¿Deberían proscribirse el Partido Comunista y otros de izquierda en un escenario de democracia en Cuba?

El proyecto CubaXCuba - Laboratorio de Pensamiento Cívico, ha promovido el debate acerca de la pertinencia de proscribir, o no, los partidos de izquierda, con énfasis en el actual Partido Comunista de Cuba. Lo que en este texto se expone no es resultado de un análisis histórico, sociológico, legal o político; se trata solo de una opinión.

Es innegable que la nación cubana ha sido destruida, literalmente, bajo el mando prologado del Partido Comunista de Cuba, de esencia izquierdista autoproclamada. El aumento de la pobreza, la separación de las familias y la destrucción del tejido social son, tal vez, los signos más evidentes. No obstante, esta autora no considera apropiada su proscripción en un ambiente democrático. A continuación, se exponen algunos elementos de juicio.

Un partido político es una organización que, a diferencia de otras, tiene como fin esencial acceder al poder y mantenerse ejerciéndolo, con independencia de su signo ideológico. Como cualquier otra organización, los partidos políticos se integran por personas, quienes son responsables de concretar sus propósitos y cumplir sus reglamentos y los principios establecidos en sus estatutos. La organización no tiene voz propia; en sí misma, no es responsable de que su nombre se use con el fin de perpetuar el poder de dinastías y sus acólitos. Por otro lado, también en opinión de esta autora, las concepciones actuales de las derechas y las izquierdas son adecuaciones intencionadas, y hasta tergiversadas, de las del contexto que les dio origen.

Cualquiera se entusiasma al leer los estatutos del actual PCC. Otra cosa, muy diferente, han sido las prácticas desde su fundación en 1975. Según el documento, un militante comunista es, ante todo, ejemplo de humildad, honestidad, austeridad y altruismo; es transparente, autocrítico y está en sintonía directa con el pueblo. ¿Cuántas de esas cualidades exhiben los principales dirigentes del PCC? ¿Acaso creen que ir a un barrio después de un desastre, o pasar horas en un despacho de carga de la UNE cuando falla el SEN, por ejemplo, es estar en sintonía con el pueblo? ¿Acaso pedir resistencia en una tribuna y culpar a otros por el desastre propio mientras se disfruta de las mieles del poder, o mentir deliberadamente, una y otra vez, se corresponde con las cualidades de un militante comunista expresadas en los estatutos de la organización? ¿Acaso tolerar los abusos forma parte del ideal comunista? Es decir, no ha sido el partido, sino sus militantes, quienes secuestraron y destruyeron el país, quienes violan derechos, quienes traicionaron la idea original de una organización que, supuestamente, nació como «el alma de una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes».

No son los estatutos del PCC, como organización, los que promueven la exclusión política; han sido, y son, sus dirigentes, apoyados en una institución como la Seguridad del Estado, quienes persiguieron, sancionaron, y hasta eliminaron cualquier propuesta contraria desde el primero de enero de 1959. Fueron esos mismos dirigentes quienes traicionaron la idea de restaurar la democracia que prometieron los entonces revolucionarios. Por eso opino que proscribir el PCC sería un acto de venganza y no de justicia transicional.

Aplicar el principio de que las minorías se supeditan a los designios de las mayorías −una de las prácticas más criticadas del PCC− es adecuado en contextos carentes de consenso. Sin embargo, utilizarlo para conceder a las mayorías el derecho de eliminar derechos de los demás, como ocurrió en el Referendo que aprobó constitucionalmente el unipartidismo y la irrevocabilidad del socialismo, viola el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, fueron los dirigentes de esa organización, quienes decidieron extrapolar el uso del método a un contexto donde es inaceptable y, en combinación con la anulación de voces y propaganda contrarias, aprovecharon el miedo y la apatía incrustados por décadas en las mayorías con el propósito de perpetuarse en el poder.

Todos los militantes, tanto del PCC como de su «hija», la UJC, son culpables: unos por decisión y otros por resiliencia, oportunismo, o simple omisión. La opción de no pertenecer y de no aceptar la coerción siempre han existido. Ninguna violación de derechos, por leve que sea, debería quedar impune. Pero de ahí a proscribir el partido va un buen tramo. Un sistema que discrimina opiniones políticas que no violan derechos de los demás, no es un «Estado de Derecho», ni es democrático, por mucho que lo proclame.

Lo esencial no es cómo se ve a sí misma una organización, sino cómo la ven quienes ejercen su derecho al voto. Los cubanos estuvimos mucho tiempo aislados entre nosotros; la dirigencia partidista se encargó de ello, secuestrando a la prensa, a las organizaciones de masas y sociales, a las instituciones armadas y al mismísimo Estado con todos sus poderes. Los miembros de una organización podrían verse a sí mismos como la locomotora que tira del tren, pero quienes votan la verán como lo que realmente sea; la locomotora, un vagón o, simplemente, el cabú.

Con la llegada de Internet y el acceso a tanta historia ocultada por el oficialismo, con los resultados mostrados por el PCC en su gestión, aun sin lograr entender los programas de otros partidos, el cubano puede no tener idea de por quién votar en unas elecciones libres, pero a estas alturas, sí es capaz de identificar por quién no hacerlo.

En principio, una Constitución que no otorgue supremacía alguna sobre el Estado a ningún partido político, una ley de asociaciones que proscriba aquellas que promuevan la discriminación y la violencia ―incluyendo instituciones como la hoy llamada Seguridad del Estado―, un sistema electoral transparente que garantice la participación popular y el respeto a la pluralidad desde la base, así como la inhabilitación de miembros activos de los cuerpos armados para formar parte de los poderes del Estado, deberían ser suficientes para que ni el PCC, ni ninguna otra organización política pueda, legalmente, secuestrar el poder y perpetuarse.

La pregunta que queda es, entonces, ¿cómo pudiera solucionar el problema un pueblo desarmado, jurídicamente desprotegido, reprimido y, para colmo, abandonado a su suerte por los que dicen ser sus representantes? Pero eso es material para textos mucho más extensos y argumentados.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.