«Los políticos son como los pañales: deben ser cambiados con frecuencia y por la misma razón». Es un chiste que internet atribuye por igual a Mark Twain, Eça de Queiroz o Bernard Shaw; pero el hecho de que no sepamos quién es su verdadero autor no le resta puntería. No obstante, lo que «ensucia» a los políticos cambia en dependencia del contexto.
Por ejemplo, en 1995, Mona Sahlin, viceprimera ministra sueca de treinta y ocho años y llamada a ser la primera mujer frente al Gobierno de aquel país, cargó a la tarjeta oficial algo más de 53 000 coronas en gastos personales, entre ellos, dos barras de Toblerone. Había devuelto el dinero y la fiscalía no apreció delito, pero utilizar con fines privados una tarjeta que no podía usarse para ello bastó para forzar su dimisión, que anunció el 10 de noviembre de aquel año.
En Cuba, la barra que mide la «suciedad» de un político es muy distinta a la del país escandinavo. Treinta y un años después de la dimisión de Sahlin, también un 10 de noviembre, Miguel Díaz-Canel aceptó la renuncia del gobernador de Camagüey, Jorge Enrique Sutil Sarabia. Fue el primero de tres ceses aprobados en apenas tres días; le siguieron los de Yelenys Tornet Menéndez, de Las Tunas, y Alis Azahares Torreblanca, de Guantánamo. Esa misma semana fue destituido asimismo el intendente del municipio Venezuela, en Ciego de Ávila. Algunos medios hablaron de una «ola inédita», pero el calificativo no resiste los datos. ¿Qué habrá «ensuciado» a estos revolucionarios «cuadros» —pues en Cuba no hay políticos—?
Oficialmente, cada salida tuvo un motivo distinto. Haciendo honor al apellido, de Sutil se dijo que renunciaba por «errores cometidos en el desempeño de sus funciones», sin que estos fueran precisados; Tornet pidió dejar el cargo por «limitaciones familiares y personales» (el cuidado de su madre, según la prensa provincial); y Azahares, cuya gestión reconoció el Consejo Provincial en el mismo acto en que el primer ministro Manuel Marrero anunció su cese, salió por «problemas de salud». En los tres casos ―como prevé la ley―, asumieron de forma provisional los vicegobernadores.
Deben tenerse en cuenta dos elementos de contexto. El primero es que los anuncios se produjeron durante una gira del primer ministro Manuel Marrero por consejos provinciales, dedicada a evaluar la aplicación de las 176 medidas económicas aprobadas en junio; Guantánamo era la quinta provincia del recorrido. En Las Tunas, la propia Tornet advirtió que el territorio podría cerrar 2026 con indicadores económicos negativos.
El segundo es que la salida de Sutil se produjo después de que el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada, exilado en México, denunciara una presunta red de desvío y venta ilegal de combustible en dicha provincia, en la que implicó al propio gobernador. Meses antes, en mayo, el Partido había apartado a su segundo secretario provincial, Roberto Conde Silverio, también acusado de corrupción por Tan Estrada. Las autoridades no han confirmado ni desmentido que exista una investigación al respecto.
Una ola con precedentes
La figura del gobernador se restableció con la Constitución de 2019, y los primeros titulares se eligieron en enero de 2020. «Elegir», en este caso, es un eufemismo. El presidente de la República propone un único candidato por provincia y los delegados municipales lo ratifican con la disciplina de costumbre. La verdadera elección (en realidad «designación») es la que hace el presidente, por tanto, la mala gestión o la corrupción de un gobernador es también consecuencia de una elección suya.
Durante el primer mandato (2020-2023) ningún gobernador dejó el cargo antes de tiempo. En mayo de 2023, como estaba previsto, se renovaron los cargos y se sustituyó a nueve de los quince titulares. Las salidas anticipadas empezaron en 2024 y ya suman ocho:
Febrero y marzo de 2024: tres por promoción. Beatriz Johnson (Santiago de Cuba) y Mario Sabines (Matanzas) pasaron de gobernadores a primeros secretarios provinciales del PCC; Alberto López Díaz (Villa Clara), a ministro de la Industria Alimentaria.
Abril de 2024: Alexandre Corona (Cienfuegos), por «errores», en plena campaña anticorrupción tras la caída de Alejandro Gil.
Octubre de 2024: Jaime Chiang (Las Tunas), por «errores», con su vicegobernador suspendido por «violaciones».
Noviembre de 2026: los tres casos actuales.
En 2025 y durante los diez primeros meses de 2026 no consta ningún relevo de gobernador, aunque quedaron vacantes las vicegobernaciones de Granma, La Habana y Artemisa. Los hechos desmienten el calificativo de «inédita», porque entre febrero y abril de 2024 salieron cuatro gobernadores. Si algo es inédito, es la velocidad: tres en tres días. También es nuevo, más allá del contexto de crisis y de la presión exterior, el que por primera vez coincidan tres salidas que no son ascensos, y que por primera vez aparezcan justificaciones como «motivos personales» y «de salud» junto al habitual «errores». Además, Las Tunas pierde a su segundo gobernador en poco más de dos años.
Lecturas posibles
Los datos —o la ausencia de ellos, para ser más exactos— no permiten todavía decidir cuál es la lectura adecuada. Prefiero, por eso, plantear las posibilidades como escenarios.
Depuración: El poder estaría aprovechando la gira de Marrero para cerrar expedientes. Camagüey encaja bien, puesto que hubo denuncias públicas, una destitución anterior en el Partido y la fórmula de «errores» que precedió a procesos como el de Gil. Lo confirmaría el anuncio de un proceso penal o la desaparición pública de Sutil.
Chivos expiatorios del fracaso de las reformas: Las 176 medidas no han producido resultados visibles y alguien debe pagar en los territorios. El momento elegido, en plenos consejos de evaluación, y el balance negativo de Tornet apuntan en esa dirección. Lo debilita que el motivo oficial en Las Tunas sea familiar y no por mala gestión.
Expediente contra el presidente: Si la lógica del sistema convierte a cada gobernador fallido en un error de Díaz-Canel, los ceses pueden servir como munición contra él. Si el núcleo de poder necesitara algún día sacrificarlo ―sea para atender a una exigencia estadounidense o para ofrecer a un culpable de la situación actual― sin tocar nada de lo esencial, este podría ser un elemento del expediente. La hipótesis ganaría peso si la prensa oficial o algún pleno del Partido empezaran a hablar de «fallos» en la «política de cuadros», o a señalar la responsabilidad de quien propuso a los cesados.
Cuadros que se bajan del barco: Gobernar una provincia cubana significa responder por apagones, represión y escasez ante una población cada vez más descontenta. Deben hacerlo, por si fuera poco, bajo sanciones estadounidenses endurecidas desde enero, con Washington invitando a los cubanos a colaborar con la CIA. Teniendo eso en cuenta, una salida por motivos personales puede ser también una forma de escapar a tiempo. Es la hipótesis más difícil de verificar, dado que los motivos familiares y de salud pueden ser exactamente lo que dicen. Ganaría peso si se multiplicaran las renuncias «voluntarias» o si algún exgobernador reapareciera fuera del país.
Relevo planificado: Las medidas de junio dan a los gobiernos provinciales y municipales nuevas competencias económicas, como crear, fusionar o cerrar empresas estatales locales. Si el cargo de gobernador va a exigir otras capacidades, el poder podría haber decidido cambiar a quienes lo ocupan sin esperar al final del mandato. Para comprobarlo habrá que fijarse en quienes los sustituyen. Si los nuevos gobernadores fueran gestores con experiencia económica, y no solo cuadros políticos, esta lectura ganaría fuerza. Por ahora no hay forma de saberlo y, dada la habitual ineficiencia del régimen cubano, y su predilección por la obediencia antes que las aptitudes y las competencias, es poco plausible que tal escenario sea el adecuado.
Coincidencia: Puede que los tres casos no tengan relación entre sí y que se trate de decisiones tomadas por separado, que se anunciaron casi a la vez porque Marrero estaba recorriendo esas provincias. Lo sugieren la disparidad de los motivos y el propio calendario de la gira. Es la hipótesis nula, pues apunta a que no hay nada detrás, y no debemos descartarla solo porque resulte poco atractiva.
Hay, sin embargo, una conclusión que no depende de cuál sea la hipótesis acertada. Ningún comunicado explica qué falló, quién responde ni qué se espera de los sustitutos. A los gobernadores no los eligen los ciudadanos, sino los delegados municipales, que votan una candidatura única propuesta por el presidente. Cuando se van, no rinden cuentas ante quienes los eligieron. El presidente aprueba el cese y «da cuenta» al Consejo Provincial y, por conducto de los presidentes de las asambleas municipales, a los delegados. Esa opacidad y la ausencia de mecanismos democráticos ayudan a entender por qué las purgas son frecuentes entre los cuadros del régimen.
La falta de transparencia, la lealtad como cualidad prioritaria y la precariedad económica propician la corrupción y las carencias graves de gestión. El poder central tolera ambas mientras no lo afecten directamente, no comprometan la estabilidad de la provincia ni vengan asociadas a deslealtades. Cuando se cruza alguna de esas líneas, la purga es el antídoto. La sufren los cuadros intermedios y, a veces, algunos de primer nivel —Alejandro Gil es el caso reciente más visible—, mientras el núcleo del poder permanece inalterado. Se cambian caras para que nada cambie.
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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.