La Ley de Ajuste Cubano, un debate estéril y una verdad esencial

Durante varios meses he intentado mantenerme alejado del debate sobre la llamada Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act, 1966). En los últimos años, el sector de extrema derecha del exilio ha ido coincidiendo cada vez más con el discurso del gobierno cubano en relación a la pertinencia o no de este instrumento, con base en una supuesta caracterización de la migración proveniente de la Isla.

Mi posición ha sido siempre no dejarnos llevar a ese «debate trampa». Estoy incondicionalmente a favor de cualquier instrumento que alivie o ponga un hilo de esperanza sobre el pueblo cubano y su migración. Las recientes declaraciones del nuevo alcalde de Hialeah ―coincidentes con la idea de algunas figuras del exilio― al afirmar que la nueva ola migratoria cubana está motivada por razones económicas y no políticas, merecen ser analizadas con algo que suele faltar en el abordaje de esta cuestión: contexto histórico y rigor conceptual.

Para entender el tema habría que volver al momento en que se aprobó la Ley de Ajuste Cubano, en 1966. El objetivo de la misma no fue «premiar» una migración, ni clasificar moralmente a los migrantes, sino resolver un problema jurídico concreto que ya existía en los Estados Unidos. Miles de cubanos se encontraban viviendo en aquel país únicamente con parole, un permiso temporal, sin estatus migratorio estable ―¿les suena conocido? Tal situación se había agravado tras la crisis de Camarioca, en 1965, y el inicio de los Vuelos de la Libertad. El Congreso tuvo que enfrentar una realidad: personas que ya estaban dentro del país, que no podían regresar a Cuba en condiciones normales y para las cuales la legislación migratoria vigente no ofrecía una solución adecuada. Los informes del Comité Judicial señalaban claramente que la figura del parole no ofrecía estabilidad jurídica ni una vía clara a la residencia, y generaba inseguridad laboral, social y administrativa.

En los debates congresionales fue explícito que los cubanos admitidos entonces ―como los de ahora—, tenían razones simultáneamente humanitarias y políticas. La premisa central del Congreso fue clara y quedó reflejada en los informes legislativos: quienes salían de la Isla lo hacían por persecución política o por la imposibilidad de vivir bajo un régimen comunista; no por razones laborales ordinarias. Esa idea es fundamental, porque la «imposibilidad de vivir bajo un régimen comunista» no excluye la dimensión económica. En un sistema donde el Estado controla el trabajo, los ingresos, las oportunidades y la movilidad social; la precariedad económica no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa del modelo político.

Las leyes migratorias estadounidenses de los años sesenta no estaban diseñadas para procesar a ese tipo de migración. No existía aún el marco moderno de «asilo» o «refugio político» que se desarrollaría en la década de los ochenta. Por eso, analizar la Ley de Ajuste Cubano desde la lógica actual del asilo, o reducirla al binomio simplista de «migración económica versus migración política», es históricamente incorrecto. En el contexto de su aprobación, el elemento decisivo no era demostrar persecución individual, sino el hecho de que quienes salían no podían volver de manera realista ni segura.

Es importante hacer notar que tampoco hubo en su momento un gran debate en el Congreso sobre si debía o no aprobarse la ley. El consenso fue amplio. El debate se centró casi exclusivamente en el modo de implementación, no en la legitimidad de la salida de la Isla. Incluso, cuando se analizó el posible «efecto llamada», el Congreso fue claro: la ley no creaba la migración ni incentivaba la salida, solo regularizaba una situación existente. Y eso continúa siendo válido hoy: la Ley de Ajuste Cubano en sí, no genera éxodos ni provoca crisis migratorias; actúa únicamente después de que la persona ya está dentro del sistema migratorio estadounidense.

Desde la perspectiva del congreso, dicha normativa no fue pensada como un privilegio eterno, no fue diseñada para un flujo migratorio indefinido, sino que se concibió como una solución excepcional ante una coyuntura excepcional. Tampoco puede perderse de vista su valor simbólico en el contexto de la Guerra Fría. Aunque no siempre se decía de forma explícita, los debates reflejaban claramente el criterio de que acoger y regularizar cubanos era visto como una derrota simbólica del comunismo; servía como mensaje político dentro de los bloques en pugna y contribuía a reforzar el liderazgo moral de EE.UU. en el hemisferio occidental.

Siendo realistas, hoy es cierto que muchos cubanos pueden visitar la Isla sin mayores obstáculos, siempre que no sean opositores activos o perseguidos políticamente. Pero ese hecho no invalida el núcleo del problema. Poder entrar o salir no significa que la vida de esas personas sea compatible con el sistema comunista. Se puede visitar un país y, aun así, no poder vivir en él sin renunciar a expectativas básicas de desarrollo personal, económico y social.

En el contexto actual, además, la reunificación familiar se ha vuelto cada vez más difícil y las familias que permanecen en Cuba quedan profundamente desprotegidas, dependiendo casi por completo de sus parientes en el exterior incluso para medicamentos básicos, alimentos elementales o los insumos más simples para sostener la vida diaria, en medio de apagones interminables, precariedad extrema y el colapso de una atención médica mínimamente digna.

A esa realidad material se suma otra, igual de determinante: lo que sentimos como hijos, como padres, como nietos, cuando dejamos a uno de los nuestros atrás. Hay una sola vida, y llega un punto en que poner un proyecto político, una consigna o ciertos criterios ideológicos por encima de la supervivencia familiar se vuelve moralmente insostenible. No hablo siquiera de bienestar, porque hablar de bienestar en la Cuba actual resulta casi una abstracción; hablo de supervivencia.

El contexto histórico, sin duda, ha cambiado. Cuba y Estados Unidos no son los mismos de 1966. Pero de ese cambio no se desprende que deba reinterpretarse la ley de forma anacrónica o reduccionista. Si el contexto es distinto, lo coherente es discutir cambios legislativos acordes a la nueva realidad, no reescribir el sentido histórico de la ley ni simplificar las motivaciones de quienes emigran.

Reducir la migración cubana al dilema estrecho entre «económica» o «política», es una forma de empobrecer la realidad y, en el fondo, de eludirla. Quienes hemos llegado a Estados Unidos por una u otra vía y nos hemos acogido a la Ley de Ajuste Cubano sabemos —y debemos reconocerlo con gratitud— que ese instrumento nos ofreció una oportunidad concreta de estabilidad, de inserción y de dignidad material que no hubiéramos tenido de otro modo. Pero esa gratitud no anula, ni puede anular, nuestro compromiso con las familias que dejamos atrás. Mientras en Cuba la supervivencia de padres, hijos y abuelos dependa de remesas, de visitas y de una presencia que supla lo que el Estado no garantiza; ese vínculo seguirá siendo irrenunciable.

El verdadero objetivo, más allá de cualquier discusión semántica sobre tipos de migración, debería ser otro: que algún día Cuba cambie de tal modo que emigrar deje de ser una necesidad, que la familia no tenga que separarse para sobrevivir y que este debate, sencillamente, deje de tener sentido.

Concientizar esto es muy necesario, pues, sobre todo en los últimos años, en los medios digitales y las redes sociales se ha desatado una guerra semántica sobre el carácter de la migración cubana. Epítetos y adjetivos despectivos han ocupado el centro del debate y contribuido a la radicalización de los extremos políticos, no solo ya entre el gobierno cubano y su oposición, sino también dentro de la propia comunidad cubana en el exterior. Ese debate solo favorece a los extremos. Moralmente fortalece al régimen cubano y premia económicamente a los que monetizan a costa de las diferencias.

Consolidarnos como una comunidad pujante dentro de los Estados Unidos, que pueda influir en la política y la economía de las regiones donde vivimos y de los propios Estados Unidos en beneficio de nuestros intereses como cubano-americanos, ha dejado de ser una prioridad; hemos auto saboteado la capacidad real de influir, de común con nuestros líderes, para cambiar las cosas en la Isla, e incluso, para modificar la percepción que se ha instaurado sobre la comunidad cubana dentro de los Estados Unidos. Hemos permitido que un debate en extremo banal nos distancie de nuestros verdaderos objetivos.

A fin de cuentas, afirmar que los cubanos de hoy emigran «solo por razones económicas», ignora una verdad esencial: en Cuba, desde 1959, la economía ha sido siempre la política por otros medios. Y eso fue precisamente lo que el Congreso de Estados Unidos entendió con claridad cuando aprobó la Ley de Ajuste Cubano. Sería correcto entonces creer que los líderes políticos del momento quisieron que esa comunidad cubana, que se formaba a la otra orilla de la dictadura, tuviera un estatus legal y acceso a la ciudadanía y, desde esa nueva posición, influyera para mostrar al mundo otra cara de lo que podían ser Cuba y los cubanos, como en efecto ha sucedido: mostrar su progreso, su desempeño económico y su capacidad en un entorno libre donde nos es posible participar políticamente.

El contexto en que la Ley se aplica ha cambiado mucho, eso es cierto; pero el espíritu de la ley: normalizar la situación de quienes eran admitidos por sufrir «persecución política» o por la «imposibilidad de vivir bajo un régimen comunista», es encomiable y continúa hoy más vigente que nunca.

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Imagen principal: Telemundo.