La democracia es nuestro horizonte

La introducción de innovaciones por parte del Gobierno cubano en el período 2019-2025, que se tradujeron en la ampliación de algunos derechos o en la legislación y puesta en vigor de varias normativas jurídicas, presentadas como una modernización de la vida social y económica y como parte de una percepción de cambio; contradictoriamente expresaban un déficit político cada vez más notorio.

Tales innovaciones no podían evitar la pronunciada escora del sistema de instituciones políticas, de sus normas y prácticas culturales, de sus procesos y su funcionamiento. Algo similar había estado ocurriendo con algunas de las organizaciones de masas y políticas, como los CDR, la FMC y el propio PCC, cuyas estructuras superiores parecían actuar como negacionistas de un cambio social que los marginaba y aislaba ―mientras sus bases perdían importancia y se deshacían informalmente― o como inadaptadas a una distopía futura, en la que no existirían.

La escasa importancia política de muchas de estas innovaciones y su rápida naturalización en la sociedad, o la parcial o nula eficacia de otras, fueron factores decisivos para que el espejismo de cambio que perseguían se disolviera rápidamente.

Una de ellas, que resumía la proscripción y el castigo de la discriminación, la exclusión y el acoso en el ámbito laboral ―incluso antes de ser aprobada dentro de un nuevo Código de Trabajo―  parecía el intento de achicar la inundación de un barco, abriéndole más agujeros a su casco. La misma introducía salvaguardas contra cualquier forma de discriminación, exclusión y acoso, menos para la más ominosa y omnipresente a lo largo de décadas: la política, que precisamente en el ámbito laboral había funcionado como poderoso, ampliamente usado y eficaz modo de asegurar el control y la represión política de los cubanos.

Catedráticos del Derecho, investigadores de las Ciencias Sociales e intelectuales de Cuba, continuarían celebrando en artículos, eventos internacionales y en sus maestrías y magníficas estancias post doctorales en el extranjero ―o directamente en función de fines propagandistas u oportunistas personales― estas innovaciones. Mientras, naturalizaban o encubrían el control y vigilancia constante a que eran sometidos, ellos mismos y el resto de la sociedad, por oficiales de un intrincado sistema de órganos de represión política.

Dichos órganos no solo monitoreaban las actitudes políticas o tomaban acción en caso de estimarlo necesario contra cualquier trabajador, sino que se apoyaban en los directivos de las instituciones ―también de las jefaturas del PCC y del Sindicato― para realizar «su trabajo», en realidad ejercicios de intimidación, coacción y acoso amparados por normas jurídicas de menor jerarquía ―antitéticas a la Constitución cubana del 2019― y por directrices que provenían directamente de los órganos superiores del poder.

Para muchos de ellos, en el futuro, su implicación en la activación administrativa de sanciones y represalias contra trabajadores y sobre todo, haber tenido al hacerlo la capacidad de distinguir racionalmente los límites entre defender una idea política y reprimir o ser cómplice de la represión política de otros, connotará socialmente la infame condición de represores y, en algunos casos, la exigencia de responsabilidad penal y civil.

En realidad, la mayoría de los esfuerzos que se formularon o concretaron ―al menos formalmente― dentro de la suerte de frenesí legislativo que experimentó la Asamblea Nacional y aún más el ejecutivo cubano, eran la confirmación de algo que empezó a operar como un lastre incluso antes del verano de 2021: la imposibilidad de poner en funcionamiento y explotar óptimamente la matriz de innovación política en la que habían invertido tiempo, recursos y esperanzas.

Me resulta difícil creer que el despliegue de un catálogo de derechos constitucionales, la definición del Estado cubano como uno sometido al imperio de la Ley, así como la formulación de garantías para la defensa de derechos de los ciudadanos frente a violaciones de funcionarios y autoridades, contenidos en la Constitución del 2019, fueran concebidos, tal como algunos analistas han afirmado, como objetos de exhibición del Gobierno cubano. 

Tal hipótesis no es en modo alguno desdeñable. Como hace unos años me contestaron en un país centroamericano ante mi asombro por la calidad de una carta magna refrendada en tiempos de sangrienta guerra civil: «la hicieron para no cumplirla». En este caso la respuesta podría ser idéntica. A menudo la explicación más sencilla suele despejar las incógnitas en que se encubre la voluntad del poder. 

Sin embargo, la Constitución de 2019 reunía, en mi opinión, las características de haber sido diseñada, más que como una vitrina para presentar estándares de regulación de derechos distintos a los que resultaban cada vez más primitivos, inaceptables; como una verdadera matriz de innovación política, que ofrecía una respuesta integral y flexible para intentar disipar algunas de las tensiones fundamentales que soportaba el núcleo del modelo de poder que funcionaba en Cuba.

Habrá que acceder a actas y testimonios para enfocar la toma de decisiones que precedieron a los procesos y acontecimientos públicos, los argumentos, criterios y actores que fueron decisivos; pero una hipótesis que asuma la relación entre costos y beneficios podría sustentar a la Constitución de 2019 como la innovación política encaminada a facilitar el control del proceso de transición y preservación del modelo de poder unipartidista en el tránsito a una economía capitalista. 

Si esta hipótesis fuera válida ¿por qué entonces el gobierno cubano abandonó la innovación que había propuesto? Una respuesta posible debe explorar los sucesos previos al verano de 2021. Es quizás en el rápido y contundente fracaso de las primeras etapas del plan de reforma económica desplegado a inicios de este año, donde probablemente esté la cuestión decisiva. 

Incluso antes de las masivas protestas, el Gobierno había perdido la iniciativa en el cambio de régimen económico al que la promulgación de la Constitución abrió paso. Jalonado por diversas circunstancias ―pérdida del monopolio de las operaciones de remesas, sostenida recesión turística, desbancarización de la moneda nacional que torpes regulaciones de control y medidas anti fraude fiscal causaron, o las acciones con que influían en esto actores económicos y políticos dentro y fuera de Cuba― el gobierno trataría de recuperar el control del proceso introduciendo distintas legislaciones y políticas. 

Algunas de ellas no solo fueron contradictorias, contraproducentes o desafiantes a los datos e informaciones que las propias instituciones estales arrojaban, sino que apenas fueron declaraciones de intención, abandonadas casi inmediatamente ante una realidad tan dinámica como imprevisible.

La represión de las protestas en 2021 sería, obviamente, el castigo por la inédita práctica de derechos constitucionales inspirada por el cambio político de la sociedad cubana, que creyó encontrar en el proceso de discusión y en el texto refrendado ―más que en el ambiguo anteproyecto constitucional presentado por el Gobierno en 2018―, un cause hacia la satisfacción de viejas demandas de derechos, libertades y democracia. 

Fue también una coreografía áspera y extremadamente dolorosa para cientos de personas, sancionadas a penas muy severas, de lo que iba a ser la represión del ciclo de protestas populares que, de forma espontánea y reactiva, produciría el brutal retroceso de las condiciones de vida de los cubanos.  

El sacrificio de todos, no del poder

A finales del 2023, el Gobierno solicitó formalmente ayuda al Programa Mundial de Alimentos (PMA). Eso no había ocurrido ni en los peores momentos de los noventa. En la comunicación oficial se destacaba la «necesidad urgente» de esta ayuda y la importancia de movilizar recursos de donantes tradicionales y no tradicionales, sin establecer un marco temporal para la duración del apoyo. La petición se centró concretamente en solicitar ayuda para la entrega mensual de un kilogramo de leche en polvo destinada a niñas y niños menores de siete años, elemento esencial dentro de la crisis alimentaria en aquel momento.

Aunque esta ha sido la única solicitud formal conocida, la petición reflejaba una crisis más amplia en la seguridad alimentaria y nutricional del país, que se extendió en pocos años a la capacidad de proveer medicamentos, equipos e insumos médicos esenciales; incluyendo la crucial infraestructura de control epidemiológico.

Todo lo que podía salir mal para el Gobierno, lo hizo. Sin embargo, a cada error o sus consecuencias, capaces de limitar aún más su capacidad de respuesta, respondió sacrificando áreas que no comprometían la gobernabilidad en lo inmediato, pero que creaban condiciones a mediano y largo plazo para ello, al tiempo que degradaban de forma comprometedora los procesos y recursos humanos de que dependían las esperanzas del desarrollo futuro.

De todos los datos que se podrán manejar en el futuro, posiblemente el espectacular y sostenido decrecimiento de la población cubana, sea el  registro más importante de la proporción del desastre.   

En vísperas del 2026, la presentación de un Programa de Gobierno para reimpulsar la economía, parecía tener más claro cómo reprimir a la población, ―a la que trasladaban los costos del fracaso económico―, que cómo salir de la crisis. Cada nueva medida traía consigo la reconocible marca de agua de la corrupción, parte del ADN del modelo de poder monopólico instaurado en Cuba. Indistintamente, el diseño de cada una y de las normas legales que las pondrían en curso garantizaban: concentración de poder, un arsenal de facultades discrecionales, y el ser impermeables a cualquier exigencia de transparencia.

La estrategia de «victoria económica» del Gobierno parecía obedecer a la máxima: triunfar sin emplear recursos para lograrlo. Evidentemente no los tenía, ni podía esperar obtenerlos en el monto y con la urgencia requeridos. 

En los años previos, sus decisiones económicas habían arraigado fuertes sentimientos de incertidumbre en cientos de miles de cubanos, que constataban la imposibilidad de revertir el fracaso colectivamente. La salida individual a la que incontables personas acudieron con esperanza, pero también con muchísima frustración, decepción y tristeza; era un acorde del conocido «sálvese el que pueda».

Tales decisiones lanzaron a miembros de distintas generaciones en ininterrumpidas oleadas migratorias, pero habían colocado también en condición de indigentes a una parte significativa de los cubanos, mientras la mayoría restante tenía que conformarse con estándares de vida en continua degradación. Esto era algo solo comprensible en una sociedad que, atrapada en un bucle de su subdesarrollo, hubiese ritualizado la adaptación a la pobreza y a la opresión como una ofrenda al poder. 

Lograr esto constituía un recurso crítico dentro de la auténtica estrategia de victoria: el control del tiempo político de la sociedad. Era, sin embargo, una estrategia condenada al fracaso. El control del tiempo político de una sociedad, a la postre, no podía evitar el paso del tiempo para sus propios gestores, tampoco la mediocridad de sus continuadores. 

La profecía neoconservadora

La era de ética sacrificial que varias generaciones de cubanos practicaron como parte del acompañamiento a un proceso político, había tenido también otra cara: la deshumanización del otro en tanto mecanismo de justificación e impunidad de la exclusión política. Dichas ideas y actitudes llegarían a ser socializadas hasta rebasar los límites políticos originales en las que se habían desarrollado y, gradualmente, se consagraron y posicionaron, como matriz explicativa de la otredad social y económica que ―en Cuba y fuera de ella― manejaron distintas clases, grupos e individuos. 

La «canibalización» de los derechos sociales, culturales y económicos, de los procesos e instituciones civilizatorias desarrolladas durante más de medio siglo en Cuba, de sus valores, y creencias sobre lo inadmisible para el goce de la dignidad y la felicidad; no solo necesitó de políticos y funcionarios que borraran con vacuidad y consignas ―o con la brutalidad y aspereza típica de la estupidez con poder―  las conexiones y poderosa retroalimentación que tales éxitos y su ética tuvieron con un pensamiento riguroso, profundo y diverso que, a pesar de todo, había buscado crear las condiciones para la emancipación y la plenitud de los cubanos; necesitó también de «caníbales». 

Las cartas credenciales del neoconservadurismo cubano, insinuadas y puestas a circular en frases y expresiones esparcidas durante años a través de los discursos e intervenciones de políticos y funcionarios que buscaban crear con ellas condiciones de consenso, no serían realmente presentadas, por ejemplo, en la alocución de Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, ante la Asamblea Nacional. 

Aunque obligada a renunciar a su cargo por la repercusión inmediata de sus palabras en las redes sociales ―y no por la interpelación de alguno de los diputados, que escucharon inmutables en sesión plenaria y que, incluso, la elogiaron―, es difícil creer que esto fuera otra cosa que un discreto acto de contención de la filtración del auténtico «modus fidei» conservador que había estado detrás del desmantelamiento gubernamental de las estructuras de civilización que ese y otros ministerios ejecutaban silenciosamente desde años anteriores.

En realidad, el pensamiento neoconservador gestionado en el mundo oficial, era un holograma parcial y desenfocado de lo que históricamente podía entenderse como actualización y re-significación de la antigua reacción socio política a los cambios culturales, políticos y económicos ocurridos en Cuba a inicios de los sesenta; pero sociológicamente era el resultado de lo que había acaecido desde los años noventa.

Sin importar los campos políticos en que se encontraran, lo empoderados o excluidos que estuvieran por el aparato político, gubernamental o estatal ―o de su castigo dentro de ese octavo círculo dantesco que, para académicos e intelectuales arribistas o funcionarios defenestrados u olvidados, es la periferia del poder en Cuba―, los neoconservadores tenían un insoslayable punto de encuentro. En su mayoría, compartían la indiferencia y la disimulada creencia en el «no hay alternativas» que había hecho famosa a una primera ministra británica en los años ochenta, como llave maestra que intentaba una explicación maniquea de la realidad cubana desde el prisma del fracaso. 

Para esa perspectiva, el fracaso en Cuba era de «lo económico» y no de «lo político»; de la planificación y no de la democracia; de gratuidades «indebidas» y no de la opresión; del Estado y no de sus sistemáticas violaciones de derechos y libertades; de lo público, social o estatal y no de los privilegios y la ausencia de transparencia; de regulación del mercado y no de la justicia; de leyes y no de impunidad y corrupción… De ese modo, se encubría enfáticamente la secuencia política que degradaba y neutralizaba a fondo los proyectos de vida de mujeres y hombres, de niños y ancianos. 

Tal dinámica tenía el valor agregado de aislar cada vez más a los ciudadanos y, a través del vertiginoso proceso de empobrecimiento experimentado en un corto período, privarlos de la posibilidad de identificar lo político como un problema fundamental. 

Estos procesos activaron mecanismos individuales y grupales de enajenación que habían sido incorporados por diferentes generaciones tras años de manipulación y empobrecimiento de la cultura política, de culto a la personalidad y de infalibilidad de las autoridades. Paralelamente, por medio de la distinción pública entre «agradecidos» y «desagradecidos», la lealtad política de muchos ciudadanos fue condicionada de forma perversa. 

Aun después de que el Estado dejara de garantizar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, dejara de asegurar un nivel mínimo de satisfacción de algunos derechos, como el de la salud ―particularmente en el acceso a medicamentos críticos, como antibióticos, psicofármacos o para enfermedades crónicas―, o los vinculados al derecho a una vivienda digna, como el acceso a materiales de la construcción; y no obstante a su capacidad para reprimir severamente las resistencias sociales ―lo que cualquier analista cubano identificaría, tratándose de otro país, como «violencia estructural»―, continuó siendo el único actor con capacidad para fungir como aliado potencial en medio de la zona de muerte creada por el caos de desabastecimiento, especulación e inflación.

Pese a trayectorias laborales de lealtad y servicio público, algunas sobresalientes, la ayuda y los cuidados llegaron tarde para muchas personas que, a medida reducían su vida social tras la jubilación, que veían restringidas su movilidad y salud; se vieron confinados en cuartos y viviendas hasta sucumbir por abandono, sub alimentación, depresión, soledad y medicación intermitente o nula; por citar algunas causas que no pocas veces se integraban y actuaban de forma demoledora y cruel.

Situaciones de este tipo quedaron enmascaradas asimismo dentro de otros procesos que estaban deshaciendo el tejido social cubano. Por ejemplo, algunas de las consecuencias de lo migratorio, del lapso entre el arribo e inserción en las sociedades receptoras y la capacidad real de sostener el mantenimiento y cuidado cada vez más complejo y demandante de adultos que eran ya económicamente dependientes, o el debilitamiento o cese unilateral de tales responsabilidades y vínculos ―o de los afectivos por distintas razones―, fueron socialmente invisibilizados por la connotación positiva que tuvo lo migratorio para vecinos, amigos y otros familiares. 

El vacío resultante de la contracción de muchas de las funciones del Estado cubano, no podía ser llenado por las prácticas de solidaridad y fraternidad que antiguamente habían estado muy jerarquizadas y extendidas, como ejes centrales de la vida social y de la realización personal. 

Existen otro tipo de historias, es cierto, felices o aparentemente felices, pero es posible que nunca se comprenda lo suficiente las historias de sacrificios, tristeza, impotencia y resignación que experimentaron los que salieron del país con la esperanza de procurar una vida mejor a sus familiares y fracasaron; tampoco la percepción íntima de la derrota total y última que la dependencia, la soledad, el abandono y el olvido, significaron para una orgullosa generación de hombres y mujeres que habían sido autónomos económicamente y socialmente útiles, exitosos formando familias y, en su inmensa mayoría, propietarios de sus viviendas. 

No anoto esto por gusto. Alguna vez muchos de ellos soñaron con dejar un legado mayor, pero estos tres tipos de bienes suyos, por así decirlo, de identidad, realización y seguridad, no eran irrelevantes y, en la mayoría de los casos, habían sido alcanzados dentro de un proyecto de país que visualizaron, más allá de sus límites y oscuridades, como capaz de ofrecerle felicidad a la mayoría.

Es posible que muy pronto, una nueva legislación abra paso e instaure la institución de hipoteca y la conversión de la vivienda personal en mercancía y forma de responder a obligaciones. La conversión en mercado de ese extraordinario e invisibilizado logro civilizatorio que es la vivienda en Cuba, será el cierre final de esas vidas, traicionadas.

Lejos o cerca, con otras nacionalidades adquiridas o con vidas completamente trasnacionales y ajenas al destino de los pobres en Cuba, algunos esperan por su turno. Ese es su horizonte. Para ellos, como para los otros, la exclusión política es una casa de espejos.

El problema en Cuba es político

Y naturalmente de acción política. No es que no existan otros, ni que se puedan subestimar o ignorar. Ha llegado a convertirse por la evolución, las inter relaciones de distintos tipos de contradicciones y por la desactivación y descarte de cambios introducidos a lo largo de años; en la contradicción fundamental, entronizada por encima de cualquier otra, e inevitable. 

Los esfuerzos por desconocer, disipar o aplazar las tensiones y demandas que la contradicción política genera dentro de la sociedad cubana, no ha hecho hasta hoy otra cosa que supra-jerarquizarla y, al mismo tiempo, disminuir su complejidad. Esto último es muy importante. En la medida que una contradicción se torna menos compleja, es más difícil disiparla o convertirla en otro orden de contradicción. 

La democracia es nuestro único horizonte. Tiene que serlo si queremos superar el desastre en que estamos y evitar el otro mayor al que nos empujan. Tenemos que empezar a caminar en serio. Hacer esto es reivindicar la política para nosotros, el derecho de igualdad política y el fin de la exclusión política. Estas son nuestras metas, en lo que radica nuestra autenticidad política y lo que hay que resolver para la plenitud de ella. Todo lo demás es lo que nos hace pensar diferente. Y no está mal que así sea.

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Este artículo es un ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.