La «piñata» de GAESA & asociados
Tras las recientes declaraciones de Trump-Rubio sobre la probable demora de cambios en Cuba y las filtraciones acerca de la puja entre grupos financieros estadounidenses por acceder a la explotación del níquel y el cobalto de Moa, crecen como setas los artículos y declaraciones cargados de frustración y ansiedad. Sin embargo, no debían causar tanta extrañeza si se observa lo que ha ocurrido en Venezuela y si buscamos en la historia para hacer análisis prospectivos. Hacerlo nos dice que los procesos de transición de regímenes totalitarios a democráticos han sido internos, aunque con fuerte influencia de factores externos.
Siendo así, adquiere cada vez mayor incidencia la cuestión de la cuota de poder político y económico que podría conservar en el nuevo contexto el grupo de poder hegemónico de la familia Castro y sus allegados. De hecho, a pesar de las protestas internas y las presiones externas, en este momento están haciendo todo lo posible por preservar la parte fundamental de sus posesiones y privilegios desde posiciones de fuerza, cuando aún disfrutan del monopolio absoluto del poder.
En esta coyuntura, muchos opinan que tratarán de repetir los procesos de privatización desde arriba ocurridos en los países del antiguo campo socialista y la URSS, donde los grandes burócratas se aliaron con los poderosos jefes de las mafias de la economía sumergida. Sin embargo, no existe comparación entre aquellos barones de la economía subterránea del entorno soviético, y el «raterismo» y la «resolvedera» que imperan entre sus homólogos cubanos. En cambio, aquí cerca, en la Nicaragua sandinista de 1990, copada por miles de dirigentes, cuadros y agentes cubanos, se efectuó un proceso que bien podría ser el modelo escogido por los mandamases insulares a la hora de consumar sus 176 medidas de privatización. La «piñata» sandinista podría replicarse, tres décadas después, como la de GAESA & asociados.
La «piñata» sandinista
Tras la victoria de las fuerzas rebeldes contra la corrupta oligarquía militar de la familia Somoza (1979), la entrada triunfal de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Managua pareció un deja vu de la de la Caravana de la Libertad a La Habana en 1959. No era para menos, pues habían sido entrenados, apertrechados y asesorados por la Inteligencia cubana y tenían a Fidel Castro por su mentor político y sostén económico. Inicialmente, su calco de la Revolución Cubana se plasmó en el intento de implantar un Estado socialista en lugar de la democracia pluralista por la que tantos habían luchado durante medio siglo.
Cuando la oposición campesina se lanzó a las montañas y creó el Ejército de Resistencia Nacional («la Contra»), auxiliado a manos llenas por la CIA, la ayuda militar de Cuba llegó de inmediato, dirigida por el famoso Arnaldo Ochoa, quien formó unas poderosas FFAA, provistas de armamento soviético y apoyadas por radicales llegados de todo el mundo, desde exguerrilleros latinoamericanos hasta muyahidines libios y palestinos. No obstante, la extensión y violencia del conflicto provocó tal destrucción económica y crisis social que, a mediados de los ochenta, los sandinistas se vieron obligados a negociar con la oposición el fin de la guerra civil y la convocatoria a elecciones libres. (1)
El 25 de febrero de 1990, la candidata opositora Violeta Chamorro ganó sorprendentemente la presidencia con el 55% del voto popular. Por primera vez un gobierno de izquierda perdía el poder en LATAM mediante elecciones. Pero, antes de entregarlo, y teniendo aún en sus manos los principales poderes civiles y militares, los sandinistas aprobaron un trío de leyes (85, 86 y 88) (2) que le permitió pasar a nombre de sus principales figuras y acólitos: cuentas bancarias estatales, fábricas, fincas, residencias y otros negocios.
El gobierno electo accedió a ello como parte de la transición. O sea, «en nombre de la paz», le compraron la silla presidencial a la élite sandinista, dueña de las armas y con miles de combatientes activos, a cambio de recibirlos en la oligarquía como dueños legítimos de empresas y propiedades que eran públicos hasta entonces, aunque muchos habían sido expropiados antes a capitalistas nacionales y extranjeros, exiliados y sancionados por los tribunales sandinistas. (3) A ese vergonzoso proceso de robo de la propiedad pública se le denominó «La Piñata».
La convivencia con la élite sandinista se reafirmó cuando la presidenta Chamorro mantuvo a Humberto Ortega como jefe del ejército y a otros dirigentes sandinistas al frente de la policía nacional y los aparatos de inteligencia. Los posteriores gobiernos conservadores de Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2006), con sus antipopulares Programas de Ajuste Estructural (PAE) diseñados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no pudieron sofocar al FSLN y, por el contrario, llegaron a depender de él para mantenerse funcionales a cambio de preservarles sus posesiones. (4)
Como dijera un contemporáneo: «Si ése es el coste final para que acaben de largarse, se paga el precio, y hasta se les entregan las campanas de la iglesia, como se hacía con los piratas de El Drake cuando exigían el rescate de alguna población aterrorizada. El problema es que realmente no se van. Estos piratas cobran el rescate y se quedan». (5) Efectivamente, el FSLN se mantuvo como una alternativa de oposición activa y poderosa en las calles, las FFAA y la Asamblea Nacional, al punto que, en 2007, Daniel Ortega pudo retornar a la presidencia por vía electoral, ligado a su consorte Rosario Murillo, tras adoptar una nueva faz mesiánico-religiosa de supuesta «revolución espiritual» basada en «Amor, reconciliación y perdón». Ya sabemos adónde vino a parar ese misticismo guerrillero.
¿Cuánto de asesoría cubana hubo en la metamorfosis social de la cúpula del FSLN mediante «la piñata»? ¿Existen semejanzas entre la Nicaragua de los noventa y la Cuba actual? ¿Será ese el tipo de apertura que nos prometen las 176 medidas?
¿Habrá «piñata» para GAESA?
Es difícil precisar el rol de la asesoría cubana en la consumación de «la piñata». No tengo evidencia al respecto, salvo la que mana de su ejemplo. Es que cuando el «desmerengamiento» de la URSS y el campo socialista dejaba a sus cachorros latinoamericanos a su suerte, y la industria azucarera cubana veía esfumarse su mercado privilegiado, ya los sectores económicos más prometedores de la Isla (turismo, biotecnología, comercio exterior) estaban drenando a las empresas controladas directamente por los Castro (CIMEX, Cubanacan, Gaviota, CIGB, etc.).
Aun en aquel momento de crisis e incertidumbre, los Ortega podían seguir mirando a los Castro como modelo; sin embargo, el capitalismo de Estado hipercontrolado que se fomentaba en Cuba a partir de las asociaciones de las empresas de la familia con poderosas trasnacionales, no funcionaría en una economía capitalista como la nicaragüense, o las que se impulsaban en Europa. Por tanto, la reconversión capitalista de los Ortega y comparsa tuvo que hacerse pública y notoriamente. No me caben dudas de que el mensaje cubano de entonces fue el de asegurar posiciones económicas de privilegio antes de ceder el poder, lo cual les permitiría preservar una base económica para su intensa actividad política de oposición hasta que estuvieran listos para retomar las riendas.
Como explique en un artículo anterior, el capitalismo regresó a Cuba desde los ochenta de la mano de los Castro; se amplió en los noventa con las asociaciones extranjeras y la pequeña producción nacional (cuentapropismo); y se expandió, a través de GAESA, a las ramas más importantes de la economía nacional sobre los hombros de un sector socialista agonizante y de toda la población cubana ―la empobrecida de adentro y la boyante de fuera―, a la que pudieron esquilmar a su antojo hasta destruir el aparato productivo y todo el tejido socio-cultural de la nación. Desde esta posición de privilegio, ahora pretenden coaligarse con el naciente capitalismo nacional (mpymes) y con poderosos sectores financieros del establishment estadounidense para permanecer enquistados en el país esperando tiempos mejores.
A GAESA no le interesa una «piñata» pública. En todo caso, estarían dispuestos a ceder parte de sus propiedades a aliados nacionales y/o extranjeros en aras de preservar buena parte del pastel. Creen que, como en la bolita: «El banco pierde y se ríe». Su apuesta es fuerte; aunque se enfrentan a la administración más peligrosa que han encontrado ―por su elevado compromiso con el lobby cubano, la influencia en ella de un enemigo jurado como Rubio, y el carácter impredecible del presidente, que amenaza con desbancarlos por la fuerza―, están jugando su partida con las piezas que les quedan, y apuntan al mismísimo Trump.
En política, confían en que el pueblo estadunidense no soportaría una guerra genocida contra un pueblo vecino, y que sus opositores (partidos, movimientos y figuras) suelen pelear más entre ellos que contra ellos. En economía, cuentan aún con los atractivos inalienables de Cuba: condiciones geográficas, recursos naturales, población laboriosa y emprendedora, cercana a la cultura estadounidense. Como en Nicaragua 1990, la élite cubana confía en que les comprarán la paz. Y pretenden venderla bien cara.
El contexto actual, aunque difícil y complejo, puede resultarle favorable por los propios intereses imperiales. Ante la impotencia de la administración para obligarlos a irse, los capitalistas estadounidenses se impacientan en momentos en que se agudiza la puja por las tierras raras y minerales estratégicos.
Una presa por la que ya se compite es la General Nickel Co, empresa mixta Sherrit-GAESA 50/50 que produce mineral de níquel y cobalto para la refinería de Alberta, la mayor de cobalto y la tercera de níquel en Norteamérica. Se estima que produjo 30000M hasta 2026, en que Sherrit decidió abandonar el negocio. Dos grupos financieros luchan por el 55% de sus acciones, con la autorización de los departamentos de Estado y Tesoro. El primero es Ilon Capital, un fondo de inversiones cuyo CEO es un hombre de Trump. El segundo lo forman Kimal Capital y Glencore, importante compañía minera.
En el turismo, ya se anuncia el retorno de una de las grandes empresas que se fueron tras las presiones de Trump, la canadiense Royalton/Blue Diamond Resorts, que lo haría aliada a Marriott International, aunque no de inmediato, por supuesto. Que un gigante estadounidense del turismo internacional se haya interesado públicamente en el proyecto, muestra cuan codiciado continúa siendo el futuro destino isleño.
Más allá del balbuceante rumbo de las 176 medidas ―«la última carcajada de la cumbancha», según Elías Amor―, los representantes de GAESA agitan su suculento mazo de zanahorias (minerales estratégicos; turismo; puerto del Mariel y otras radas importantes al Atlántico y El Caribe; mano de obra calificada y barata; infraestructura por reconstruir) ante las fauces hambrientas de Trump y sus amigos. ¿Será recibido por un Castro, o un castrista, en su prometida visita a Cuba siendo presidente?
El agobiante presente de la nación cubana, abocada al genocidio y la extinción, no resiste mucho más. Si la sociedad civil independiente no encuentra un camino propio para convertirse en interlocutora legítima a nivel nacional e internacional, y defensora de los intereses nacionales, la reanimación podría venir de una componenda del grupo de poder castrista con el gobierno estadounidense, al estilo de la «piñata nicaragüense».
Sería un triste final para tantas décadas de heroica resistencia frente a la todopoderosa dictadura y marcaría un nuevo punto de partida para continuar la lucha por la libertad e independencia de nuestro sufrido pueblo.
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(1) 1984: primeras elecciones libres y plurales de la historia; 1987: Acuerdos de Esquipulas II y nueva Constitución que estableció un modelo político liberal y representativo.
(2) Ley No. 85 de 29 de marzo de 1990. De transmisión de la propiedad de viviendas y otros inmuebles pertenecientes al estado y sus instituciones. La Gaceta n. 64 de 30 de marzo de 1990; Ley No. 86 de 29 de marzo de 1990. De legalización de viviendas y terrenos. La Gaceta, n. 66 de 3 de abril de 1990; Ley n. 88 de 2 de abril de 1990. De protección a la propiedad agraria. La Gaceta, n. 68, 5 de abril de 1990. Posteriormente, se aprobaron otras leyes que blindaban la Piñata ante posibles revisiones: LEY No. 209, del 30 de noviembre de 1995, Ley de estabilidad de la propiedad. La Gaceta n. 227 del 01 de diciembre de 1995.
(3) Las reclamaciones de los antiguos dueños han costado al Estado nicaragüense miles de millones de dólares en indemnizaciones posteriores.
(4) LEY No. 278 del 12 de diciembre de 1997. Sobre propiedad reformada urbana y agraria. El entonces presidente Arnoldo Alemán Lacayo, la firmo tras negociar con Daniel Ortega el apoyo de la bancada sandinista para su permanencia en el poder a cambio de blindar la Piñata de 1990.
(5) Alcalá, Sucre. “Difícil transición en Nicaragua”. Nueva Revista, junio de 1990, 48.
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Imagen principal: Canal Caribe – YouTube.
