El Servicio Militar y los que no regresaron

En memoria de Annier González Acosta

 y de los otros 66 jóvenes.

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En agosto de 2022, cuatro jóvenes de entre dieciocho y veinte años murieron carbonizados en Matanzas. No eran bomberos, aunque aquel día fueron enviados a combatir el incendio que arrasaba la Base de Supertanqueros, el mayor siniestro industrial de la historia reciente de Cuba. Sin los medios ni la preparación mínima, fueron devorados por las llamas. Murieron en el acto.

El 7 de enero de 2025, nueve muchachos de edades similares quedaron sepultados bajo toneladas de piedras y escombros en una instalación militar en Melones, Holguín. También eran reclutas, y también cumplían órdenes. Una explosión —atribuida oficialmente a una falla eléctrica, aunque la naturaleza del humo hizo pensar a algunos especialistas en la detonación de explosivos— destruyó la instalación. Una semana después, cuando ya no quedaban esperanzas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas confirmó que los nueve reclutas y cuatro oficiales desaparecidos estaban muertos.

Estos son probablemente, los episodios más conocidos de una lista que no debería existir: la de jóvenes cubanos muertos mientras cumplían el Servicio Militar obligatorio que el Estado impone a todos los varones a partir de los dieciséis años. Su magnitud los hizo imposibles de ocultar, pero la negligencia que los propició —recurrente e impune— no es, ni de lejos, la primera causa de muerte entre los reclutas.

Entre 2018 y la fecha, han fallecido al menos 67 jóvenes cubanos por causas asociadas al Servicio Militar, según la base de datos del proyecto Archivo Cuba, fundado por la investigadora María C. Werlau, a la que se han incorporado otros casos verificados de forma independiente. De ellos, 27 han muerto por suicidio; 16 por negligencias graves como las descritas; 14 por accidentes; 4 por negación de atención médica; 3 por asesinato y 3 por causas desconocidas. La primera causa de muerte entre los reclutas cubanos es la decisión, tomada en soledad y desesperación, de quitarse la vida.

«El Servicio Militar es un mecanismo diseñado para rompernos. Creo que el suicidio es algo que pasó por la cabeza de muchos de nosotros en algún momento», cuenta un ex recluta que prefiere el anonimato. «Sentíamos que estábamos presos ahí por el simple hecho de querer estudiar», añade otro, en referencia al hecho de que, para acceder a la universidad, los varones cubanos deben cumplir previamente un año de Servicio Militar.

Abraham Limonta Estrada iba a ser médico, pero se suicidó en febrero de 2026, con solo diecisiete años, en la Unidad Militar «La Marquesita», en Guantánamo. Su caso, como otros, revela la anatomía de un sistema que combina trabajos forzados, maltrato cotidiano, precariedad material y aislamiento afectivo hasta producir un colapso psicológico.

Un mes después, Dailier Rodríguez Tamayo se dio un tiro en la Unidad Militar 10-24, de El Cotorro, en La Habana. Se encontraba a cientos de kilómetros de su casa en Ciego de Ávila y un médico del Hospital Naval había dictaminado que no debía portar armas ni estar sometido a estrés. Aun así, estaba en una unidad militar, con un arma en la mano que usó de la peor manera.

La madrugada del día en que Dailier se quitó la vida, intentó llamar a su madre, pero ella no pudo responder porque no había electricidad ni conexión. Esa llamada condensa, mejor que cualquier estadística, lo que el Servicio Militar le hace a un joven cubano: lo arranca de los suyos, lo somete a condiciones paupérrimas y lo deja solo frente a un peso que no debería cargar nadie, y mucho menos a los diecisiete años.

La dimensión familiar, que apenas asoma en estas líneas, merece un análisis propio. No solo la de quienes perdieron a sus hijos, sino también la de aquellos que sobreviven con secuelas físicas o psicológicas, y la de las familias que enfrentan un laberinto de reclamos sin respuesta ni reparación, y que, en muchos casos, son además reprimidas por alzar la voz.

Que jóvenes con contraindicaciones médicas —muchas de ellas de carácter psiquiátrico— sean igualmente incorporados al Servicio Militar, responde a una lógica más amplia. Entre 2014 y 2024, en apenas una década, la población masculina cubana de entre quince y diecinueve años cayó de 364 086 a 268 608, una reducción del 26%. Ante esa contracción demográfica, el régimen ha rebajado los requisitos de ingreso.

El resultado es que, por un lado, incorpora a personas que no deberían estar allí; mientras que, por otro, las expone a un entorno que las erosiona física y mentalmente. En cualquier contexto institucional mínimamente funcional, estos indicadores habrían obligado a revisar el diseño del servicio militar, sus condiciones y su propia necesidad. En Cuba, en cambio, la respuesta ha sido profundizarlo.

Desde el punto de vista jurídico, el Servicio Militar es una obligación coercitiva sin vías reales de escape. La legislación vigente no reconoce el derecho a la objeción de conciencia, y quien se niega puede enfrentar sanciones penales, incluidas penas de prisión. En la práctica, esto significa que el joven cubano no elige servir, sino que es compelido a hacerlo bajo amenaza. No existe, por tanto, un marco de derechos que equilibre la exigencia del Estado; sino una relación de subordinación absoluta.

A esa arquitectura coercitiva se suma un problema de raíz similar: la ausencia total de mecanismos de rendición de cuentas. En un sistema sin prensa libre, tribunales independientes ni control político efectivo sobre las Fuerzas Armadas; las muertes, abusos y negligencias quedan sin investigación pública ni consecuencias institucionales. No hay incentivos para corregir el sistema porque no hay costo por mantenerlo tal como está. Cada tragedia se disuelve en el silencio administrativo o en explicaciones oficiales que rara vez son verificables. La repetición es, por tanto, consecuencia lógica.

Más allá de ello, el Servicio Militar cumple una función que trasciende lo defensivo, pues actúa como mecanismo de disciplinamiento que obliga a generaciones enteras ―en una etapa crucial de formación de la personalidad― a pasar por una estructura cerrada, donde la obediencia es condición de supervivencia. Aísla, fragmenta y somete, por lo que no es casual que la mayoría de quienes lo han vivido lo describan como una forma de encierro.

Hemos concentrado buena parte de nuestra atención en la liberación de los presos políticos, y es justo hacerlo, dado que son inocentes privados de su libertad por razones de conciencia. Pero cabe preguntarse si esa categoría no es más amplia. ¿Qué son, si no, los jóvenes obligados a cumplir un servicio militar que no eligieron, sometidos a trabajos forzados, expuestos a la violencia y privados de toda capacidad de decisión sobre sus propias vidas? Un preso político y un recluta no son lo mismo, pero comparten el mismo principio: la privación de libertad sin consentimiento ni garantías.

Abraham iba a ser médico; Dailier quería estar con su madre, a la que intentó llamar una última vez y no pudo; los cuatro muchachos de Matanzas fueron a apagar un fuego contra el cual no tenían ni medios ni conocimientos; los nueve de Holguín cumplían órdenes bajo tierra. Todos ellos, los 67 que se conocen y los que no, tenían en común algo más que la edad: habían perdido su libertad antes de perder la vida. Esa secuencia es la lógica de un sistema. Mientras ese sistema permanezca intacto, la lista seguirá creciendo.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.