Cabalgando un tigre: posibles razones de un persistente inmovilismo

La Navaja de Ockham es un principio filosófico que sugiere que, cuando se tienen varias explicaciones posibles para un fenómeno, la más simple es generalmente la correcta.

Muchos se preguntan a qué se debe la obstinación del grupo de poder que dirige Cuba y se niega a cambiar, aun cuando es evidente el desastre económico y sociopolítico al que se ha llegado. Dos oportunidades tuvieron: hace treinta y cuatro años, ante la implosión del campo socialista europeo del que la Isla dependía; y siete años atrás, cuando sometieron a consulta popular el proyecto de Constitución y rehusaron incluir numerosos cambios sugeridos en los debates de base por considerar al sistema político un «contenido pétreo», no modificable bajo ninguna circunstancia.

No se trata de un apego a ideales o utopías convertidos en dogmas. La clase política dirigente ha demostrado que sus intereses son prioritarios a cualquier ideal. Así lo prueba el dilatado proceso de desmontaje de la justicia social en Cuba que, ante la carencia de democracia política, fue por décadas escudo del sistema y su manera de lograr legitimidad y altas cuotas de consenso.

Durante 2018, en la versión del proyecto de Constitución, la comisión redactora, en un repunte de pragmatismo, había decidido eliminar «el comunismo» como horizonte de aspiración futura, lo que me pareció realista pero incoherente con un partido único auto designado con ese nombre. Así respondió Esteban Lazo, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional, a un diputado que no concordaba con la propuesta:

«(…) nosotros no podemos olvidar que nosotros tuvimos un 6to. Congreso del partido y un 7mo. Congreso del Partido, y que en ese congreso del Partido y en este parlamento, en la anterior legislatura, nosotros aprobamos la conceptualización de nuestro modelo, y en nuestra conceptualización precisamente no es por gusto que no planteamos la palabra comunista. Nosotros no perdemos la ideología nuestra Marxista-Leninista, pero tenemos que ver el problema también en épocas, por eso en la conceptualización, cuando se plantea la visión, se habla de lograr un país socialista».

En la versión final sería devuelta a su lugar la referida aspiración, pero una cosa es la letra de la Constitución y otra la actitud de las autoridades ante ella, sobre todo cuando dichas autoridades no tienen las mismas condiciones de existencia de las mayorías.

No obstante, ni socialismo ni comunismo. Sería arduo listar todas las medidas que indican el sesgo anti obrero asumido por la cúpula gobernante. Basten estas: desarticulación de las asambleas de trabajadores por asambleas «de representantes»; violación de los convenios colectivos de trabajo; considerar «gratuidades indebidas» los estímulos a trabajadores; incautación de los espacios de socialización de la clase trabajadora: círculos sociales y casas de visita; cierre de 24 000 comedores obreros; aumento en cinco años de la edad de jubilación para hombres y mujeres; autorización del trabajo infantil desde los quince años; extinción del Instituto de Seguridad Social; abandono de los jubilados y pensionados a su suerte; comercialización de bienes de primera necesidad en moneda extranjera, con la consiguiente exclusión de enormes sectores poblacionales; disminución notable de inversiones en sectores sociales como Salud, Educación y Asistencia Social; aumento desmesurado de la inflación, que recae sobre los hogares más pobres, la mayoría hoy; represión a protestas no violentas de la clase trabajadora; discurso antipopular. Vale acotar que la mayor parte de estas decisiones fueron tomadas durante la década de gobierno de Raúl Castro.

Es claro que los primeros que renunciaron hace mucho a cualquier ideario socialista o comunista (si es que alguna vez lo tuvieron), son los que deciden la política insular. ¿Qué impide entonces a esa casta tecnocrática-militar traspasarse, a sí y a los suyos, la propiedad estatal (jamás social) de una vez y por todas, como ocurrió hace más de tres décadas en la URSS o como ha venido ocurriendo después en los modelos asiáticos?

De hecho, la Constitución de 2019 preparó el terreno para el traspaso. En tal sentido hubo dos cambios respecto a la de 1976: se declaró al estado «administrador de la propiedad social a nombre del pueblo», y se permitió que una entidad estatal declarada «en bancarrota», pudiera pasar a otras formas de propiedad. Sobre ese segundo punto no conozco que exista aún la legislación complementaria, pero todo está listo.

A pesar de ello, no ocurre nada. Ni siquiera el temido «cambio fraude», es decir, el tránsito definitivo a una economía de mercado capitalista que mantuviera el autoritarismo político de la clase dirigente en alianza con capitales foráneos y creara condiciones de cierta prosperidad y modernización.

Si seguimos el razonamiento lógico del franciscano inglés Guillermo de Ockhan, la respuesta más sencilla a tal interrogante sería: no cambian porque no pueden hacerlo; no porque no quieran.

Que nadie toque nada…

Con la caída del campo socialista europeo, la economía cubana quedó a la deriva. En aquel momento ocurrió un proceso de relativa descentralización y apertura a capitales extranjeros, pero encauzada sobre todo a dos sectores: el turismo naciente y la extracción de níquel y petróleo, este último en la escasa proporción que genera la Isla. La industria y la agricultura fueron abandonadas a su suerte de manera paulatina.

La industria azucarera, por siglos nuestro mayor activo económico y socio-cultural, fue desmontada, reducida al mínimo y jamás modernizada. No se permitió la creación de empresas privadas nacionales en la esfera industrial, e incluso, a pesar de presentarse como un sistema socialista, no se autorizó a que colectivos obreros rescataran las industrias y centros laborales a partir de formas cooperativas de producción.

Tampoco abrieron las puertas de una industria cada vez más obsoleta a la emigración nacional (como hizo China). Los cubanos emigrados jamás han sido tenidos en cuenta como posibles empresarios industriales o agrícolas, sino como «remesistas» que sustentaban a sus familias cada vez más empobrecidas.

Respecto a la agricultura, la estructura de tenencia de la tierra ―mayoritariamente un monopolio estatal, como tantos otros―, y la restricción de la actividad comercial a los productores, sumado a la imposibilidad del campesinado para importar directamente insumos, técnicas y fertilizantes, han llevado a un país fértil a tener que importar casi todos los alimentos, con el consiguiente encarecimiento y depauperación del nivel de vida.  

Los que nos gobiernan se adaptaron desde el inicio a administrar mal y a no rendir cuentas. No existía modo de confrontar decisiones erróneas en el uso de los fondos de inversión de las empresas, el manejo de créditos, inversiones y deudas; la concertación de negocios, licitaciones o contratación de servicios y, más recientemente, en la transferencia y/o disolución de la propiedad pública.

A tenor con ello, una esfera crucial para el desarrollo de las naciones como la infraestructura básica, sufrió un desgaste permanente que la convirtió en verdadero obstáculo, no solo para la vida cotidiana de los cubanos, sino para los hipotéticos inversionistas foráneos. La industria básica incluye bienes esenciales para el funcionamiento de una sociedad y economía, sin los cuales es difícil sustentar otros procesos y cambios. Tal es así, que su condición es uno de los aspectos que tiene en cuenta la inversión extranjera antes de aventurarse en cualquier país.

En el nuestro, es desastroso el estado de carreteras, autopistas, calles, caminos, viales y ferrocarriles. Las vías más importantes del país son una carretera central construida durante la primera mitad del pasado siglo, y una autopista que llega solo hasta a la provincia de Sancti Spiritus, ambas en muy mal estado y testigos de dramáticos accidentes.

Los ferrocarriles, por su parte, presentan pésimo funcionamiento, a pesar de que el nuestro fue el segundo país del hemisferio en estrenar tal medio de transporte, en 1835, aun antes que la metrópoli española. Eso en cuanto al transporte interprovincial; respecto al urbano, ni la capital ni otra ciudad importante cuenta con un metro que ayude a descongestionar la transportación citadina, que se convierte en lucha cotidiana de las personas para trasladarse a sus centros laborales.  

De la generación eléctrica, qué decir que no suframos cotidianamente. Cuba produce casi toda su electricidad mediante termoeléctricas que utilizan el petróleo nacional, pesado y rico en azufre, con el resultado de desgaste técnico por mantenimientos y roturas. La más aportadora de todas, la planta matancera Antonio Guiteras, fue construida para generar con eficiencia por treinta años. Ya tiene treinta y siete. El «socialismo sostenible» de los Lineamientos requería una energía ídem que no estuvo entre las prioridades del diseño «reformador». Ahora estamos en tinieblas la mayor parte del tiempo.

Contamos igualmente con conductoras de agua vetustas e ineficientes y pocos centros de tratamiento del líquido; redes telefónicas técnicamente antiguas, y limitado abastecimiento de gas, que se concentra en determinadas ciudades y zonas.    

Por su carácter estratégico, tales bienes deberían ser propiedad pública, o al menos mixta en ciertos sectores. Pero su estatalización, y la falta de democracia en el manejo de lo público, impidió a la ciudadanía cubana intervenir en su proceso de administración y gestión.

La exclusión política no solo cobró víctimas entre la ciudadanía; la economía nacional fue una víctima más, de modo que cualquier reforma que pretendió limitarse al ámbito de lo económico, ha fracasado siempre. Y sin capacidad de reformarse, el país fue llevado a un punto de no retorno. En reciente artículo, el economista Mauricio de Miranda describe con agudeza el escenario actual:

«Las cifras, unidas a la cotidianidad de la vida en la Isla, demuestran que la situación allí es considerablemente peor a la que tuvieron los países de Europa del Este cuando se produjeron sus transiciones respectivas hacia la democracia y la economía de mercado. Por su parte, China y Vietnam ―a pesar de su pobreza―, contaban con mejores reservas productivas propias, con las que pudieron emprender sus transformaciones económicas junto a las inversiones foráneas.

El gobierno cubano ha desperdiciado muchas oportunidades para la transformación de su economía y de sus instituciones, y ha erosionado la confianza de los inversionistas con sus prácticas rentistas. Si se ha sostenido en las orillas más conservadoras, no es por razones ideológicas, sino por una cuestión de poder».

Coincido con su análisis. Todo se trata del ejercicio del poder; sin embargo, si no es en la economía, ¿dónde radica el verdadero poder de la clase política gobernante?

La verdadera propiedad de la burocracia

Cuba tiene una economía descapitalizada: carece de infraestructura básica y tecnológica, es decir, no basta con que le transfieran tecnología de producción, hay que empezar por erigir infraestructura productiva, que requeriría inversiones multimillonarias. La esfera bancaria interna es un desastre y la externa tiene una deuda inmanejable que impide al estado acceder a créditos por su baja confiabilidad. A ello se suma la migración masiva de una parte importante de sus recursos humanos y profesionales, y la preminencia de una población envejecida que no permite el reemplazo laboral.

Las enormes inversiones del Estado encauzadas hacia la erección de hoteles, no garantizan asimismo el desarrollo turístico, pues ese sector requiere de aseguramiento, avituallamiento e incluso un escenario social imposibles de garantizar hoy dentro de Cuba.

Somos un país que debe importarlo prácticamente todo. La población se ha empobrecido de manera general, con amplios sectores en situación de pobreza extrema. Han colapsado sistemas vitales: sanidad y salud públicas; transporte; fondo habitacional; seguridad social; seguridad ciudadana ante la delincuencia. En fin, es un escenario sumamente precario.

¿Qué propiedades garantizan hoy el lucro y los privilegios a que se adaptó por décadas la clase política dirigente?   

Habiendo abandonado a su suerte los sectores industrial y agropecuario, con la imposibilidad de rescatarlos por sí misma y sin incentivos para atraer «compañeros de viaje»; la clase política cubana se mudó al sector comercial y de servicios, y se convirtió en una clase usurera y expoliadora cuya vitrina opaca son los Gaesa´s boys.

Desde esa posición lucra al vendernos, en condiciones de monopolio y en moneda extranjera, los bienes y productos básicos para la vida, los que adquiere a precios mucho menores; y también exporta servicios profesionales que le permiten dividendos abusivos. Su mayor activo es el control sobre un mercado cautivo, sobre los rehenes de su incapacidad y prepotencia.

Nosotros somos sus propiedades, nos necesitan en condición de rehenes, para recibir remesas y gastarlas en sus comercios pagando precios abusivos; para comprar en Mipymes que deben aceptar el monopolio estatal del comercio exterior; para laborar, en condiciones casi de esclavitud, en el extranjero, e incluso, para poder tener comunicación con el resto del mundo.

El desabastecimiento es su principal fuente de riquezas y nuestra obediencia su mayor tesoro. No importan las necesidades del pueblo si ellos pueden vendernos casi todo en la moneda «del enemigo», como bien dijo un comentarista en mi muro de Facebook.

De haber podido traspasarse la propiedad de fábricas, industrias o fincas que le permitieran lucro inmediato, la clase política insular no hubiera dudado en actuar del mismo modo que en su momento hicieran sus pares socialistas europeos y asiáticos. Pero tener lucro del comercio y la exportación de servicios, implica la necesidad de un control absoluto sobre la gente, y cualquier cambio, incluso un «cambio fraude», puede debilitar ese control. Es un tigre que llevan cabalgando demasiado tiempo.

Quisiera concluir con unas palabras del amigo Jorge de Mello en un post de Facebook, que me parecen iluminadas:

«(…) está claro que, para ponernos en el camino de las posibles soluciones, debemos comenzar por asimilar que además de la probada inviabilidad del sistema político económico que nos han impuesto, y de la ineptitud de los que dominan el país, el empobrecimiento sistémico ha sido el método doloroso, pero efectivo, establecido por ese grupo de hombres soberbios para mantenerse disfrutando ilimitadamente los beneficios del poder. Hemos llegado a un límite en el que no es posible seguir aceptando esa circunstancia como un fatalismo irremediable, es nuestra responsabilidad buscar la forma de solucionarlo».

Cierto, estimado compatriota. Los cambios no vendrán «de arriba». Debemos ser capaces de conseguirlos al actuar como ciudadanía comprometida. Es una responsabilidad cívica que tenemos con nuestros padres, nuestros hijos y nuestros nietos. Parece una solución simple, por ello debe ser la correcta.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.