Inferencias desde el tarifazo

Como sensatamente advirtiera José Martí, «Gobernar es prever». Esto implica una cuidadosa reflexión de lo que se hace y sus posibles consecuencias, pues se trata de acciones que inciden y determinan en el modo de vida de las personas a quienes el gobierno debería representar y servir.

Tal actitud impone tener la mente abierta, no solo a las condiciones del presente en que nos movemos sino a las perspectivas futuras en que tales circunstancias pueden devenir. Es esta inteligencia la que permite a quienes gobiernan valorar el estado de cosas y el ánimo de la ciudadanía a la hora de aplicar decisiones, de modo que estas no solo sean útiles sino oportunas.

La actitud previsora implica que, antes de llevar a efecto un dictamen, resulta imprescindible considerar si la implementación del mismo es, a la par, absolutamente necesaria, viable y provechosa para los ciudadanos. De igual manera se debe reflexionar en las implicaciones accesorias que puede promover, a veces por factores azarosos. Mientras menos probabilidades se deje al albur en cualquier planificación, mayores posibilidades de éxito y aceptación.

La recién, súbita y apresurada implementación de nuevas tarifas y regulaciones para el empleo de la telefonía móvil y el acceso a internet fue, desde todo punto de vista, un desatino. No se tuvo en cuenta la situación en que sobrevive la población a la hora de establecer medidas que complican aún más sus condiciones de vida.

Algunas de estas son abiertamente conocidas: una hiperinflación que deshace los bolsillos; amplia y general carencia de provisiones indispensables para la subsistencia; estado de agobio generalizado tras años de excesivos y continuos esfuerzos y sacrificios sin logros perceptibles; persistentes y prologados cortes de electricidad que tantas molestias ocasionan; así como lógico incremento de las necesidades comunicacionales, no solo por el apremio informativo de los tiempos actuales, sino también por la cuantiosa separación de las familias cubanas. Todas estas particularidades establecen un ambiente psicosocial propenso a crispaciones y disgustos.

Se expusieron una serie de argumentos que, a primera vista, son justificativos de la toma de esas medidas impopulares. Por ejemplo: pérdida de ingresos por operaciones consideradas fraudulentas, altos costos del cable coaxial, y carestía de las piezas de repuesto necesarias para mantener el funcionamiento de las comunicaciones, entre otros. No obstante, tratándose de una compañía estatal, en un país donde todas las empresas fundamentales son propiedad del Estado, podía haberse derivado recursos de otras empresas más solventes para aliviar las dificultades de esta y, cuando mejoraran las condiciones generales del país, entonces proceder a los cambios que traen consigo implicaciones restrictivas para los usuarios, sobre todo por el alza de los costos para comunicarse.

Por supuesto, en el complejo panorama descrito, la habilitación de medidas que implican nuevas limitaciones y gastos a los ciudadanos ha promovido un estado de insatisfacción generalizada. Este se manifestó en las numerosas quejas y actos de expresa objeción que conmovieron hace poco al país.

Fueron principalmente los estudiantes quienes marcaron una pauta de reclamo cívico, estructurado y fundamentado ante las medidas. Vale recordar que son ellos uno de los sectores más afectados, pues requieren mayor acceso a información primordial para su aprendizaje y, a la vez, dependen de la manutención de sus padres, ya de por sí con economías deprimidas por las tensas erogaciones para la subsistencia. Tales impugnaciones, si bien añadieron nuevas tensiones a las ya existentes, sirvieron, ante todo, para advertir a las autoridades implicadas que estaban actuando desacertadamente.  

Las instituciones gubernamentales prestaron atención, era inevitable dado el evidente grado de descontento. Sin embargo, la reacción de esas autoridades no fue atinada porque, a la larga, se mantuvo elevado el precio de las tarifas, así como el modo y plazos para realizar las recargas de saldo, que en ningún sentido satisfacen las necesidades reales y ponen contra la pared de la frustración a los usuarios.

En segundo lugar, aunque se llevaron a efecto algunos encuentros para analizar el problema creado, no se apeló al diálogo abierto, sin reservas para ambas partes. En ciertos casos, debidamente divulgados y documentados, se apeló a medidas de presión contra las figuras más activas en las reuniones de reclamo, algo que recalentó los ánimos y creó un estado de recelo improductivo. Esa torpeza no solo elevó la irritación de implicados, familiares y seguidores, sino que empujó a los reclamantes a repudiar el principal factor de negociación: las instituciones gubernamentales, algo que a nadie beneficia.  

Otro factor negativo para el espíritu de los reclamantes y la credibilidad de los que deberían propiciar soluciones, fue volver a situar la causa del dilema en la acción de fuerzas exteriores. No obstante, no fueron incitaciones externas las que motivaron la reclamación. Es indudable que la acumulación de malestar y agobio debidos al prolongado período de privaciones, carestías e irritantes apagones, había abonado el terreno para cualquier reacción.

Las circunstancias en que se desequilibran las aspiraciones de las personas respecto a las condiciones para realizarlas, generan un estado de constante evaluación e impugnación como válvula de alivio, lo cual es perceptible donde quiera que las personas coincidan, sea en su vida cotidiana o en las redes sociales. De manera que estaban creadas las condiciones subjetivas para un reclamo generalizado, pues se dio un motivo que promovió la crisis e involucró a una gran mayoría.

Pensar que el motivo de la crisis no fue el ansia interna de solución inmediata, sino una inducción foránea, no solo desconoce cómo reaccionan los grupos humanos ante determinados contextos, sino que minimiza e ignora la capacidad de acción de la ciudadanía. No se puede seguir concibiendo a todos los cubanos como compacta masa que únicamente reacciona, de manera retardada e injustificada, debido a incitaciones externas de uno u otro bando.

Ello desdice de los años que hemos pasado en situaciones de adversidad y donde hemos tenido que generar respuestas de supervivencia. Además, desconoce las fuerzas de la dialéctica de la vida, de los necesarios cambios según las nuevas situaciones que producen, por potenciación gradual, modos inéditos de enfrentar problemas acumulados.

Si algo trascedente ha dejado el conflicto del llamado tarifazo, como inferencia provechosa es, en primer lugar, que la sociedad cubana ya no es la misma de décadas atrás. Que años de precariedad, resistencia y sufrimientos nos han hecho más conscientes de la necesidad de involucrarnos en la solución de nuestras dificultades. Nos muestra que, a pesar de la falta de una vertebración eficaz y activa de nuestra sociedad civil, hay muchos sectores de la población ―donde ahora han resaltado esperanzadoramente los estudiantes― que han desarrollado un sentido de crítica, participación y negociación para solventar sus intereses vitales.

Esto no debe entenderse directamente como el deseo de una vuelta radical al pasado. Debe juzgarse como la ansiosa necesidad de la población de realizar cambios que nos permitan una vida más benéfica y viable.

Baluarte de la libertad

No es fortuito que Martí sentenciara: «Los estudiantes que son el baluarte de la Libertad, y su ejército más firme». Asumiendo una tradición secular, fueron ellos el segmento de pueblo más visible, activo y perspicaz en identificar la situación problemática y reaccionar de manera cívica ante las inoportunas medidas. Promovieron un debate amplio y fundamentado del problema, así como llamaron la atención de las autoridades acerca de la necesidad de gestionar la inconformidad.

Por lo general, los estudiantes encauzan determinados intereses y empeños a través de sus organizaciones formales, que responden y actúan según los intereses del partido que rige la vida sociopolítica de la nación. De aquí que no pudiera esperarse que dichas organizaciones reaccionaran críticamente ante las incómodas medidas y asumieran la conducción del reclamo. Por ello, siendo tan vital para estos jóvenes lo que se decidía, surgieron líderes espontáneos que nuclearon a sus compañeros y organizaron asambleas autónomas para analizar la situación y plantear, de modo pacífico, respetuoso, pero firme y responsable, sus desacuerdos y peticiones.

Hay que reconocer que es este uno de los sectores poblacionales más afectados por las medidas de altos costos y restricciones de recargas. En primer lugar, porque la comunicación digital es parte esencial de su etapa de realización intelectual y emocional. En segundo, porque ellos están en el proceso de formación de sus intereses profesionales y vitales, para lo cual la información es sumamente necesaria. Además, por nuestras limitaciones materiales, no abundan formas de recreación que garanticen sus intereses y sean, a la par, asequibles.

Por otra parte, debe tenerse presente que los estudiantes dependen de la manutención que le suministran sus padres, ya de por sí precaria dada la inflación existente, por lo que cualquier incremento en precios los afecta doblemente. Todo esto confiere una lógica irrebatible a su actitud reclamante.

Es lamentable que no se asumiera una postura de atención cuidadosa y mesurada a las quejas y solicitudes, lo que habría conducido a consensuar del mejor modo, y hubiera dejado útiles experiencias para emprender la solución de otros problemas.

Algunos profesores y ciertos líderes de las organizaciones estudiantiles formales, procedieron desde la impugnación automática, el rechazo al diálogo y la respuesta a partir de las habituales posturas oficiales que el devenir de los tiempos ha vuelto infructuosas. Esta disociación promueve el recelo, la división y la indisposición al diálogo. De tal manera, la situación se aleja de una solución viable.

Este escenario demuestra que, entre «todo lo que debe ser cambiado» ―según frase de Fidel Castro―, está la remoción de viejas posturas y procedimientos que no responden al «momento histórico», y que refrenan los cambios necesarios para la definitiva prosperidad y bienestar.

Recordemos el resumen del pensamiento de Marx que hace Engels a la muerte del pensador. Allí expone lo que considera que era el descubrimiento de la ley del desarrollo de la historia humana, y que sintetiza así: «…que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc.». Muchas veces se intenta torcer esta ley y hacer primero todo lo que depende de la básica satisfacción de las necesidades vitales. Así no se avanza.  

Independientemente de la supresión inmediata de las asambleas estudiantiles, de la desactivación de algunos de sus acuerdos y de la presión a los más activos participantes; la acción realizada debe valorarse de manera positiva. Aunque algunos recalcitrantes la entendieron como una «acción contrarrevolucionaria», fue todo lo contrario; representó un acto de la más genuina forma de revolución, la que busca soluciones justas y meliorativas para la mayoría de las personas.

Fue un gesto que debe devolvernos las esperanzas sobre la salud del civismo de buena parte de nuestros compatriotas; sobre todo, porque se trató de una iniciativa de los jóvenes, o sea, de los que en algún momento cercano han de asumir la dirección del país.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.