Algunas precisiones a la resolución presidencial de indulto masivo

Los medios oficiales acaban de anunciar la puesta en vigor de la resolución presidencial 1212 de 2026, según la cual el Presidente de la República, en uso de las atribuciones que le concede la Constitución, decreta el indulto de 2 010 personas que cumplían sentencia firme impuesta por los tribunales. En la resolución se especifica que la medida se toma «En gesto humanitario y soberano, como práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal, y en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa».

1. Más que opinar sobre el decreto en sí mismo, lo cual ya se ha hecho desde distintos ángulos, coincidentes en esencia, me tomo la libertad de hacer unas observaciones sobre lo afirmado en el «Por cuanto» de la resolución, pues me parece digno de análisis. En él se asevera que la resolución presidencial:

a. Se firma «de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Indultos, de 15 de agosto de 1919», modificada en diciembre de 1978.

b. Es un «gesto humanitario y soberano» de las autoridades cubanas.

c. Se pone en vigor en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa (esto es: una celebración cristiana).

Según esos enunciados, la ley de indultos vigente en Cuba tiene más de un siglo de aprobada, y sus modificaciones se hicieron hace cuarenta y ocho años (1978, durante la primera legislatura de la Asamblea Nacional; recordemos que andamos por la décima legislatura).

Siendo así, cabe preguntarse: ¿Es la de 1919 una norma tan perfecta y previsora que se adapta a la realidad del país a más de un siglo de promulgada? Si las únicas modificaciones a la norma fueron realizadas en 1978, ¿acaso no se han producido, de entonces acá, transformaciones de todo tipo en el sistema legal, jurídico y penal del país, y además se han aprobado una nueva Constitución y un nuevo Código Penal?

Supongo que nuestros ilustres juristas cuentan con excelentes argumentos para responder esas preguntas, así que les dejo a ellos la tarea de resolver las dudas e inquietudes que albergan personas ignorantes de las leyes, como yo.

Tampoco me resulta exacta la declaración de que el indulto es «un gesto humanitario» de las actuales autoridades: Estas solo han ejecutado algo que existía desde cuando la República estaba en pañales. En puridad, el adjetivo «humanitario» se debería aplicar a los legisladores que, hace más de cien años, aprobaron la referida ley para beneficiar a personas que habían demostrado buen comportamiento y arrepentimiento por el delito cometido. De modo que el actual Presidente solo cumple lo estipulado por una ley antiquísima del país, no ha realizado ningún «gesto humanitario» al hacerlo.

2. La afirmación de que se trata de un «gesto soberano» también me parece difícil de sostener.

Si el indulto decretado ―por cierto, los diccionarios consultados se refieren a «indulto» como algo individual, no masivo, pero pasemos por alto tal exquisitez lingüística― se hubiera producido como respuesta a una exigencia popular; es decir, para satisfacer una petición de la población (como la efectivamente entregada a las autoridades el pasado 4 de febrero solicitando se discuta una una ley de amnistía), o para festejar una fecha patria, o por cualquier otro motivo referido a la vida de la nación, sin que esté presente algún tipo de presión de gobiernos extranjeros, el indulto podría considerarse un gesto soberano del Estado cubano, pues este habría actuado, como es su obligación, para satisfacer una demanda de la ciudadanía, o por cualquier otra circunstancia nacional que lo ameritara. Pero es demasiado evidente que no se trata de eso; hay que estar muy alienado de la realidad nacional para no advertir que el gesto se puede clasificar de cualquier modo, pero no como soberano.

Muchos cubanos llevamos años reclamando, con los escasos medios de que disponemos, la amnistía para quienes han sido condenados en ocasión de ejercer el derecho a la protesta pacífica, consagrado en el artículo 56 de la Constitución vigente. Sin ningún apoyo de los medios de difusión oficiales, sin posibilidad alguna de divulgación más que por redes sociales y vías personales, hasta el momento se han recogido miles de firmas que reclaman amnistía. Dichas firmas están en manos de las autoridades competentes, sin embargo, los gobernantes del país no se han dado por enterados de ese reclamo popular, el cual, desde luego, la prensa oficial nunca ha mencionado.

En resumen: El indulto no se ha producido como respuesta al reclamo de un sector de la población.

En cambio: La amnistía para los presos políticos es una de las principales exigencias del gobierno norteamericano a los gobernantes cubanos. Otras son la celebración de elecciones verdaderas, la libertad de prensa y la abolición del sistema de partido único. No descubro nada nuevo al afirmarlo, es de conocimiento público.

Qué rara coincidencia que el decreto de indulto se anuncia precisamente en estos momentos, en medio de las mayores presiones de Estados Unidos contra el gobierno cubano, con medidas que van desde el cerco financiero internacional más estrecho hasta el petrolero, las amenazas, veladas o cada vez más explícitas, de agresión militar, y el anuncio de medidas dirigidas contra sus figuras más prominentes, incluidas las denuncias ante tribunales por delitos de sangre. Y qué coincidencia, también, que se produzca en un ambiente matizado por anuncios y desmentidos sobre conversaciones, rodeadas de total opacidad, entre representantes de ambos gobiernos.

Ante esas circunstancias, para mí, creer que el indulto responde a un gesto soberano de las autoridades cubanas es un acto de fe religiosa.

Por otra parte, este indulto masivo no aparece en un momento de relativa tranquilidad ciudadana, sino todo lo contrario, de desesperación y ausencia de fe entre las masas en que la situación pueda mejorar con la actual conducción del país, y con mucho miedo al día de mañana.

Por más que los medios oficiales intenten mostrar otra imagen, también existe una cada vez menos disimulada pérdida de credibilidad de las instituciones del Estado, en particular el parlamento (complaciente al punto de aplaudir en la mañana a una ministra y deshacerse en elogios a su discurso, y por la tarde aplaudir las palabras del presidente del país cuando se desmarca —incluso sin condenarla expresamente— de lo afirmado por la ministra) y los tribunales (cuyo presidente, al tomar posesión del cargo, no declaró su compromiso con la ley, la justicia o la verdad, sino con la Revolución; eso es, el Partido y el gobierno). Del mismo modo, disminuye también la credibilidad de las principales figuras públicas, en especial las que encabezan el Estado y el gobierno.

A pesar de las «manifestaciones masivas de apoyo» y de una bastante dudosa recogida de «firmas por la patria», que alcanzó niveles de absurdo pocas veces vistos, son frecuentes las manifestaciones espontáneas de disgusto popular contra el gobierno.

Las reclamaciones de amnistía que desde hace años se realizan, y crecen a pesar de no contar con acceso a los medios controlados por el Estado, se refieren, en su mayoría, a personas que han sido encarceladas precisamente por expresar en público su descontento con el actuar del gobierno, aunque condenadas por supuestos «delitos comunes» (desacato, sedición…), pretexto por el cual no son clasificadas como presos políticos por las autoridades.

Tales encarcelamientos son inconstitucionales, pues reprimen la aplicación ciudadana de un derecho establecido por la Constitución.

Si quien escribió que el reciente indulto masivo es un gesto humanitario y soberano cree en su afirmación, con ello demuestra que los gobernantes cubanos están totalmente alienados de la realidad del país, pues no es ni lo uno ni lo otro.

En realidad, se trata de un movimiento táctico para engañar al rival en el juego y ganar tiempo: Poner en libertad a unos pocos presos políticos junto a un conjunto varias veces superior de presos comunes, y dejar que la ambigüedad flote en el ambiente.

Como de eso ya han hablado otras personas mejor documentadas que yo, no voy a detenerme en el punto.

Veamos la tercera afirmación y sus implicaciones.

3. El enunciado de que el indulto se realiza «en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa» intenta ocultar la realidad de que es un movimiento para ganar tiempo realizado bajo presión, pero a la vez plantea un problema legal trascendente: Está en contradicción con la Constitución vigente.

Según la Constitución, el Estado cubano es laico. Eso significa que cada persona es libre de seguir la fe de su preferencia, o no seguir ninguna, pero también significa que ninguna religión o fe está sobre las demás, como tampoco la falta de ellas: espiritismo, judaísmo, cristianismo católico o no católico, creencias afrocubanas, islamismo, hinduismo, ateísmo…, todas son iguales. Por una parte, todos los ciudadanos son libres de adherirse, o no, a alguna de ellas. Por otra, y ello no es nada despreciable ante la ley, la Constitución prohíbe a las instituciones del Estado privilegiar unas confesiones sobre otras.

Siendo así, firmar un indulto masivo «en el contexto» de una fiesta cristiana y no en el de una musulmana, judía, hindú, afrocubana…, ¿no es privilegiar a los fieles cristianos? ¿Por qué no hacerlo en una fecha neutral, patriótica, o políticamente relevante?

Antes de seguir, dejemos algo claro: Nadie se opone a que se excarcele a alguien si su comportamiento lo amerita. Todos cometemos errores, todos podemos rectificar. El problema está en los trasfondos de ese «gesto humanitario y soberano», y en que se aplica en contradicción con la ley de leyes de la nación.

Dedicar un hecho tan trascendental como un indulto masivo a una confesión en particular de las presentes en el país es una clara violación del artículo 15 de la Constitución cubana: «El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. El Estado cubano es laico. En la República de Cuba las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración».

Si el cubano fuera un Estado de derecho, como proclama, y además laico, ese «contexto» resulta improcedente, pues constituye una violación de lo establecido por el artículo 15 de la Constitución. Si el parlamento cubano cumpliera su obligación de proteger el texto constitucional, como han jurado uno por uno los diputados, debería exigir al gobierno regresar de inmediato a la constitucionalidad resolviendo el ilícito creado (pasemos por alto, de momento que hay otros mandatos constitucionales que el gobierno cubano viola a diario y sobre los cuales el parlamento guarda silencio…, o es cómplice).

Desde luego, sería injusto e inhumano reclamar la abolición del indulto masivo; la libertad y los sentimientos de las personas no debieran estar a expensas de rejuegos políticos.

Para restablecer el equilibrio en el tratamiento a las diferentes confesiones reconocidas en el país y no mostrar preferencia por alguna, el Estado cubano debería ejecutar de inmediato acciones de relevancia similar a la del indulto masivo acabado de aprobar, y enmarcarlas en el contexto de fiestas importantes del resto de las confesiones. Ello, además, podría contribuir a mejorar el problema de falta de credibilidad que enfrentan, aunque no lo acepten, las autoridades del país y sus instituciones.

4. Tomando en cuenta reclamos que están en boca de la población, que no encuentran eco en los medios oficiales, pero inundan las redes sociales y los medios no oficiales, me permito presentar una propuesta que podría contribuir a borrar la imagen de que el Estado cubano privilegia a las confesiones cristianas por encima de las demás. Como valor añadido, la aplicación de esta propuesta también ayudaría a clarificar el ambiente político del país, bastante enrarecido y que nada bueno augura para futuro inmediato.

Algo no menos importante: Sus resultados demostrarían cuál es la verdadera voluntad de la mayoría del pueblo cubano. Si el gobierno, como afirma, respeta la voluntad popular, aceptaría dichos resultados y realizaría los cambios de rumbo imprescindibles para el bien de la nación, sin presiones extranjeras y sin empujar al país a confrontaciones de resultados catastróficos.

Como forma de demostrar que vivimos en un Estado de derecho que respeta la Constitución, y, además, para poder afirmar con hechos concretos que gozan del favor del pueblo y lo representan con honor, los gobernantes cubanos deberían anunciar medidas como las que relaciono a continuación. Si se hacen concordar con el calendario de las principales fiestas religiosas de las confesiones presentes en el país (afrocubana, judía, musulmana…), se demostraría, además, que el Estado no privilegia ninguna:

a) Puesta en vigor de artículos de la Constitución que hasta hoy son letra muerta para nuestros gobernantes, como los referidos a la libertad de expresión o de manifestación pacífica.  

b) Firma de un decreto presidencial que disponga la amnistía total y definitiva para todos los condenados en virtud de su participación en protestas públicas o por haberse expresado de palabra o por escrito contra las autoridades. No indulto, no excarcelación: amnistía total para todos los presos políticos y libre reinserción en la sociedad.

c) Firma de un decreto presidencial, complementario del anterior, que disponga la reposición en sus puestos de trabajo de quienes hayan sido separados de ellos por haberse expresado de palabra o por escrito contra las autoridades o el sistema político del país.

d) Convocatoria a un plebiscito (con todos los requisitos que el término implica, incluidas transparencia y presencia internacional), donde la población exprese libremente:

• su aprobación o rechazo al actual gobierno. Una única pregunta: «Está usted de acuerdo con la composición actual del gobierno cubano: Sí No».

• si confirma o desmiente la repetida afirmación del presidente de que renunciaría si se demostrara que no cuenta con el apoyo del pueblo. Una única pregunta: «Está usted de acuerdo con el actual presidente de la República: Sí No».

• su conformidad o inconformidad con la actual ley electoral. Una única pregunta: «Está usted de acuerdo con la actual ley electoral: Sí No».

• su conformidad o inconformidad con el sistema de partido único. Una única pregunta: «Está usted de acuerdo con el sistema de partido único: Sí No».

5. No creo que las autoridades cubanas tomen en cuenta nada de lo que propongo en el punto 4, desde luego, pues se arriesgarían a confrontar su discurso con la realidad y a admitir que su accionar y los intereses de la ciudadanía no marchan por el mismo camino. Tampoco creo que mi propuesta guste a una parte de los opositores, pero es una opción que podría conducir a una salida decorosa para todos. Y sin más participación extranjera que la internacionalmente aceptada como garantía de transparencia en el plebiscito.

La doctora Alina Bárbara López acaba de publicar un artículo donde analiza muy acertadamente la complicada situación del gobierno cubano, que, si bien viola los mandatos constitucionales según su conveniencia (sea con un Código penal que lo contradice, sea con la no puesta en vigor de los derechos consagrados en la Constitución, sea con el desconocimiento del artículo 15, como en el caso del actual indulto), en cambio está obligado a obedecer otros, como los que definen a Cuba como país socialista sin posibilidad de modificación, imponen la supremacía del PCC sobre el resto de las instituciones, o rechazan la posibilidad de  firmar tratados en condiciones de desigualdad.

(Como el artículo de la doctora Alina Bárbara es contundente, remito a él a quienes deseen abundar en el tema).

Con esa coyunda, las negociaciones (negadas, confirmadas, vueltas a negar...) con las autoridades norteamericanas son un verdadero juego de ajedrez…, aunque a veces parecen más una pieza de teatro. Para mí, el actual decreto mediante el cual se indultan 2 010 sancionados es eso: una puesta en escena, pero del teatro del absurdo. Obsérvese:

La parte norteamericana presenta varias exigencias; de ellas, la amnistía es la más fácil de cumplir. Pero las autoridades cubanas no pueden admitir que han cedido en algo, pues, además de que ello lacera el discurso histórico de resistencia a toda costa y confrontación a como dé lugar, conceder algo bajo presión está prohibido por los artículos de la Constitución con que se blinda el gobierno.

Para resolver el dilema, el indulto masivo se presenta como un gesto de caridad cristiana por Semana Santa, aunque con ello se pasa por alto el carácter laico de la República. (Obsérvese la inferencia: Para las autoridades cubanas, algunos artículos de la Constitución son obligatorios; otros, opcionales).

Por otra parte, para el gobierno, amnistiar opositores resulta un trago demasiado amargo, pues es lo mismo que sacar de las prisiones a personas que se han atrevido a gritarles ineptos y cosas peores. La solución encontrada fue la misma aplicada en ocasiones anteriores: Dejar en libertad unos pocos de esos «revoltosos», nunca los más mediáticos o recalcitrantes, junto con un montón de presos comunes a quienes ya no habrá que cuidar y alimentar, y anunciar «Hemos indultado a 2 010 personas». Con ello, además, se deja espacio libre para nuevos inquilinos, si hubiera que sacar de circulación a más protestones.

A la parte norteamericana, también necesitada de resultados para mostrar que ha arrebatado algo al gobierno cubano (por tanto, fácil de contentar), se le presenta una lista impresionante de indultados, ¿quién va a ponerse a revisar los nombres, uno por uno, para comprobar si en tal caso se trata de un ladrón de motocicletas o de un manifestante del 11 de julio?

6. Como conclusión: No me detengo en pormenores que lo demuestren, pues es evidente que el indulto de 2 010 cubanos no responde a la exigencia de amnistía expresada por parte de la ciudadanía desde hace años, sino que se trata de un movimiento más en un peligroso juego de posiciones entre dos contendientes, cuyo único perdedor será siempre el pueblo cubano. Como afirma el proverbio africano: Cuando dos elefantes pelean, quien pierde es la hierba.

Como daño adicional por el actual estado de cosas, crece en la población, y ya es aceptada por una parte no pequeña de la oposición al gobierno, la idea de que la única solución a los problemas de Cuba es una intervención extranjera. No comparto la idea, pero entiendo a muchos de quienes la sostienen: Es consecuencia de la desesperación.

Esa pérdida de la fe en nosotros mismos es mucho más grave de lo que somos capaces de imaginar. Pero los gobernantes cubanos parecieran no darse por enterados, y acuden a los discursos y recursos de siempre. ¿Alguien piensa en Cuba, en su pueblo?

¿Y los diputados, supuestamente elegidos para representar los intereses de la población? Ellos debieran marcar la diferencia y salvar al país, pero no lo hacen.

Si el parlamento cubano realmente representara los intereses de la ciudadanía, exigiría al gobierno la inmediata puesta en vigor de los derechos refrendados por la Constitución, proclamaría una amnistía general verdadera, y llamaría a un plebiscito real (con total privacidad de voto, con derecho al debate público y respetuoso de opiniones, con observación internacional…) donde quede plasmado lo que en realidad piensa y quiere el pueblo.

¿Será eso posible? En realidad, no lo creo, dada la actuación de la Asamblea Nacional en cinco décadas.

Siendo así, a los ciudadanos preocupados por el futuro de la patria no nos queda más alternativa que insistir en los reclamos de #AmnistiaYa, #Articulo56Ya, #TransparenciaYa.

Y añadir y hacer viral este otro: #PlebiscitoYa

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.