El caso fabricado por la Fiscalía cubana contra las ciudadanas e intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres es un acto claro de criminalización del disenso, que confirma —una vez más— la voluntad represiva del régimen cubano y su total desprecio por los derechos humanos. Ante tal acto, a los cubanos de bien les recordamos: callar es permitir y permitir es ser cómplices.