Todos los militantes, tanto del PCC como de su «hija», la UJC, son culpables: unos por decisión y otros por resiliencia, oportunismo, o simple omisión. La opción de no pertenecer y de no aceptar la coerción siempre han existido. Ninguna violación de derechos, por leve que sea, debería quedar impune. Pero de ahí a proscribir el partido va un buen tramo. Un sistema que discrimina opiniones políticas que no violan derechos de los demás, no es un «Estado de Derecho», ni es democrático, por mucho que lo proclame.