El aparato represivo «se hizo carne»

En la Inglaterra del siglo XVII los verdugos comenzaron a usar máscaras para cubrir sus rostros. Su trabajo los volvía «indeseables», como eran entonces los leprosos, delincuentes y prostitutas. Cesáreo Fernández Carrasco, verdugo de Madrid a finales del XIX, contó en una entrevista: «La gente huye de mí, unos me miran con miedo, otros parecen tenerme asco».

Durante las honras fúnebres de los treinta y dos militares cubanos muertos en Venezuela el pasado 3 de enero, las cámaras de la televisión estatal mostraron a varios de los represores más connotados de los últimos años entre las filas de la policía política. Haya sido intencional o un descuido, el resultado es el mismo: los verdugos de activistas, periodistas independientes, familiares de disidentes y de todos aquellos a quienes el régimen ha considerado «enemigos» —categoría, por cierto, en expansión cotidiana— tienen ahora un rostro públicamente reconocible después de tanto tiempo.

El hecho marca un cambio significativo: la alteración de la protección gubernamental a la identidad de sus agentes encargados de la represión directa. Antes, las pocas imágenes disponibles provenían de teléfonos de víctimas y solían ser borrosas o parciales. Ello, sumado a que los agentes de la Seguridad del Estado no emplean sus nombres reales, los convertía en figuras nebulosas, diluidas en un «aparato» que, precisamente por su opacidad, no parecía compuesto por hombres y mujeres.

Tras la emisión televisiva ―y en la medida en que sus víctimas los denunciaron―, numerosas personas, mediante las redes sociales, comenzaron a identificar a sus antiguos compañeros de aula, vecinos o conocidos. El aparato «se hizo carne», y eso agrega matices al asunto.

Cuando se publicó la lista de fallecidos en Venezuela, un amigo, cuyo talento solo es equiparable a su bondad personal, me comentó que el hombre que lo interrogó y amenazó en varias ocasiones por ser periodista independiente estaba entre los treinta y dos. Era Yoel Pérez Tabares, a quien Juventud Rebelde ha denominado en una crónica «Martí negro», porque «simpatizaba de manera extraordinaria con las personas y, sobre todo, con los niños». Ese hombre es el muerto llorado por una familia, el hijo de una madre y el padre de sus hijos; pero fue también el represor de un hombre decente y lúcido —y seguramente de muchas otras personas— cuya madre sufrió lo que le hacían a su hijo, que terminó exiliándose para salvarse.

Curiosamente, sin saber por qué, yo también busqué caras conocidas cuando se publicaron las fotos. En la primavera de 2023, el agente conocido como «Yordan», cuyo nombre real es Yoel Letrán Sarría, acompañado por la agente «Adriana», que «atendía» a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, fueron a mi casa y amenazaron a mi familia. Según ellos, yo estaba al tanto de un plan de Estados Unidos para invadir a Cuba y había aceptado formar parte del gobierno resultante. Llegaron a intimidar a mis padres y a mi abuela de 86 años, mientras mi abuelo agonizaba a solo unos metros. Ellos no estaban en las fotos, ni tampoco en la transmisión televisiva.

El impacto generado por la difusión de las imágenes de los represores obliga a enfrentar una realidad esencial: los sistemas que violan los derechos humanos no operan como abstracciones impersonales, sino a través de hombres y mujeres concretos, que formulan, obedecen y ejecutan órdenes. En ese entramado, el anonimato actúa como lubricante del mal, al permitir la acción sin rostro ni biografía, bajo la ilusión de que la responsabilidad se diluye en la institución que ordena. Sin embargo, cuando ese velo se rasga, el mal pierde su condición y se revela como acto humano, atribuible y, por tanto, juzgable.

En los interrogatorios a los que fui sometido, percibí que hay algo que el represor cubano necesita repetirse constantemente: que pertenece al bando vencedor, al que encarna la corrección moral y la permanencia histórica. Su identidad profesional y su estabilidad personal dependen de esa fe. Sin la certeza de que «mandarán siempre», su edificio se resquebraja.

Cabe preguntarse si esa narrativa, que repiten como una plegaria, continúa siendo funcional. La exposición pública de los rostros, la posibilidad de identificación y la pérdida del anonimato, evidencian que el régimen, sea por descuido o por alguna otra razón, ya no garantiza la protección de quienes ejecutan su violencia cotidiana. Para cualquier agente con un mínimo de sentido racional, esto debería encender una alarma, pues bajo las condiciones actuales, desde el acceso masivo a Internet entre los cubanos, su labor no solo es éticamente reprobable, sino estratégicamente suicida.

Cuando las dictaduras se encuentran en su fase de agotamiento, tienden a devorar a sus propios servidores. Lo hacen por la necesidad política de buscar chivos expiatorios y por higiene interna, en un intento de preservar la cúpula sacrificando cuadros intermedios. El represor suele creer que sirve al Estado, pero en realidad sirve a una élite que, llegado el momento, lo abandonará sin vacilaciones ni gratitud.

Sin ir demasiado lejos, Nicolás Maduro llegó a Estados Unidos sonriendo a sus captores y deseándoles feliz año nuevo en su inglés desastroso, apenas horas después de que numerosas personas que trabajaban para él murieran en Venezuela. El gesto condensa la lógica del poder: para el dictador, aquellos muertos eran peones a su servicio, piezas intercambiables en el tablero, prescindibles una vez cumplida su función.

La identificación pública de estos agentes anticipa una fase por venir del conflicto cubano. Cada interrogatorio, amenaza a periodistas, citación «preventiva», expulsión laboral o acto de humillación y violencia, ha quedado inscrito en la memoria de quienes los padecieron. La memoria, cuando se articula como archivo y demanda de justicia, se convierte en una herramienta política de primer orden en la reconstrucción de una nación.

En este punto emerge un riesgo que concierne a las víctimas y a la sociedad en su conjunto: la tentación de la revancha. La violencia prolongada no solo daña cuerpos y trayectorias vitales, sino que puede colonizar las emociones y deformar los horizontes éticos de quienes la sufren. El desafío central consiste en responder sin reproducir, de ahí la necesidad de distinguir niveles de responsabilidad y diseñar mecanismos de justicia transicional que combinen verdad, rendición de cuentas y garantías procesales. Juzgar no es vengar, sino someter los crímenes a procedimientos legales, con derecho a defensa, tipificaciones claras y responsabilidades individualizadas, en abierta oposición a la arbitrariedad de la llamada «justicia revolucionaria».

Actuar de otro modo implicaría conceder a la dictadura su victoria más profunda y perdurable. El objetivo de todo autoritarismo no es solo dominar cuerpos, sino conciencias. Convertir a las víctimas en réplicas deformadas de la lógica represiva equivaldría a legitimar retrospectivamente el mecanismo que se pretende superar, como si la historia política de Cuba solo pudiera concebirse en tanto sucesión de violencias alternadas.

La justicia democrática exige frialdad, contención y una clara superioridad normativa. Se trata de no permitir que el recuerdo derive en la barbarie de la venganza. Precisamente ahí reside la fuerza moral de un Estado de Derecho: en su capacidad para juzgar sin convertirse en aquello que combate; en demostrar que no necesita volverse monstruo para derrotar al monstruo.