Cualquier proceso de transición que se abra en Cuba tendrá que partir de la expropiación de las propiedades, negocios y cuentas bancarias de la familia Castro y sus testaferros nacionales y extranjeros, por haber sido obtenidas mediante el robo y la usurpación de propiedad pública perteneciente al pueblo, iniciada por Castro I desde los inicios de la mal llamada Revolución en el Poder. Los expropiadores deberán ser expropiados y sus cuentas confiscadas.