Lowenstein, Schmitt y el rol de la complicidad intelectual

La historia del siglo XX ofrece una advertencia persistente y perturbadora: los regímenes autoritarios y totalitarios no se imponen únicamente por la fuerza bruta, sino que se apoyan en intelectuales capaces de dotarlos de legitimidad conceptual, jurídica y moral. Este problema fue abordado por el jurista aleman Karl Loewenstein (1891–1973) quien encarna de manera paradigmática las tensiones del siglo XX entre autoritarismo, exilio y reconstrucción democrática.

Nacido en Múnich en el seno de una familia judía asimilada, Loewenstein se formó en Derecho en varias universidades europeas —Múnich, Heidelberg, París y Berlín— antes de doctorarse en 1919 y ejercer como abogado y académico en la República de Weimar.  El ascenso del nazismo, en 1933, supuso un punto de inflexión decisivo para su vida y carrera. Como judío y académico crítico, Loewenstein fue expulsado de la universidad alemana, iniciando un exilio que lo llevaría a Estados Unidos, donde desarrolló la parte más influyente de su carrera en Amherst College. Este desplazamiento no solo fue geográfico, sino también epistemológico: su obra comenzó a articular una reflexión sistemática sobre las condiciones de supervivencia de la democracia frente a sus enemigos internos.

Durante la década del treinta y la Segunda Guerra Mundial, analizó el colapso de las democracias europeas y el auge del fascismo, sosteniendo que los sistemas liberales habían carecido de instrumentos eficaces para protegerse frente a actores autoritarios. Tras la guerra, participó activamente en los esfuerzos de reconstrucción institucional de Alemania como asesor del gobierno militar estadounidense, contribuyendo a los procesos de desnazificación y reforma jurídica. Su experiencia en estos procesos reforzó su convicción de que la democracia no es un orden espontáneo, sino una construcción institucional que requiere vigilancia y defensa conscientes. Incluidas las de aquellos intelectuales que, como su antiguo colega Carl Schmitt, se convertian en enemigos mortales del orden democrático.

Brillantez y complicidad

Desde semejantes antecedentes, un texto como Observations on the personality and work of Professor Carl Schmitt constituye una reflexión profunda sobre la responsabilidad política del intelectual, la corrupción del pensamiento por el poder y la necesidad de que los defensores de la democracia enfrenten sin ambigüedades a quienes ponen su talento al servicio del autoritarismo.

El punto de partida del argumento de Loewenstein es deliberadamente incómodo: Carl Schmitt no fue un propagandista mediocre ni un burócrata del pensamiento, sino uno de los juristas y teóricos políticos más brillantes de su tiempo. Un intelectual «casi genio», dotado de una erudición excepcional, imaginación política y una rara capacidad para traducir ideas abstractas en conceptos operativos para el poder. Precisamente por ello, su caso resulta paradigmático. Para el autor del informe, el tránsito de Schmitt hacia el nazismo no fue accidental ni forzado, sino la culminación lógica de una evolución intelectual autoritaria.

Schmitt encarna al intelectual que traiciona la promesa emancipadora del pensamiento. Sus aportes tempranos al análisis de la Constitución de Weimar y a la teoría de la dictadura identificaron debilidades reales de la democracia alemana. Sin embargo, esas críticas —que podrían haber servido para reforzar el orden constitucional— fueron reorientadas hacia la justificación del decisionismo, la excepcionalidad permanente y la subordinación del derecho a la voluntad del soberano. La célebre fórmula schmittiana: «soberano es quien decide sobre el estado de excepción» no es, según Loewenstein, una simple tesis analítica, sino la antesala de la demolición del constitucionalismo democrático.

Uno de los aportes más relevantes de Loewenstein es su rechazo a la narrativa exculpatoria que concibe a los intelectuales autoritarios como meros oportunistas o víctimas de la coerción. En el caso de Schmitt, la evidencia apunta en la dirección opuesta: fue un agente activo, creativo y entusiasta de la construcción ideológica del régimen. Su adhesión temprana al régimen de Hitler, su defensa jurídica de los asesinatos extrajudiciales de 1934 y su producción doctrinal al servicio de la expansión imperial alemana, muestran cómo el pensamiento puede convertirse en instrumento directo de violencia política. Su prestigio internacional otorgó al nazismo una pátina inicial de respetabilidad jurídica que confundió a observadores externos y debilitó la resistencia moral en el interior y el exterior de Alemania.

En su informe, Lowenstein fue capaz de reconocer la calidad intelectual de Schmitt y, al tiempo, adjudicarle la responsabilidad correspondiente ―política, legal, moral― por su apoyo al Estado nazi. El jurista fue claro al respecto:

 «Schmitt es un destacado propagador del fascismo y del totalitarismo. Sus escritos no están orientados hacia el Occidente democrático; por el contrario, hizo todo cuanto estuvo en su poder para convertir a los Estados occidentales en satélites totalitarios de la Alemania de Hitler. Su detención será considerada —y, de hecho, ya lo es— por los alemanes responsables como un acto de justicia por parte del Gobierno Militar. Su liberación, de contemplarse tal posibilidad, constituiría un duro golpe para la incipiente democracia en Alemania y para la opinión pública en el extranjero. Schmitt califica como criminal de guerra. Es uno de los instigadores intelectuales de los actos de agresión de Hitler, a los cuales prestó ayuda y complicidad mediante su influyente labor como autor. Apenas conozco a persona alguna que haya contribuido más a la defensa del régimen nazi que Carl Schmitt. Sugiero que el caso sea remitido a la Comisión de Criminales de Guerra para que se adopten las medidas pertinentes».

Este punto es crucial. Desde la mirada de Loewenstein ―que comparto―, los intelectuales cómplices del autoritarismo no son simplemente opinadores con ideas «controversiales»; son productores de marcos interpretativos que normalizan la suspensión de derechos, la concentración del poder y la exclusión del «enemigo». Su responsabilidad es mayor precisamente porque operan en el plano de las ideas, donde se definen los límites de lo pensable y lo legítimo. En esa perspectiva, la indulgencia frente a estos actores no es neutralidad académica, sino colaboración pasiva. Loewenstein advierte que permitir a figuras como Schmitt seguir enseñando y publicando tras la derrota del nazismo habría significado un golpe devastador para la naciente democracia alemana, al enviar el mensaje de que la traición intelectual carece de consecuencias.

De la crítica de Loewenstein se desprende una primera obligación para los intelectuales demócratas: nombrar con claridad. El autoritarismo intelectual suele camuflarse bajo lenguajes técnicos, historicistas o «realistas». Schmitt hablaba de «orden», «decisión», «pueblo» y «grandeza espacial»; otros hablan hoy de «soberanía iliberal», «eficiencia ejecutiva» o «democracia “no liberal”». En todos los casos, la tarea democrática consiste en desenmascarar el contenido normativo de esos discursos. Caracterizar eficazmente a los intelectuales autoritarios implica mostrar cómo sus conceptos erosionan principios básicos como la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la protección de las minorías. Loewenstein no se limita a denunciar la filiación nazi de Schmitt; reconstruye pacientemente la coherencia interna de su obra y demuestra el modo en que converge en la legitimación del totalitarismo. Este método —riguroso, contextualizado y moralmente explícito— es un modelo para la crítica democrática.

Una propuesta distintiva

Aunque el texto de Loewenstein se inscribe en el contexto del nazismo, su advertencia trasciende ese momento histórico. En la actualidad, intelectuales en diversas regiones del mundo legitiman regímenes autoritarios, relativizan violaciones sistemáticas de derechos o presentan la concentración de poder como respuesta necesaria a crisis reales o fabricadas. El paralelismo no es mecánico, pero la estructura del problema es la misma: la relación entre intelectuales y poder autoritario no pertenece exclusivamente al pasado europeo de entreguerras.

Como advirtió tempranamente Karl Loewenstein en su informe sobre Carl Schmitt, los regímenes autoritarios requieren siempre algo más que coerción: necesitan lenguajes legitimadores, categorías conceptuales y racionalizaciones normativas que transformen el abuso del poder en una necesidad histórica, moral o técnica. Esa función no la cumplen los aparatos represivos, sino los intelectuales cómplices.

A partir del texto de Loewenstein y de la comparación con otras expresiones contemporáneas, es posible proponer un marco analítico general de la complicidad intelectual autoritaria, observando características recurrentes tanto en regímenes abiertamente autoritarios como en democracias en proceso de erosión. Este marco, que permite distinguir entre crítica democrática y colaboración intelectual con proyectos antidemocráticos, tiene entre sus rasgos los siguientes:

1. Alta competencia técnica o teórica, que otorga credibilidad al discurso.

2. Reformulación de la excepción como necesidad estructural, no como recurso temporal.

3. Desplazamiento del sujeto democrático (ciudadanía plural) por entidades homogéneas («pueblo», «nación», «civilización»).

4. Subordinación del derecho a la decisión política, presentada como «realismo» o «pragmatismo».

5. Negación posterior de responsabilidad, apelando al contexto, la presión o la neutralidad académica.

Ecos contemporáneos

La lección central de Loewenstein —la necesidad de una confrontación democrática implacable— es plenamente aplicable a los contextos actuales de América Latina, Estados Unidos y Europa. Anne Applebaum ha descrito cómo el autoritarismo contemporáneo se alimenta de la deserción moral de élites que abandonan deliberadamente las reglas democráticas. Robert Kagan, por su parte, recuerda que el orden liberal no es un producto natural del progreso, sino una construcción frágil que exige voluntad política. Ambas intuiciones refuerzan la tesis central de Loewenstein: la democracia no sobrevive por inercia. Debe ser defendida con el concurso de la ciudadania consciente y politicamente movilizada.

Una contribución clave del informe de Loewenstein es su rechazo a la idea de que la complicidad intelectual existe únicamente bajo dictaduras consolidadas. Las advertencias del pensador resuenan hoy con fuerza incluso en los Estados Unidos, donde la deslegitimación sistemática de los resultados de las elecciones, la politización de la justicia y la normalización del lenguaje de exclusión han puesto a prueba normas democráticas que durante décadas se consideraron sólidas. El problema, desde una óptica loewensteiniana, no es solo la posibilidad de rupturas abruptas, sino la erosión previa del consenso constitucional básico.

Por su parte, Europa ofrece una lección ambivalente. Por un lado, el constitucionalismo de posguerra —especialmente en Alemania— incorporó explícitamente la lógica de la democracia militante, aprendiendo de Weimar. Por otro, casos como Hungría muestran que el autoritarismo puede consolidarse mediante reformas legales graduales y elecciones formalmente competitivas. La dificultad de la Unión Europea para responder con eficacia revela los límites actuales de la solidaridad democrática supranacional —visible con la guerra en Ucrania y el ascenso de los populismos iliberales dentro del espacio Schengen— y nos muestra de nuevo que la amenaza adquiere vida propia incluso allí donde se le supone evitable a partir de la fortaleza institucional, social y cultural.

En el campo intelectual europeo, intelectuales asociados a la nueva derecha radical han reutilizado categorías schmittianas —amigo/enemigo, soberanía, homogeneidad del pueblo— para cuestionar el liberalismo democrático. La obra de Alain de Benoist, por ejemplo, ha influido en corrientes identitarias que rechazan el pluralismo en nombre de una supuesta «autenticidad cultural». La circulación de estas ideas confirma una tesis central de Loewenstein: la complicidad intelectual no es local ni episódica; es una red transnacional de legitimación. Por ello, la respuesta democrática tampoco puede ser puramente nacional ni coyuntural.

Esta postura tiende puentes hacia el vecino imperial euroasiatico. En la Rusia contemporánea, el papel desempeñado por Aleksandr Dugin guarda paralelismos estructurales con Schmitt. Dugin no es un simple propagandista del Kremlin, sino un productor de marcos conceptuales —«civilización», «multipolaridad», «destino histórico»— que permiten presentar la agresión geopolítica y la represión interna como imperativos ontológicos. Al igual que Schmitt, su influencia excede las fronteras nacionales y circula en redes intelectuales globales.

En América Latina, la experiencia es aún más elocuente. Esta lógica ha sido visible en intelectuales latinoamericanos que, desde una retórica emancipadora, justificaron la erosión del pluralismo en nombre del «pueblo» o de la «revolución». El caso de Atilio Boron, propagandista del castrismo y el chavismo, ilustra cómo categorías aparentemente progresistas pueden servir para legitimar regímenes personalistas, la neutralización de la oposición y la subordinación del derecho a la voluntad del líder. Siguiendo a Loewenstein, el criterio normativo no es si la crítica identifica problemas reales —a menudo lo hace—, sino si su horizonte es la corrección democrática o la suspensión permanente de la democracia. Cuando la excepción se convierte en norma, el intelectual ha cruzado el umbral de la complicidad.

En la región, casos ya historicos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y emergentes como El Salvador, ilustran cómo la tolerancia y apoyo tempranos frente a liderazgos plebiscitarios derivó en sistemas autoritarios que conservan rituales electorales vacíos. Aquí, la ausencia de una defensa temprana del Estado de Derecho confirmó, una vez más, el diagnóstico de Loewenstein: cuando la democracia decide defenderse, a menudo ya es demasiado tarde. En este sentido, la democracia militante no es una anomalía dentro del orden liberal, sino una de sus condiciones de supervivencia.

Una amenaza permanente

El informe de Karl Loewenstein sobre Carl Schmitt es una advertencia que atraviesa el tiempo. Nos recuerda que la democracia puede ser destruida por quienes mejor la entienden, y que el silencio o la indulgencia frente a la complicidad intelectual equivale a una forma sofisticada de rendición. Loewenstein entendió que permitir a Schmitt seguir enseñando equivalía a legitimar retrospectivamente al nazismo. El caso Schmitt muestra que el autoritarismo necesita intelectuales, y que estos, rara vez se presentan como enemigos declarados de la razón. Hoy, permitir que intelectuales que justifican la tortura, la represión o la concentración del poder se presenten como simples «voces críticas» cumple una función análoga.

El mensaje de Loewenstein es inequívoco: los intelectuales demócratas tienen la responsabilidad histórica de nombrar, confrontar y aislar a quienes utilizan el pensamiento como arma contra la libertad. No hacerlo es repetir, bajo nuevas formas, los errores que Loewenstein documentó tras una de las mayores catástrofes políticas del siglo XX. Un punto sensible de este debate es la tramposa acusación de «intolerancia» dirigida contra quienes confrontan duramente a los intelectuales autoritarios. Pero la lección de Loewenstein ayuda a clarificar este dilema: ser implacable no significa silenciar opiniones disidentes, sino negar legitimidad académica y moral a discursos que justifican el ataque, la subversion o, a la postre, la destrucción total del pluralismo, la libertad y la democracia.

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* Este texto es una versión abreviada y modificada del artículo A Democracy Capable of Defending Itself…, publicado en la revista de ciencia política Autocratización, en marzo de 2026.