Cuando los intereses pesan más que la justicia: Cuba ante la diplomacia europea

Cuba es protagonista de dos dramas terribles. El primero es ser una nación destruida en sus bases económicas; dirigida férreamente por un estado dictatorial que obliga a la obediencia y al servilismo, obstaculiza el ejercicio de los derechos ciudadanos y reprime con violencia al que se atreve a disentir; con una pobreza en expansión y una sociedad sin esperanzas. El segundo, es ser vista como una especie de país-comodín en el juego de la geopolítica mundial.

Las recientes declaraciones de Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en el Parlamento Europeo, son evidencia de que el drama que verdaderamente interesa a ciertos círculos políticos europeos es el segundo; pero en ese priman los intereses de los estados, no los intereses de los pueblos.

A Europa le preocupa mucho que el gobierno cubano sea una especie de señuelo de Rusia en medio de un escenario de guerra con Ucrania. Es evidente, asimismo, que la perspectiva antieuropea de Donald Trump motiva una mirada condescendiente de la Unión Europea hacia el gobierno cubano, sancionado por la administración estadounidense.

Ello queda claro en las muchas veces en que la señora Kallas alude en su intervención a «defender nuestros intereses», «protegiendo los intereses europeos», «considerar el contexto geopolítico más amplio», o «contrarrestar la influencia de los actores globales». Según reconoció: «Cuba también desempeña un papel en la escena multilateral». Y a ello precisamente es que se atienen, en primera instancia, los políticos que han ocupado esa responsabilidad en la Unión Europea.

Fui de las personas invitadas por la Delegación de la Unión Europea a intercambiar con Josep Borrell, el anterior Alto Representante, en su visita a La Habana en mayo de 2023. No hallo diferencias en el análisis que realizó entonces y el de la actual titular del cargo. A Borrell le expresé mi discrepancia personalmente, creo justo hacerlo también en esta ocasión.

La lección es harto evidente para los compatriotas que confiaban en que el cambio de Borrell, al que tachaban de pro-socialista, por una funcionaria tenida por liberal y conservadora, significaría un endurecimiento de la postura del bloque hacia el gobierno cubano. Insisto, cuando se trata de intereses, las preferencias ideológicas, si bien jamás desaparecen, pasan a segundo plano. Las lamentables declaraciones demuestran que los derechos violentados de los cubanos no están por encima de los intereses globales de la Unión Europea.

Debiéramos aprender de esto y asumir como prioritaria, de una vez y por todas, la causa de la democratización de Cuba, en lugar de cavar trincheras ideológicas que serían apropiadas en un escenario diferente. Debiéramos, además, entender que ningún actor foráneo va a hacer la tarea por nosotros, esta causa es nuestra.  

-I-

Lo que resulta indignante no es que la Unión Europea mantuviera el Acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, ni que no quedara establecida una política de sanciones.

Nunca he solicitado sanciones para mi país. Me mueven razones éticas. Sufrimos el desplome casi total de la economía y la infraestructura básica. El Estado cubano ha trasladado el gasto social, del que un día presumió, a las espaldas de una población hambreada. Cuando lo mínimo que aún funciona se debe, la mayoría de las veces, a la cooperación internacional, es injusto agravar las condiciones de existencia de personas que apenas sobreviven.

Tampoco soy partidaria de que se rescinda el Acuerdo de diálogo político, ya que la existencia de un canal de comunicación es siempre preferible a la incomunicación para apoyar una hipotética transición e influir, por ejemplo, en un tema de tantísima urgencia como el de nuestros compatriotas presos por motivos políticos.

Sí creo que deben revisarse las obligaciones a cumplir por la parte cubana en esos acuerdos, cosa que se maneja con total opacidad y de la que no se observan evidencias positivas. Ello incluye el destino de la cooperación. No es noticia para nadie, tampoco para los europeos, que los gastos en el aparato de represión del Estado crecen notoriamente en la misma medida en que este ha dejado de invertir en ámbitos que pudieran beneficiar a la población, como salud, educación, asistencia social, agricultura, desarrollo de la ciencia, etc. ¿Puede asegurar Europa que no está ayudando a financiar la escalada represiva que sufrimos los cubanos? No lo creo.

Considero asimismo que sería pertinente establecer sanciones hacia organismos o personas abiertamente responsables de la represión en Cuba, incluyendo a dirigentes políticos.

-II-

¿Qué es lo inadmisible entonces de lo dicho por la diplomática estonia? Pasaré por alto los muchos eufemismos que utilizó con el fin de evitar asuntos peliagudos: «temas delicados», «condenas desproporcionadas», «persisten los contratiempos»; o decir que la revocación de la libertad condicional a José Daniel Ferrer y Félix Navarro es «profundamente preocupante».

Comprendo que el lenguaje diplomático es prolífico en eufemismos, no obstante, hubo una aseveración que resulta imposible pasar por alto: «Presidente, Señorías, este acuerdo aún no ha producido el tipo de cambio que deseamos, pero ha contribuido a avances significativos, por ejemplo, disposiciones progresistas en la Constitución de 2019, la adopción de una nueva ley de familia o la aparición ―aunque tímida― del sector privado».

Tal afirmación constituye un acto de prestidigitación ética donde la verdad es manipulada sin pudor. Me consta que los diplomáticos europeos residentes en la Isla conocen bien lo que ocurre, me consta la preocupación de muchos de ellos y el nivel de información de que disponen. No debe olvidarse tampoco que, en noviembre de 2023 ―un momento de franca escalada represiva―, Eamon Gilmore, representante especial para los derechos humanos, viajó a Cuba con el fin de redactar un informe sobre la situación. Por tales razones no es posible aceptar que la declaración se base en la ignorancia de la funcionaria sobre la realidad cubana.

No es posible que desconozcan que la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), ha desacatado un mandato de la Constitución de 2019 que la obligaba a habilitar las leyes complementarias para el ejercicio de los derechos ciudadanos en los dieciocho meses posteriores a su entrada en vigor. Han pasado desde entonces 73 meses (seis años), sin que se cumpla dicho mandato.

Los supuestos «avances significativos» y las «disposiciones progresistas» son letra muerta en la Constitución cubana. Me he referido a ellos como «derechos vitrina», aprobados únicamente con el propósito de ofrecer una imagen de «democracia diferente al mundo», que le permita al gobierno cubano participar en los foros internacionales, atraer capitales e, incluso, haber sido designado como miembro de la Comisión de Derechos Humanos.    

El intelectual cubano Rodolfo Alpízar, en un reciente artículo, analizó que: «Los elementos positivos presentes en el articulado de algunas normas jurídicas del país, incluida la Constitución, no se concibieron para proteger a la ciudadanía, sino para mostrar una cara bonita al extranjero. Están para guardar las apariencias, no para ser cumplidos».

Es una narrativa falsa y la Unión Europea lo sabe muy bien; pero se hace eco de ella, con una carencia total de empatía ante el sufrimiento del pueblo cubano. La acepta, dando la espalda al hecho cierto de que en la Isla existe un régimen basado en el terror de Estado, donde se certifican normativas que violan abiertamente la Constitución de la República.

Ejemplo de ello es el Acuerdo 9151 del Consejo de Ministros, aprobado en agosto de 2021 y que permite detener, advertir, amenazar y coaccionar a cualquier ciudadano en lo que se consideran acciones de «profilaxis preventiva», y en realidad se dirigen a impedir el ejercicio de derechos básicos, como la libertad de expresión, de manifestación o de movimiento.

La ciudadanía cubana carece de mecanismos efectivos para defender sus derechos. No existe un tribunal de garantías constitucionales, tampoco una defensoría del pueblo. El Código Penal es leonino, y las instancias jurídicas: Fiscalía, Tribunales, están penetrados por quienes lo deciden todo: los órganos de Seguridad del Estado, o policía política.

Fue una indelicadeza que la señora Kallas invocara como ejemplo de avance efectivo la «adopción de una nueva ley de familia», en los mismos días en que las autoridades ignoraban las súplicas de Zoila Chávez, una anciana de 84 años, enferma de cáncer terminal, que rogaba, casi a las puertas de la muerte, le permitieran despedirse de su hijo preso.

Murió sin verlo. Ante la opinión pública horrorizada, se cometió un acto de impiedad sin paralelos en la historia política del país. Su hijo es José Gabriel Barrenechea, un intelectual que lleva seis meses detenido, sin una acusación formalizada, en un «proceso de investigaciones» por haber participado en una manifestación pacífica en un pequeño municipio del centro del país.

-III-

La autora de estas líneas es una intelectual de casi sesenta años, doctora en filosofía y miembro de la Academia de la Historia de Cuba, que ha sido detenida ilegalmente, golpeada, torturada y lesionada por oficiales de la policía; que fue «regulada» para impedir que viajara a un evento científico fuera de la Isla tras asistir al encuentro con Borrell; que fue condenada como culpable de «desobediencia» en una farsa judicial dada su negativa a asistir a un interrogatorio con la policía política; que está en condición de reclusión domiciliaria y que actualmente enfrenta otro proceso legal, acusada falsamente de atentar contra una oficial de la policía.

Sus «delitos» han sido intentar ejercer los derechos constitucionalmente establecidos de libertad de expresión y manifestación pacífica. Su caso no es el peor, hay cientos de mujeres y hombres perseguidos o presos desde hace años en Cuba por intentar lo mismo.

Pido al mundo reconozca la gravedad de lo que ocurre en mi país. Declaraciones como las escuchadas en el Parlamento Europeo se hacen cómplices indirectas de nuestro drama nacional.

La diplomacia no será el arte de lo ideal, como afirmó la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pero no debería ser tampoco el arte de la iniquidad.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.