El gobierno cubano, ¿en busca de la paz social, o de la confrontación?

La Constitución declara (artículo 1) que en Cuba impera el Estado de derecho, pero la afirmación no pasa de un enunciado formal para consumo extranjero; en la práctica, ese artículo es letra muerta, al igual que otros referidos a derechos del ciudadano.

Cierto, no pasa semana sin el anuncio de alguna nueva norma legal, y las sesiones del parlamento constituyen verdaderos maratones para su aprobación (nunca desaprobación), pero ninguna aporta protección al ciudadano, cada día más desamparado ante la pérdida del valor real de su salario, la falta de tranquilidad ciudadana y la represión política.

En mayor o menor medida, la desprotección jurídica no es nueva, pero en los últimos tiempos resulta más evidente: La situación de la población se resume en la consigna «sálvese el que pueda». Necesidades humanas básicas se han convertido en privilegio de pocos. Quienes no disponen del apoyo económico de familiares en el extranjero, o no se cuentan entre los favorecidos por la fortuna (ostentan el poder, son sus parientes, amigos o testaferros o, sin pertenecer a ese grupo, han sabido medrar y acumular riqueza en medio de la miseria generalizada) están abandonados a su suerte y sobreviven como pueden: sin higiene ambiental, sin medicamentos ni acceso a salones de operación, mal alimentados, recibiendo una educación cada vez de menor calidad, sufriendo constantes apagones… En resumen: en la indigencia.

La indigencia se sufre, pero no crea conciencia; quien tiene la mente ocupada en cómo llegar al día siguiente o, peor, cómo lograr que lleguen sus hijos, no está en condiciones de teorizar sobre las causas de su miseria, y no se interesa por participar en la búsqueda de cambios estructurales. Una población en esas condiciones resulta rentable para sus gobiernos, pues se conforma con las migajas que le lancen poco a poco: Una donación por aquí, una hora menos de apagón por allá, y los mismos que hoy protestan mañana desfilan y aplauden a los responsables de su miseria.

No obstante, existe un peligro oculto: Si no produce conciencia política, la miseria suele, en cambio, generar desesperación. Y donde hay desesperación cualquier chispa puede desatar el desorden, el caos, la rebelión.

La represión puede sofocar rebeliones y restablecer el orden…, cuando no generaliza el caos. Generalizado el caos, aparece la alternativa: golpe militar o intervención extranjera. A veces siento la impresión de que nuestros gobernantes persiguen lo segundo. Pero ninguna de esas dos posibilidades es salida para Cuba, pues ninguna garantiza por sí misma la democracia y el progreso. Y ambas ponen en peligro el futuro de la república.

Concedamos que los gobernantes cubanos son conscientes de su responsabilidad por los problemas del país y los riesgos que nos acechan. Si esto fuera cierto, no se explica por qué no dejan de aludir a las culpas ajenas y enfrentan las propias, condición básica para encontrar soluciones, solo posibles, eso sí, mediante un consenso nacional, con participación de la diáspora en sus variadas tendencias, sin exclusiones.

Si no los cegara la soberbia, los gobernantes cubanos promulgarían de inmediato la amnistía para todos los presos por motivos políticos, sin condiciones, sin el exilio forzado como premisa para ninguno. (La amnistía es también una de las exigencias del gobierno norteamericano para mejorar las relaciones con el cubano; por tanto, contribuiría a paliar las penurias de la población).

Complementaría la amnistía general la puesta en vigor de los artículos 54 y 56 constitucionales, deuda pendiente del Estado/gobierno con su propia legalidad, pues el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional se encuentran en situación de desobediencia a la Constitución, por incumplir el plazo de dieciocho meses establecido para hacer efectivos los derechos que consagró en 2019.

(A propósito: La desobediencia a mandatos constitucionales no se encuentra tipificada en el código penal vigente, ¿simple coincidencia?).

Ciertamente, esas dos medidas por sí solas no resolverían la policrisis actual, pero reducirían tensiones sociales y permitirían acercar enfoques en la búsqueda de soluciones verdaderas. El gobierno tendría, además, la oportunidad de una gran operación propagandística en su favor, y reforzaría sus posiciones en cualquier proceso negociador. En suma, sin grandes gastos ni violación de principios o pérdida de soberanía, solo con un poco de buena voluntad gubernamental, ganarían población y gobierno.

No obstante, el grupo gobernante prefiere ignorar esa opción, pues asegura contar con el apoyo popular, a partir de «movilizaciones populares», discursos en congresos y propaganda. Sin embargo, sus opositores afirman lo contrario…, y en calles y colas no se percibe tal apoyo.

¿Quién está en lo cierto? Hay una manera democrática de comprobarlo: Realizar un plebiscito con plenas garantías para la libre participación ciudadana y auditable internacionalmente, donde el pueblo exprese su conformidad o inconformidad con temas como la ejecutoria de las principales figuras gubernamentales, la ley electoral, el artículo 5 constitucional y la preponderancia del PCC sobre la Constitución, entre otros.

El resultado demostraría si el discurso oficial corresponde a la verdad o no. Y señalaría los cambios o ajustes políticos imprescindibles para, entre todos los cubanos, encontrar salida a la crisis. Lo más trascendente: Se evitaría un estallido popular, cada día más probable.

La factibilidad de ese plebiscito existe, pero los gobernantes la ignoran. En su lugar, insisten en aplicar dos tácticas sobradamente fallidas:

a) Medidas y contramedidas, con reuniones y más reuniones; visitas de funcionarios a lugares escogidos y «encuentros con la ciudadanía» o «sectores de la sociedad civil», todos previamente seleccionados; discursos sobre las bondades de las medidas adoptadas, rectificadas, vueltas a adoptar… Sin embargo, propaganda y discursos pueden confundir y aplacar el disgusto por un momento, pero no llevan comida a la boca de los hambrientos: El riesgo de ruptura social permanece intacto.

b) Represión contra las voces discordantes, sin respeto a derechos, leyes y debido proceso. Con ella ha sofocado voces. Pero el triunfo obtenido por represión siempre es incierto. Si, a la par, las fuerzas policiales demuestran poca efectividad contra la delincuencia común, la consecuencia es el irrespeto o el repudio al uniformado, condición propicia para el desorden.

Para enturbiar más el ambiente, la represión no tiene contraparte en los órganos de justicia, como corresponde a todo Estado de derecho; los tribunales, aliados incondicionales de los órganos represivos, interpretan o aplican las leyes a conveniencia del represor. Al no existir independencia de poderes, el poder judicial se subordina a los intereses del Estado/gobierno, no a los de la justicia.

(Esto es explícito, no implícito: Al tomar posesión del cargo, el actual presidente del Tribunal Supremo Popular no juró defender la justicia, las leyes o la Constitución, sino la Revolución. Y es sabido que, para nuestros gobernantes, Revolución es sinónimo de Estado, Gobierno, Partido y, en ocasiones, Patria y País).

Desde 1959 hasta hoy, discrepancia y disenso nunca han sido bien vistos en Cuba, incluso dentro del círculo del poder (recuérdense los casos de los ministros que no concordaron con las llamadas «Zafra de los Diez Millones» o «Revolución Energética», o del director de epidemiología que afirmó que la neuropatía que arrasaba Cuba no era actividad enemiga, sino déficit alimentario).

El actual gobierno, proclamado «continuidad» del anterior, no ha resultado nada parco en cuanto a echar mano a la heredada represión al disenso, aunque no se ha mostrado creativo, mucho menos brillante. Ya desde antes de las protestas del 11 de julio dio ejemplos de ninguna sutileza en reprimir el descontento, pero recientemente pareciera que se equivoca a propósito. En lugar de, con medidas sabias, limar asperezas para contener los problemas, los agrava y complejiza. Crea nuevos enemigos, y contribuye con sus actos a que estos se consoliden y amplifiquen su influencia.

Acaso encandilados por lo cómodo que les resulta actuar contra intelectuales que les plantan cara, los aparatos represivos han cometido, uno tras otro, peligrosos errores. (Con los intelectuales la tarea resulta relativamente fácil, pues no cuentan con una institución que los respalde: Se reprime a este o aquel, lo expulsan del trabajo, lo ponen preso, incluso, como ocurrió recientemente, se impide a una madre en su lecho de muerte despedirse de su hijo…, y no ocurre nada). Pero no es lo mismo un intelectual aislado que la institución de la masonería.

De lejos viene la pugna con los masones, pero en los últimos tiempos el conflicto se ha enconado; en lugar de procurar una solución aceptable para todos, el Estado/gobierno actuó con prepotencia. Y sufrió una inobjetable derrota moral. Si no ha sido mayor, es por su férreo control sobre los medios de difusión.

Los masones (hermandad prestigiosa, con historia varias veces centenaria) no se amilanaron ante las presiones y la falta de inteligencia del Estado/gobierno, y defendieron su derecho a la autonomía institucional. No fueron derrotados. Y sentaron un precedente: Vencieron sin salirse de las leyes, con decencia, sin ofensas ni violencia; solo con firmeza, convicción y unidad. Destaco intencionalmente los tres sustantivos.

Como si no le bastara recibir una derrota (¿o a causa de ella?), y demostrando no haber aprendido la lección, el Estado/gobierno, sin cerrar otros, ha abierto un nuevo frente de disputa, esta vez contra religiosos que disienten. Ha revuelto un avispero. Y no se revuelve un avispero sin recibir picaduras dolorosas.

Nadie desconoce que, en tiempos de crisis continuadas y sin visos de solución, la religión es el refugio adonde muchos acuden, en busca de consuelo o para escapar de la locura o el suicidio. Con independencia de otros factores también presentes e innegables (acceso a ciertas ayudas), la proliferación de casas de oración y alabanzas, de pequeños y no tan pequeños templos y del número de feligreses señala, mejor que cualquier estadística, la magnitud de la crisis cubana.

Sin embargo, desoyendo el llamado de varias denominaciones religiosas a las cuales los involucrados pertenecen, llamado al cual se han sumado otras denominaciones, laicos y hasta no creyentes, los aparatos represivos han emprendido, desde hace más o menos un año, acciones contra un número creciente de religiosos, sobre todo jóvenes, porque denuncian la realidad del país o se pronuncian contra algunas medidas del gobierno, haciendo uso de sus derechos constitucionales (artículos 54 y 56).

Por simple observación, es evidente que, en las denominaciones cristianas, católicas y no católicas, existen al menos dos tendencias: una colaboradora crítica con el Estado/gobierno, otra no colaboradora. (Algunos opositores acusan a la primera de legitimarlo, olvidando que el sentido prístino de cualquier denominación cristiana es acompañar a quien sufre, lo cual resultaría imposible desde un enfrentamiento radical al gobierno).

Una tercera tendencia, por el momento minoritaria (pero en crecimiento, si hago caso a las redes sociales), mezcla activismo religioso con activismo político, a semejanza de otras existentes en Latinoamérica. El tema amerita atención particular, pero escapa a los límites de este artículo; quede solo como comentario.

Detenciones y condenas recientes, bien conocidas por la prensa alternativa, no por la oficial, parecen demostrar que los gobernantes cubanos no entienden lo delicado del tema religioso y buscan la radicalización de las denominaciones…, en su contra.

¿O será que la autonomía de los órganos represivos es tanta que se permiten, con sus acciones, poner en riesgo la estabilidad del Estado/gobierno al cual deben proteger?

La represión injustificada y la anuencia de los tribunales, que no ponen coto a la extralimitación de funciones de los represivos, atentan contra la paz ciudadana, porque radicalizan a los afectados. Y la radicalización de grupos religiosos suele acarrear graves trastornos sociales, como demuestra la historia.

En ese contexto, las consignas «viva Cristo rey» y «Cuba para Cristo», que ya se escuchan, lanzan una alerta que un gobierno responsable no debe desoír. Desconocer el poder movilizador de pastores y sacerdotes es cometer suicidio político, y parece ser lo que está ocurriendo. Como ciudadano, eso me preocupa. Y me pregunto: Con tantos problemas que enfrentan los cubanos, ¿apuestan nuestros gobernantes por una nueva fuente de tensiones en el país, ahora con motivaciones religiosas?

No me atrevo a responder.

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NOTA: Escribo y publico este texto en uso del derecho que me concede el artículo 54 de la Constitución.

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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.