Cuando el poder no se llama pueblo
El desastre lo creó y lo sostiene el gobierno de Cuba,
pero Washington lo está instrumentalizando.
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La discusión empezó, como casi todas, con una foto. Ramiro me mandó imágenes de un mercado privado en La Habana, con estantes abastecidos, y escribió lo de siempre: que no es el embargo, sino la dictadura; que al respetar la propiedad privada y liberar la economía, la rueda caminará sola. Le di la razón. Aclaró que discutía con fulano, que ahora habla de genocidio en Cuba. Respondí que no sabía si era genocidio, pero sí veía una crisis cada vez más grave; la comparé a un secuestro en el que a ninguna de las partes le importan los rehenes: los cubanos de a pie. Él contestó que es culpa de La Habana, que suelte a los presos y dialogue con la diáspora. Ramiro apoya la política de Trump y Rubio no por crueldad, sino porque cree que es la única presión que en más de sesenta años ha puesto al régimen contra la pared.
No discutiré esto aquí, ni lo matizaré: la responsabilidad fundamental de la situación cubana recae en el gobierno de Cuba. No es una concesión retórica, sino el hecho central. Pero ese hecho no vuelve inocente ninguna política aplicada encima. La actual de Estados Unidos beneficia al régimen que dice combatir, y ambos gobiernos comparten una visión en la que el cubano nunca aparece como persona.
Tampoco aceptaré que el desastre empezara este año con la presión de Trump. Viene de antes y sus responsables llevan décadas dirigiendo el país. Hubo dinero: subsidio soviético hasta 1991, petróleo venezolano durante dos décadas, servicios médicos, turismo, remesas. Nada se convirtió en infraestructura. Se levantaron hoteles aunque los existentes apenas se llenaban, mientras las termoeléctricas de los setenta caían sin mantenimiento. Ricardo Torres lo resume en tres decisiones: inversión mal dirigida, política errática hacia el sector privado y la reforma monetaria del 2021, que pulverizó salarios y pensiones.
La cronología desmiente cualquier intento de fechar la catástrofe en enero de 2026. De los once colapsos totales del sistema eléctrico nacional, cinco ocurrieron antes de la orden ejecutiva de Trump. El indicador más duro dice lo mismo: la mortalidad infantil pasó de 4,0 por mil nacidos vivos en 2018, a 9,9 en 2025, un aumento del 148% en siete años. Lo publica el Ministerio de Salud Pública y lo documenta el CEPR, crítico de las sanciones, que atribuye el desplome al endurecimiento del embargo desde 2017. Creo que pesan más las decisiones enumeradas por Torres y que esa curva no identifica una causa única. Ambas lecturas coinciden en lo esencial: el deterioro empezó siete años antes del bloqueo de combustible. En 2025 murieron 402 niños más de los que habría correspondido con la tasa de 2018. Eso ocurrió antes de que Trump firmara nada.
Dicho esto, existe una diferencia categórica entre el embargo y lo que ocurre desde enero último. El embargo restringía lo que los estadounidenses podían vender y siempre fue poroso: Cuba comerció con media docena de continentes, lo que refuta la propaganda oficial. La Orden Ejecutiva 14380, del 29 de enero de 2026, declara una emergencia nacional y autoriza aranceles contra cualquier país que venda petróleo a Cuba. Nunca se impusieron; no hizo falta. La amenaza, sumada al corte venezolano y la interdicción marítima, bastó: México suspendió los envíos y un buque ruso dio media vuelta sin llegar a Cuba. Negarse a comerciar es una cosa; impedir que terceros comercien es otra.
Los efectos los certifica el propio gobierno cubano: una caída del turismo superior al 60%, según su Oficina de Estadísticas; la declaración del ministro de Energía en mayo de que no quedaban combustible pesado ni diésel; y seis colapsos totales de la red en lo que va de año, el primero de veintinueve horas y veintinueve minutos.
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Esta estrategia no se concibió para Cuba. Nació en Venezuela: Maduro cayó el 3 de enero; la orden contra Cuba llegó el 29. El bloqueo cubano es un subproducto y una réplica, posible desde que Cuba se quedó sin quien le «vendiera» crudo. Como en Venezuela, la motivación no era altruista, sino conveniente para los intereses de Trump y Rubio.
El primer paso fue el mismo: la oferta de mayo, cien millones de dólares condicionados a cambios de gobernanza y canalizados por la Iglesia, no por el Estado. La suma no podía aliviar una economía que perdió mucho más solo en turismo; su desproporción revelaba la función. No era ayuda, sino una oferta a los Castros para organizar su salida o tentar a una «Delcy cubana» capaz de controlar la Isla. Pero el modelo no es extrapolable. En Venezuela había una élite fracturada, con facciones y recursos propios; en Cuba, la élite es una familia, los Castro, que creó un conglomerado económico para blindar el poder político.
Conviene decir los nombres, pues la identidad entre familia y conglomerado es literal. GAESA fue dirigida durante más de dos décadas, hasta su muerte en 2022, por el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, yerno de Raúl Castro. El nieto que hoy sirve de canal con Washington, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, es hijo de López-Callejas y de Déborah Castro Espín. Debajo hay coroneles y generales con compañías, pero ninguno controla una cuenta exterior ni una licencia de importación independiente del núcleo: administran un patrimonio ajeno, no poseen una facción. Cuando digo «hombre de GAESA», digo familia.
Por eso cien millones era demasiado poco para entregar el poder y nadie podía disputárselo: ningún otro actor garantiza el control durante el relevo; sin él, el desenlace puede ser un Estado ingobernable y una oleada migratoria a noventa millas de Florida. Los Castro entendieron la cifra. Desde entonces negocian sus condiciones, no su salida, y el canal con Washington pasa por el nieto, no por Díaz-Canel, como reveló Axios en febrero.
Washington no aceptó esa contraoferta, pero tampoco la descartó. Sin reemplazo viable, la única transición que no termina en un Estado fallido es la administrada por el clan. Rechazarla dejaba la política sin destino; aceptarla públicamente era presentar como victoria a los mismos dueños con otro nombre. La administración dejó de hablar de desenlaces y habló de trayectorias. Rubio no prometió un cambio de régimen, sino una trayectoria irreversible hacia un futuro distinto. Esa elasticidad permite presentar como victoria un relevo de fachada, con apertura económica y los mismos dueños. Los Castro ganaron lo que más valoran: tiempo.
Como esa vía quedó en suspenso, a Trump solo le quedaba arreciar el bloqueo y esperar un levantamiento interno. Muchos en Miami, Ramiro entre ellos, lo entendieron como compromiso con la libertad cubana. Pero aquí aparece el punto técnico y moral que él no ve: en Cuba hay dos economías y las sanciones caen sobre una sola. Pavel Vidal sitúa a GAESA entre el 40% y el 70% de la economía formal; documentos filtrados por el Miami Herald le atribuían casi dieciocho mil millones en activos, catorce mil en cuentas bancarias. Un país sin diésel para ambulancias tenía esa suma inmovilizada. No es solo corrupción, sino arquitectura. La élite construyó una economía paralela que atesora divisas y solo se comunica con la del cubano mediante mecanismos extractivos: tiendas en dólares, comisión sobre remesas, turismo que cobra en divisas y paga salarios en pesos. Es la relación de un parásito con su huésped. Cuando se bloquea la economía nacional, las consecuencias no ascienden: si cierra el turismo, pierde el empleo el camarero, no la familia Castro, que ya cobró y aseguró para sí el hotel.
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Lo que sigue es lo que más me cuesta decirle a Ramiro, porque contradice la utilidad de la política que defiende: esta crisis le rinde más beneficios al régimen. El primero es la parálisis social. Un pueblo sin electricidad, transporte ni comida no organiza nada. La asfixia no produce ciudadanos movilizados, sino gente agotada.
El segundo es la coartada. En junio, la Asamblea Nacional aprobó 176 medidas que exigían modificar 148 normas y aprobar 32 leyes, sin calendario. La apertura ejecutada entró por la puerta habitual: de unas 150 empresas que solicitaron licencia para importar combustible, unas cuarenta fueron autorizadas. Entre ellas, predominaban una empresa de GAESA, otra del Ministerio de Educación, presentada como privada, y una tercera, también de GAESA, que opera desde Miami. La apertura existe, pero la puerta la abre quien quiere impedir el paso a los demás.
El tercer beneficio es diplomático. En octubre de 2025, tres meses antes de la orden, la Asamblea General de la ONU condenó el embargo por 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. La Habana lo celebró como una victoria, aunque fue el peor resultado de su historia: desde 1992 nunca había recibido más de cuatro votos en contra. Si en la votación de este otoño disminuyen los votos en contra, Washington le habrá devuelto lo que ya no podía ganar sola: el papel de víctima.
La presión económica sobre un país solo es legítima cuando existe un mecanismo de transmisión entre quien la sufre y el poder al que se dirige. En Cuba no existe. El dolor de abajo no llega a la cúpula. El Observatorio Cubano de Conflictos registró más de once mil protestas y denuncias en 2025; la respuesta fue un récord de detenciones, menores presos por razones políticas y un decreto que reserva al Estado el periodismo y la edición. Cerrada la válvula migratoria, quedan un aparato que dispara y encarcela, y un pueblo sin comida, transporte ni salida. No se presiona al gobierno; se exige que los desarmados lo derroquen. La represión cae sobre ellos y la estructura del poder no se mueve.
La asfixia tampoco democratiza al régimen, sino que normaliza su naturaleza dinástica y castrista. En marzo, el nieto de Raúl Castro, coronel sin cargo civil formal, apareció el mismo día en una reunión de Díaz-Canel con la dirección del Partido y en la conferencia de prensa donde el presidente admitió conversaciones con Washington. Su presencia en ambas habitaciones deja la señal: el clan militarizará los instrumentos de gobierno para defenderse, como hizo durante el Maleconazo y el 11J. Esto no vuelve equivalentes a ambos gobiernos. Significa que comparten una visión perversa, pues tratan al pueblo cubano como una masa que pueden utilizar para imponer sus objetivos.
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Si se acepta el diagnóstico, conviene examinar dos salidas muy distintas. La primera sería llevar hasta sus últimas consecuencias la declaración de emergencia y remover militarmente al clan, siguiendo el modelo aplicado en Venezuela. No la recomendaría. En Cuba el objetivo no es un hombre, sino una familia que domina toda la estructura del poder. Removerla podría dejar un vacío, un Estado ingobernable y un éxodo descontrolado. Estabilizar el día siguiente exigiría una permanencia y un costo político que ni Trump ni Rubio parecen dispuestos a asumir.
La segunda salida se deriva del análisis anterior. Si las sanciones recaen sobre la economía donde vive el cubano y no sobre la que sostiene al poder, hay que invertir la política: levantar el bloqueo de combustible y trasladar la presión al patrimonio del clan. Eso exige designaciones nominales, bloqueo de activos al alcance de Estados Unidos, acciones contra sociedades pantalla y presión sobre los bancos corresponsales por donde se mueve el dinero. Como GAESA es la familia, no sería una sanción técnica contra un conglomerado opaco, sino contra sus dueños. Es la única presión defendible bajo el criterio aplicado aquí.
Conviene anticipar la objeción de quienes defienden la política actual argumentando que, si se levanta el bloqueo de combustible, el descontento se apagará y el régimen respirará. La experiencia disponible no lo demuestra. Durante la distensión con Washington, la actividad disidente no desapareció. Según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos citados por Human Rights Watch, en 2016 las detenciones arbitrarias alcanzaron su promedio mensual más alto en seis años. No fue un experimento idéntico, porque el embargo nunca terminó, pero sí desmiente que toda apertura compre obediencia.
La gente no sale a la calle por una orden ejecutiva firmada en enero, sino por el apagón de anoche, el salario que no alcanza y la comida que no aparece. El combustible aliviaría esa urgencia, pero no repararía décadas de descapitalización de la infraestructura y los programas sociales, ni crearía una economía capaz de repartir divisas. Sí debilitaría la coartada: las carencias que persistieran serían más difíciles de atribuir al enemigo exterior. Levantar esa presión no garantizaría la democracia ni compraría paz social; devolvería la responsabilidad a quien siempre la tuvo.
No creo que Washington adopte la alternativa. Rastrear los nodos de GAESA en paraísos fiscales exige citaciones judiciales, banco por banco, durante años y sin un acontecimiento anunciable. Cortar el combustible produce titulares el mismo día. En su lugar, espero sanciones al clan administradas a cuentagotas, suficientes para aparentar acción ante la base cubanoamericana, pero no para alterar la estructura.
Si tengo razón, la conclusión no es que la política sea ineficaz, sino algo peor: el castigo colectivo no es instrumento de una estrategia que alguien crea funcional, sino su sustituto. Se espera el milagro de un levantamiento popular porque no cuesta nada a quienes toman la decisión. Washington obtiene rédito por imponerla; La Habana descarga el costo sobre quienes no pueden removerla. Como ningún decisor sufre las consecuencias, no existe un mecanismo de corrección. La política puede durar los dos años y medio anunciados por Rubio, independientemente de sus resultados. No es inmoral solo por indiscriminada, sino porque su costo se mide en sacrificio ajeno y quien la impone no lo sufre.
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La historia no promete una salida sencilla. En Europa del Este hicieron falta dos condiciones: una fractura interna del poder y una sociedad civil organizada. Ninguna existe hoy en Cuba, y el bloqueo no las crea. No divide a una élite que es una familia, y una sociedad sin electricidad, transporte ni espacio público difícilmente se organiza, más bien se dispersa. La apertura económica tampoco garantiza una transición democrática: las aperturas cubanas de 1994, 2010 y 2014 se revirtieron cuando el régimen se estabilizó. Puede que la política propuesta tampoco baste. Su diferencia no reside en prometer un desenlace, sino en dejar de destruir las condiciones materiales de la sociedad civil y dirigir la presión hacia el patrimonio familiar. Entre apuestas inciertas, la pregunta moral es quién paga mientras se averigua.
Escribo desde Idaho y toda mi familia vive en Cuba. A ninguno de ellos le preguntaron qué precio estaba dispuesto a pagar. Tampoco se lo preguntaron al resto del pueblo ni La Habana, primera responsable de que no haya qué comer, ni Washington, que afirma actuar por su bienestar mientras agrava la asfixia. Ambos invocan a los cubanos como sujetos de su política, pero los tratan como objetos. A Ramiro le dije que no sabía si llamarlo genocidio. Sigo sin saberlo. La palabra importa menos que los hechos. Mientras ambos gobiernos calculan el riesgo, el beneficio y el calendario, una señora en Guanabacoa perdió la insulina del refrigerador y posiblemente su vida porque no había electricidad.
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Imagen principal: Sasha Durán / CXC.
