Cuba entre la concentración del poder y la transferencia de responsabilidades

Quienes ejercen el poder en Cuba creen que nosotros, el pueblo, no llevamos la cuenta de la cantidad de planes y programas económicos y sociales que se aprueban, redactados con jerga burocrática, y que luego quedan en absolutamente nada. Lo peor es que, además de derrochar recursos económicos y humanos en su elaboración, cuando no se implementan o se paralizan por alguna razón, nadie rinde cuentas por ello.

Para colmo, resulta muy común que la mayor parte de quienes los han elaborado y luego no rinden cuenta, son quienes participan en la construcción de otros planes y programas que tampoco serán cumplidos. Así llevamos varias décadas, inmersos en el círculo vicioso de la incompetencia de una clase burocrática aferrada al poder que, amparada en el monopolio de la fuerza, se niega a asumir responsabilidades ante la sociedad por sus fracasos.

La lista incluye sendos «Lineamientos de Política Económica y Social» aprobados en los 6º y 7º congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de los que nadie habla ya; la «Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista»; el «Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030»; el «Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía», que ahora cambia de nombre a «Programa Económico y Social del Gobierno para 2026» y que, supuestamente, es el resultado de incluir opiniones ofrecidas por la población y por expertos en el proceso de debate. Sin embargo, la realidad es que todos ellos conservan el denominador común de defender ―a toda costa―, un modelo económico y político que lejos de construir bienestar para la sociedad cubana, la ha empobrecido.

Ahora, junto a este nuevo «Programa Económico y Social», presentado en medio del escenario de mayor nivel de incertidumbre desde el derrumbe de la Unión Soviética ―debido al colapso del sistema energético, a la parálisis del sistema productivo y al endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos con la aplicación de medidas arancelarias coercitivas a los países que exporten combustibles a Cuba―; se ha anunciado la transferencia de una serie de competencias y, sobre todo, de responsabilidades a los municipios.

Se ha hecho público asimismo el Decreto-Ley 114/2025, «De la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales»; se autorizó también la creación de centros privados para el cuidado de ancianos y personas discapacitadas y la importación privada de combustibles; actividades para las que ―por supuesto― será necesario contar con licencias previas otorgadas por el gobierno con la ya conocida discrecionalidad.

A los municipios se les transfiere la responsabilidad de atraer y gestionar la inversión extranjera directa; los esquemas cerrados de divisas; diseñar y proponer sus sistemas productivos; aprobar la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes); gestionar las asociaciones económicas entre los sectores estatal y privado, así como las inversiones de los cubanos residentes en el exterior.

Esta decisión genera varias interrogantes: ¿Tienen los municipios los recursos financieros y humanos y las condiciones logísticas para asumir tales responsabilidades? ¿Ahora la idea que tienen los burócratas cubanos sobre la «resistencia creativa» es pretender que los municipios sean entidades autosuficientes, a pesar de que ni el país lo es? ¿Tienen conciencia quienes ahora se lavan las manos, pasando la «papa caliente» a las entidades básicas del sistema de instituciones del Estado, de que existe una gran diferencia en todos los sentidos entre los municipios? ¿Pretenden llevarnos al feudalismo o es que ya estamos en él y no nos percatamos? ¿O se trata de algo que  ―a diferencia de Yannis Varoufakis, quien ha escrito sobre el «tecnofeudalismo»― podría ser en nuestro caso «feudalismo primitivo», dado el grado de precariedad de la vida de los cubanos? Al parecer, se está anunciando una supuesta descentralización que mantiene, en esencia, la lógica de decisiones discrecionales afín a los sistemas burocráticos.

El decreto por el que se permite la creación de empresas mixtas; la adopción de contratos de asociaciones económicas entre empresas estatales y privadas o cooperativas, así como la adquisición ―por una empresa estatal― de participaciones en una sociedad de responsabilidad privada existente, y la absorción por una sociedad anónima de capital ciento por ciento cubano o una sociedad limitada estatal; parece resultado de la improvisación a la que nos tienen acostumbrados quienes ejercen el poder en este país.

¿Cuánto se ha debatido sobre la necesidad de una ley de empresa en Cuba? Personalmente considero que no es conveniente redactar leyes diferentes para las empresas estatales y las no estatales; pero la burocracia cubana decidió lo contrario, le dieron prioridad a una ley para la empresa estatal «socialista». Todos sabemos que la adopción de esa ley se ha pospuesto; sin embargo, sale a la carrera este decreto que claramente podría significar que se asocien recursos que supuestamente son propiedad del pueblo ―aunque administrados por la burocracia― y capitales privados, muchos de los cuáles son resultado de un proceso de acumulación primitiva debido a relaciones privilegiadas con los centros de poder.

Soy consciente de que muchas empresas privadas no guardan conexiones con el poder, pero otras sí, y estas últimas ―además de las ventajas que le otorgan la falta de transparencia y la excesiva discrecionalidad del sistema cubano―, constituyen el peligro de una transición económica «a la rusa», con privatizaciones incluidas sin licitaciones públicas y competitivas, en un proceso en el que el autoritarismo comunista pueda transformarse en uno de nuevo cuño, ya sin máscaras ni limitaciones ideológicas.

En un intento por utilizar al emergente sector privado para aprovechar las excepciones que permiten las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, el régimen cubano autorizó la importación privada de combustible, dada la imposibilidad de garantizar la oferta estatal, agravada por el anuncio de la administración estadounidense de gravar con aranceles extraordinarios a los países que exporten combustible a Cuba. Dichas medidas se producen en medio del mayor colapso energético que afecta a la Isla como parte de su crisis multidimensional; sin embargo, estas importaciones privadas únicamente pueden hacerse para autoconsumo, no para crear un mercado privado de combustible, y solo a través de acuerdos entre las «mipymes» y las empresas estatales de comercio exterior. Con ello, el gobierno mantiene el control del proceso y obtiene las rentas «por los servicios prestados».

En fecha reciente, el régimen cubano también autorizó la creación de centros privados para la atención de adultos mayores o en situación de discapacidad, operados por «mipymes» autorizadas por las Direcciones Municipales de Salud. La realidad es que la parte de población necesitada que accedería a estos servicios podría ser muy pequeña, considerando que los mismos no sería posible costearlos en el país en que un cartón de huevos cuesta más que el monto de la pensión mensual de la mayor parte de los jubilados; sino desde el exterior. Por otra parte, resulta evidente que este paso constituye uno más en el camino iniciado desde hace años por el Estado cubano en el sentido de abandonar paulatinamente una serie de responsabilidades sociales que en otra época consideraba «conquistas».

En este contexto, el conjunto de medidas anunciadas dibuja una forma particular de gestión de la crisis en la que el poder central preserva su control sobre las decisiones fundamentales mientras distribuye hacia otros niveles del sistema —municipios, empresas y sector privado emergente— un número creciente de responsabilidades económicas y sociales. Tal dinámica configura una suerte de descentralización administrativa en la que las obligaciones se expanden hacia la base del sistema institucional sin los recursos necesarios, mientras los márgenes reales de decisión continúan concentrados en la cúspide del poder.

El resultado previsible de esta combinación de transferencias parciales, controles discrecionales e improvisaciones normativas es un escenario institucional fragmentado, en el que la gestión cotidiana de la crisis se dispersa entre múltiples actores en tanto las decisiones fundamentales permanecen altamente centralizadas, siguiendo el objetivo central de conservar el poder a toda costa.

Después de décadas de programas económicos, lineamientos y planes de desarrollo que nunca alcanzaron los resultados anunciados, la economía cubana enfrenta nuevamente un momento en el que la solución de sus problemas estructurales exige reglas claras, instituciones funcionales y un sistema de responsabilidades públicas e institucionales que permitan al país avanzar hacia un modelo económico capaz de generar prosperidad y bienestar social, y a un modelo político que conduzca a la democratización de la sociedad, al control de esta sobre el gobierno y al respeto a las libertades y derechos civiles.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.