La corrupción en Cuba: vayamos al fondo
La gravedad de la corrupción en Cuba exige que vayamos al fondo. En texto anterior afirmé que encararla exige un nuevo proyecto de país. No es cuestión de conciencia, reformas o más control. Examinemos las causas y contrastemos la experiencia internacional. Algunas son comunes a otros países; otras —graves y complejas— responden a sus especificidades.
De la ineficacia de los mecanismos fiscalizadores que existían antes de 1959 para combatir la corrupción —Tribunal de Cuentas, por ejemplo—, pasamos a la inexistencia y, peor que eso, a un modelo favorecedor. Desde aquel año, con la Revolución se pasó al desmontaje de todo lo que permitía fiscalizar el patrimonio público y a la burocracia.
Esto ha sido nefasto. Los años de esfuerzos globales para evitar y enfrentar la corrupción y la experiencia histórica, confirman que determinadas precondiciones son claves para lograrlo. Entre ellas: división de poderes, libre ejercicio de los medios de comunicación, instituciones independientes del poder, accionar de la sociedad civil en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), red institucional fuerte y confianza de la ciudadanía en ella; rendiciones de cuenta de los gobiernos y políticas concretas contra la corrupción.
En todos los países que cuentan con buenos posicionamientos anticorrupción se pueden identificar tales condiciones, incluyendo un respaldo jurídico, código penal que sancione las diversas prácticas corruptas y actuaciones proclives a ella. Esas y otras se actualizan y confirman en recomendaciones del 2019, derivadas de la evaluación de varios países según el Barómetro Global de la Corrupción (GCB).
I
A continuación se determinan siete características del escenario cubano interrelacionadas y directamente asociadas al empeoramiento del fenómeno y la incapacidad de resolverlo y evitarlo dentro de los marcos del actual status quo:
Modelo social totalitario de matriz estalinista, caracterizado por el voluntarismo, la opacidad informativa y el control absoluto de todas las esferas de la sociedad y los individuos. Poderes unificados que no rinden cuentas y se subordinan a un partido político único (Comunista) junto a la ausencia de un verdadero Estado de derecho. Así, el fenómeno se ha extendido, socializado e, incluso, naturalizado, lo que provoca efectos psicosociales nocivos para el país y la ciudadanía. Cuenta en ello incluso la visión idílica de la Revolución y la asimilación del gobierno como su encarnación. De ella se derivan otras:
La narrativa oficial movediza entre la tolerancia, la conveniencia y la manipulación. De tema silenciado, pasó al uso a discreción en forma reduccionista, negacionista y demagógica desde el mandato de Raúl Castro, con intermitencias hasta hoy. También vinculado a la imagen, al inicio por la Convención de Naciones Unidas (2003), que Cuba firmó (2005) y ratificó (2007).
Con muchas de sus medidas, controles y prohibiciones, el gobierno ha favorecido las prácticas corruptas y que los ciudadanos —de un modo u otro— vivan al margen de la ley haciéndolos más vulnerables. La oscuridad caracteriza su actuación y, como se ha dicho, ella «es el sitio donde mora la corrupción».
También él decide cuándo, cómo y para qué se expone el tema ante la opinión pública. Cuando toca a gobiernos locales, delitos de ciudadanos o de grupos de ellos, empresas puntuales, siempre como excepcionalidad y adecuada respuesta del gobierno «en defensa de los intereses del pueblo». Los llamados «delitos de cuello blanco» se ocultan.
La excepcionalidad del país y gobierno víctimas, la «racionalidad política», el «no darles armas al enemigo», «el bloqueo» y la «discrecionalidad informativa», son algunos de los pretextos más frecuentes para la falta de transparencia y el ocultamiento de la corrupción. También para no informar sobre empleo del presupuesto, deudas o donaciones, créditos que recibe el país, etc.
Para todo eso es clave el absoluto control de los medios de comunicación masiva. Una mirada a Granma y Cubadebate da idea. El triunfalismo y la realidad virtual del primero no sorprenden: marcha del control interno, fortalecimiento de la empresa socialista, colaboración con China en la materia y otros grandilocuentes titulares. En el segundo, solo dos textos de veinticuatro en lo que va de año se refieren a Cuba. Son las intervenciones recientes del gobierno en el Parlamento, simplificando, camuflando y enfocando en titulares, discurso y decisiones los controles hacia abajo, la indisciplina social, el delito y las ilegalidades.
Las denuncias y críticas reales al fenómeno están en la prensa independiente y proscrita —El Toque, Diario de Cuba, 14yMedio, Cubanet y otros—, que vive bajo represión para que no pueda ejercer su trabajo, y en las redes sociales. También en contadas voces del ámbito académico y en foros como este.
Inoperancia del andamiaje de normativas leyes, decretos-leyes, resoluciones, instrucciones y circulares supuestamente orientadas contra la corrupción. Como en otros ámbitos, tributan más a la imagen internacional que a la realidad interna. De ahí las recurrentes referencias a «prevenir» —como si ya no existiera— y a fomentar «las buenas prácticas alcanzadas» –como si no fuera cada vez más grave la problemática.
Refiero dos importantes pasos del período en que se ha incrementado sustancialmente la corrupción. La creación (2009) de la Contraloría General de la República (1) (ley No. 107/09) subordinada al presidente y actuando como máxima autoridad para «prevenir» la corrupción, y frente a la ONU.
Más recientes, como parte de la intensa y manipulada legislatura 2019-2023, están la ley 158/2022 (2) —«De la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión administrativa—— y el nuevo Código Penal (3). La primera es parca y define la corrupción administrativa, obviando la política y otras variantes. El segundo —con una alta carga punitiva— no tipifica en sentido estricto la corrupción, se debe inferir de diversos actos delictivos. Además, abona la impunidad del poder y la discrecionalidad para su aplicación.
II
Los anteriores aspectos, entre otros, confirman la ausencia en Cuba de las precondiciones reconocidas internacionalmente para enfrentar y evitar la corrupción. Al contrario, todas las condiciones que la favorecen están presentes. Eso explica la expansión y complejidad del fenómeno, cuyo principal responsable es el Partido/Gobierno/Estado.
Todos los instrumentos —del ejecutivo, legislativo y judicial—, pecan de las limitaciones que impone la postura gubernamental negacionista, de la no existencia de reales contrapartes y de la falta de un Estado de derecho, así como de la imposibilidad de controlar y fiscalizar que debería tener la ciudadanía.
La ambigüedad de las leyes y las formulaciones de delitos, favorece un margen de aplicación de la ley a discreción de los funcionarios, muy peligroso para la ciudadanía. Eso, y no llamar a las cosas por su nombre, es parte de la manipulación gubernamental desde hace décadas y de la neolengua del totalitarismo cubano. En la práctica, a pesar del crecimiento permanente del fenómeno, no existe una estrategia ni un Sistema Nacional Anticorrupción.
A lo anterior se suma el agravamiento de la disfuncionalidad de la red institucional y el deterioro de los niveles de confianza de la ciudadanía en ella, junto a la falta de legitimidad de la clase política.
Como consecuencia de todo ello, se profundiza la crisis y su efecto acumulativo, la corrupción se anida, arraiga y adquiere nuevas expresiones y connotaciones, al punto de considerarse endémica porque la lealtad real o aparente al gobierno protege siempre a los corruptos. La permanencia en cargos por décadas igualmente ha prohijado la impunidad que se convierte, como se ha dicho, en «una especie de pacto entre el gobierno y los corruptos».
En el fondo está el modelo social derivado de la Revolución. Pasado el tiempo inicial de la euforia, entrega, altruismo y abnegación que crean las revoluciones, al diseño le resulta casi consustancial la corrupción. El menosprecio a la ciudadanía, el secuestro de la soberanía popular y la falta de transparencia, son regularidades de tales regímenes con estados clientelares de matriz totalitaria.
Ellos anidan a una clase política con las típicas «familias extendidas» del socialismo burocrático, que se erigen en propietarios indirectos de todos los bienes de la nación que, supuestamente, pertenecen al pueblo.
Es un Estado donde todos, de algún modo, deben agradecer y viven en una cuerda floja a merced de las prioridades, controles y lealtades al Partido/Gobierno/Estado. Este se ufana violentando principios elementales de la tradición republicana y solo reconoce a la parte de la sociedad civil que se le subordina o no lo interpela. Todo eso y más aluden a democracia y derechos humanos, que también están muy relacionados con la corrupción.
Por eso es preciso que vayamos al fondo, nos corresponde como ciudadanos. No es cuestión de discurso, de una medida acá o allá. Las causas y especificidades del fenómeno en Cuba confirman la disfuncionalidad y el fracaso del modelo de sociedad que la clase política intenta preservar a toda costa en beneficio propio. Es preciso desmontarlo para edificar un nuevo proyecto de país que refunde la República, empodere a la ciudadanía y proteja a la nación de flagelos como este.
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(1) Según la ley, la Contraloría propone la política del Estado en materia de la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa; una vez aprobada, dirige, asesora, ejecuta y comprueba su cumplimiento, según corresponda; contribuye a la prevención y al enfrentamiento de indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción en el ámbito administrativo; y orienta metodológicamente, supervisa y controla al Sistema Nacional de Auditoría.
(2) La Ley fue aprobada por el Parlamento en diciembre 2022 y publicada en la Gaceta Oficial de la República no. 21 Ordinaria el 28 de febrero del año en curso. De acuerdo con su texto, «Se entiende por corrupción, en el ámbito de la gestión administrativa, la actuación contraria a la ética y a las disposiciones normativas por los directivos, funcionarios públicos u otro personal designado, en el ejercicio de su cargo o en el desempeño de la función asignada; caracterizada por la pérdida de valores éticos, incompatible con los principios de la sociedad cubana, que se comete para satisfacer intereses personales o de un tercero, con el uso indebido de las facultades, bienes y servicios destinados a la satisfacción del interés público o social, con el propósito de obtener beneficios materiales o ventajas de cualquier clase, que tiene como base fundamental el descontrol administrativo, el engaño, el soborno y la deslealtad».
(3) Varios delitos asociados o que podrían estarlo son: abuso de autoridad (174); prevaricación (177); enriquecimiento ilícito (192.1); cohecho en el sector estatal (194.1); tráfico de influencias (193.1); exacción legal (195); negociaciones ilícitas en sector estatal y no estatal (196.1 y 196.2 respectivamente). También malversación (297.1); actos en prejuicio de la actividad económica o de la contratación (298.1); liberación de cheques sin provisión de fondos o con fondos insuficientes (299.1); 300.1. Solvencia punible, uso indebido de recursos financieros y materiales y otros.
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Imagen principal: Ecoleyes.
