Muerte de una madre: Consumación del Estado anómico

A pesar de los múltiples reclamos y súplicas de personas dentro y fuera del país aparecidas en redes sociales, una madre cubana ha muerto sin que le permitieran besar por última vez a su hijo.

La señora Zoila Chávez, madre del opositor José Gabriel Barrenechea (preso bajo investigaciones desde hace meses), enferma de cáncer en etapa terminal, suplicó en videos y grabaciones que las autoridades le permitieran ver a su hijo. Solo eso. Para morir en paz.

Según el artículo 1 de la Constitución, Cuba es un «Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos».

El artículo 41, por su parte, estipula que «El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación…», y el 42 establece que «Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana».

(La Constitución no protege expresamente contra la discriminación por motivos ideológicos o políticos, pero analizarlo escapa al objetivo de este texto).

Por su parte, el artículo 51 establece que «Las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes», y el 60 afirma que: «El Estado favorece en su política penitenciaria la reinserción social de las personas privadas de libertad, garantiza el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las normas establecidas para su tratamiento en los establecimientos penitenciarios».

Tales garantías jurídicas presentes en la Constitución responden a lo acordado por la comunidad internacional en la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual el Estado cubano es signatario. Por la misma razón el Código penal (si bien varios de sus artículos desconocen o contradicen lo estipulado por la Constitución) establece en su capítulo v, «Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes»:

«Artículo 368.1. El funcionario público, autoridad, agente o auxiliar de esta o cualquier otra persona en el ejercicio de funciones públicas, que intencionalmente le inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, la intimide o coaccione, o la someta a cualquier otro procedimiento o condición que por su naturaleza, duración o circunstancias signifique un trato o pena cruel, inhumano o degradante con el fin de obtener de ella o de un tercero una confesión o información, para castigarla por un acto que haya cometido o sospeche que ha cometido, o ejecute el hecho por cualquier razón discriminatoria, incurre en sanción de privación de libertad de siete a quince años».

«2. En igual sanción incurre la autoridad, funcionario público, sus agentes o auxiliares, si el hecho ocurre a instigación suya o con su consentimiento».

A pesar de tales garantías jurídicas, a esta madre le impidieron despedirse de su hijo, en claro ejemplo de trato o pena cruel, inhumano o degradante. El crimen ha ocurrido en Cuba, y lo perpetraron funcionarios gubernamentales en el ejercicio de sus funciones. ¿Hecho excepcional?, ¿insania pasajera de unas personas?

Evidentemente, no. Es una prueba de fuerza para golpear al hijo donde más duele, y un mensaje de advertencia para quienes pretendan seguirlo. Como medida de escarmiento, tiene antecedentes en las desproporcionadas penas impuestas a los participantes en las manifestaciones públicas del 11 de julio a la fecha. O mucho antes, cuando, tras juicio sumarísimo, fueron fusilados tres jóvenes por intentar robar una lancha.

Los órganos de prensa del país, como de costumbre, no se han enterado de lo sucedido con esta madre, ni mucho menos se han hecho eco de sus súplicas o de las expresiones de apoyo de numerosas personas en las redes. En cualquier lugar del mundo la presión de los medios hubiera puesto fin a esa ilegal e inhumana tortura. No en Cuba. Para la prensa oficial, la única permitida, nunca existió esta anciana que, sabiéndose a punto de morir, rogaba a las autoridades la caridad de un permiso para besar por última vez a su hijo.

Tampoco nuestros periodistas han mencionado, no lo harán, que esta madre ha muerto, que ha llevado a la tumba un dolor tan injustificable como inhumano. La muerte era inevitable, es cierto, pero el maltrato espiritual provocado a Zoila Chávez no, y es responsabilidad tanto de los verdugos que lo realizaron como de quienes lo permitieron…, y acaso promovieron.

Son incontables, pues, los cómplices, tantos cuantos conocieron del caso y callaron por miedo, falta de solidaridad humana, conveniencia u oportunismo. No olvidemos que uno de los principales cómplices es la prensa, por esconder la verdad del crimen cometido contra una anciana indefensa y a las puertas de la muerte, como castigo por ser la madre de un opositor.

Por su parte, también como de costumbre, la mayoría de los componentes de la intelectualidad cubana ha mirado hacia otro lado sin pronunciarse, ni ante la tortura ni ante la muerte. Solo unos pocos han protestado contra la inhumana acción. (Entre ellos no se cuenta ninguno de los que aparecen frecuentemente en los medios de difusión, pero con orgullo compruebo que están presentes personas que respeto y admiro).

No sería moral olvidarlo: La madre que suplicaba a las autoridades ver a su hijo estaba enferma de cáncer en fase terminal. Y murió reclamando, rogando, suplicando, llorando, para que las autoridades de un gobierno que proclama ser de inspiración martiana le permitieran ejercer un derecho humano elemental. Para ella no valieron las supuestas garantías legales propias de un Estado denominado «de derecho», por una única razón: Su hijo es un opositor y, sin importar lo que diga la letra de la Constitución, para él y los suyos no valen garantías.

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Hace dos años, publiqué en La Joven Cuba algunas consideraciones relacionadas con la renuencia de las autoridades cubanas a poner en vigor el artículo 56 de la Constitución («Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos,  se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley»), y la inobservancia, tanto por la  Asamblea Nacional del Poder Popular en su conjunto como por los diputados en lo individual, del plazo constitucional (hace mucho vencido) para la elaboración de las normas que garanticen a la ciudadanía el disfrute de tales derechos.

(En rigor, Asamblea y diputados incurren en el delito de desobediencia con respecto a la ley de leyes, pero, «curiosamente», en el articulado del Código Penal, pródigo en señalar desobediencias ciudadanas, no se encuentra ningún artículo que penalice la desobediencia de servidores públicos a la Constitución).

En ese texto recordaba que un Estado anómico se caracteriza por: a) inclinación al desorden por parte de la sociedad, b) debilidad de las instituciones estatales, c) actuación de los funcionarios de la administración pública (jueces, fiscales, policías) contraria a la normativa vigente, d) carencia de legitimidad del Estado, por no otorgar seguridad jurídica a los habitantes.

Mi temor entonces era que el Estado cubano avanzaba en esa dirección, a pesar de las maratónicas sesiones de aprobación de normas jurídicas, «medidas» gubernamentales, etc., en que se convierten las sesiones de la Asamblea Nacional. Muestro ahora las preguntas que me hacía y que hoy, a mi pesar, están sobradamente respondidas:

«Si en el país existen normas, pero estas son inoperantes en cuanto a las garantías que ofrecen al ciudadano para vivir y desarrollarse en libertad y seguridad, presentan falta de concordancia entre sí o con la ley suprema, establecen excepciones en favor de un grupo social o político en detrimento de otros, o permiten que una institución política se coloque por encima de la propia Constitución y de su máximo órgano legislativo representante del poder soberano de la ciudadanía, ¿se puede afirmar que en ese país rige un Estado de derecho, o que se trata de un Estado anómico?

Si las normas son contradictorias, insuficientes o sesgadas ideológicamente, si no hay ante quién apelar por violaciones de la Constitución, si las principales autoridades están blindadas contra denuncias populares, y si el derecho a protestar pacíficamente consignado en la Constitución vigente está vedado al ciudadano, se está sumando condiciones objetivas y subjetivas para salidas violentas.

Duele admitirlo, pues es una dolorosa posibilidad para cualquier patriota, pero los testarudos hechos insisten en afirmar que Cuba, si no lo es ya, está en vías de convertirse en un Estado anómico, con los resultados desastrosos que son de esperar. Si quienes rigen sus destinos no despiertan de los cantos de sirena entonados por ellos mismos, el futuro de nuestra patria será la violencia.

La represión no es la salida, sino la democratización inmediata de la sociedad. En carta abierta a los nuevos diputados he expresado mis ideas acerca de algunas medidas que es imprescindible aplicar de inmediato, apenas como primer paso para impedir la irrupción de la violencia en nuestras calles. Como ha sido costumbre durante décadas, la respuesta fue el silencio.

Pero se acaba el tiempo. La paz social peligra. La patria peligra.

No callemos».

Con dolor de cubano patriota, veo hoy que el recorrido del Estado cubano hacia la anomia se ha completado. Las cuatro características tipificadoras están presentes. Y se les suman otras: divorcio cada vez mayor de los gobernantes con la realidad ciudadana; nepotismo sin tapujos; aumento de la miseria y la mendicidad, intento gubernamental de criminalizar a los más desprotegidos, corrupción generalizada en todos los estratos de la sociedad.

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En ese contexto de evidente inoperancia de las leyes, desprotección del ciudadano y pérdida de confianza en las instituciones, el caso de Zoila Chávez demuestra absoluta falta de valores éticos entre quienes debieran ser guardianes de la ley y el orden jurídico. Estos no solamente han demostrado inhumanidad y desprecio a la integridad de las personas, también han transgredido sin temor al castigo el articulado del Código Penal por el cual debieran regirse.

Con el caso de esta madre, torturada psicológicamente a las puertas de la muerte, se demuestra fehacientemente que ya Cuba ha alcanzado, con la máxima calificación, la condición de Estado anómico. Se ha evidenciado que los ciudadanos cubanos estamos indefensos frente a cualquier acto abusivo de funcionarios, burócratas o gobernantes, del nivel que sean.

Lo anunció en su momento la aceptación sin objeciones por los diputados de la no existencia de un tribunal de garantías constitucionales, advertencia clara de que no existirán garantías jurídicas que valgan cuando la contraparte del ciudadano sea el Estado. Lo han conocido en carne propia quienes han acudido a la fiscalía para exigir reparación por un ilícito cometido por servidores públicos. Lo corrobora ahora la tortura moral a la anciana enferma a quien han golpeado en el punto más sensible para una madre, sin que fueran óbice para ello la Constitución, el Código Penal ni la cercanía de la muerte.

La conclusión es obvia: Los elementos positivos presentes en el articulado de algunas normas jurídicas del país, incluida la Constitución, no se concibieron para proteger a la ciudadanía, sino para mostrar una cara bonita al extranjero. Están para guardar las apariencias, no para ser cumplidos.

Si hubiera existido la intención de garantizar jurídicamente el libre ejercicio de la ciudadanía, no solamente existiría el tribunal de garantías constitucionales, o la defensoría del pueblo, también se hubiera puesto en vigor de inmediato el artículo 56 constitucional. Como consecuencia, muchos que hoy se encuentran en las cárceles estarían libres. Otros, muertos en prisión por diversas causas, seguirían vivos.

El caso de la señora Zoila Chávez pregona la ruptura de todas las barreras de la decencia en la relación Estado/ciudadano, incluso con la propia historia de Cuba. Los valores que nos definen como personas han sido pisoteados, arrojados al cesto de la basura. Se evaporan los últimos vestigios de contrato social. La ciudadanía queda oficialmente desamparada.

Ebrios de impunidad, los perpetradores del crimen contra Zoila Chávez han confiado en que bastan el monopolio de la información y el silencio cómplice de periodistas y gran parte de la intelectualidad para ocultar su delito. Casi lo han logrado, pues hasta el momento la mayoría de la población desconoce lo ocurrido, y han enviado una amenaza a quienes pretendan cambios en el actual sistema de cosas. Quizás logren amedrentar a muchos, pero hechos de tamaña crueldad suelen tener, a la larga, el efecto contrario del procurado.

Gracias a las redes sociales, algunos hemos podido conocer, indignados, la evolución de la tragedia, que ya no es solo la de una madre y su hijo, sino la de todo un país. Si no hemos perdido el sentimiento de solidaridad humana; si, a pesar de la lucha diaria por la supervivencia, somos todavía personas decentes, no debemos callar. Es nuestro deber denunciar, expresar el repudio a los perpetradores del crimen, exigir justicia, despertar conciencias dormidas. Habrá quienes esgriman el gastado argumento: «Con eso no lograrán nada», pero quienes así se expresan resultan, a sabiendas o no, tan cómplices del crimen como quienes miran a un lado; como afirmó Martí: Ver un crimen en calma es cometerlo.

Si no hay una reacción de la decencia contra la indecencia, de lo humano contra lo inhumano, el daño que recibiremos como nación será irreparable. Seremos, recordando ahora a Saramago, ciegos que, viendo, no ven.

Aunque la prensa oficial calle, y muchos de los intelectuales no se pronuncien, la realidad es una: Se ha cometido un crimen tan bárbaro que provocaría envidia a un oficial de las SS. Y más: Es poco creíble que en las altas esferas del gobierno nadie estuviera al tanto de lo que ocurría, pues a ellas llega la información que al pueblo se le oculta. Lo sucedido con esta madre no es un «asunto local», «la lamentable consecuencia del mal funcionamiento de las estructuras medias de gobierno».

Tampoco acepto que se trata de «cuadros de menor nivel que actuaron por su propia cuenta». Decisión tan violenta como torturar psicológicamente a una anciana enferma para castigar a su hijo nunca se hubiera tomado si no se estaba seguro de que los superiores mirarían hacia otro lado. O si no les hubieran otorgado el permiso. O si no les hubieran dado la orden de ponerla en práctica.

En suma, cómplices del crimen, directos o indirectos, son todos los representantes del poder, si no demuestran lo contrario con su actuación frente al caso, y no veo señales de que eso vaya a ocurrir. Cómplices serán los diputados, si ninguno de ellos se levanta en la próxima sesión de la Asamblea Nacional para exigir el castigo a los perpetradores del crimen y a quienes les dieron la orden o no se dieron por enterados y les permitieron actuar.

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Quienes hemos conocido el dolor de perder una madre, incluso en edad madura, incluso siendo ya padres o madres de familia, acaso podamos imaginar en parte, nunca en su totalidad, cuánto habrá dolido al hijo el castigo infligido a su madre para lastimarlo a él. Cuantos hemos perdido a nuestra madre en el camino normal de la vida, a pesar de ser un proceso natural, sufrimos el desgarramiento que implica esa definitiva separación de las raíces que nos alimentaron y nos afirmaron en la tierra; no solo se trata de la persona física que ya no estará junto a nosotros durante lo que nos reste de vida.

Es nuestra historia misma lo que se nos va, lo que enterramos con ella: las crisis, las alegrías, los regaños y correctivos, los consejos, el pan escaso, el único dulce repartido entre todos los hermanos, las lágrimas y risas compartidas. Será eso lo que echaremos de menos incluso cuando alcancemos la edad provecta, esa en cual se supone que los dolores se atenúan.

A mis 78 años, todavía echo de menos a mi madre. Yo no pude darle el último beso, pero estuve a su lado hasta minutos antes, y sufrí el duelo junto a los míos, acompañado de quienes la amamos; no la lloré solo encerrado en una celda donde nadie compartiría mis lágrimas. A mi padre le di un beso en la frente una mañana de hospital y le dije adiós dentro de mí, porque ya no me oía, aunque respirara. Ambos fueron dolores lacerantes, pero en ellos se contenía un poco de consuelo: Mis viejos habían muerto en paz.

No fue el caso de Zoila. Ella fue sometida a tratos inhumanos inimaginables, y murió en medio de la más odiosa forma de tortura. Bestias perversas disfrazadas de personas se ensañaron con ella hasta que expiró.

Verdugos de Zoila, ¿conocen el dolor de haber perdido a quien los trajo al mundo?, ¿pudieron acompañarla en sus últimos días y regalarle el consuelo de un beso? Si han conocido ese momento trascendental y terrible en la vida de un ser humano, ¿cómo fueron capaces de tanta crueldad con un hijo, con una madre? ¿De dónde salieron ustedes?, ¿nadie los tuvo en el vientre, los amamantó, les limpió la cara sucia, les curó una magulladura, les dio un beso para que desapareciera un dolor?

¡Criminales!, nadie, ni el peor de los asesinos merece que le roben el último contacto con su madre. Ninguna madre merece morir como ustedes obligaron a morir a Zoila. Han dejado de pertenecer a la especie humana al cometer este crimen infame. ¿Cómo pueden sostener ahora la mirada inocente de sus hijos?

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Intencionalmente no me he referido a los presuntos delitos de que es acusado Barrenechea. No lo conozco, no sé nada de él; es posible que ni siquiera comparta buena parte de sus ideas. Pero fui juez lego durante algunos años, y algo aprendí de los intríngulis de los procesos penales. Quizás sea el único juez lego que haya emitido un voto particular en contra del fallo, por considerar que se cometía una injusticia.

En resumen: Sé de qué hablo. Y he seguido de cerca, por las redes o por informaciones de amigos, casos de personas llevadas a juicio por presuntos desacatos que no son más que la forma encubierta de reprimir la manifestación pacífica, ese derecho cívico protegido por la Constitución de la República que no se pone en vigor, acaso por miedo de las autoridades a no saber cómo reaccionar si la población en pleno decide materializarlo.

Según la versión oficial, Barrenechea cuenta con todas las garantías procesales exigibles, tras provocar desórdenes públicos al protestar contra el gobierno municipal por los constantes apagones que sufre. Sus amigos desmienten la acusación y muestran fotos y videos donde, al contrario, aparece llamando a la calma a otros manifestantes. Cada quien puede dar por cierta la versión que le parezca más convincente. Por mi parte, no opinaré sobre la veracidad de ninguna. Pero me hago una pregunta: Si la Asamblea Nacional hubiera cumplido el mandato constitucional y hubiera puesto en vigor el artículo 56, ¿estaría el señor Barrenechea tras las rejas?, ¿estarían otros?

Y otra pregunta, ¿bajo qué criterios legales se puede mantener a una persona encarcelada durante meses, sin haber sido juzgada y sancionada?

Supongamos que se cumple el debido proceso. ¿Cuán grave es la peligrosidad social del detenido, que no puede esperar el juicio en su casa? Me resulta imposible aceptar que el presunto delito de Barrenechea lo convierta en un peligroso malhechor, en una amenaza para la sociedad, al punto de ni siquiera bajo custodia poder visitar a su madre enferma.

Por muy adelante que vayamos en el absurdo, nada, ni siquiera la condición de asesino en serie, si la tuviera, justifica la inhumana prohibición de estar junto a su mamá agonizante para reconfortarla en sus últimos momentos, cual si ello entrañara una grave amenaza para la seguridad nacional.

Hablemos claro: Estamos ante un caso de tortura física y moral premeditada y extendida en el tiempo, contra él y contra una anciana enfrentada a la muerte, a quien sus verdugos impidieron el único consuelo a que aspiraba antes de morir, el último beso de su hijo, para llevar esa amorosa imagen en el viaje sin regreso.

Tal acción significa un punto de no retorno moral en cualquier país. Si los ejecutores de la ley se sienten libres de realizar tales atrocidades, no hay duda de que han desaparecido los últimos vestigios de un Estado de derecho, si alguna vez existió. De que Cuba está perdida, muriendo de cáncer terminal.

Pido a los cubanos decentes, a los patriotas verdaderos, a quienes guardan en su corazón al menos una pizca de humanidad, con independencia de la bandería ideológica con que se identifiquen, radiquen donde radiquen, que no callen ante el crimen. Hoy fueron Zoila y su hijo; mañana puede ser cualquier madre, cualquier hijo. Puede ser tanto uno de los que desfilaron el primero de mayo como uno de los que no lo hicieron, pues una vez desatada la fiera, ya no acepta freno ni distingue víctimas. Y la víctima puede ser también ese diputado, esa diputada, que acude a la Asamblea Nacional solo porque es una tarea asignada por el partido, y no defiende al pueblo que supuestamente representa.

A los diputados, precisamente, les reclamo que cumplan su deber y exijan el castigo a los verdugos y a quienes les permitieron su actuar de bestias.  Que exijan la puesta en vigor del artículo 56 y los demás derechos consagrados en la Constitución. Que honren el puesto que ocupan.

A la Fiscal General de la República, si es madre, le ruego que se ponga en el lugar de Zoila e imagine su sufrimiento. Que actúe con conciencia de madre y de jurista contra quienes no solo han violado la ley, sino también han atropellado los principios que nos identifican como seres humanos.

Antes he llorado mis muertos, hoy lloro por una Cuba que veo morir: Los sueños murieron hace mucho. De ese luto surgieron estos párrafos.