El desmontaje del partido único y la pluralización política

Toda transición desde un régimen de partido único debe resolver qué hacer con ese partido, si disolverlo, prohibirlo o dejar que compita como uno más. Este informe compara cuatro respuestas: Hungría, donde el partido comunista se disolvió y refundó como socialdemócrata, perdió las primeras elecciones libres y volvió al poder cuatro años después; Chequia, donde el partido sobrevivió sin reformarse y quedó como fuerza de protesta; España, donde el Movimiento Nacional fue suprimido por decreto y sus élites se dispersaron en nuevos partidos; y Rusia, donde el partido fue prohibido por decreto, su sucesor renació en 1993 y la pluralización terminó en un nuevo autoritarismo.

El hallazgo central es que la suerte de la democracia no depende tanto del destino del partido como de dos operaciones previas, que son separar al partido del Estado, y repartir de forma equitativa los recursos que acumuló como partido único. Prohibirlo no garantiza la democracia, y permitir que compita no la amenaza si pierde sus privilegios institucionales.

Para Cuba, el informe subraya que el Partido Comunista está blindado por la Constitución como «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado» y controla, a través de las organizaciones de masas, la selección de candidatos. Desmontar el partido único exige, previamente, desmontar ese andamiaje legal.

1. El problema

En un régimen de partido único, el partido no es solo una organización política, sino que funciona como columna vertebral del Estado. Selecciona a los cuadros, controla las organizaciones sociales, posee un patrimonio y una red territorial que ningún otro actor puede igualar. Por eso, su destino plantea a cualquier transición tres preguntas fundamentales.

La primera es jurídica: ¿se disuelve, se prohíbe o se deja competir? La segunda es de equidad: ¿qué ocurre con los recursos, las sedes, los fondos y las redes que el partido acumuló gracias al monopolio del poder? La tercera es política: ¿puede un partido así reconvertirse en un actor democrático, o su supervivencia pone en riesgo la nueva democracia?

La experiencia comparada apunta a que los partidos que emergen de regímenes autoritarios no suelen desaparecer. Según Loxton y Mainwaring (2018), han tenido un papel destacado en tres cuartas partes de las democracias de la tercera ola, y han vuelto al poder por vía electoral en más de la mitad. La cuestión no es si sobrevivirán, sino en qué condiciones.

2. Qué ocurre con el partido único

Loxton y Mainwaring (2018) definen como «partidos sucesores autoritarios» a aquellos que emergen de un régimen autoritario, pero operan tras la transición a la democracia. Su éxito frecuente se explica, en buena parte, por la herencia autoritaria, ya que pueden heredar una marca partidaria, una organización territorial, redes clientelares y fuentes de financiación. Esa herencia es una ventaja competitiva frente a los partidos nuevos, que parten de cero.

Por su parte, Grzymała-Busse (2002) estudió por qué algunos partidos comunistas de Europa Central se regeneraron como partidos democráticos competitivos y otros no. Su respuesta se centra en la historia de cada partido durante el régimen. Donde el partido había reclutado cuadros por méritos y negociado con actores no comunistas, sus élites salieron con «habilidades transferibles» y un «pasado utilizable», lo que les permitió centralizar la organización, romper con el pasado y ofrecer programas atractivos. Al contrario, donde el partido había sido rígido y represivo, como en Chequia, el sucesor quedó anclado en la ortodoxia.

La apertura a la competencia no garantiza por sí sola la democracia. Levitsky y Way (2010) estudiaron treinta y cinco regímenes que, tras la Guerra Fría, celebraban elecciones multipartidistas, pero con abusos graves del poder, y los llamaron «autoritarismos competitivos». Su conclusión es que, donde los vínculos con Occidente eran débiles, el resultado dependió de la fuerza de las organizaciones estatales y del partido gobernante. Rusia, uno de esos casos, retrocedió hacia un autoritarismo pleno.

De este repaso se desprende que lo decisivo no es solo qué se hace con el partido, sino si se le despoja de los privilegios que le otorgaba el monopolio del poder y si la competencia que le sucede es equitativa.

3. Casos comparados

Hungría (1989-1994): la reconversión que volvió al poder

El partido comunista húngaro se desmontó a sí mismo. En su último congreso, el 7 de octubre de 1989, el Partido Socialista Obrero Húngaro (MSZMP) se disolvió y se refundó como Partido Socialista Húngaro (MSZP), presentado como formación socialdemócrata de tipo europeo. Una minoría que rechazaba la transformación fundó, en diciembre de ese año, un partido comunista aparte, que nunca obtuvo representación parlamentaria.

La separación entre partido y Estado no la decidió solo el partido. En el referéndum del 26 de noviembre de 1989, impulsado por partidos de la oposición, alrededor del 95 % de los votantes aprobó prohibir las organizaciones del partido en los centros de trabajo, obligarlo a rendir cuentas de su patrimonio y disolver la Guardia Obrera, su milicia.

En las primeras elecciones libres, en 1990, el MSZP quedó cuarto, con el 10,9 % del voto de lista y 33 escaños. Cuatro años después, en 1994, ganó por mayoría absoluta, con 209 de 386 escaños, y su líder, Gyula Horn, último ministro de Exteriores del régimen comunista, se convirtió en primer ministro. Para Grzymała-Busse (2002), el húngaro es uno de los casos más claros de regeneración de un antiguo partido comunista.

Chequia (1989-2021): el partido que no se reformó

En Checoslovaquia, la ruptura fue rápida. El 29 de noviembre de 1989, en plena Revolución de Terciopelo, la Asamblea Federal suprimió de la Constitución el «papel dirigente» del partido comunista. A diferencia de Hungría, el partido no se disolvió, sino que compitió en las elecciones de junio de 1990, en las que obtuvo en torno al 13 % y quedó segundo tras el Foro Cívico.

El Estado actuó sobre el patrimonio y el pasado más que sobre la organización. En 1990 se aprobaron leyes que nacionalizaron el patrimonio del partido. En octubre de 1991, la llamada «ley de lustración» excluyó durante cinco años de diversos cargos públicos a quienes hubieran colaborado con la policía política o desempeñado altos cargos en el partido. En 1993, el Parlamento checo declaró «ilegítimo y criminal» al régimen comunista de 1948 a 1989.

El sucesor checo, el Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM), mantuvo el nombre y una identidad ortodoxa. Grzymała-Busse (2002) lo trata como un caso de «estancamiento». Aun así, permaneció en el Parlamento durante tres décadas, excluido de las coaliciones de gobierno, aunque entre 2018 y 2021 apoyó desde fuera al Gobierno de Andrej Babiš, hasta que en 2021 obtuvo el 3,6 % de los votos y quedó fuera de la Cámara por primera vez.

España (1976-1977): la supresión del partido del régimen

El franquismo no era un régimen comunista, pero tenía un partido oficial, llamado Movimiento Nacional. Su suerte se resolvió por decreto. El Real Decreto-ley 23/1977, de 1ro. de abril, reestructuró los órganos del Consejo Nacional y estableció un nuevo régimen jurídico para los funcionarios y el patrimonio del Movimiento, que quedó desmantelado como estructura de poder.

No surgió un partido sucesor único, sino que las élites del régimen se dispersaron. Adolfo Suárez, quien había sido ministro secretario general del Movimiento, encabezó la Unión de Centro Democrático, que ganó las elecciones de 1977. Otro sector, liderado por Manuel Fraga y un grupo de exministros de Franco, fundó, en 1976, Alianza Popular, antecedente del actual Partido Popular. La herencia del régimen se repartió así entre varias formaciones que aceptaron las reglas democráticas.

Rusia (1991-1993): prohibición que no impidió el retorno

Rusia muestra los límites de la prohibición. Tras el fallido golpe de agosto de 1991, Borís Yeltsin suspendió la actividad del partido comunista y, el 6 de noviembre, decretó su prohibición en el territorio de Rusia y el traspaso de sus bienes al Estado. En el decreto acusaba al partido de haber funcionado como un mecanismo de poder fusionado con el Estado.

La prohibición fue impugnada. El 30 de noviembre de 1992, el Tribunal Constitucional mantuvo la disolución de los órganos dirigentes del partido, pero consideró inconstitucional prohibir sus organizaciones de base. En febrero de 1993 se fundó el Partido Comunista de la Federación Rusa (KPRF), cuyo líder, Guennadi Ziugánov, obtuvo el 40 % de los votos en la segunda vuelta de las presidenciales de 1996.

La pluralización rusa no desembocó en una democracia consolidada. Levitsky y Way (2010) incluyen a Rusia entre los autoritarismos competitivos de la posguerra fría y la señalan como el único de esos regímenes que retrocedió hacia un autoritarismo pleno. La prohibición del viejo partido no impidió la construcción de un nuevo poder hegemónico.

4. Dimensiones de análisis

Los cuatro casos muestran que el destino del partido único se decide en varios planos a la vez.

Tres regularidades se desprenden de la comparación.

1. El destino del partido no determina el del régimen. Hungría permitió que el partido se reconvirtiera, Chequia que sobreviviera sin reformarse, España lo suprimió y Rusia lo prohibió. Los tres primeros casos terminaron en democracia; el único que lo prohibió, no. La prohibición no fue, por sí sola, una garantía.

2. Lo decisivo es la separación entre partido y Estado. En los tres casos exitosos, la transición privó al partido de los instrumentos que lo fusionaban con el Estado: su presencia en los centros de trabajo, su milicia, su papel constitucional, su estructura administrativa. Una vez desprovisto de esos privilegios, el partido sucesor pasó a competir como uno más, con suerte desigual.

3. El patrimonio es tan importante como la organización. Los cuatro casos tuvieron que decidir qué hacer con los bienes del partido. La herencia material, junto con la marca y las redes, es lo que Loxton y Mainwaring (2018) identifican como fuente de ventaja para los partidos sucesores. Si no se reparte de forma equitativa, la competencia que nace de la transición no es libre.

5. Hallazgo central

Desmontar un partido único no consiste en hacerlo desaparecer, sino en hacerlo competir en igualdad de condiciones. Eso requiere tres operaciones: separar al partido del Estado, eliminando su reconocimiento constitucional y su presencia en la administración, las empresas y las fuerzas armadas; despojarlo de los recursos acumulados gracias al monopolio; y garantizar que el nuevo sistema de partidos se construya sobre reglas equitativas.

La segunda conclusión es que la prohibición es un instrumento de eficacia dudosa. Puede ser simbólicamente poderosa, pero no impide que el partido renazca con otro nombre, ni evita que un nuevo poder hegemónico ocupe el lugar del anterior. Lo que protege a la democracia no es la ausencia del viejo partido, sino la presencia de reglas que impidan a cualquier partido, viejo o nuevo, volver a fusionarse con el Estado.

6. Transferibilidad al caso cubano

El Partido Comunista de Cuba (PCC) no es solo el partido gobernante, sino que es el único legal y está blindado por la Constitución. El artículo 5 de la Constitución de 2019 lo define como «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado», y los artículos 4 y 229 declaran irrevocable al sistema socialista y excluyen esa cláusula de cualquier reforma. Chaguaceda y Gratius (2026) subrayan que ninguna de las transformaciones internas del régimen cubano ha abierto espacios políticos autónomos fuera del control del partido.

Dicho control no se limita a la Constitución. Según la legislación electoral, los candidatos a la Asamblea Nacional se seleccionan a través de Comisiones de candidaturas integradas por las organizaciones de masas, como la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución o la Federación de Mujeres Cubanas, y la lista final incluye tantos candidatos como escaños. El elector no elige entre opciones, solo ratifica.

Lo que sí es aplicable

• Separar el partido del Estado es la primera tarea. El caso checo muestra la fuerza de un acto inaugural como suprimir el papel dirigente de la Constitución. En Cuba, eso implicaría reformar los artículos 4, 5 y 229, y desmontar el sistema de comisiones de candidaturas.

• El patrimonio del partido debe abordarse desde el principio. Los cuatro casos analizados tuvieron que decidir sobre los bienes del partido. Una transición cubana necesitará una auditoría pública de lo que el PCC y sus organizaciones afines poseen y gestionan.

• La prohibición no es la solución. Rusia muestra que prohibir el partido no impide su retorno ni la aparición de un nuevo poder hegemónico. Lo que funcionó en los demás casos fue obligar al partido a competir sin privilegios.

• Las organizaciones de masas son parte del problema. El referéndum húngaro de 1989 sacó al partido de los centros de trabajo. En Cuba, la red de organizaciones de masas cumple una función análoga de penetración social y debe ser desvinculada del Estado.

Los límites de la comparación

• No existe una oposición legal con la que repartir el espacio. En Hungría, la presión de los partidos opositores forzó el referéndum de 1989. En Chequia, el Foro Cívico ganó las primeras elecciones. En Cuba, todos los partidos son ilegales, y la pluralización tendría que partir prácticamente de cero.

• El partido no tiene un pasado negociador. Según Grzymała-Busse (2002), los partidos que se regeneraron habían desarrollado, durante el régimen, prácticas de negociación con actores ajenos al partido. Nada indica que el PCC fundado en 1965, haya acumulado esa experiencia, lo que lo acerca más al modelo checo que al húngaro. Aunque pudiera aprender de las experiencias del primer Partido Comunista de Cuba fundado en 1925 que, tras su legalización en 1938, asumió las reglas del parlamentarismo democrático (1940-1952) y logró tener escaños en el Senado y la Cámara de Representantes, si bien nunca consiguió los votos necesarios para formar gobierno propio.

• La fusión con el Estado es más profunda. En Cuba, el partido se superpone no solo a la administración, sino también a unas fuerzas armadas con un poder económico propio, como analiza el informe anterior de esta serie. Separar al partido del Estado exige separarlo también de ese entramado.

Implicaciones

La pregunta que deben hacerse los actores democráticos cubanos no es si el PCC debe desaparecer, sino cómo despojarlo de su condición de partido-Estado. La experiencia comparada indica una secuencia que implicq eliminar su estatus constitucional, sustituir el sistema de comisiones de candidaturas por la libre presentación de candidaturas, auditar su patrimonio y desvincular de él las organizaciones de masas. De cumplirse estas condiciones, un partido sucesor podrá competir como uno más; si no, ningún cambio de nombre alterará la naturaleza del sistema.

Referencias

• Chaguaceda, A. y Gratius, S. (2026). Cuba's three autocratic transitions: From revolutionary regime to (post)totalitarianism and new authoritarianism? Bulletin of Latin American Research, 45(2), e70070. https://doi.org/10.1111/blar.70070

• Grzymała-Busse, A. M. (2002). Redeeming the communist past: The regeneration of communist parties in East Central Europe. Cambridge University Press.

• Levitsky, S. y Way, L. A. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

• Loxton, J. y Mainwaring, S. (Eds.). (2018). Life after dictatorship: Authoritarian successor parties worldwide. Cambridge University Press.

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