Cuba y la economía opaca: el desafío de las reglas claras

En los últimos meses, Cuba ha vuelto a ocupar un lugar recurrente en la agenda de la prensa internacional, lo que la sitúa nuevamente en el centro de múltiples lecturas y expectativas sobre posibles cambios.  Los análisis y reportajes no se limitan únicamente a la profunda crisis, sino que abordan de manera más amplia posibles transformaciones económicas, sociales e incluso políticas.

Este renovado interés está motivado por un contexto internacional particularmente tenso. A finales de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y autorizó la imposición de aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la Isla, una medida dirigida a presionar el flujo de combustible hacia el país y a reforzar el esquema de sanciones económicas vigente.

Tras la orden ejecutiva estadounidense, las autoridades cubanas han abordado en programas oficiales, como la Mesa Redonda, la importancia de promover un clima más dinámico para la inversión extranjera. Ya el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que existen conversaciones con Washington; mientras, el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga anunció el pasado lunes que se discutirán medidas para propiciar la participación de los cubanos residentes en el exterior en la vida económica del país.

Con este contexto, queda claro que un importante desafío radica en la transparencia y la eliminación de la discrecionalidad en la flexibilización de inversiones extranjeras y en la regulación de los negocios privados. Por razones internas y externas, se busca flexibilizar inversiones y fomentar los negocios privados, pero es indispensable que dichos procesos se realicen con claridad, trazabilidad y reglas consistentes. Este artículo se dirige al análisis de las reales condiciones de Cuba en tal sentido.

1. Opacidad y falta de transparencia en los negocios privados

Antes de la descentralización de la aprobación de empresas privadas hacia los municipios, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) emitía listados de empresas privadas donde al menos se podía conocer el nombre de la empresa, su objeto social principal y si se trataba de una micro, pequeña o mediana empresa, lo que daba al menos una idea aproximada de la cantidad de ocupados.

No era así para otros actores económicos privados, como las Cooperativas No Agropecuarias (CNA), otras Cooperativas (CPA y CCS), Proyectos de Desarrollo Local (PDL) y Trabajadores por Cuenta Propia (TCP). Sin embargo, esta información era limitada: no se conocía el capital social, los objetos sociales secundarios, ni las modificaciones posteriores, ni si la empresa cerraba. Al pasar la aprobación a los municipios, estos listados dejaron de emitirse y la información disponible se redujo aún más.

El registro mercantil en Cuba es público, pero no está digitalizado y su acceso es extremadamente difícil. Incluso cuando los empresarios privados entregan reportes, muchas veces no hay capacidad para recibirlos e integrarlos en los archivos del registro. En consecuencia, no existe un acceso efectivo a la información pública de estas empresas.

Las empresas extranjeras, por el contrario, deben pasar por el Ministerio de Comercio Exterior y la Cámara de Comercio, y sus datos se publican en la Gaceta Oficial, lo que permite al público verificar al menos información básica sobre su existencia, objeto social y aprobación de actividades.

A nivel internacional, los registros mercantiles suelen ser accesibles online y permiten conocer datos esenciales de las empresas: dueños, capital, objeto social y resumen de estados financieros. Esto genera transparencia y facilita la fiscalización por parte de ciudadanos, inversores y medios de comunicación. En Cuba, esta transparencia no existe para los actores privados locales, lo que genera un vacío informativo significativo y un entorno donde la actividad económica carece de mecanismos efectivos de supervisión ciudadana. Algunos datos generales sobre la cantidad de empresas privadas pueden obtenerse a través de la ONEI, pero estos informes son limitados y no reflejan la diversidad y profundidad de información que se considera estándar en otras jurisdicciones.

2. Limitaciones en la competencia y riesgos de monopolios

El entorno de negocios en Cuba muestra limitaciones significativas para la competencia efectiva. Las empresas privadas enfrentan obstáculos que dificultan su participación plena en mercados estratégicos; mientras que ciertas compañías extranjeras, debido a su acceso preferencial a la inversión extranjera, adquieren ventajas competitivas considerables. Esto genera un desequilibrio que limita la diversificación empresarial y fortalece posiciones dominantes que podrían conducir a monopolios.

Asimismo, la concentración de recursos y capital en manos de determinados actores vinculados al poder político, genera una barrera implícita para el desarrollo de nuevas empresas privadas. Los procesos de licitación y aprobación no siempre son transparentes, y la información sobre los criterios de adjudicación de contratos no está públicamente disponible. Esta falta de claridad reduce la capacidad de los empresarios independientes de competir de manera justa y planificar sus negocios a mediano y largo plazo.

En un contexto internacional, la competencia efectiva se asegura mediante regulaciones antimonopolio y sistemas de licitación pública, acompañados de acceso a información completa sobre los participantes y sus operaciones. Por ejemplo, las licitaciones públicas deben incluir participación local obligatoria y criterios claros de adjudicación, lo que permite que empresas pequeñas puedan crecer incluso frente a grandes capitales extranjeros. En Cuba, la ausencia de estas prácticas limita no solo la competitividad, sino también la generación de confianza en el sistema empresarial, dificultando que surjan actores locales con capacidad de innovar y crecer dentro del mercado nacional.

3. Procesos de inversión extranjera y regulación ambigua

La inversión extranjera en Cuba se presenta como un eje estratégico para la economía, pero los mecanismos de regulación son ambiguos y carecen de previsibilidad. Las empresas extranjeras deben cumplir con normas establecidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Cámara de Comercio, y sus operaciones se publican en la Gaceta Oficial, lo que genera cierta transparencia sobre su existencia y actividades. Sin embargo, los criterios para otorgar licencias y definir la participación local no siempre son claros, lo que genera incertidumbre entre inversores nacionales y extranjeros.

Además, la relación entre empresas privadas cubanas y los proyectos de inversión extranjera sigue sin implementarse. En muchos casos, los empresarios locales quedan excluidos de oportunidades estratégicas debido a la falta de políticas de fomento efectivas que garanticen participación equitativa. Esto limita el desarrollo de capacidades y la acumulación de capital dentro del país, y fomenta la percepción de privilegios hacia actores con vínculos o recursos externos.

Comparado con estándares internacionales, los países que buscan atraer inversión extranjera establecen marcos normativos claros, con procesos públicos y regulaciones consistentes que aseguran transparencia, protegen la propiedad y fomentan la participación de actores locales. En Cuba, la falta de claridad regulatoria y la opacidad en los criterios de aprobación impiden que la inversión extranjera cumpla plenamente su función de desarrollo económico inclusivo.

4. Fiscalización limitada y debilidad institucional

La fiscalización de las empresas privadas en Cuba enfrenta serias limitaciones, tanto por la falta de digitalización de registros como por la capacidad institucional insuficiente para supervisar la información que las empresas entregan. Esto incluye actas notariales, estados financieros y reportes a los organismos de estadística. La ausencia de sistemas electrónicos accesibles hace que el registro mercantil funcione de manera incompleta, afectando así la transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la dependencia de informes trimestrales entregados a municipios o provincias no garantiza un seguimiento efectivo. La información que se recaba no es uniformemente controlada ni estandarizada, y los ciudadanos y medios de comunicación no tienen acceso a datos confiables sobre la operación de las empresas privadas. Esto reduce la posibilidad de detectar irregularidades o evaluar el cumplimiento normativo de manera objetiva.

En contraste, en la práctica internacional, los sistemas de fiscalización y control empresarial suelen incluir registros centralizados digitalizados, informes financieros públicos y auditorías independientes. Esto asegura un equilibrio entre supervisión estatal y transparencia pública, y permite que las empresas operen en un marco de seguridad jurídica y confianza general. En Cuba, la carencia de estas estructuras limita la eficacia de la fiscalización y contribuye al entorno opaco que caracteriza a la actividad privada.

5. Obstáculos para la innovación y desarrollo local

Los negocios privados en la Isla enfrentan barreras que dificultan la innovación y el desarrollo de capacidades propias. La falta de transparencia y la discrecionalidad en el acceso a mercados y contratos limita la inversión en nuevas ideas, productos y servicios. Frente a las conversaciones entre La Habana y Washington y los anuncios sobre flexibilización de inversiones, es fundamental que los procesos internos de desarrollo empresarial sean claros y estén regulados, para que los negocios locales puedan crecer de manera sostenible y competitiva.

A nivel internacional, otros países fomentan la innovación de pequeñas empresas mediante incentivos fiscales y apoyo técnico, asegurando que, incluso con grandes inversiones extranjeras, los negocios locales mantengan oportunidades de crecimiento. Este enfoque demuestra que la transparencia y reglas claras son esenciales para preservar la competitividad y resiliencia de los actores locales.

6. Riesgos de concentración de capital y privilegios

La concentración de capital en manos de determinados actores y la ventaja de empresas extranjeras con acceso preferencial, crean un entorno donde los negocios privados pueden quedar asfixiados. Sin reglas claras ni transparencia, los pequeños actores locales enfrentan riesgos de exclusión y pérdida de oportunidades.

A nivel internacional, otros países establecen regulaciones que requieren participación local en proyectos de inversión extranjera y límites a la concentración de capital, lo que permite que empresas de menor tamaño puedan crecer y competir. En Cuba, garantizar transparencia y trazabilidad en estos procesos es fundamental para que los negocios privados no queden marginados frente a grandes actores externos.

7. Impacto en la resiliencia de los negocios privados

El dinamismo de los negocios privados en Cuba depende de la posibilidad de adaptarse a cambios regulatorios, económicos y de inversión extranjera. La opacidad y la discrecionalidad limitan la capacidad de estos negocios para planificar, crecer y competir. Con el anuncio de la Mesa Redonda sobre participación de cubanos residentes en el exterior, se abre la oportunidad de integrar nuevos recursos y experiencias, pero solo si se garantizan transparencia y reglas claras para todos los actores, evitando que algunos se beneficien en detrimento de otros.

A nivel internacional, otros países promueven la inclusión de negocios locales en proyectos de inversión extranjera mediante requisitos de subcontratación obligatoria y capacitación técnica, lo que permite que los actores pequeños crezcan junto a grandes capitales. Este modelo ilustra la necesidad de políticas claras que fortalezcan la resiliencia de los negocios privados cubanos en medio de la apertura económica.

8. Acceso a información y rendición de cuentas

El acceso a información clara y pública sobre los negocios privados es indispensable para generar confianza en los procesos de inversión y desarrollo. La transparencia permite que los actores económicos locales y extranjeros planifiquen sus operaciones con seguridad, evitando discrecionalidad y prácticas opacas. Con la flexibilización anunciada y la participación de cubanos residentes en el exterior, la transparencia se convierte en un requisito para garantizar que los beneficios de la apertura económica lleguen a todos los sectores y no se concentren en unos pocos.

Conclusiones y perspectivas

El panorama económico y empresarial en Cuba refleja un equilibrio delicado entre oportunidades y riesgos. Las transformaciones económicas internas, la flexibilización de la inversión extranjera y las conversaciones ya reconocidas entre La Habana y Washington, abren posibilidades para dinamizar la economía e integrar a los negocios privados de manera más amplia. No obstante, estas oportunidades se ven condicionadas por la persistente opacidad, la discrecionalidad en la toma de decisiones y la falta de transparencia en los procesos de aprobación, fiscalización y supervisión.

Para que las medidas anunciadas —como la participación de cubanos residentes en el exterior y la apertura a inversiones extranjeras— realmente contribuyan al desarrollo sostenible, es indispensable que estas transformaciones partan de cambios políticos que garanticen derechos humanos, seguridad jurídica y cumplimiento constitucional. Solo con un marco político sólido, que ofrezca garantías claras, será posible implementar reformas económicas y sociales que sean sostenibles y equitativas.

Fortalecer la transparencia y reducir la discrecionalidad no solo protege a los negocios privados existentes, sino que asegura que las transformaciones económicas y la inversión extranjera beneficien al conjunto del país. La experiencia internacional muestra que registros públicos digitalizados, fiscalización efectiva, normas antimonopolio y participación local obligatoria generan confianza, fomentan el crecimiento de los pequeños actores y consolidan la estabilidad del sistema económico.

En este contexto, la transparencia y el respeto a las garantías políticas y jurídicas se perfilan como elementos clave para que Cuba pueda avanzar en sus reformas, integrar a sus ciudadanos y negocios privados, y atraer inversión extranjera de manera ordenada, justa y sostenible.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.