitada capacidad de generación de divisas y políticas económicas fallidas han incrementado la vulnerabilidad del país.
La superación de estas condiciones exige actuar sobre ambos factores, mediante la normalización de las relaciones económicas internacionales y una transformación profunda de las instituciones y políticas económicas nacionales; no porque lo imponga una potencia extranjera, sino porque es una necesidad sentida por gran parte de la sociedad.
En una economía pequeña y abierta como la cubana, la soberanía económica tampoco puede identificarse con la autosuficiencia. La participación en el comercio internacional, la atracción de inversiones extranjeras, el acceso a financiamiento multilateral y la cooperación con otros países, contribuyen decisivamente a recuperar las capacidades productivas y mejorar el bienestar de la población. Resulta esencial que esas relaciones se desarrollen mediante acuerdos transparentes, libremente negociados y compatibles con los intereses nacionales, pero la reconstrucción de las relaciones económicas con el resto del mundo requiere también de instituciones políticas y económicas creíbles, que no es el caso de las actuales.
Existe, además, una dimensión interna de la soberanía que resulta inseparable de la transformación institucional propuesta. Si la soberanía reside en el pueblo, su ejercicio requiere que los ciudadanos dispongan de mecanismos efectivos para participar en las decisiones públicas, elegir y controlar a sus gobernantes, expresar libremente sus opiniones y exigir responsabilidades a los gobernantes. La concentración de decisiones fundamentales en un reducido grupo dirigente, sin controles democráticos ni posibilidades efectivas de alternancia política, restringe el ejercicio de la soberanía popular, aunque el Estado conserve formalmente su independencia frente al exterior. En tal sentido, la soberanía nacional adquiere así una dimensión democrática que vincula la independencia del país con los derechos políticos de sus ciudadanos.
La economía social de mercado y el Estado democrático de derecho pueden fortalecer las bases materiales e institucionales de la soberanía cubana. Recuperar la producción, diversificar las relaciones internacionales y democratizar las instituciones ampliaría tanto la autonomía frente a condicionamientos externos como la capacidad ciudadana de decidir sobre los asuntos nacionales. La transformación debe respetar plenamente la independencia y la integridad territorial de Cuba, y hacer que la soberanía se exprese en el bienestar, los derechos y la libertad plena de los cubanos.
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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.
