Derechos humanos en Cuba: el costo insoportable del autoritarismo

Cada 10 de diciembre recordamos la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Cuba, sin embargo, esta fecha adquiriere un matiz cada vez más grave y doloroso. La crisis de derechos humanos en la Isla no solo abarca a quienes enfrentan juicios arbitrarios, van a cárceles saturadas de presos políticos o sufren la criminalización del disenso; afecta también a millones de personas condenadas a vivir en condiciones indignas que niegan, en la práctica, los principios más básicos del pacto social.

El régimen mantiene encarceladas a más de 1.192 personas por razones políticas, la cifra más alta registrada hasta ahora. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado, de enero a la fecha, 2.883 acciones represivas, entre ellas 651 retenciones ilegales en viviendas y 508 detenciones arbitrarias. Los datos evidencian un patrón sistemático: la represión política es la forma habitual de gobierno del régimen cubano.

Pero la vulneración de derechos en Cuba no se reduce a la represión directa. La vida cotidiana en la Isla es en una sucesión de violaciones que afectan a todos, sin distinción. Apagones de veinte horas, falta de medicinas, escasez de alimentos, servicios básicos colapsados, inseguridad creciente, crisis sanitaria, conforman un paisaje donde sobrevivir es un acto de resistencia permanente. Millones de cubanos viven en un contexto que, de acuerdo con estándares internacionales, configura una crisis humanitaria de origen político.

La solicitud de ayuda del gobierno cubano al Programa Mundial de Alimentos en 2025 para garantizar productos básicos destinados a la niñez revela el nivel de deterioro. La respuesta de un gobierno responsable sería activar políticas públicas urgentes y efectivas. En Cuba, en cambio, la reacción ha sido victimizarse ante el mundo y continuar utilizando la represión como único instrumento de gestión.

Como hecho que agrega matices a la caracterización del panorama de los derechos humanos, se suma la reciente condena, por espionaje y otros cargos, del exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil. El problema no es que un alto funcionario sea juzgado por un crimen —algo normal y deseable en cualquier Estado de Derecho—, sino que el proceso haya ocurrido bajo opacidad total. El poder a través de la justicia actúa con una vara doble: castiga selectivamente a sus propios cuadros para administrar la frustración social, pero jamás asume responsabilidad por la devastación económica y humana que sus políticas generan. Esta instrumentalización del sistema judicial evidencia que el deterioro es, como se dijo, sistémico.

En Cuba se violan los derechos de quienes disienten, pero también de quienes mueren en el abandono y la oscuridad sin alzar la voz, de quienes no protestan y esperan en silencio a cualquier cosa que les ofrezca algo de esperanza. Los derechos a la alimentación, salud, seguridad, agua potable, información, libre movilidad, trabajo digno y desarrollo han sido erosionados hasta su mínima expresión. El gobierno cubano está incapacitado —y desinteresado— en proteger la vida, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

Es necesario subrayar ese sentido un principio fundamental del derecho internacional: la Responsabilidad de Proteger (R2P). Este principio establece que todo Estado tiene el deber primario de prevenir el sufrimiento masivo de su población y de garantizar condiciones mínimas para la vida y la dignidad humanas. Cuando un gobierno se convierte en fuente de daño sistemático —por acción o inacción— y coloca a su pueblo en una situación de vulnerabilidad extrema, ese gobierno está fallando de manera grave a su responsabilidad más esencial. En Cuba, el Estado incumple esa responsabilidad, es agente de deterioro, opacidad y abandono.

Desde CubaXCuba – Laboratorio de Pensamiento Cívico, manifestamos:

• Plena solidaridad con todas las personas privadas de libertad por razones políticas, así como con sus familias, víctimas directas de una política de castigo ejemplarizante.

• Repudio firme al uso discrecional de la justicia, tanto cuando se utiliza para silenciar el disenso como cuando sirve para gestionar tensiones internas del régimen.

• Exigencia de medidas urgentes para garantizar el acceso a medicinas, alimentos, agua, energía, salud y servicios básicos, cuestiones mínimas sin los cuales ninguna sociedad puede sostener su cohesión ni su dignidad.

Un gobierno cuyas decisiones no generan bienestar, que castiga la protesta, que desatiende necesidades esenciales y que actúa con opacidad absoluta en materia judicial, ha perdido toda su legitimidad. La crisis cubana no será superada mientras persista un modelo de poder que niega derechos, restringe libertades y coloca a toda la población en un ciclo interminable de precariedad.

En este Día de los Derechos Humanos, renovamos nuestro compromiso con la dignidad y la libertad, con quienes siguen presos, con quienes esperan una medicina inexistente o sobreviven a oscuras o ven cómo se deteriora su barrio, su escuela, su hospital y su futuro.

Detrás de cada cifra hay vidas y detrás de cada vida, una historia interrumpida por un sistema que empobrece, reprime y fractura a la nación. Ningún gobierno puede sostenerse sobre la negación permanente de los derechos de su pueblo. Nuestro compromiso, que debe ser el de todos los actores democráticos, es contribuir a un futuro en el cual la ley proteja, el Estado responda y los ciudadanos puedan vivir con dignidad, sin miedo y con esperanza.

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Imagen principal: Victoria Blanco / CXC.