Los cubanos lideran desde dentro
Cuba está en crisis. El sistema eléctrico está fallando cuadra a cuadra. Se han cortado los subsidios petroleros venezolanos, que durante dos décadas mantuvieron las luces encendidas y los ómnibus en circulación. Quienes podrían haber encabezado una apertura democrática —abogados, periodistas y organizadores— llevan varios años abandonando el país más rápido de lo que pueden ser reemplazados.
Desde fuera cabría preguntarse: ¿es Cuba capaz de llevar a cabo una transición democrática? Desde dentro, sin embargo, la pregunta es otra, más compleja: ¿cómo es realmente la sociedad civil cuando un sistema cerrado colapsa? ¿Hay manera de generar un impulso que ayude a abrirlo?
¿Cómo es la sociedad civil cubana?
Tras la revolución de 1959, el Gobierno cubano prohibió las asociaciones independientes y construyó un sistema rígido, de partido único, que no dejó ningún espacio para una vida cívica autónoma. Alrededor de medio siglo después, la sociedad civil cubana resurgió, y con fuerza. Dos hechos, separados por una década, propiciaron ese despertar. En primer lugar, en 2008 el Estado autoritario, que siempre había brindado a la ciudadanía protecciones sociales reales, recortó el gasto social (disminución de la asistencia social, menor inversión en salud y educación, reducción de la canasta normada) y descargó esos costos sobre los individuos y las familias. En segundo lugar, a partir de diciembre de 2018, el acceso masivo a internet quebró el monopolio del Gobierno sobre la información, la comunicación y la opinión pública.
La sociedad civil cubana carece de estructura formal. Las asociaciones independientes siguen siendo ilegales y la represión es severa, pero eso no le ha impedido existir. Lo que distingue al activismo cubano no es tanto la variedad de causas que asume como el hecho de que casi cualquier demanda puede politizarse.
Por supuesto, el régimen considera un desafío a su autoridad a los grupos independientes que luchan por los derechos de las personas, como las Damas de Blanco o la Unión Patriótica de Cuba. Los grupos que documentan abusos contra presos políticos, se oponen al servicio militar obligatorio, reclaman electricidad, defienden los derechos de los animales o simplemente ayudan a familias pobres o enfermas, reciben el trato de enemigos del Estado. Para el régimen, cada uno de ellos supone un desafío a su monopolio del poder.
Desde fuera suele suponerse que la represión estatal obedece a motivos ideológicos, pero no es así. Consignas progubernamentales, referencias patrióticas o la queja pública han llevado a personas a prisión. Por ejemplo, el estudiante Leonardo Romero Negrín fue arrestado en 2021 por portar un cartel que decía «Socialismo sí, represión no» y este año volvió a ser detenido por sumarse a un cacerolazo en su barrio. En 2023 fui juzgada por «desobediencia» por la portación de un cartel que citaba al héroe de la independencia Antonio Maceo: «Mendigar derechos es cosa de cobardes». En 2026, Leonard Richard González fue condenado a siete años de prisión por «propaganda contra el orden constitucional» por pintar grafitis con frases como «¿Hasta cuándo? Nos están matando». No se trata, pues, de una disputa ideológica. Es una lucha por la libertad de expresión, entre dictadura y democracia.
La represión en Cuba no se limita a castigar lo que la gente dice. Cualquier liderazgo, formal o informal, será sofocado para impedir que la ciudadanía se aglutine en torno a figuras reconocidas y demandas compartidas. Esto se consigue mediante presiones que obligan a disidentes, artistas e intelectuales a emigrar; que les impiden regresar a Cuba una vez que se han ido; y que bloquean la libertad de movimiento, lo que confina a miles de personas que aún permanecen en la isla, yo entre ellas, a su ciudad o municipio. Es una estrategia cuyo costo trasciende a las personas a las que persigue. Al aislar a los activistas uno a uno, mantiene dispersa a la sociedad civil e impide su articulación.
Las cosas están cambiando, pero ¿cómo y por qué?
Desde 2008, con el recorte drástico del pequeño estado de bienestar, la pobreza y la desigualdad se han profundizado, y a ello se suman las violaciones incesantes de los derechos políticos y civiles. Al mismo tiempo, la ciudadanía descubrió a través de internet que tenía voz propia y capacidad para fijar su agenda. La suma de estas condiciones desató una crisis que no ha amainado desde que alcanzó su primer punto álgido en las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos se levantaron en ciudades de todo el país. Desde el año pasado, estos problemas se han agravado de forma drástica a causa del colapso energético, el fin del petróleo venezolano y la parálisis gubernamental. Destacan tres hechos, el disenso ha salido del ámbito virtual, el régimen ha perdido a su principal benefactor, Venezuela, y ya no existe una válvula de escape para una ciudadanía sometida a presión.
El 30 de mayo de 2025, el Gobierno cubano encareció de manera brusca las tarifas de internet, lo que limitó el acceso a todo aquel que no contara con dólares del exterior. Al día siguiente estallaron protestas en universidades de toda la isla, encabezadas por la primera generación de cubanos demasiado jóvenes para recordar la vida antes de la caída del Muro de Berlín, o de tener un teléfono en la mano. Al restringir el acceso al ámbito virtual, el Gobierno empujó, sin proponérselo, la protesta hacia el espacio público.
Respecto a las protestas de julio de 2021, algo ha cambiado. En aquel momento, las redes sociales y los grupos de WhatsApp permitían a los manifestantes coordinarse a escala nacional en tiempo real. Hoy, los apagones prolongados y unas antenas deterioradas y obsoletas dejan sin internet durante muchas horas seguidas, de modo que la protesta se ha vuelto más de barrio, concentrada en cuadras y municipios concretos. En el barrio de Zamora, en el municipio habanero de Marianao, una madre soltera llamada Zea Giselle documenta en redes sociales protestas casi diarias, junto con la red de ayuda mutua que ha creado para madres, ancianos y personas en situación precaria. Incluso sin conexión, la gente cuenta ahora con enlaces satelitales, antenas caseras y periodistas o ciudadanos dispuestos a difundir sus imágenes; nada de eso existía en 2021.
Mientras tanto, el régimen ya no puede contar con Venezuela, el aliado más importante que le quedaba para mantenerse a flote. Los envíos de combustible desde ese país venían menguando desde hacía tiempo, lo que multiplicó los apagones y obligó a restringir el transporte. Pero después de que Estados Unidos depusiera al gobernante venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026 e impusiera un bloqueo petrolero a Cuba, la situación en la isla colapsó por completo.
Por último, las políticas antiinmigrantes del Gobierno de Donald Trump han cerrado la puerta a la emigración que antes servía de desahogo a la presión acumulada por una desesperación económica implacable y un gobierno autoritario incapaz de ofrecer alivio alguno. Los cubanos saben que tendrán que lidiar con la crisis desde dentro.
El cambio en la sociedad civil cubana, y su creciente valentía, es palpable. Las protestas han adquirido un carácter político más explícito. Por ejemplo, en marzo de 2026, en Morón, Ciego de Ávila, un grupo de ciudadanos ocupó por primera vez una sede del Partido Comunista y quemó archivos y mobiliario. Desde entonces se ha reforzado la custodia de todas las sedes del Partido en el país. Muchas acciones de protesta ocurren ahora a plena luz del día, y no de noche: cierres de calles, quema de basura, manifestaciones frente a edificios del Partido y del Gobierno. Niños y adolescentes protestan junto a sus padres, y las demandas del pueblo ya no se limitan a electricidad, agua, comida y medicamentos, abarcan una lista creciente de libertades. Los grafitis también se han extendido sin control, incluso a barrios donde no eran frecuentes. Donde antes había sobre todo insultos contra el presidente, ahora se lee: «Libertad», «Patria y Vida» y «Abajo la dictadura».
Todo esto ocurre mientras el periodismo ciudadano no deja de informar en las redes sociales y en la prensa independiente. Documenta la represión creciente, el derrumbe de los sistemas de salud, educación y transporte y el auge de la delincuencia y la corrupción.
La gente está aprendiendo a no esperar permiso para exigir, informar, organizarse y reivindicar su derecho a participar en la vida pública. Antes temían al cambio, el statu quo parecía más seguro, pero ese miedo se ha disipado en buena medida. Hoy es raro encontrar a alguien que no admita, en público o en privado, que desea un cambio con urgencia. El deterioro de las condiciones básicas de vida y de unas protecciones sociales que antes se daban por sentadas, unido a la lucha incesante por la liberación de más de mil presos políticos, ha transformado el ánimo de la población. Para que ese giro perdure, sin embargo, harán falta una educación y una práctica cívicas serias.
Planes no faltan. Varias organizaciones —Consejo para la Transición Democrática en Cuba, D’Frente, Cuba Próxima y CubaxCuba Laboratorio de Pensamiento Cívico, entre otras— han elaborado hojas de ruta serias para la transición. Pero, más allá de la intransigencia del propio Gobierno cubano y de su preferencia por negociar con Washington antes que con su ciudadanía, persisten obstáculos de peso entre el momento actual y una transición efectiva. Por ejemplo, muchas figuras opositoras y activistas están enfrascados en rivalidades personales y se niegan a colaborar en una plataforma común; además, sus ideas pierden alcance en cuanto se las etiqueta como ideológicas, en lugar de verlas como propuestas que el ciudadano de a pie pueda hacer suyas. Existe también una brecha entre los activistas y las personas a quienes deberían representar, la represión los aísla de sus propias comunidades y la atención internacional tiende a concentrarse en los más visibles desde el exterior, lo que deja con menos apoyo a quienes protestan en los barrios. Aunque han logrado movilizar a miles de personas en toda la isla, los activistas cubanos carecen de unidad y de la infraestructura organizativa necesaria para convertir estallidos locales de descontento en un movimiento nacional sostenido.
Pero lo más importante del activismo cubano no es cuántas organizaciones existen ni si pueden forzar ahora mismo un cambio de régimen. Es más sencillo que eso, la gente está aprendiendo a dejar de esperar permiso, a plantear demandas, generar información, organizarse y reivindicar el derecho a participar en la vida pública.
Aún falta mucho. Cuba necesita gente que se organice dentro y apoyo desde fuera. Pero el camino se ha abierto, y lo que venga después tal vez dependa menos de su amplitud que del grado de organización que alcance. Una sociedad empieza a dejar atrás el totalitarismo en el momento en que comprende que puede pensar, organizarse y actuar sin pedirle permiso a nadie.
Lo que enseña la historia
Cada sistema autoritario que se ha desmoronado en el último medio siglo le ha planteado el mismo desafío a la sociedad civil que lo habitaba. Cuando por fin llegue la apertura, ¿habrá alguien lo bastante organizado para cruzar la puerta?
Polonia y Sudáfrica respondieron de un modo particular. Cuando en 1989 comenzaron en Varsovia las negociaciones de la Mesa Redonda, Solidaridad no era un movimiento de protesta anticomunista que improvisaba sobre la marcha. Tenía casi una década de existencia y se había construido sobre sindicatos ilegales, una prensa clandestina que siguió publicando bajo la ley marcial y comités locales que nunca dejaron de reunirse, aun con sus dirigentes en prisión. Cuando el régimen necesitó un interlocutor, ya existía uno con legitimidad, disciplina y capacidad propias para negociar y luego gobernar. En la Sudáfrica del apartheid, el Frente Democrático Unido y el Congreso de Sindicatos Sudafricanos levantaron una estructura semejante, hecha de organizaciones densas y superpuestas en los townships (barrios segregados destinados a la población negra) y en los centros de trabajo. Sobrevivieron a proscripciones y estados de emergencia porque nunca dependieron de un solo líder ni de una sola sede. Cuando Nelson Mandela salió de prisión en 1990, se sumó a una sociedad civil que llevaba una década tejiendo el entramado que una transición negociada iba a exigir.
Libia y Siria respondieron del modo opuesto. En Libia, el colapso de 2011 llegó más rápido de lo que la sociedad civil pudo organizarse para enfrentarlo, de modo que fueron las facciones armadas las que ocuparon el vacío. Los comités de coordinación local de Siria, surgidos ese mismo año, eran reales y valientes, pero jóvenes y fragmentados; nacieron para protestar, no para negociar. La guerra, el exilio masivo y lo prolongado de la represión les impidieron consolidarse como un interlocutor capaz de sentarse al otro lado de la mesa cuando llegara una apertura.
La intensidad de la represión no explica la diferencia; tanto Polonia como Sudáfrica fueron brutalmente represivas. Tampoco la explica la valentía, comparable en todos los casos. Lo decisivo fue que, antes de que estallara la crisis, la sociedad civil de ambos países había construido estructuras capaces de sobrevivir en la clandestinidad, mantenerse cohesionadas en el tiempo y convertir la autoridad moral en una capacidad real de negociación. Esa capacidad permaneció junto a las personas a las que representaba, en lugar de escurrirse hacia el exilio.
Vista desde esta perspectiva, Cuba se parece más a Libia y Siria que a Polonia y Sudáfrica. Su sociedad civil es plural y valiente, pero está fragmentada, desconectada de sus sectores más pobres y dividida entre los activistas visibles en el exterior y todos los que quedan dentro. A ello se suma la reciente ola de emigración, que ha despojado a Cuba de quienes más necesita un movimiento, es decir, de las personas con formación jurídica, conocimientos de seguridad digital, contactos en los medios y reconocimiento público. Nada de esto significa que la sociedad civil cubana esté fracasando. Significa que hoy se parece más a los comités de coordinación sirios de 2011 que a la Solidaridad polaca de 1988. Es real y activa, pero aún le falta el entramado que convierte una apertura en una transición.
Sin embargo, los acontecimientos recientes señalan dónde podría estar formándose ese entramado. Está en las redes de ayuda mutua como la de Zamora, en las protestas que han pasado de la noche a la luz del día y en unas demandas que han ido del pan y la electricidad a reclamos explícitos de libertad. Es la misma materia prima con la que se construyeron Solidaridad en la Polonia comunista y el Frente Democrático Unido en la Sudáfrica del apartheid. Antes de que nadie los llamara movimientos, eran locales, poco vistosos y no autorizados. Las hojas de ruta para una transición ya existen. Faltan los vínculos entre ellas y los barrios que se están organizando ahora mismo.
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Imagen principal: Adalberto Roque/AFP via Getty Images
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Este artículo fue publicado originalmente en el Journal of Democracy, revista académica trimestral fundada en 1990 y editada por Johns Hopkins University Press, dedicada al estudio de la democracia y los movimientos prodemocráticos en todo el mundo. Desde mayo de 2026 está asociada al Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho (CDDRL) de la Universidad de Stanford. Entre sus autores figuran Václav Havel, el Dalái Lama y Zbigniew Brzezinski.
