Callar es permitir y permitir es ser cómplices
El poder recurre una vez más a los tribunales para castigar el pensamiento crítico y disenso cívico. Con ello, rompe cualquier ficción de legalidad que pudiera quedarle. El caso fabricado por la Fiscalía cubana contra las ciudadanas e intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres es un acto claro de criminalización del disenso, que confirma —una vez más— la voluntad represiva del régimen cubano y su total desprecio por los derechos humanos.
El juicio que pretenden montar es una farsa política. Alina, quien es historiadora y codirectora de CubaXCuba - Laboratorio de Pensamiento Cívico, y Jenny, antropóloga y colaboradora de nuestra red de intelectuales, no han cometido delito alguno: han ejercido su libertad de expresión y su derecho a manifestarse de forma pacífica. El régimen ha convertido esas libertades, consignadas en la propia Constitución de 2019, en delitos para enviar un mensaje de miedo y sumisión a la ciudadanía.
El caso se inscribe en un patrón represivo más amplio. En medio de una crisis sin precedentes —económica, migratoria, energética, política y social— el gobierno responde con más control, más vigilancia y más violencia. Incapaz de ofrecer respuestas reales, persigue a quienes señalan su fracaso. Alina y Jenny son hoy blanco de esa represión porque encarnan una ciudadanía crítica y comprometida.
Esta ofensiva ocurre como advertencia a las personas que participan en el debate público independiente en Cuba. El régimen intenta enviar un mensaje de castigo ejemplar, sin darse cuenta de que con ello fortalece el rechazo y el disenso que se generaliza en la medida en que la crisis provocada por su ineptitud se profundiza.
Por otro parte, consideramos que la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Este caso, que intenta disfrazar de delito común una evidente acción de represión política, es un ejemplo más de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las que incurre el régimen cubano. Es también una alerta para quienes hablan de «avances democráticos», mientras la dictadura ha convertido la isla en una cárcel donde tiene presos a más de mil cubanos que han ejercido derechos constitucionales. El caso de Alina y Jenny es otra prueba.
Elogiar en foros internacionales supuestos logros democráticos y derechos consagrados que solo están en el papel y no se materializan en la realidad de Cuba es no solo un error político y un acto de complicidad, sino un agravio al pueblo cubano, que sufre una dictadura que lo oprime y empobrece.
A quienes fabrican guiones judiciales para acallar voces: no lograrán su objetivo. A quienes intentan presentar como delincuentes a las que han sido víctimas: no les creemos. Y a quienes, desde el poder, piensan que pueden seguir gobernando a golpe de impunidad: recuerden que no hay poder eterno, ni mentira que resista el peso acumulado de la dignidad.
A los cubanos de bien les recordamos: callar es permitir y permitir es ser cómplices.
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Imagen principal: Composición creada a partir de ilustraciones de Julio Llopiz-Casal.
