La palabra como delito. El grupo de los cuatro: «la Patria es de Todos»
Aunque posteriormente fue conocido como «Grupo de los Cuatro», su nombre original era «Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna» (GTDI). Fundado en agosto de 1996, estuvo integrado por cuatro destacados intelectuales y activistas cubanos: Vladimiro Roca Antúnez, también fundador del movimiento «Corriente Socialista Popular» y presidente del Comité Gestor del Partido Social Demócrata de Cuba; René Gómez Manzano, abogado especializado en la defensa penal de personas acusadas de cometer delitos contra la Seguridad del Estado, opositores y activistas de derechos humanos, y que además había sido fundador de la organización de abogados independientes «Corriente Agramontista», dedicados a la restauración de la democracia; Martha Beatriz Roque Cabello, economista y directora del Instituto Cubano de Economistas Independientes para el estudio de la economía del país, coordinadora del GTDI, a cargo además de la producción y divulgación del boletín; así como Félix Bonne Carcassés, fundador de la organización «Corriente Cívica Cubana», que agrupó a profesores universitarios, y coautor de la «Carta Abierta a Castro» sobre la necesidad de apertura democrática en el país.
El objetivo del GTDI era promover el estudio sobre la situación socioeconómica de Cuba y la difusión de documentos y boletines que promovían ideas para la transición pacífica hacia la democracia en el contexto de la crisis del llamado «Período Especial en Tiempos de Paz».
En su «Plataforma para la Transición», expresaban que «solo un estado de derecho hará posible un escenario sociopolítico que genere las condiciones para un mayor nivel de bienestar de la nación cubana», así como que «la falta de acceso a cualquier fuente de financiamiento externo, la escasa producción y las erradas políticas macroeconómicas basadas en el centralismo estatal, el desbalance financiero interno, la dependencia de las importaciones, entre otros muchos problemas, no permiten prever una rápida salida de la crisis que atraviesa el país». Observaban asimismo que «en la misma medida que el estado refuerza sus leyes para mantener el poder», la desobediencia civil no es otra cosa que «una manera de transferir su inconformidad por la crisis general que estamos viviendo». El Grupo se adhería a «la lucha pacífica como principal manifestación de su deseo de cambio».
Los puntos fundamentales de la Plataforma incluían: 1. Libertad para los presos políticos; 2. Fortalecimiento de un estado de derecho con plena actividad de la sociedad civil y las instituciones democráticas; 3. Independencia económica que incluyera la posibilidad de que los cubanos puedan también invertir dentro del país, tomando en consideración los llamados «Principios Arcos» (1) para la protección de los derechos laborales; 4. Legalización de los grupos disidentes. 5. Convocatoria a una Asamblea Constituyente para sustituir la constitución vigente entonces y convocar a elecciones pluripartidistas; y 6. Plena vigencia de los derechos humanos.
Publicaron además la «Carta a los inversionistas», en la que exhortaron a los inversionistas extranjeros a respetar y dar cumplimiento de los derechos humanos y prácticas laborales justas de contratación y empleo en Cuba, de conformidad con los «Principios para la Inversión Extranjera en Cuba» (Principios Arcos), elaborados bajo el auspicio del Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH). Otros documentos emitidos fueron el «Llamamiento al Exilio» y el «Llamamiento a la abstención electoral». Todo ello entre agosto de 1996 y mayo de 1997.
La respuesta de las autoridades fue el constante hostigamiento y la apertura de un proceso jurídico por «haber divulgado informaciones parciales y tergiversadas de la realidad económica y sociopolítica cubana contribuyendo a las campañas de descrédito que afectarían la integridad del Estado cubano».
La Patria es de Todos
En junio de 1997, el Grupo de Trabajo publicó un documento de nueve páginas titulado «La Patria es de Todos», una crítica al Proyecto de Documento del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, que sería sometido a aprobación durante la celebración de ese evento, en octubre de 1997. El Grupo indicó que «como nos resulta imposible emitir aquí criterios públicos al respecto (por estar todos los medios de difusión en manos del Estado), hemos decidido plasmarlos y que de alguna forma se conozca por los cubanos de dentro y fuera de la Isla, defendiendo de ese modo nuestro derecho de opinar, porque estamos convencidos de que: LA PATRIA ES DE TODOS».
En el texto, distribuido clandestinamente y enviado a organismos internacionales, argumentaban:
«[…] El Partido, atribuyéndose la condición de representante del pueblo, elaboró el documento que conmina a la ciudadanía a que participe en las reuniones de apoyo al mismo. El pueblo, sometido a las presiones del poder totalitario, asiste, y entonces ese hecho se presenta al mundo como un plebiscito de la sociedad cubana. Se dice que es la prueba más evidente e irrefutable de que el Partido representa a todo el pueblo. […] ¿Qué ofrece el Partido Comunista al pueblo? Tendremos sólo aquello que seamos capaces de crear, le dice. Más que una promesa parece una lúgubre amenaza, por la proverbial ineficiencia del sistema de producción y por tradicionales limitaciones que este le impone a la ciudadanía. La lista de los problemas es enorme. No obstante, solo se anotan algunos de los problemas materiales, pero no se refieren a las carencias espirituales de nuestro pueblo y mucho menos a la falta de libertades de todo tipo. Para el Partido, están claras las tareas concretas, lo que no deja de manifiesto para el pueblo son las soluciones a los problemas, los plazos, las perspectivas. […] El documento elaborado por el Partido Comunista no es esta alternativa, porque no ofrece nada en concreto al pueblo cubano. […]
Nadie quiere volver a la parte negativa de los años 50, como quiere hacer ver el gobierno. Las realidades del mundo han cambiado significativamente y las de nuestro país, también. La transición hacia la democracia que queremos lograr, está basada en los principios fundamentales de la Constitución del 40, que establece derechos sociales que no tienen nada que ver con el influjo de la extensión del neoliberalismo. En realidad, la situación de hoy, con empresas extranjeras que contratan a sus trabajadores por conducto de un intermediario estatal que los explota y que ni siquiera les ofrece un vínculo laboral estable, sí podría ser calificada como neo-totalitarista. No brinda el documento la posibilidad de existencia de un Estado de Derecho, ni un sistema judicial independiente e imparcial que no permita que se rechacen las libertades y derechos individuales y el pluralismo político. […]
Se dice que el Partido demanda de cada uno de sus integrantes pensar con su propia cabeza y expresarse libremente en el seno de las organizaciones partidistas. Entonces son 770,000 las personas que cuentan con licencia para pensar y hablar, pero el resto del pueblo, de los sin partido, de los que constituyen la mayoría de la población, no tienen posibilidad de expresarse libremente, les hace falta también su espacio. […] Lo novedoso sería que permitieran a la oposición que formara parte del propio proceso electoral, contando con sus propios partidos y con la posibilidad de postular a sus candidatos y hacer campañas políticas y dándole acceso a observadores internacionales para que supervisen las elecciones.
[…] El Estado no está al servicio del ciudadano. Ni siquiera existe entre aquel y este una relación igualitaria de derechos y obligaciones recíprocas, sino que, por el contrario, el ciudadano está al servicio del Estado. Las leyes no respetan los derechos inherentes a la persona humana, como lo demuestran las innumerables denuncias de las violaciones a dichos derechos, así como las reiteradas sanciones a Cuba por esa razón en las Naciones Unidas.
El Gobierno debería solucionar problemas tales como el derecho a entrar y salir libremente del territorio nacional a los cubanos y permitir el ingreso en el país al Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a su equipo […]».
Para darlo a conocer y compartir su contenido, los miembros del grupo celebraron reuniones en sus viviendas. En particular, el 27 de junio de 1997, ofrecieron una conferencia de prensa en la vivienda de Martha Roque Cabello que contó con la asistencia de prensa extranjera y diplomáticos acreditados en el país. El 30 de junio, Roca Antúnez y Roque Cabello brindaron entrevistas a la emisora Radio Martí y al diario Nuevo Herald sobre dicho documento.
Reacción de las autoridades
El 16 de julio de 1997, semanas después de la difusión del boletín «La Patria es de Todos», los integrantes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna fueron detenidos en La Habana por Seguridad del Estado y conducidos al centro Villa Marista, donde se les impidió el contacto con sus familiares por catorce días. La primera visita solo se permitió el 30 de julio. Asimismo, permanecieron detenidos sin acceso al aire libre durante treinta y seis días.
En este período, la Fiscalía había emitido un «Auto Fiscal», al que no pudieron tener acceso los detenidos o sus familiares. El Auto habría ordenado la prisión provisional de los integrantes del Grupo por la presunta comisión del delito de «propaganda enemiga». Finalmente, fueron procesados y condenados por el delito imputado de «Actos contra la seguridad del Estado», luego de un período de detención preventiva de más de diecinueve meses sin juicio.
El juicio fue celebrado en marzo de 1999, sin acceso permitido al público, y resultó en la condena de Vladimiro Roca Antúnez a cinco años de prisión, mientras que a los otros tres miembros del grupo se les aplicó una pena de tres años y medio de privación de libertad, a pesar de la reacción internacional, la condena por parte de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y gobiernos europeos.
La palabra como delito
Este fue un caso emblemático en la denuncia del uso del sistema penal cubano para castigar el pensamiento independiente, y un precedente jurídico para toda la acción judicial ulterior, en tanto marcó un punto de inflexión en la represión a la disidencia en Cuba, al mostrar que intelectuales moderados, no vinculados a partidos opositores, podían ser encarcelados por ejercer la crítica pública.
Ello también ocurrió después, durante la llamada Primavera Negra, entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2003, cuando se arrestó a setenta y cinco opositores, entre ellos periodistas independientes, activistas políticos, bibliotecarios y defensores de derechos humanos, acusados todos de «actos contra la independencia nacional y la economía de Cuba», «colaboración con intereses extranjeros», especialmente con Estados Unidos y «difusión de propaganda enemiga».
Las autoridades buscaban castigar el pensamiento crítico organizado, pero aún intentaban mantener una imagen de legalidad ante el mundo. La detención prolongada sin juicio fue una forma de presión sin escándalo inmediato, a diferencia de la actualidad, cuando el aparato judicial se ha convertido en una herramienta de castigo rápido y ejemplarizante.
Actualmente se judicializa la protesta espontánea, incluso de personas sin historial político, imputándoseles entre otros los delitos de «sedición» y «desorden público», imponiéndose penas desproporcionadas para disuadir futuras movilizaciones populares, aun cuando se trate de protestas pacíficas de la población para reclamar derechos tan básicos como la reconexión de la corriente eléctrica en las localidades, después de más de veinticuatro horas sin electricidad.
Ello refleja una radicalización del control estatal, pues el disenso ya no necesita ser articulado ni ideológicamente estructurado para ser castigado. Se acusa siempre de «mercenarismo y financiamiento de potencias extranjeras», aunque solo se trate de la expresión de un descontento legítimo que reclama el cambio. Sea, la palabra como delito.
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(1) «Principios Arcos: Proyecto conjunto de Gustavo Arcos Bergnes en nombre del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y de la solidaridad de los trabajadores cubanos. Autores: Rolando H. Castañeda y George Plinio Moltalván. 31 de enero de 1995. Anexo a comunicación de los peticionarios de 25 de marzo de 1999.
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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.
