Declaración por la Dignidad y la Justicia
Hace unos días informamos que la fiscal Ana Lilian Caballero Arango, en sus conclusiones provisionales a la Sección de lo Penal del Tribunal Municipal Popular de Matanzas, solicitó para nosotras: Alina Bárbara López Hernández (acusada de «desobediencia», «desacato» y «atentado»), y Jenny Victoria Pantoja Torres (acusada de «atentado»), las penas de cuatro y tres años de privación de libertad, respectivamente. Tales sanciones podrán ser «sustituidas alternativamente por trabajo correccional sin internamiento» en igual período de tiempo.
Ante un proceso injusto, que nos presenta como delincuentes comunes y despoja a ambas partes (nosotras y los cuerpos represivos), de cualquier motivación política, deseamos dejar clara nuestra posición desde este momento.
Acudiremos a todas las instancias judiciales que existen en Cuba, pero, de cualquiera de ellas:
NO ACEPTAREMOS otra decisión que no sea la total exoneración de las acusaciones que se nos hacen.
NOS NEGAREMOS a acatar el trabajo correccional sin internamiento por considerarlo totalmente inadmisible y lesivo a nuestra dignidad humana.
Estos son los argumentos en que se sostiene tal determinación:
1. Obedecer la sanción significaría admitir acusaciones falsas que lo que pretenden en realidad es evitar el ejercicio de derechos refrendados y aprobados en la Constitución de la República. Esa es la génesis de este espurio proceso judicial, cuyos fines últimos son: enviar un mensaje a cubanas y cubanos para que se comporten como súbditos y no como ciudadanos, e inhabilitar en la práctica, aunque no en la letra, a la Ley de leyes aprobada en 2019.
2. Por una cuestión de justicia, compromiso y solidaridad con nuestros compatriotas presos por motivos políticos, aceptar una sanción en apariencia más leve, después de acusaciones tan graves como las que nos hacen, equivaldría aceptar un tratamiento de privilegio. En las instituciones carcelarias cubanas sufren mujeres y hombres cuyos delitos, injustamente imputados, son similares o más leves incluso que los atribuidos a nosotras; por lo tanto, nos negamos a ser objeto de privilegios frente a un sistema judicial elitista, racista y antipopular.
3. Sustituir la sanción de privación de libertad por trabajo correccional sin internamiento no pretende beneficiarnos por razones de edad, sexo o profesión; es puro cálculo político del Estado cubano para evitar un mayor escándalo, dado que ambas somos intelectuales conocidas, con apoyo popular, mediático, diplomático y de organizaciones internacionales de diversas tendencias políticas. Sin embargo, nosotras también hacemos una lectura política del asunto, y ella nos lleva, inevitablemente, a esta posición: estamos dispuestas a exponer, ante la opinión pública global y los organismos internacionales, la carencia absoluta del rango de ciudadanía con plenitud de derechos para los cubanos, a los que se les impide el ejercicio y disfrute de los más elementales derechos y garantías.
No merecemos ir a prisión; como no lo merecían los cientos de presas y presos políticos que han hecho ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica para interpelar a un gobierno que los ignora y aplasta. Tampoco deseamos ir a prisión; pero estamos dispuestas a correr los riesgos necesarios para hacer válido el ejercicio de nuestros derechos.
Con este mensaje pedimos, a nuestros compatriotas y al mundo, solidaridad con nuestra causa y con la de todas las personas presas por motivos políticos en Cuba.
Dado el primer día de junio de 2025,
Alina B. López Hernández y Jenny V. Pantoja Torres.
