La Revolución convertida en ley: fortalecimiento del totalitarismo
Entre el 2 y el 14 de junio de 1959, varios ministros del Gobierno Revolucionario renunciaron a sus puestos. Durante años la historiografía nacional, al referirse a esta decisión, los catalogó como «traidores», «moderados» o «contrarrevolucionarios». Sin embargo, detrás de esa determinación se esconden las grandes confrontaciones ideológicas de aquellos vibrantes y volátiles meses posteriores al triunfo sobre la dictadura batistiana.
El desarrollo de los acontecimientos convenció a los miembros de aquel primer gobierno revolucionario de la poca influencia que tenían sobre el rumbo de la Revolución. Las figuras más radicales del proceso habían ascendido en la estructura estatal con el paso de los meses, estableciendo una línea política que se alineaba con la carta programática publicada por el Comité Central del Partido Socialista Popular (PSP) en su diario Noticias de Hoy.
La desintegración definitiva de aquel gobierno plural se produjo en julio, cuando el presidente Manuel Urrutia, superado por las presiones de Fidel Castro, presentó su renuncia definitiva tras varios intentos previos que no fueron aceptados. La toma del control político por parte del círculo más cercano a Castro y a los comunistas, se consolidó en menos de nueve meses.
Manifestación en el Parque Central en apoyo a Manuel Urrutia. (Foto: Grey Villet)
En el anterior artículo analizamos el mes corto de enero del 59, en que fueron restringidas libertades de todo tipo. El examen de los siguientes meses permite entender cómo ese poder se consolidó legalmente y se extendió a toda la sociedad, mediante el liderazgo carismático de Castro y el complemento, progresivo pero organizado, de las leyes revolucionarias.
El 22 de enero comienzan a televisarse los juicios que habían iniciado el día 8. Constituyeron, en su inmensa mayoría, puestas en escena mediáticas. El diario Revolución relató cada jornada, a menudo con un tono literario que evocaba episodios de novela heroica. La intención, como afirmaban los diarios, «era aplicar la justicia revolucionaria, no el revanchismo, ante acciones de guerra que constituían crímenes».
No obstante, resulta significativo que el órgano de prensa del Movimiento 26 de julio considerara oportuno iniciar una campaña, el día 24, para visibilizar la propuesta de ley que consideraba «inexistencia de delito en los casos en que [el revolucionario] perseguido por los esbirros de la tiranía se vio obligado a disparar, matar o causar lesiones». La propuesta jurídica sería recogida, cinco días después, en la Ley # 33, que declaraba la «Ley de la Sierra Maestra» como «Ley de Procedimiento Criminal nacional».
Mientras la opinión pública debatía la propuesta de exonerar de posibles crímenes a los revolucionarios, sin llamar la atención eran aprobadas otras medidas, como la anulación de licencias para portar armas, o el nombramiento, como ministro de Defensa, del Comandante del II Frente Oriental Augusto Martínez Sánchez ―declarado simpatizante comunista. Semanas después cedería el puesto a Raúl Castro y ocuparía el Ministerio del Trabajo.
Febrero del 59
El 28 de enero, el Partido Socialista Popular (antes Comunista), celebró su primera reunión nacional tras el triunfo. Durante el encuentro fue analizado a fondo el Programa del PSP, divulgado por partes desde el día 25 en su periódico Noticias de Hoy. El compendio de las medidas principales aparecería el día 30, con el título «Carta al ciudadano Presidente». Por su parte, el diario Revolución se haría eco de estas demandas, iniciando una línea de intercambio entre ambos medios.
En la carta, tras una breve introducción de cortesía y antes de enumerar las medidas, alertaban al presidente Urrutia:
«Debemos decirle con toda franqueza, ciudadano Presidente, que en la calle comienzan a surgir ya las quejas populares por lo que se considera lentitud en el gobierno para adoptar tales y muy esperadas medidas de iniciación y fundación revolucionarias por descontento a causa de algunas medidas que atenta contra las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores. Esto que le decimos no es un reproche, sino una información leal a Ud., Jefe de su gobierno al que apoyamos».
Curiosa alerta, por demás fabricada, que en realidad podría interpretarse como: «nos estamos impacientando». Se exigía inmediatez respecto a la Reforma Agraria, depuración de las Fuerzas Armadas, nacionalizaciones, modificación de varios aspectos de la Constitución, establecimiento de relaciones con los países socialistas, rebaja de los costos de la vida, etc...
En un ejercicio de audacia, insinuaban al presidente que podía existir descontento, e inmediatamente después, reclamaban posiciones del gobierno que consideraban propias.
«Esperamos, muy estimado ciudadano Presidente, que Ud. valorice cuanto aquí le decimos y que, en defensa de la revolución y hacerla avanzar, proponga enseguida a su Gabinete las medidas solicitadas y haga marchar al Gobierno por el camino positivo y progresista que consideramos nuestra obligación reclamar y que tenemos el honor de exponerle».
La Ley Fundamental, anunciada el 7 de febrero y con la que el gobierno evita restablecer la Constitución del 40, ratificaría la mayoría de esos puntos. Aunque no incluye referencia alguna a las relaciones con el campo socialista, en aquellos momentos una delegación del PSP gestionaba, a través de Checoslovaquia, el apoyo en armas y productos, como explicamos en el artículo anterior.
El programa del PSP, cuya esencia es la epístola anterior, fue publicado en las páginas de Carta Semanal, órgano interno del partido. Revisar tales publicaciones ―disponibles en la WEB de la Universidad de California― permite comprender la evolución posterior del proceso. Aunque dicho análisis rebasaría el alcance de este artículo, es importante mencionarlo, porque la Ley Fundamental y la Reforma Agraria, promulgada el 17 de mayo, se convirtieron en los pilares legales que precipitaron la gran contradicción y eventual disolución del gobierno revolucionario plural.
La aprobación de la Ley Fundamental contradice por vez primera las promesas del Programa del Moncada, que postulaba el restablecimiento de la Constitución del 40 como una de sus primeras medidas. Dicho compromiso había sido esencial para atraer el respaldo de diversos actores políticos a la lucha encabezada por Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio.
La Revolución del Primer Ministro, Dr. Castro
Entre los numerosos estudios consultados sobre la figura de Fidel Castro no existe consenso. En eso influye indudablemente la disparidad de enfoques políticos de sus autores. Lejos de llegar a conclusiones, estos trabajos vacilan ante la pregunta de si Castro era comunista —en sentido tradicional— desde el inicio, o si adoptó esa ideología por conveniencia política tras obtener el poder y forjar alianzas con personajes clave del aparato de inteligencia comunista, quienes mantenían estrechos contactos con la estructura militar soviética.
A diferencia de su hermano Raúl, Fidel no perteneció a la Juventud Socialista, si bien estuvo involucrado en actividades influidas por organizaciones comunistas continentales, como la expedición de Cayo Confites o el Bogotazo. Su carácter explosivo, su afán de protagonismo y sus vínculos con grupos de acción violenta, como Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR), no se avenían con la línea de actividad pública elegida por el aparato de inteligencia del partido y que hemos mencionado en anteriores artículos.
Las memorias de Lionel Soto y Jorge Risquet son explícitas sobre el acercamiento estratégico y consciente de la Juventud Socialista al estudiante de Derecho Fidel Castro, por orientaciones directas del aparato de inteligencia del PC. Cortejo político que aceptó, igual que lo hizo con los grupos gansteriles y con el Partido Ortodoxo.
No podemos aseverar la existencia por entonces de una relación más directa entre Fidel Castro y el PC. Ambos jugaban el mismo juego de inteligencia y complemento. Esta percepción se mantuvo en los días inmediatos al triunfo y en febrero del 59, cuando juró el cargo de Primer ministro. Hasta entonces, las acusaciones de comunismo eran dirigidas hacia su hermano menor, su asesor Carlos Rafael Rodríguez y el Che Guevara. Sin embargo, el periódico Revolución, dirigido por Carlos Franqui, detalla el día 16 de febrero el programa de gobierno de veinte puntos, coincidentes en gran medida con la susodicha «Carta al ciudadano Presidente».
Casual o no, al día siguiente se embarca desde Nueva York hacia Cuba el contable judío de la mafia neoyorkina, Meyer Lansky. Sus negocios habían sido cerrados en los primeros días de enero, pero una de las primeras medidas del nuevo Primer ministro será la reapertura de algunos casinos, bajo jurisdicción del recién creado Instituto de Ahorro y Vivienda. Tal decisión provocó una agria reacción de Urrutia, con propuesta de renuncia incluida, algo recurrente en aquellos meses.
En los quince días posteriores al nombramiento del Primer ministro, se aceleró la promulgación de leyes radicales. La historiografía cubana ha interpretado este período como el de «consolidación de la Revolución», sin embargo, es mucho más que eso, fue el período de afianzamiento del poder en sus manos, y el desgaje paulatino, y forzado, de las fuerzas más democráticas de la resistencia antibatistiana.
Los libros de Dermidio Escalona y Víctor Pina Tabío, muestran que inmediatamente comenzaron a prepararse las invasiones a Dominicana y Nicaragua, efectuadas pocos meses después. Mientras, la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación fue colocada en manos de la intelectual Vicentina Antuña, vinculada ―según testimonio de Edith García Buchaca a la historiadora Caridad Massón Sena― con asociaciones controladas por los comunistas desde 1939.
Por su parte, la reorganización de la aviación civil y militar, así como las gestiones para negociar armamentos con el campo socialista y la formación de escuelas de capacitación e instrucción, quedaron en manos del antiguo jefe de la Comisión de Habilitación del PC, Víctor Pina Cardoso, uno de los enlaces fundamentales con los países comunistas europeos. Los antiguos miembros de la Comisión Militar prestaron especial atención, a partir de enero del 59, a todo lo que tuviera que ver con logística, comunicación, información, transporte y zonas militares relevantes. Sobre este tema profundizaremos en próximos análisis.
El 3 de marzo fue decretada la intervención de la Cuban Telephone, con el consiguiente acceso a sus archivos y redes. El día 13, en la Universidad de La Habana, Fidel Castro logró sedimentar una idea crucial: si no están con nosotros, están con los que asesinaron a su gente, a la par que sembraba dudas acerca de la conveniencia de realizar elecciones.
Finalmente, el día 25, el comunista Carlos Olivares fue nombrado consultor de la secretaría de la presidencia, posteriormente será el segundo de Raúl Roa en el MINREX y embajador de Cuba en la URSS.
No obstante, en este montaje de un poder a la larga omnímodo, la gran victoria del gobierno sobre la clase trabajadora se produjo en fecha tan temprana como el 6 de abril ―ver Noticias de Hoy del día 7―, cuando la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) auto decretó su suicidio político, al aprobar por seis meses la anulación del derecho a huelga. Pese a que esta medida constituía la segunda violación al Programa del Moncada, la prensa reflejaba cómo la Revolución avanzaba rápidamente en su cumplimiento.
Un mes más tarde, mientras el Primer ministro se hallaba de gira, su sustituto, el ministro de Defensa y hombre de confianza de Raúl y los comunistas, Comandante Augusto Martínez Sánchez, decreta la prórroga, por noventa días más, de la suspensión del Habeas Corpus. El Diario de la Marina reflejó las críticas de numerosos sectores sociales, rápidamente refutadas por Noticias de Hoy, el cual expresó:
«El hábeas corpus ha sido suspendido para facilitar la tarea de la justicia revolucionaria, para garantizar que, por la premura, no se cometa una injusticia. Todos los que quieren la revolución comprenden que ésta fue una medida necesaria y la apoyaron con todas sus fuerzas.
Los contrarrevolucionarios y reaccionarios ―que apoyaron a Batista cuando éste suspendió el hábeas corpus y todos los derechos democráticos― piden ahora el hábeas corpus, no en interés de la justicia, sino para proteger a sus agentes y personeros que están siendo investigados por la justicia revolucionaria.»
Pese a todo lo anterior, no será hasta la confirmación del carácter radical contra el latifundio y la propiedad privada expresado en la Reforma Agraria, y la creación del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), que muchas personalidades ― consideradas hasta entonces de pensamiento liberal y moderado―, tomarían posición contra el gobierno.
En palabras de Tony Varona, pronunciadas el 12 de junio en la televisión, la ley de Reforma Agraria contradecía la Constitución de 1940. Dicha intervención apuntaba al peligro que representaba el INRA «por tener más poderes que el Presidente de la República y el gobierno todo […] hacemos objeciones al INRA porque esté regido solamente por dos personas […]». Su creación como ente superior al Estado democrático dentro del propio Estado, fue señalado por Diario de la Marina y la revista Bohemia.
Para el gabinete de Manuel Urrutia, esta fue la constatación de la existencia de un poder real superior a ellos. La Revolución los había nombrado en los ministerios, pero no los reconocía como elementos propios, sino como entes ajenos. Luego de la salida de los ministros y de la crisis de julio, el INRA se convirtió en un Estado dentro del Estado, que disponía incluso de un batallón con operadores de bazucas.
Las características con que surgió esta estructura, confería a sus dos dirigentes, Fidel Castro y Antonio Núñez Jiménez ―luego Carlos Rafael Rodríguez, destacado miembro del PSP―, poderes prácticamente absolutos. Bastaba usar el término «intervenido por la Reforma Agraria», para tomar las propiedades de sus dueños sin apelación posible.
Las modificaciones legales de las leyes revolucionarias, permitieron saltarse la condición de pago, en efectivo y al momento, del valor de las tierras nacionalizadas. A este tema le dieron singular atención Noticias de Hoy y Revolución, llegando incluso a dar voz en sus páginas a miembros de la Iglesia Católica con el objetivo de llegar a las franjas más amplias de la sociedad.
Según se lee en entrevista al padre Ignacio Biaín, director de la revista La Quincena, aparecida el 16 de febrero: «La reforma agraria es católica… La propiedad privada no debe acumularse en unas pocas manos privilegiadas…». Biaín, junto al padre Lence, fue de los sacerdotes que dio validez a la tesis que presentaba a Jesucristo como el primer guerrillero/comunista por la justicia social; ideas retomadas en el futuro por los Teólogos de la Liberación.
El padre Biaín, considerado por historiadores religiosos como «un hombre ingenuo» que no previó la repercusión de sus palabras ni la penetración comunista en el gobierno, sería apartado de la vida pública al aparecer la «Carta abierta de los obispos de Cuba al Primer ministro Dr. Castro», el 4 de diciembre de 1960 ―firmada, entre otros, por Monseñor Manuel Arteaga y Enrique Pérez Serantes. Este documento es considerado por muchos estudiosos el rompimiento definitivo entre la Iglesia Católica y el nuevo poder.
Aunque los titulares anteriores fueron de corte sensacionalista, cuando se profundiza en sus palabras, Biaín aporta un temor social latente ante la Reforma Agraria: «lo ideal sería pagar la indemnización al mismo tiempo que se hace la expropiación», y no con bonos como propuso el gobierno. Al final de la entrevista, esboza unas palabras que estimularán la recogida de dinero y bienes para el fondo de la reforma: «Las más audaces y avanzadas realizaciones del cristianismo social están allí (en la Reforma Agraria) insinuadas y justificadas (…) La economía actual del capitalismo, se condena (…)»
El interés del gobierno en sumar el apoyo del cuerpo religioso, surgía de la necesidad constante de respaldo social. Podría interpretarse que los prelados agrupados alrededor de la organización Con la Cruz y con la Patria apoyaban estas leyes revolucionarias libremente. Sin embargo, hay un detalle que menciona el padre Hilario Chaurrondo en sus memorias, al referirse a las contradicciones que enfrentaron los religiosos ante el rumbo de la Revolución:
«Uno de ellos surgió con los católicos cuando los de la organización discutían sobre la posibilidad de cantar el Himno del 26 de julio al entrar o salir de las misas. Algunos sacerdotes comenzaron a alejarse de la agrupación sospechando que la presidenta, Lula Hortsman, estaba manejada por Vilma Espín. Cuenta Gaztelu que habiendo tomado la institución cierta disposición, esta señora dijo que para ejecutarla primero tenía que hablar con Vilma».
Lula Hortsman y su esposo, Ladislao González Carvajal, habían sido revolucionarios activos desde los días de la lucha antimachadista, miembros del DEU del 30 y gente de pensamiento progresista. Ladislao fue miembro de la Comisión Militar del PC y, entre otras misiones, el encargado de acoger en México a Fabio Grobart cuando este salió clandestinamente de Cuba en 1950.
Es posible seguir el rastro que conecta a miembros importantes del antiguo aparato de inteligencia comunista en posiciones grises pero fundamentales en las nuevas organizaciones de masas creadas a partir de 1959.
Al nombrar al Comandante Antonio Núñez Jiménez, reconocido comunista, al frente de un organismo de tanto poder como era el INRA, se puso en peligro la separación de poderes y el carácter democrático de las estructuras de poder del proceso. Adicionalmente, el ostracismo recibido por Humberto Sorí Marín, entonces ministro de Agricultura y que había sido juez letrado en el cuartel general de la Sierra Maestra ―donde dio forma a la Reforma Agraria de la Sierra, firmada el 10 de octubre de 1958―, confirmó entre los ministros la percepción de que aquella Revolución ya no los contenía. La imposición de una línea radical en el principal decreto revolucionario, daba sentido a las palabras de alerta de Tony Varona.
Amarrar un país
En el segundo juicio a los aviadores, iniciado el 5 de marzo, Fidel Castro había mostrado su personalidad, sorda a cualquier justicia que no fuese «su sentido de la justicia». Si bien entonces se entendió en muchas capas de la sociedad civil como una medida que venía de la guerra, la Reforma Agraria, tal cual se concibió y ejecutó, constituye el punto de quiebre de los poderes económicos y sociales de las fuerzas moderadas opuestas a Batista. La promulgación de la ley que secretamente venían desarrollando el futuro presidente Osvaldo Dorticós, Núñez Jiménez y otros destacados comunistas, por encima de la que fuera encomendada al ministro encargado del ramo, Comandante Humberto Sorí Marín, prueba que el punto de quiebre fue intencional.
El 22 de junio, previendo posibles acciones de rebeldía contra la Revolución en el poder, fue decretada la modificación de los capítulos I, III y IV, del Título I, del Libro II del Código de Defensa Social, que las calificaba como «Delitos Contrarrevolucionarios», con sanciones aumentadas y pena de muerte en algunos casos.
Con ello se creaban nuevas figuras delictivas, referidas a hechos considerados a partir de ese momento como «contrarrevolucionarios». Según el diario Revolución, se establecía en «el artículo 468 el delito de estrago para el que atentare contra las personas, o causare daño en las cosas empleando sustancias o aparatos explosivos, si resultare persona muerta o lesionada o si la explosión se verificare en edificio público, lugar habitado o concurrido».
Asimismo, se trasfirieron a la jurisdicción ordinaria las causas y denuncias que habían sido competencia de los Tribunales Revolucionarios. Esta ley suspendió el funcionamiento de los mismos, aunque dejó abierta la posibilidad de restablecerlos en cualquier momento «si la defensa de la Revolución lo exigiere».
En poco más de seis meses, las libertades civiles habían quedado coartadas y los derechos económicos de la ciudadanía se encontraban legalmente a expensas de las necesidades del Estado. La Revolución hablaba por voz de Fidel Castro, ejecutaba sus órdenes y estaba al servicio de sus necesidades.
Resulta ilusorio considerar que todas estas decisiones no fueran calculadas con antelación, teniendo en cuenta que, a la vez, los órganos de seguridad y el aparato de inteligencia del antiguo PC estaban llegando a acuerdos para la adquisición inmediata de armas e instrucción militar. El rumbo del proceso estaba definido prácticamente desde la Sierra Maestra.
Paralelo a lo descrito en este análisis, se llevaba a cabo la militarización acelerada del país. La economía nacional se puso por entero al servicio del Ministerio de Defensa, y la política editorial comenzó a producir el sustrato ideológico necesario. Como veremos en la próxima entrega, para junio de 1959 el destino de Cuba estaba firmemente determinado.
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* Este texto ha sido escrito por Ernesto Miguel Cañellas Hernández y Aries M. Cañellas Cabrera
