De la estricta observancia de los derechos humanos

Representantes del gobierno cubano han afirmado categóricamente en distintos foros que en Cuba se respetan los derechos humanos; sin embargo, en un significativo número de derechos, de considerable relevancia para la existencia armoniosa y digna de un país, se presentan irregularidades o abierta infracción en su observancia.

Cuba, dada la combinación de circunstancias internas y externas, devino sistema político unipartidista, donde todo se concibe dogmáticamente de esta manera: el socialismo (o lo que entiende el gobierno como tal) es positivo; cualquier otro punto de vista, es negativo.

En 1959, tras el triunfo de una revolución popular que se enfrentó a sectores que habían dañado el normal desarrollo democrático del país, fue establecida una política nacional que condujo a tensiones con los Estados Unidos y a una alianza con la Unión Soviética. Esto resultó no solo en el establecimiento de vínculos estratégicos con esa potencia, sino en la adopción del modelo socialista soviético como política nacional.

En terreno social, ello derivó en una situación maniquea, donde lo que derivara de los valores comunistas era lo correcto, en tanto lo demás eran actitudes «pequeño burguesas» y, por tanto, reaccionarias. Solo recordemos las conductas sancionadas mediante las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP). Del mismo modo, cualquier planteamiento que no se atuviera al guion oficial era reaccionario, en tanto las críticas se silenciaban con la justificación de «no dar armas al enemigo».

Esto nos sumió en una sistemática infracción de derechos fundamentales, que era justificada por la amenaza del enemigo externo. Nos acostumbramos a considerar los derechos no como fundamentos esenciales de carácter humano, sino como posibilidades eventuales que nos permitía la confrontación política.

Para evitar distorsiones conceptuales, es necesario precisar qué son y cómo se establece el cumplimiento universal de los derechos humanos. La «Declaración Universal de los Derechos Humanos» surgió como necesidad de poner coto a actos ultrajantes acontecidos en distintas partes del orbe, precisamente por la consideración de que algunos individuos o grupos humanos, como la aristocracia, o la denominada raza aria o el proletariado comunista, tenían prioridad sobre otros. Por eso, al firmarse dicha declaración en 1948, tras los horrores vividos debido a las prácticas totalitarias que habían tenido lugar básicamente en Europa, se consideró esencial establecer «que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana».

Nótese que se absolutiza el «todos» a partir de la condición humana, o sea, los derechos no dependen de un modo de pensar, creencia o pertenencia a determinada raza o parte; sino sencillamente al hecho de ser humanos. Los países que firmaron la declaración adquirían la responsabilidad de velar por «su reconocimiento y aplicación universales y efectivos». Cuba fue signataria original de la misma.

La versatilidad, generalidad y esencialidad de los derechos considerados en esta declaración, permiten conferirle un carácter obligatorio y universal, de modo que su observancia deviene, en teoría, garantía para la justicia de las naciones y la estabilidad mundial, así como para la convivencia entre los individuos en sus sociedades.

No hay contexto ni finalidad que justifiquen la contravención de los derechos humanos, pues en ninguna circunstancia el individuo deja de ser humano. Estos no constituyen un elemento de política, sino de sensibilidad y de ética humanas. El intento de politizar la asunción de los derechos es de por sí una violación de los mismos, pues lleva a considerar a los individuos que aceptan y profesan cierta política establecida, como más merecedores de atención y respeto por parte de las instituciones de poder.

No se adquieren derechos por adoptar, seguir o defender determinados principios establecidos por organizaciones o individuos investidos de poder. Al ser humanos, no podemos ser tratados de otra forma que humanamente, con independencia de nuestras opiniones políticas. Por ello, el primer artículo de la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» es concluyente: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».

Al analizar el cumplimiento de esos derechos en nuestra nación, notamos que han existido serias infracciones al carácter universal e inalienable de los mismos. A pesar de que en la Constitución vigente se refrendan algunos artículos que favorecen el respeto a derechos humanos ―como el disfrute de la libertad, la equidad, la dignidad humana como valor supremo, etc.―; esta intención solo queda en la letra, pues, se ha tratado de impulsar básicamente desde una perspectiva tan enmarcada en los propósitos inmediatos del sistema de poder unipartidista, que no posibilitan su cumplimiento universal y estricto. En otras palabras, se ha ideologizado el acceso a los derechos y, al hacerlo, se restringen para una parte de la ciudadanía. Los derechos dejan de ser humanos para ser ideológicos.

Veamos un derecho principal establecido por la Declaración, el que establece el derecho a la propiedad y a que nadie puede ser privado de ella. Esta fue una de las posibilidades más golpeadas por la revolución triunfante, pues el carácter socialista implicaba terminar con la propiedad privada. Sin embargo, no tuvieron distingos entre grandes, medianos y pequeños propietarios. Esto sumió a muchas personas en la mayor pobreza. La estatización absoluta de la economía no solo privó a las personas del derecho a la propiedad, sino que limitó las posibilidades alternativas de producción y servicios.

Además, generó una cuantiosa burocracia, muchas veces ajena a la experticia del ámbito económico bajo su dirección, lo que condujo a sistemáticos errores que, a la larga, han destruido la economía cubana. En la actualidad se intenta reintroducir ciertas formas de propiedad privada, como las llamadas mypimes, pero el modo en que se hace y las condiciones que les impone el Estado, limitan su despegue y, a la par, las convierte en agentes de explotación del componente obrero y trabajador del país.

El artículo 25 de la Declaración concede que toda persona debe gozar de un nivel de vida apropiado que le garantice salud y bienestar. Si consideramos este en toda su amplitud, al mirar a nuestro alrededor podremos percatarnos de que son muchos los que no llevan una existencia de bienestar, la cual incluiría alimentación conveniente y vivienda confortable, pues son numerosas las personas que subsisten con una nutrición precaria, además de habitar en casas con las más frágiles condiciones, y que, dadas las actuales condiciones de salario e inflación, se les hace imposible variar su situación. Este asunto es sumamente doloroso. Basta mirar las imágenes del reciente paso del huracán Melissa para ver cómo vivían muchas personas. Y es que no existe un sistema ordenado, racional y con pagos a plazos que permita a los cubanos adecentar sus viviendas. Conozco familias que desde hace años esperan reparar las suyas, afectadas por huracanes anteriores.

Tampoco puede decirse que cuenten con atención médica apropiada ni servicios sociales fundamentales. Es conocida la situación de privación de nuestras policlínicas y hospitales. Si bien toda persona puede asistir a una instalación de salud gratuitamente, la atención es insuficiente por ausencia de equipamientos y medicamentos.

En la mayoría de los casos faltan medicamentos esenciales, que las personas deben buscar en el mercado negro a precios de oro. Una operación de próstata o colon está en el orden de los 30 mil-50 mil pesos. En la mayoría de los casos, se realizan solo después de que el paciente «resuelve» todos los implementos necesarios, que pueden ir desde anestesia, guantes y bisturí, hasta la bolsa de sangre para transfusión. Los médicos, por lo general ya no hacen recetas, sino que le indican al paciente que «consigan» tales y más cuales medicinas, lo que obliga a acudir al mercado negro.

Por supuesto, la pobreza del nivel de vida es una situación que sufren principalmente los trabajadores, con salarios que no cubren necesidades básicas. Es también verificable en personas jubiladas y pensionadas, a las que sus pensiones apenas permiten una comida diaria, y en otros individuos que, por diversas razones, se han visto arrojados a las calles a mendigar, ahora llamados «vulnerables», cifra que aumenta exponencialmente y cuyas condiciones de existencia son absolutamente infrahumanas.

A la ya enorme carestía de la vida, se añaden factores que la complican. La denominada «canasta básica», que intentaba garantizar un mínimo de productos para que las personas, sobre todo de menores ingresos, se sostuvieran, ya hace tiempo que ha perdido no solo la cifra de productos, sino su regularidad. Ello se agrava pues la producción agropecuaria de alimentos, tanto del Estado como de productores privados, es totalmente exigua, por la falta de implementos y productos, como pesticidas o fertilizantes.

Muchas personas deben acudir al mercado negro o las Mipymes, cuyos precios exceden en mucho las entradas de salario o pensión. Las tiendas que el Estado ha habilitado para operar en dólares, son una suerte de lujo excepcional pues, además de funcionar con una moneda a la que no tiene acceso la mayor parte de la población, su surtido es bastante caprichoso, para no hablar de sus precios, muy sobrevalorados.

Esto constriñe al ciudadano, que debe adquirir los dólares en el mercado informal, lo que, además, produce el efecto de incrementar tanto el costo de esa moneda en dicho mercado, así como aumentar los precios de esos productos en el mercado privado. De más está decir que muchos ciudadanos prefieren cambiar sus dólares y comprar en el mercado informal, fortaleciéndolo.

De igual modo, los servicios sociales son críticos. No voy a mencionar el servicio eléctrico porque resultaría demasiado obvio. Solo relacionarlo con la calidad de vida al analizar la cantidad de semanas, días, horas, que perdemos de vida útil por no poder hacer nada por falta de fluido eléctrico. También insuficientes, y con alta incidencia en la calidad de vida, resultan servicios como la recogida de deshechos, el suministro de agua, el abastecimiento y venta de gas para cocinar, la transportación de pasajeros, la atención a quejas y reclamos de la población por distintas instancias, el pago de salarios o jubilaciones mediante los bancos o los cajeros automáticos, por mencionar los que más agobian a una buena parte de la gente.

Y si hablamos de bienestar, habría que ver cómo los ciudadanos comunes emplean su tiempo de ocio. La mayoría de los trabajadores y pensionados no tienen posibilidad de vacacionar, pues está fuera de sus recursos monetarios. Cenar en un restaurant resulta casi imposible, pues los precios sobrepasarían sus salarios. Incluso, ya es común que tengan que pasar sus noches sin ver televisión, escuchar la radio o leer, sencillamente porque no tienen electricidad, lo que hace de la vida un agobio y además, suma una gran porción de tiempo que se dilapida irremediablemente.

Respecto al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, repasaré algunos aspectos en los que se evidencia una sistemática transgresión. Un elemento consustancial a la libertad del individuo es su derecho a la expresión desembozada de sus opiniones, tanto de forma individual como en grupos de manifestantes respecto a dificultades del país. Estos han sido tajantemente rechazados e incluso reprimidos con métodos de fuerza.

Empiezo por los llamados «actos de repudio», concebidos en principio para rechazar a quienes sostenían criterios distintos a los oficiales o que han hecho manifestaciones críticas. Estos han sido una de las expresiones más agresivas y lesivas a los derechos humanos, pues se ha movilizado a grupos de personas para bloquear el acceso desde o hacia las viviendas de los «repudiados», ofenderlos e, incluso, atacarlos físicamente, todo con el consentimiento de organizaciones oficiales. Y no han sido hechos espontáneos, sino orientados desde diversas organizaciones socio-políticas; ni aislados, sino numerosos; como tampoco esporádicos, sino sistemáticos. Aquí se violan los derechos de expresión y manifestación, así como a no ser sometidos a actos crueles, inhumanos y degradantes.

En Cuba, la libertad de expresión, opinión y manifestación pacífica son derechos violentados. Están debidamente documentados numerosos casos de personas que han salido solas, sin provocar escándalos, y al intentar expresar una opinión, queja o reclamo, fueron detenidas por órganos policiales o de Seguridad del Estado y, en muchas ocasiones, tratadas con violencia.

Así mismo ocurre con compatriotas que, en distintas barriadas del país, han salido pacíficamente a expresar su desacuerdo con alguna situación o a plantear reclamos, como alimentos o electricidad, y han sido amenazados, y muchos fuertemente reprimidos, incluso con violencia física. Recordemos a los jóvenes del 11 de julio de 2021, que únicamente por gritar consignas contra la situación existente (porque los hechos de vandalismo fueron excepcionales), no solo fueron apresados por la fuerza, sino llevados a juicio y la mayoría condenados a penas ejemplarizantes. Para colmo, a varias de las personas recluidas se les ha negado la posibilidad estatuida de recibir visitas de cónyuges o familia, e incluso, se les ha impedido ver a familiares en inminente estado de muerte. Esto contradice lo establecido en la Constitución respecto a no recibir tratos crueles o inhumanos.

Aunque, por lo general, los derechos más coartados son los referidos a la libertad de expresión y manifestación, existen otros que también se infringen. Por ejemplo, el derecho a elegir, pues los ciudadanos solo pueden elegir a nivel de circunscripción, ya que de ahí hacia arriba lo hacen las asambleas constituidas.

También hay distingos en la igualdad de oportunidades para el empleo, ya que en determinadas situaciones se elige a la persona, no por su capacidad profesional, sino por su pertenencia al Partido o la UJC. Esto es ampliamente manifiesto en la ocupación de cargos, tanto laborales, como gubernamentales.

De igual modo se incumple con la libertad de movimiento, pues a ciertas personas que han adoptado posturas incomodas para el Gobierno, se les impide salir o regresar a la Isla. Lo mismo pasa con médicos que han interrumpido su misión en el extranjero para radicarse en otra nación, a los cuales se le niega el ingreso al país por ocho años. Otro caso es el de los artistas que, por manifestar inquietudes u oposición a determinados actos o dictámenes, han visto su obra o su difusión suprimidas de los medios.

También atenta contra la dignidad de las personas el hecho de que se emplee un medio de difusión público para criticar o criminalizar, sin que se le confiera al aludido la posibilidad de acceder al mismo medio para rebatir las acusaciones o para ejercer su defensa.

Reconocer la violación de derechos humanos en Cuba, y trabajar por lograr un clima de respeto y entendimiento, es indispensable para el saneamiento social y ético de la nación. Considero ineludible que quienes dirigen revisen su postura ante el acatamiento de los derechos humanos. Las oposiciones, críticas y reclamos, no solo son expresión de las contradicciones que genera la vida en sociedad; ellos son también la vía para que quienes dirigen sepan qué tal lo hacen.

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Imagen principal:  Victoria Blanco / CXC.