El Tablero Roto. Diferendo Cuba-Estados Unidos: ¿un juego de dos jugadores?
Eran las primeras horas del 25 de febrero de 2026 cuando una lancha rápida con matrícula de Florida, una Proline de 24 pies robada días antes de un muelle en Big Pine Key, se adentraba en aguas territoriales cubanas cerca de Cayo Falcones, provincia de Villa Clara. A bordo viajaban diez hombres. Todos cubanos de nacimiento. Todos residentes en los Estados Unidos. Todos armados, según las informaciones del gobierno cubano.
La guardia costera cubana los interceptó aproximadamente a una milla náutica del canal El Pino. La respuesta fue inmediata y letal: cuatro muertos, seis capturados. Entre el equipo confiscado: rifles de asalto, un rifle de francotirador, cócteles molotov, visión nocturna, uniformes de camuflaje y chalecos antibalas. El líder era Amijail Sánchez González, 47 años, residente de Miami, fundador de una organización llamada Autodefensa del Pueblo. Dos de los participantes figuraban en una lista de terroristas que Cuba había compartido con el gobierno de los Estados Unidos en 2023, nuevamente en 2025, y con las Naciones Unidas en julio del mismo año. Washington nunca respondió.
El incidente ocurrió exactamente treinta años después de que cazas cubanos derribaran las avionetas de Hermanos al Rescate sobre el Estrecho de la Florida, el 24 de febrero de 1996. La coincidencia de fechas no es un detalle menor. Pero en 2026, a diferencia de 1996, el tablero diplomático estaba en un momento completamente distinto: Washington y La Habana estaban, silenciosamente, más cerca de un acuerdo que en cualquier momento de los últimos seis decenios. La pregunta que el incidente de Cayo Falcones instala en el centro del análisis no es quién disparó, sino quién necesitaba que se disparara, y a quién le convenía que eso ocurriera exactamente cuando ocurrió.
La teoría de juegos no ofrece respuestas definitivas a preguntas así. Está diseñada para navegar situaciones donde las respuestas definitivas son imposibles. Su premisa es tan simple como perturbadora: el resultado de lo que haces no depende solo de ti, sino de lo que hacen los demás, que a su vez depende de lo que esperan que hagas tú. Y lo que complica este diferendo en particular, es que ninguno de los actores relevantes juega únicamente un juego. Cada uno juega varios simultáneamente, con audiencias distintas, y a veces los mueve en sentidos opuestos.
Para comprender el peso del incidente de Cayo Falcones, hay que entender primero en qué momento exacto ocurrió. El 29 de enero de 2026, la administración Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, declarando emergencia nacional e invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para amenazar con aranceles secundarios a cualquier país que suministrara petróleo a Cuba. México suspendió sus envíos en horas. Las aerolíneas extranjeras dejaron de poder repostar en la isla. El déficit eléctrico cubano alcanzó los 2.046 megavatios contra una demanda de 3.050. Cuba, cuya economía ya había caído un 5% en 2025 y acumulaba más de un 15% de contracción desde 2020, quedó sin el último sustento energético que le quedaba tras la caída de Maduro.
Al mismo tiempo, en paralelo a la presión pública, el secretario de Estado Marco Rubio mantenía conversaciones secretas, descritas por Axios el 18 de febrero como «sorprendentemente cordiales y sin diatribas políticas sobre el pasado», con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de 41 años de Raúl Castro y persona de confianza del líder del clan familiar. El 26 de febrero, Rodríguez Castro viajó a St. Kitts, donde Rubio asistía a una reunión de CARICOM. Rubio dejó en claro en privado que las discusiones estaban «bastante avanzadas». Cuatro días después ocurrió el incidente de Cayo Falcones.
Lo que Washington estaba ejecutando no era una política simple de presión, sino una estrategia de dos niveles simultáneos: estrangulamiento público máximo hacia el gobierno cubano, y canal privado hacia los actores con poder real de decisión dentro del régimen. En teoría de juegos, esto se llama una estrategia de «compromiso creíble combinado con señalización selectiva»: el jugador dominante destruye opciones del jugador subordinado mientras le abre en privado una salida específica, forzando la elección entre colapso y negociación en los términos del primero. La eficacia de la maniobra depende de que ambas señales lleguen simultáneamente: la amenaza tiene que ser creíble, y la oferta tiene que ser lo suficientemente atractiva para quien tiene poder de aceptarla.
En tal contexto, la lancha de Cayo Falcones no fue solo un incidente de seguridad, sino también una señal lanzada al tablero en el momento en que este se hallaba más cerca de una reconfiguración que en cualquier otro en seis décadas. El análisis que interesa no es moral sino estructural: ¿quién necesitaba interrumpir ese proceso, y por qué? Para calibrar lo que Cayo Falcones significa en términos de teoría de juegos, el caso de Hermanos al Rescate en 1996 sigue siendo el manual de referencia más preciso.
«Hermanos al Rescate», fundada por José Basulto en 1991, había comenzado como operación humanitaria genuina. Pero hacia 1995 había derivado hacia una agenda más política: sobrevuelos en territorio cubano, violaciones deliberadas del espacio aéreo de La Habana, provocaciones sistemáticas diseñadas para forzar una respuesta del régimen. Lo que muchos ignoraban era que la inteligencia cubana tenía operativos infiltrados en el núcleo mismo de la organización, incluyendo a Juan Pablo Roque, piloto que desertó de regreso a la Isla el 23 de febrero de 1996, la noche anterior a los derribos. La sincronización fue milimétrica.
La inteligencia cubana sabía que los vuelos ocurrirían. Y eligió, en ese instante de fragilidad del proceso legislativo en Washington, responder con la máxima violencia disponible. El presidente Clinton, que hasta ese momento resistía las presiones del Congreso, firmó dos días después la Ley Helms-Burton. Esa legislación transformó el embargo, de una política ejecutiva modificable en una ley del Congreso casi imposible de revertir. La firma de la Helms-Burton fue una victoria táctica de primera magnitud para quienes, dentro y fuera del régimen, necesitaban que el conflicto permaneciera como eje organizador.
El principio que emerge es fundamental: un actor pequeño con agenda propia puede convertirse en herramienta de un actor más grande sin saberlo, y un actor más grande puede usar las acciones de actores menores como palanca para imponersu agenda,incluso cuando no las ordenó directamente. Hermanos al Rescate creyó estar presionando al régimen. El régimen los usó para presionar a Washington. Washington firmó exactamente la ley que preservó el estatus quo por décadas. Nadie necesitó coordinar ese resultado para producirlo. Los incentivos del tablero lo produjeron solos.
Cayo Falcones tiene la misma arquitectura. La pregunta no es si Amijail Sánchez González y sus nueve compañeros actuaron de buena fe, probablemente lo hicieron. La pregunta es ¿qué actores en el tablero tenían razones para que algo así ocurriera exactamente cuando ocurrió?
En teoría de juegos, cuando un evento produce beneficios para múltiples actores simultáneamente sin que ninguno lo haya ordenado, eso no es coincidencia. Es lo que ocurre cuando los incentivos del tablero están estructurados de cierta manera. La pregunta no es quién apretó el gatillo, sino quién tenía razones para que se apretara.
El primer candidato es el «exilio patriótico genuino», y mencionarlo requiere separar la legitimidad de la motivación, de la legitimidad del método. Para este sector, el acuerdo que Washington y La Habana estaban tejiendo en silencio no era una victoria; era una traición: un arreglo que dejaría a Cuba con un gobierno superficialmente reformado, las mismas familias administrando su propia transición cosmética, y sin justicia real para las víctimas del régimen. La operación de Cayo Falcones puede leerse como una señal de existencia desesperada, un mensaje al pueblo cubano de que hay gente dispuesta a actuar, un intento de encender algo que obligue a los actores grandes a moverse en formas que no puedan controlar. Esto no justifica el método, pero entender la motivación es distinto a justificar la acción.
El segundo beneficiario es más difuso, pero más poderoso: «los políticos del exilio duro y figuras mediáticas cuya razón de ser depende de la continuidad del conflicto». Para los congresistas cubanoamericanos que recaudan sobre la intransigencia, para los influencers del exilio digital cuya audiencia se sostiene sobre la narrativa de confrontación permanente, el acercamiento real entre Washington y La Habana es una amenaza existencial. Sus incentivos los alinean naturalmente, sin coordinación explícita, con cualquier actor que tenga interés en mantener el conflicto como eje organizador.
El tercer beneficiario es el más paradójico: «sectores del propio gobierno cubano que necesitan tiempo». La cúpula de GAESA sabe que la crisis es insostenible, pero también sabe que cualquier arreglo firmado bajo presión máxima sin garantías suficientes puede terminar peor que el colapso mismo. Los 18.000 millones de dólares en activos que el Miami Herald documentó a partir de documentos filtrados, cifra cuestionada por algunos economistas, pero indicativa de la magnitud del poder económico en juego, no sirven de nada si un proceso de transición mal controlado los expone a reclamaciones legales internacionales. Un incidente como el de Cayo Falcones les da exactamente lo que necesitan: una semana más, cobertura para dilatar. Ningún gobierno negocia en medio de una crisis de seguridad activa.
El resultado es que un mismo evento puede ser simultáneamente genuino en su motivación, útil para múltiples actores con intereses distintos, y funcional a dinámicas que ninguno controla completamente. Los hombres de la lancha probablemente creyeron en lo que hacían. Los que observaron calcularon sus beneficios. Y el proceso diplomático, que llevaba semanas construyéndose en silencio, recibió un golpe exactamente en el momento más delicado.
Lo que Cayo Falcones no pudo calcular, o sí calculó, y apostó en sentido contrario, es que el contexto geopolítico de Washington en marzo de 2026 hace que la interrupción de las negociaciones con Cuba sea exactamente lo que Trump no puede permitirse.
El 28 de febrero, la Operación Epic Fury, los ataques aéreos conjuntos estadounidenses-israelíes sobre infraestructura nuclear iraní, produjeron la muerte del Ayatolá Jamenei y abrieron una guerra activa en Oriente Medio que a la fecha de este artículo lleva ya más de 1.300 muertos y sin resolución clara. El senador Lindsey Graham declaró en Fox News que Cuba sería «la siguiente». Trump lo confirmó el 5 de marzo ante CNN: «Queremos terminar este primero, pero será solo cuestión de tiempo».
Pero esa secuencia, primero Irán, luego Cuba, contiene una lógica interna que la hace más urgente, no menos. Una guerra en Oriente Medio que se prolonga es políticamente costosa para una administración que construyó su narrativa sobre victorias rápidas sin involucramiento prolongado. Trump necesita demostrar que puede cerrar frentes, no solo abrirlos. Venezuela fue el modelo con una operación de captura seguida de un acuerdo negociado que permitió una transición sin una ocupación costosa. Cuba es la oportunidad de replicar ese modelo en el hemisferio, esta vez sin necesidad de operación militar alguna: la presión energética y económica ya hizo el trabajo que en Venezuela requirió fuerzas especiales.
El 7 de marzo, en la Cumbre Escudo de las Américas celebrada en Trump National Doral, Trump fue explícito: «Cuba está al final del camino. No tienen dinero. No tienen petróleo. Quieren negociar, y están negociando con Marco Rubio y conmigo». Predijo que Rubio «se tomará una hora libre y terminará un acuerdo con Cuba». En la lógica del jugador que opera con múltiples frentes simultáneos, Cuba es el activo que se reasigna en cuanto el frente iraní libera capacidad de atención: el costo de oportunidad de no cerrar ese tablero aumenta con cada semana en que la guerra en Oriente Medio drena capital político.
El incidente de Cayo Falcones, leído desde este ángulo, no interrumpió las negociaciones; las presionó. Les dio a ambos lados una excusa táctica para pausar y recalibrar. Pero la presión que empuja hacia el acuerdo —el colapso económico cubano, la necesidad de Trump de victorias hemisféricas mientras Irán drena capacidad política, el cálculo de GAESA sobre sus propios activos—, no desapareció por el ruido de una lancha. Si acaso, lo intensificó.
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El error analítico más común sobre Cuba es tratar al «gobierno cubano» como un actor unitario. La evidencia disponible sugiere algo radicalmente distinto. Dentro del mismo escenario existen al menos tres grupos con intereses que divergen de maneras profundas, y la dinámica interna entre ellos es tanto o más relevante que cualquier movimiento externo.
El primero es «la élite financiera de GAESA». El conglomerado militar que Raúl Castro construyó durante el Período Especial controla hoy la mayoría de la economía cubana que genera divisas (turismo, comercio, logística, telecomunicaciones, finanzas). Sus ingresos son 3,2 veces mayores que todo el presupuesto del Estado, y no paga impuestos en divisas ni puede ser auditado por la Contraloría General. Para esta élite, la crisis actual tiene una traducción muy concreta: los activos que acumularon durante décadas están amenazados, no solo por el colapso de la economía nacional, sino por la posibilidad de que una transición mal gestionada los exponga a reclamaciones legales internacionales. Sus conversaciones con el equipo de Rubio, a través de Rodríguez Castro, tienen una lógica perfectamente racional basada en que si el modelo venezolano les garantiza impunidad y preservación de activos, es un precio que pueden pagar.
El segundo grupo, que tampoco es monolítico, al que todos los demás invocan como justificación, pero al que ninguno consulta realmente, es «el pueblo cubano». Un pueblo atrapado en una doble tenaza. Por un lado, el totalitarismo de un sistema que ha perfeccionado los mecanismos de control social durante seis décadas. Por el otro, el embargo, que lleva más de sesenta años apostando a que el sufrimiento acumulado produciría el levantamiento que cambiaría el régimen, sin materializarse en la forma esperada, pero produciendo sufrimiento real e inconmensurable para generaciones que no eligieron ninguno de los dos lados. La economía cayó un 5% en 2025 sobre una caída acumulada del 15% desde 2020. Más de un millón de personas han abandonado la Isla desde 2021. Los apagones de más de veinte horas son ya el estado permanente, no la excepción.
En 2026, ese tablero auxiliar se ha cerrado: Venezuela transita su propio post-Maduro, la ruta de Nicaragua está bloqueada, el petróleo mexicano también suspendido. Las válvulas de escape que el régimen usó para liberar presión preservando el control ya no funcionan. La pregunta que esto instala no es solo ¿cuánto puede aguantar el sistema?, sino ¿qué ocurre con los que se quedaron cuando ya no queda a dónde irse?
Lo que es nuevo, y lo que ningún análisis anterior incorporó suficientemente, es cómo la administración Trump apela de forma subrepticia a la estrategia de juego de Obama o Biden: el sector privado cubano emergente. Desde la autorización de las MiPyMEs en septiembre de 2021, el número de empresas privadas registradas superó los 11.000. En 2024, por primera vez desde la revolución, el sector privado superó al estatal en comercio minorista, representando el 55% de bienes y servicios al detalle. Las empresas privadas importaron 1.195 millones de dólares en el primer semestre de 2025.
Este sector no es resultado de una reforma política voluntaria, sino el resultado de que el Estado ya no puede proveer lo que la gente necesita para sobrevivir. Pero ha creado algo que no existía antes: un espacio de autonomía económica real, no controlado por GAESA, con actores que tienen incentivos materiales para que la economía funcione.
La administración Trump lo identificó explícitamente cuando el Tesoro estadounidense anunció en febrero de 2026 una política de licenciamiento favorable para la reventa de petróleo venezolano exclusivamente al sector privado cubano, prohibiendo transacciones con el gobierno o los militares. Es un movimiento que tiene una lógica de teoría de juegos muy precisa: fortalecer al actor que quieres que sobreviva a la transición sin financiar al actor que quieres que ceda. Es ingeniería de incentivos.
Es importante enfatizar que, si bien los emprendedores son la punta de lanza de la estrategia de Trump, no son ellos solamente la fuerza que pudiera catalizar el supuesto cambio. En las últimas semanas se han reportado manifestaciones pacíficas, cacerolazos y otros tipos de demostraciones de un pueblo ahogado y privado de sus derechos, pero cada vez más renuente a aceptar el rol de doble víctima. Un pueblo que siente que un momento de quiebre se acerca y abandona el miedo para demostrar su disminuido pero potencial impacto; lo que en teoría de juegos se denomina un jugador débil, con mucho impacto en un «equilibrio de Nash» débil.
Aquí reside lo más paradójico de la coyuntura actual. La acción de Trump hacia Cuba, motivada enteramente por sus propios intereses, victorias geopolíticas rápidas, legado hemisférico, base electoral de la Florida; puede producir un efecto que ningún actor hubiera diseñado deliberadamente para el pueblo cubano: AGENCIA. No la libertad que el exilio duro lleva décadas prometiendo como consecuencia de la presión máxima; sino algo concreto como la posibilidad de que el sector privado cubano, el paladar, el hostelero independiente, el proveedor de servicios digitales, gane suficiente peso económico como para convertirse en un interlocutor real en la transición que se avecina, independientemente de quién esté todavía formalmente en el poder.
El pueblo cubano no tiene el capital financiero de GAESA, ni el capital institucional de los operativos de seguridad, ni el capital mediático de los influencers de Miami. Pero tiene algo que ninguno de los otros actores tiene en la misma medida: volumen, urgencia y, por primera vez en décadas, un sector económico propio cuya supervivencia no depende del Estado. En teoría de juegos, eso se llama una «disrupción endógena»: el movimiento que viene del actor que los demás descuentan, en el momento en que ya no tiene sentido seguir esperando. Son los movimientos más difíciles de modelar y los que más transforman el juego.
Si hay un actor cuya posición en el tablero cambia más dramáticamente con un acuerdo Cuba-EE.UU., es el exilio político de Miami. Y la naturaleza de ese cambio es más compleja que la narrativa de «derrota del exilio duro» que circula en ciertos medios.
La Encuesta Cuba de la FIU de 2024 ya documentaba las fisuras: el 47% del cubanoamericano en South Florida se identifica como republicano, el 29% como independiente o sin afiliación, el 24% como demócrata. La política hacia Cuba ocupa el sexto u octavo lugar entre las prioridades políticas, por detrás de cuestiones económicas cotidianas. Entre los menores de cuarenta años, solo el 47% apoya el embargo. La elección de la alcaldía de Miami en 2025, donde Eileen Higgins se convirtió en la primera alcaldesa demócrata en casi treinta años, ganando precintos históricamente cubanos en Little Havana, Flagami y West Brickell, fue descrita por Progreso Weekly como «la transformación política más significativa en una generación».
Más de 400.000 cubanos llegaron a South Florida desde 2022. Estos recién llegados no son los exiliados históricos de los años sesenta. Son personas que salieron de la crisis reciente, con un conocimiento directo y actualizado de la isla, y con vínculos familiares activos en Cuba. Su incorporación política al electorado cubanoamericano no produce necesariamente más intransigencia, sino más pragmatismo, demanda de soluciones concretas, y menos disposición a sostener indefinidamente una posición ideológica que no cambia nada en la vida de sus familiares que se quedaron.
Un acuerdo entre Washington y La Habana no elimina el poder político del exilio de Miami, lo redistribuye. El capital de los congresistas y figuras mediáticas cuya identidad completa depende de la narrativa de confrontación permanente se erosiona. Pero se abre simultáneamente un espacio enorme para otro tipo de protagonismo: el del exilio que invierte en el sector privado cubano, que transfiere tecnología, que apoya la independencia económica de la Isla respecto al Estado. Las remesas ya son el motor más importante de la economía cubana. Un entorno donde el sector privado cubano tenga más espacio y el régimen tenga menos control sobre las transacciones, le otorga al exilio no menos influencia sobre el futuro de Cuba, sino una influencia de naturaleza distinta y potencialmente más duradera.
El exilio que apueste a el rol de constructor, inversor, puente entre el capital cubanoamericano y el emprendimiento privado en la Isla, no pierde protagonismo con un acuerdo; lo gana con una agenda que no depende de que el régimen colapse para producir resultados.
Llamar a lo que se avecina un «acuerdo» es, quizás, demasiado impreciso o quizás hasta pretencioso. Una estrategia de presión máxima con canal secreto produce equilibrios inestables, no tratados: concesiones mínimas bajo coerción máxima, y transiciones que dejan intactas las estructuras de poder que hacen insostenible el estatus quo a largo plazo. En teoría de juegos, el problema es de horizonte temporal, puesto que el jugador que cede bajo presión no internaliza los términos del acuerdo como preferencia propia, sino como restricción temporal. Cuando la presión disminuye, la restricción se relaja.
La estructura del problema cubano lo hace especialmente resistente a este tipo de solución. Venezuela tenía petróleo, que hacía al régimen valioso para Washington incluso después de ceder. Cuba no tiene ese activo de negociación. Lo que tiene es un aparato de seguridad con seis décadas de experiencia resistiendo presión exterior, y una cúpula, GAESA, cuya disposición a negociar depende de garantías que ningún acuerdo transaccional puede ofrecer con suficiente credibilidad: impunidad verificable, protección de activos internacionales, y continuidad de control sobre la economía real de la Isla. La brecha entre lo que Washington puede ofrecer y lo que GAESA necesita para ceder es el espacio donde los acuerdos se deshacen.
Rubio es el nodo de mayor tensión. Su trayectoria de toda una vida como halcón anticastrista choca frontalmente con la preferencia de Trump por acuerdos que dejan intactas las estructuras autoritarias a cambio de concesiones tácticas. Si Trump logra un acuerdo que normalice relaciones con un gobierno cubano apenas reformado, Rubio traiciona su causa vital. Si lo bloquea ―y hay reportes de Drop Site News según los cuales Rubio estaría deliberadamente filtrando información distorsionada a Trump sobre el estado de las conversaciones―, arriesga convertirse en el responsable de una catástrofe humanitaria que produciría la mayor crisis migratoria cubana desde el Mariel, exactamente antes de las elecciones intermedias de 2026.
Ese dilema de Rubio es, en sí mismo, un juego dentro del juego. Y su resolución determinará más que cualquier otra variable el ritmo y la sustancia de lo que ocurra en los próximos meses.
La lancha de Cayo Falcones importa no porque haya cambiado la dirección del proceso, sino porque reveló con una claridad poco habitual la densidad del tablero sobre el que ese proceso se juega. Un tablero donde los actores pequeños pueden mover a los grandes. Donde los incentivos producen resultados que nadie diseñó. Donde un incidente en aguas de Villa Clara a las tres de la mañana puede resonar durante semanas en las capitales que deciden el futuro de ocho millones de personas.
Los hombres de esa lancha creyeron que actuaban en nombre del pueblo cubano. Es posible que lo hicieran, en el único lenguaje que conocían. Pero en el tablero donde se juega el futuro real de Cuba, fueron una pieza movida, consciente o no, en una partida cuya arquitectura de incentivos los superaba con creces. Lo mismo ocurre, en distintas escalas y con distintos recursos, con casi todos los actores de este diferendo.
Lo nuevo, lo que ningún análisis anterior podía incorporar porque no existía, es la posibilidad de que el actor más subestimado del tablero, el pueblo cubano junto al sector privado nacional que por primera vez en seis décadas tiene autonomía económica real, sea también el que defina el desenlace. No como objeto de negociación entre GAESA y Washington; sino como sujeto de su propia transición. Eso no está garantizado, pero por primera vez en mucho tiempo, tampoco está descartado.
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* Artículo de análisis político basado en información de dominio público disponible al 8 de marzo de 2026. Las hipótesis sobre motivaciones y cadenas causales son especulativas por naturaleza, en reconocimiento explícito de la opacidad inherente a los procesos de inteligencia y política exterior.
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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.
