La reforma judicial no es consecuencia de la transición, sino una condición indispensable para que esta exista y se consolide. En el caso cubano, donde el sistema de justicia ha operado como instrumento de control político, cualquier proceso de transformación real requiere una ruptura estructural que garantice la independencia judicial y la subordinación del poder al derecho.

La mayoría de quienes hoy usan el lema «Cuba para Cristo» lo hacen desde el legítimo deseo de encontrar esperanza en medio del naufragio. El problema no es que ellos tengan esperanza en Cristo; el problema radica en cuando esa esperanza se formula de tal manera que, sin buscarlo, excluye a otros cubanos que también esperan, aunque la nombren de forma distinta. Porque Cuba no es solo de los cristianos. Necesita una espiritualidad que una, no que divida; que convoque, no que expulse.

Para el régimen cubano, el contexto geopolítico y regional adverso, la persistente crisis estructural y sus efectos sistémicos, el efecto «Venezuela» y el bloqueo energético provocado por la orden ejecutiva del 29 de enero de Donald Trump, dibujan un escenario de aislamiento y vulnerabilidad inédito, forzando a un proceso de apertura «”negociadora” limitada» bajo condiciones de «presión coercitiva máxima».

Actualmente se judicializa la protesta espontánea, incluso de personas sin historial político. Ello refleja una radicalización del control estatal, pues el disenso ya no necesita ser articulado ni ideológicamente estructurado para ser castigado. Se acusa siempre de «mercenarismo y financiamiento de potencias extranjeras», aunque solo se trate de la expresión de un descontento legítimo que reclama el cambio. Sea, la palabra como delito.